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Inician Tren Maya al margen de la ley ambiental

Carlos Carabaña / El Universal

Fonatur desoyó la asesoría de 60 mdp que recomendó tener la Manifestación de Impacto Ambiental antes de iniciar obras

El 1 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se decidió por una guayabera. Con un par de enormes excavadoras amarillas detrás, en contraste sobre el fondo verde de la selva de Quintana Roo, ondeó una bandera con la leyenda “TREN MAYA”. Con dos meses de retraso obligado por el apocalipsis del coronavirus, daban inicio las obras de los cuatro primeros tramos de esta larga y compleja “obra de infraestructura ferroviaria de trascendencia para la región y el país”.

Como le gusta decir al Mandatario: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Salvo el Tren Maya.

Según se lee en unos documentos obtenidos por EL UNIVERSAL, los promotores de la obra decidieron retorcer la legislación ambiental en contra del consejo y análisis de los asesores y estudios ambientales, por los que pagaron 60 millones de pesos. ¿Su objetivo? Poder comenzar la construcción de un megaproyecto que acumulaba demasiados retrasos sin tener una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Una MIA es un estudio técnico-científico que indica los efectos que puede ocasionar una obra sobre el medio ambiente y la salud humana, además de señalar las medidas preventivas que podrían minimizarlos.

Permite evaluar la factibilidad ambiental para la ejecución de proyectos de inversión industrial, infraestructura, manufactura, comercios o servicios. Se presenta ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que decide si permite o no el proyecto antes del inicio de las obras.

En noviembre de 2019, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), promotor del Tren Maya, recibió un documento de 180 páginas, cuyo objetivo era servir de guía para elaborar las manifestaciones de impacto ambiental para este megaproyecto. El archivo está elaborado por la filial mexicana de la consultora española Typsa, especializada en proyectos de transporte. El fondo contrató por 60 millones de pesos a MexTypsa en mayo de 2019 para que les dieran la asesoría técnica del megaproyecto.

Entre los servicios, se incluía la coordinación de los procedimientos ambientales vinculados a la construcción y operación del Tren Maya. En ese documento, cuando se repasa la legalidad aplicable al proyecto, se argumenta que “previo al inicio de las obras y en total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, se debe contar con “el instrumento de política ambiental correspondiente [MIA] (…) para cada uno de los siete tramos del Tren Maya”.

Pero Fonatur, al conocer el contenido del documento, pidió ayuda, ya que por “los ajustes que ha sufrido el proyecto (…) el proceso de licitación de las MIA se ha retrasado”. El apoyo lo solicitó no para acelerar las licitaciones o la búsqueda de quién realizará las MIA, sino para no tener que presentar “el instrumento de política ambiental correspondiente para el total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”.

El 27 de noviembre se adjudicó el contrato Elaboración, seguimiento y obtención de la exención de Manifestación de Impacto Ambiental para el Tramo Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec del Tren Maya, el cual fue por un millón 462 mil pesos y se dieron 25 días naturales para realizarlo.

El fundamento legal es un artículo en la regulación ambiental de 1988 que dice que podrán pedir esa exención “las obras y actividades que cuenten previamente con la autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de ésta”, y cuyas acciones “no impliquen incremento alguno en el nivel de impacto o riesgo ambiental”.

El 4 de marzo de 2020, la Semarnat autorizó esa exención. Aunque el oficio no se ha hecho público, su contenido puede suponerse gracias al balance que Víctor Toledo, actual secretario de Medio Ambiente, realizó de su primer año de gestión.

El proyecto se llama Rehabilitación y Mantenimiento de Vía Ferroviaria (…) de 726.22 km de vía en 4 mil 205.80 hectáreas e incluye “el desmantelamiento de 78 tramos de vía, la rehabilitación de obras de drenaje, la colocación de canaleta para fibra óptica, el reemplazo de durmientes, rieles y estabilizado de vía, [así como] la rehabilitación y mantenimiento de las estaciones ferroviarias existentes”.

El vericueto legal usado lo reconoció Fonatur, cuando tras ser acusado de trabajar en las obras del Tren Maya sin MIA, respondió que “esa vía fue construida antes de la entrada en vigor de la LGEEPA, en 1988”.

“Es algo más que un simple mantenimiento”, argumenta Daniel Basurto, abogado medioambiental y actual presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.

“Desmantelar y rehabilitar tienen efectos en el entorno y el ambiente, desde el personal hasta la maquinaria que tengan que entrar para el proceso. Quisiera saber qué harán con los durmientes que se van a cambiar en 726 kilómetros, cuál es el plan para esos residuos de manejo especial”, dice.

El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible analizó que “el acto de autoridad por el que Semarnat exenta al proyecto de la obligación de presentar una MIA, bajo el argumento de que se trata solamente del mantenimiento de las vías construidas hace 80 años, es una artimaña para eludir una obligación que se tiene por ley”.

“Sí están haciendo algo que implique remoción de tierras, de vías, reconstruir ciertas áreas. Parecería que están puenteando el requerimiento legal. ¿Por qué creen que hay tanto revuelo en el sector ambiental? Se oponen a que no tengan las mismas leyes de los demás”, destaca Basurto.

Cuestionado sobre la exención y los procesos ambientales, Fonatur respondió que “desde un inicio, y como parte de la estrategia ambiental, se contempló realizar la solicitud de Exención de Manifestación de Impacto Ambiental.

“La exención es un procedimiento rutinario e insustituible. No se puede sustituir por una MIA en el caso de una vía de comunicación en operación y con sus derechos de vía vigentes, tal cual es el caso de la actual vía férrea del FIT. El proyecto se trabaja con base en planeación ambiental”, destacó.

El mismo día que la Semanart eximió de presentar la MIA en 726 kilómetros del Tren Maya, se aprobó la MIA, tras tres meses de trámite, del proyecto Modernización del camino Ayutla de Los Libres-El Camalote, que consiste en mejorar ocho kilómetros de vía en la Costa Chica de Guerrero.

Entre el 23 de abril y el 18 de mayo se adjudicaron los tramos uno, dos, tres y cuatro del Tren Maya, que van desde Palenque, Chiapas, hasta Cancún, Quintana Roo, atravesando Campeche y Yucatán. Costarán 70 mil millones de pesos y entre las empresas constructoras hay varias que estuvieron involucradas en lo que sería el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, obra mimada de la administración de Enrique Peña Nieto y que López Obrador canceló, entre otras razones, para evitar “un desastre ecológico mayor”. Esta MIA fue uno de sus múltiples aspectos cuestionados.

Durante la licitación de los contratos, una parte del proceso consiste en que los ofertantes del servicio expresan a Fonatur sus mayores dudas sobre la obra a realizar. Por ejemplo, el tramo uno, que va de Palenque a Escárcega. En él las empresas piden de forma reiterada la MIA y el resolutivo que la aprueba para poder trabajar.

“Las condiciones ambientales del sitio de los trabajos no se pueden verificar hasta que se tenga el resolutivo de impacto ambiental, ¿cuándo el ente contratante entregará dicho resolutivo?”; “Las bases no incluyen el Manifiesto de Impacto Ambiental del tramo en licitación. ¿Deberemos considerar trabajos de mitigación o compensación?”; “El derecho de vía está prácticamente invadido por la vegetación y es necesario su retiro para la construcción de la vía y el delimitado del derecho de vía. Solicitamos la entrega del resolutivo que contenga la autorización de impacto ambiental”, son algunas dudas realizadas en el primer timestre de 2020.

Finalmente, el 16 de junio, Fonatur presentó —para que Semarnat la evaluara— una MIA de 2 mil hojas para el Tren Maya Fase 1. Contempla los primeros tres tramos ya adjudicados y cuyas obras inauguró el Presidente, para un “circuito alrededor de la península de Yucatán, con un recorrido de 631 kilómetros en su primera fase”. La MIA marca el inicio de las obras en octubre de 2020.

Entre sus 2 mil páginas hay pasajes que contradicen el discurso oficial de que el Tren Maya no afectará ecosistemas.

“Es importante cumplir con las leyes y restaurar el impacto que ocasionará el Tren Maya-Fase 1, ya que la zona está fuertemente amenazada y deteriorada. Ser un factor anexo de fragmentación conllevará a un ecocidio sin precedentes”, se lee.

De acuerdo con Basurto, si la Semarnat quiere analizar con rigor esta MIA, el plazo mínimo sería de tres meses. “Cualquier cosa que esté escrita en esta manifestación no la pueden hacer hasta que se emita un resolutivo”, explica.

En la MIA se describen las actividades que se realizarán durante las obras. Estas incluyen “desmantelamiento de la vía existente y colocación de la superestructura de la vía férrea, modernización de obras de drenaje, colocar durmientes y rieles, requerimientos de las estaciones”, lo que recuerda a las acciones de “desmantelamiento de 78 tramos de vía, rehabilitación de obras de drenaje, reemplazo de durmientes y rieles y rehabilitación de las estaciones”, para las que se ha pedido una exención.

Rogelio Jiménez Pons, director de Fonatur, reconoció en una entrevista el 24 de junio que contemplan empezar obra nueva para agosto o septiembre, antes de que se lo autorice la MIA, en caso de ser aprobada. “La obra nueva (…) se hará en dos o tres meses, ahora sólo hacemos obra de rehabilitamiento y mantenimiento”, explicó.

Que el Tren Maya es prioridad para López Obrador es obvio. En diciembre de 2018 dijo que ese mes se iba a iniciar “la construcción en Palenque” y que ya contaban con los estudios ambientales. En febrero de 2019, prometió que la licitación saldría en marzo y en junio garantizó que en 2019 comenzarían las obras. Tras ganar el sí en la consulta de diciembre de ese año, sobre la que ONU-DH dijo que no se había informado de los aspectos negativos, el Ejecutivo aseguró que habría obras en marzo de 2020.

Según puede extraerse de la MIA, de haberse dado “total cumplimiento con la normatividad ambiental vigente”, el inicio de las obras se habría ido a octubre de 2020.

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inician-tren-maya-al-margen-de-la-ley-ambiental

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Canadá revela ineptitud para contener brote de COVID-19 entre trabajadores temporales de México

La provincia de Ontario, la mayor y más poblada de Canadá, reconoció hoy 257 nuevos casos de la COVID-19, un 44 por ciento más que el día anterior, después de que las autoridades iniciasen una campaña de vigilancia en una zona rural en la que se concentran las explotaciones agrarias.

EFE/ SIN EMBARGO

Toronto (Canadá), 29 jun (EFE).- Las autoridades canadienses reconocieron este lunes su impotencia para controlar la propagación de la COVID-19 en explotaciones agrarias en las que trabajan centenares de temporeros mexicanos, centroamericanos y caribeños y que se han convertido en el principal foco infeccioso del país.

La provincia de Ontario, la mayor y más poblada de Canadá, reconoció hoy 257 nuevos casos de la COVID-19, un 44 por ciento más que el día anterior, después de que las autoridades iniciasen una campaña de vigilancia en una zona rural en la que se concentran las explotaciones agrarias.

De los 257 nuevos casos anunciados hoy, 177 se detectaron en la zona de Windsor-Essex, situada junto a la frontera con Estados Unidos y en la que existen importantes granjas.

El viernes, las autoridades sanitarias de Ontario reportaron 111 nuevos casos de COVID-19, el sábado la cifra fue de 160 y el domingo 178.

El interés de las autoridades canadienses por la propagación de la COVID-19 en zonas donde trabajan y viven temporeros latinoamericanos se produce después de que tres trabajadores mexicanos fallecieran a consecuencia de la enfermedad.

Organizaciones de defensa de los derechos de los temporeros han denunciado la muerte de Bonifacio Eugenio Romero, de 32 años, y Rogelio Muñoz Santos, de 24, que murieron a finales de mayo y principios de junio, respectivamente, así como de Juan López Chaparro, de 55 años, casado y con cuatro hijos, y que falleció el 20 de junio.

En los tres casos, los temporeros mexicanos contrajeron la enfermedad en Canadá. Además, al menos otros 600 temporeros han resultado infectados con COVID-19 tras llegar al país.

Migrants Worker Alliance for Change (MWAC), una de las organizaciones que trabaja desde hace años en la defensa de los trabajadores agrícolas extranjeros, ha denunciado que los temporeros latinoamericanos y caribeños viven en muchos casos en condiciones insalubres y en condiciones laborales tercermundistas.

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, ha reconocido en los últimos días las condiciones en las que se encuentran los trabajadores extranjeros pero ha culpado de las elevadas de transmisión de la enfermedad a los empleadores.

El jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, también ha criticado a los empresarios agrícolas que no están protegiendo a los temporeros extranjeros, pero las autoridades se han negado a cerrar las granjas en las que hay elevadas tasas de infección.

Además, el Gobierno de Ford autorizó la semana pasada que los temporeros infectados con COVID-19 pero que no tienen síntomas sigan trabajando. Las autoridades canadienses también permiten que los trabajadores agrícolas extranjeros en cuarentena acudan a trabajar.

https://www.sinembargo.mx/29-06-2020/3814406

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Gobierno de Colima fracasa en su estrategia para combatir al Covid-19; cada vez más muertos

Foto: Diario Avanzada

Redacción / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (27/06/2020).- El incremento de muertes y contagios por la pandemia del Covid-19 en Colima son el resultado de la mala estrategia implementada por el Gobierno del Estado. No se tuvo una planeación adecuada y ahora han incrementado los casos, preocupando que en los próximos días se multipliquen exponencialmente.

Desde el 16 de marzo de este año, el mandatario estatal, José Ignacio Peralta Sánchez pidió a la sociedad que se quedaran en sus casas,  aplicar el aislamiento social, provocando que miles perdieran su trabajo y muchos más se quedaran sin dinero para alimentarse; y ahora, a finales de junio, cuando más se han incrementado los contagios, ante la falta de recursos, ha obligado a muchas familias a salir, exponiéndolos a enfermarse y hasta fallecer. Los encamina a la muerte.

Esta semana, la Secretaría de Salud y Bienestar Social en la entidad señaló que la tendencia de la pandemia de Covid-19 en el estado es constante y al alza, ubicando a Colima en fase de máximo riesgo debido a la diseminación del virus en todos los municipios del estado y por el incremento de contagios. Tan sólo en dos días, entre el pasado lunes 22 y el martes 23 de junio, se anunciaron 11 defunciones y 48 contagios nuevos.

La intervención de la dependencia del gobierno estatal no pasa más allá de dar la rueda de prensa matutina en donde da a conocer el aumento de casos, no ha sabido cómo manejar el tema, los contagios se han multiplicado y no ha suministrado adecuadamente a los trabajadores de la salud ni a las clínicas y hospitales públicos.

No había ventiladores y los que estaban no servían, por lo que se tuvo que comprar más, los cuales tardaron más de un mes en llegar. Además de que el gobierno ha estado anunciando constantemente la donación de artículos de higiene, alimentos y hasta ventiladores por parte de otros entes y empresas, muestra de que no ha sabido administrar el dinero de los colimenses y son otros los que se preocupan por su salud.

DATOS OSCUROS

Colima tiene la tasa más alta de mortandad en personas que son intubadas a causa del Covid-19, 11 de cada 15 mueren, es decir, el 73 por ciento de las personas que se someten a este procedimiento en la entidad no logran sobrevivir. Sólo cuatro de 15 pacientes intubados, el 27 por ciento, se han recuperado.

Echarle la culpa a otros es lo más fácil. La epidemióloga de la Secretaría de Salud estatal, Diana Carrasco, expuso esta semana que los casos foráneos, aunque se les diagnostican y se les cuenta a su entidad, “están ocupando una cama hospitalaria para nosotros y no lo tienen ustedes tan previsto, entonces tenemos nuestros pacientes residentes, pero también aquellos que vienes de Jalisco o de Michoacán a buscar una atención médica”.

Mientras, el gobierno federal dio a conocer que en Colima están disponibles sólo el 46 por ciento de las camas para atender a enfermos por coronavirus, porque el resto, el 54 por ciento, ya se encuentran ocupadas. Ello implica un serio problema porque, ante el incremento de casos, podría acercarse el momento en que no haya espacio para atender a los pacientes.

Datos del gobierno estatal han arrojado que existen 181 camas disponibles para pacientes con Covid-19 en las diferentes unidades hospitalarias de la entidad y un total de 49 camas con ventiladores respiratorios. El pasado fin de semana llegaron otros 20 aparatos respiratorios de alta tecnología y el 11 de junio arribaron otros 20 más enviados por el gobierno federal.

Se acusó al gobierno de Ignacio Peralta de opacidad en el gasto que se ha hecho para la adquisición de insumos para atender la emergencia por Covid-19. Se reportó la compra de un tomógrafo para el Hospital Regional Universitario (HRU) en 29 millones de pesos, cuando el Congreso del Estado destinó 21 millones de pesos para ese fin porque era el costo que tenía el equipo médico.

Otro de los movimientos turbios hechos por la administración estatal fue la adquisición de 50 ventiladores, que se hicieron a una empresa que registró un retraso en su línea de producción, por lo que llegarían hasta finales del próximo mes de julio, lo cual es extraño y requiere una investigación, anotó la legisladora al recordar que para esta compra se destinaron 49 millones de pesos y serán menos ventiladores los que lleguen.

La secretaria Leticia Delgado Carrillo solicitó una prórroga para entregar los aparatos hasta el próximo 20 de julio, reconociendo que se saturó la línea de producción de la empresa contratada por el gobierno de Colima, quien realizó un cambio en el contrato y sólo le comprarán 25 ventiladores, la mitad, sin que se abunde sobre el ahorro que debería haber.

DINERO DESVIADO

El gobierno de Ignacio Peralta y el de su antecesor, Mario Anguiano Moreno, abandonaron la salud durante varios años, destinando los recursos a otras áreas, y por eso ahora se viven las consecuencias: No hay recursos ni el equipo suficiente, el que existe es de mala calidad, no cumple con los requerimientos actuales. Ahora sí está urgido el Ejecutivo por tener más dinero cuando en años atrás lo mal gastó.

En los sexenios anteriores abusaron de los recursos y los proveedores tuvieron que hacer negociaciones con este gobierno para frenar el desabasto de los medicamentos y materiales para curación.  El legislador también manifestó que las condiciones en urgencias eran lamentables y además, producto de los malos manejos, se tuvieron que suspender cirugías.

Y a pesar de que el gobierno estatal sólo aportaba el 6 por ciento del total para Salud –el otro 94 el gobierno federal- la administración de Peralta estaba desatendiendo el bienestar de los colimenses, “este año, el gobierno del estado no le ha metido recursos”, aseguró Guillermo Toscano al exponer que no se ha podido resolver el problema.

Poco más de un mes antes, en octubre, la titular de la Secretaría General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) Dolores González Meza, advirtió de un presunto desvió de más de 10 millones del entonces Seguro Popular en Colima. Al respecto, quien estaba como titular de la Secretaría de Salud, Miguel Becerra Hernández, no quiso hablar del tema.

La líder sindical aseguró que como organización ya habían denunciado la irregularidad y la Auditoría Superior de la Federación encontró en Colima y varios estados, estaban señalados por aparentes desvíos de recursos millonario a través del Seguro Popular y Prospera. Entre las observaciones de la auditoría hacia Colima, está la de 421 cheques que no fueron reintegrados o cancelados, y apunta un recurso de un millón 602 mil 824 pesos por aclarar.

Además se enlistaron 45 pagos duplicados, señalando una afectación al recurso público de 6 millones 64 mil 488 pesos; aunque en el rubro de sueldos a gente que no firmó algún contrato o que no tiene documentación comprobatoria aparece en ceros, se refiere un daño al erario público sin aclarar de 118 mil 810 pesos, además de 2 millones 39 mil 965 pesos.

IRREGULARIDADES LATENTES

José Ignacio Peralta Sánchez, en vez de invertir en salud, ha preferido hacer obra de “relumbrón”, como el C5i, sin que ello garantice que mejore la seguridad de la sociedad. Colima ocupa los primeros lugares en homicidios dolosos, extorciones, etc; y ha desviado recursos etiquetados a otras causas menos prioritarias, que no salvan ni mejoran la vida de los colimenses.

En octubre del año pasado el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), reveló que el gobierno estatal desvió recursos por 200 millones de pesos para la compra de los terrenos de la ex zona militar, ubicada en el municipio capital. Violentando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera, el priista dio otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.

En la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, se indica que el congreso estatal autorizó al gobierno del estado, en septiembre de 2018, contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó conforme había sido autorizado por los diputados locales.

El decreto 617  señala que de los más de 400 millones de pesos solicitados para la construcción del centro inteligente (C5i) se programaron 150 millones de pesos; para la construcción de la Unidad de Cuidados neonatales en Manzanillo, 60 millones de pesos; y en la adquisición de tierras o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima se asignó un monto de 200 millones de pesos.

La última cantidad millonaria fue desviada a la adquisición de 50 hectáreas de la ex zona militar, ubicada en la calzada Galván, que se acordó con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en contraparte, el gobierno del estado otorgó, a título gratuito, otro terreno ubicado en Loma de Fátima, a las afueras de la capital colimense.

El Osafig expone que el gobierno del estado no acreditó con documentos que los 200 millones de pesos se hubieran utilizado en la inversión pública productiva, para el que fueron autorizados.

En comparecencia ante los legisladores locales, en marzo de 2019, Peralta Sánchez anotó que todo fue una malinterpretación, ya que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales refirió que la entrega de los terrenos de la ex zona militar fue una donación a título gratuito. “Podemos demostrar las transferencias financieras con montos y fechas; todo embona, con lo que el propio convenio establece”, afirmó.

El Consejo Estatal de Morena se opone a más endeudamiento por parte del Ejecutivo estatal, afirma que el dinero se utilizará para terminar el edificio del C5i, obra que ya debería estar concluida; además de que los 500 millones de pesos no serían destinados a empresas colimenses, sino a una empresa ligada al llamado “Grupo Atlacomulco”, de las favoritas de Enrique Peña Nieto.

MÁS DEUDA, MÁS MUERTES

Los estudios de posgrado en economía que ha realizado no le han servido para administrar de manera transparente y adecuada el dinero de los colimenses, Ignacio Peralta continúa malgastando los recursos públicos y ahora dice que no tiene dinero para enfrentar la pandemia por el Covid 19.

Aunque el tema se ha manejado en los últimos meses, a principios de junio el mandatario estatal inició el cabildeo con los diputados locales para que le autoricen un crédito bancario por 722 millones de pesos, los cuales se pagarían durante las próximas administraciones estatales. Quiere endeudar aún más a las próximas generaciones debido a su incapacidad para administrar bien los recursos.

Pero la mayor cantidad de dinero no la quiere para salvar vidas a causa de la pandemia, la quiere para al menos dejar una obra representativa de su sexenio, pretende destinar 500 millones de pesos a la contratación de tecnología en materia de seguridad para el C5i, pues su gobierno no ha dado resultados en esta materia, al contrario, la violencia se incrementó.

Solamente 150 millones de pesos los invertiría en el combate del virus SARS-CoV-2. Otros 46 millones de pesos lo aplicaría para terminar la remodelación de Palacio de Gobierno y 26 millones más para apoyar la construcción de Hospital Naval en Manzanillo.

A pesar de que no se ha formalizado la solicitud de autorización del crédito, diferentes legisladores ya se han manifestado en contra de su aprobación, debido a la falta de transparencia en el manejo de las finanzas estatales. Un ejemplo es el crédito autorizado en 2018 por 410 millones de pesos, en donde se han señalado diferentes observaciones irregulares.

Mientras tanto, este viernes 26, la Secretaría de Salud advirtió de más posibles contagios y muertes en la entidad provocadas por el virus. A través de la epidemióloga Diana Carrasco, se aseveró que 61 personas por cada 100 mil habitantes en el estado se contagian de Covid-19. En cuanto a la tasa de letalidad, dijo que 14 de cada 100 casos confirmados derivan en una defunción.

«La tasa de mortalidad es cuántas personas fallecen de esa enfermedad en el total de la población por proporciones de 100 mil habitantes, para nuestro estado la tasa de letalidad es de ocho, quiere decir que ocho personas fallecen de Covid-19 por cada 100 mil habitantes”, detalló.

Ignacio Peralta insiste en que hace falta más dinero para combatir el problema de salud y quiere otro crédito, sin importarle que el anterior siga con observaciones. Justifica que n 2019 su gobierno recibió 600 millones de pesos menos de la cifra considerada en la Ley de Ingresos, además de que las proyecciones apuntan a que durante este año la cantidad que se obtenga es equivalente a la de hace un lustro.

LA AMENAZA DE NACHO

El gobernador priista se aferra a endeudar el estado y respondió en otro comunicado: “No obstante, por primera vez en 20 años, el Gobierno del Estado está recibiendo menos recursos de lo esperado, del dinero que se contó en 2018 al recurso disponible para 2020 se prevén 3 mil millones de pesos menos”.

Tras asegurar se su gobierno recibió deudas no bancarias por alrededor de 5 mil millones y casi 3 mil millones de pesos a bancos, amenazó que en caso de que los legisladores no le autoricen el crédito, Colima estaría en la peor crisis financiera de los últimos 100 años y en consecuencia tendría que implementar una política fiscal restrictiva.

En todo este escenario de mala planeación por parte de la administración que encabeza Peralta Sánchez, por sus medidas de aislamiento social decretadas, no sólo aumentan los contagios y muertes a causa del Covid 19, sino que además se agudiza, el desempleo, el hambre, la violencia.

MÁS HAMBRE, MÁS MUERTES

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Nacional (Coneval), existe un aumento de pobreza laboral y del poder adquisitivo. Entre enero y marzo de este año, antes del estado de emergencia, se incrementó en 2.2 por ciento la población económicamente activa en Colima que ya no pudo adquirir todos los productos de la canasta básica con su salario. Por lo anterior, a mediados de años el porcentaje ha crecido.

Pero eso al mandatario estatal no le preocupa, él sigue recibiendo su sueldo bondadoso e incrementando su patrimonio. En dos años de gobierno Peralta Sánchez aumentó casi al triple su fortuna, al pasar de 15.7 millones de pesos en 2016 a 41.9 millones en 2018, básicamente en bienes que incluyen un condominio valuado en 27 millones de pesos, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial.

En menos de un año habrá elecciones y la sociedad podría cobrarle factura al priista, pero nunca será suficiente… nunca regresarán los más de 3 mil asesinados que ha habido durante el tiempo que lleva gobernando, tampoco se le castigará por sus malas estrategias tomadas, como ésta por la pandemia; ni por hacer de Colima más infeliz e inseguro.

Por donde quiera que se le vea, José Ignacio Peralta Sánchez ha hecho mal las cosas y los colimenses pagarán las consecuencias: El pronóstico, según las mismas autoridades de salud estatal, es que los contagios y muertes por la pandemia del virus SARS-CoV-2 se multiplicarán y no existe el equipo necesario para atender un alza. Podría el Congreso autorizarle el crédito, pero ello representará endeudar más a los colimenses. Esta administración estatal ha fracasado.

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Se manifiesta personal del ISSSTE en Mérida por falta de equipo para atender a pacientes con Covid-19

Itzel Chan / Noticaribe

MÉRIDA, MX.- Personal de enfermería del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Mérida denunció que no cuentan con el material y equipo suficiente para atender a las personas enfermas de coronavirus (Covid-19) por lo que temen por su salud.

Ante el contagio de Covid-19 de al menos 10 médicos y enfermeras en este hospital, personal decidió denunciar la situación este día, puesto que temen que más compañeros se pongan en riesgo.

Además de la falta de recursos y material, acusaron de recibir también malos tratos por parte de sus directivos cuando piden que sus turnos sean relevados y la respuesta que le dan es que no hay más trabajadores.

A pesar de que han recibido material de protección, las personas aseguran que es de baja calidad, se rompen al poco tiempo de usarlos, situación que les preocupa porque manejan pacientes que están en estado de gravedad a causa del Covid-19.

Mencionaron que los cubrebocas no duran el tiempo debido, por lo que tienen que usar más de uno en su jornada laboral que a veces es mayor a 12 horas.

Cabe señalar que en el mes de marzo, tanto personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del ISSSTE, se manifestaron porque denunciaron la misma problemática: no contar con equipo suficiente para atender a los pacientes contagiados con coronavirus.

En el municipio de Susulá, del hospital ISSSTE, decenas de trabajadores denunciaron también no contar ni con los protocolos precisos y tampoco con los insumos que se requieren ante la contingencia sanitaria.

Entre el material principal faltante, enumeraron sobre todo cubrebocas, además de los uniformes que se requieren para atender a pacientes que para ellos también implican un riesgo de contagio.

Incluso, expusieron que desde antes de la situación del Covid-19, en dicha clínica ya había escasez de insumos y otros materiales, tales como catéteres, guantes, jeringas, entre otros.

Asimismo, el pasado 18 de junio, el Gobierno de Yucatán reconoció que en una de las clínicas del Issste de la entidad ya no hay camas disponibles para pacientes enfermos con Covid-19.

Sobre la situación, Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado, confirmó que en la clínica, ubicada en fraccionamiento Pensiones, no hay camas disponibles y precisó que la situación se debe a que este nosocomio presenta problemas en sus instalaciones, ya que la tormenta tropical “Cristóbal” provocó afectaciones como filtraciones en los techos e inundaciones en algunas áreas, situación que no ha sido resuelta.

Sin embargo, Vila Dosal aseguró que no es un tema del estado, ya que el hospital pertenece a la federación.

https://noticaribe.com.mx/2020/06/25/se-manifiesta-personal-del-issste-en-merida-por-falta-de-equipo-para-atender-a-pacientes-con-covid-19/

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Se mantiene la violencia feminicida durante la pandemia de covid-19; van 57 mujeres asesinadas (Oaxaca)

Página 3 / Pedro Matías.

OAXACA, Oax.- El Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) denunció que lamentablemente la violencia feminicida se ha mantenido durante la pandemia del covid-19, como los revelan las 57 mujeres asesinadas en lo que va del año.

Esto significa que del 1 de diciembre de 2016 al 24 de junio de 2020, es decir lo que va del gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa se han registrado 440 casos de mujeres asesinadas.

En el marco del Día Naranja que forma parte de la campaña para la Erradicación de la Violencia contra la Mujeres, GESMujer mencionó los casos de las “mujeres jóvenes víctimas de feminicidio que habían sido reportadas por sus familias como desaparecidas, es decir contaban con carpetas de investigación y sus cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas causando indignación, dolor e impotencia.

O los casos de San Mateo del Mar donde dos mujeres fueron asesinada y una de ellas incinerada o los dos casos de Huautla de Jiménez donde una madre y su madre fueron ultimadas a balazos o el de Ejutla de Crespo y tantos otros que señalan la urgencia de actuar a nivel cercano, por lo que hay que evaluar el desempeño de las instituciones que previenen y atienden la violencia hacia niñas y mujeres, puntualizó.

GESMujer informó que “durante este período de confinamiento identificamos y considerando que aun cuando paulatinamente inicie la ‘nueva normalidad’ en el contexto del covid-19, se mantendrá el riesgo para las mujeres y las niñas de enfrentar situaciones de violencia”.

Mencionaron que a partir del 20 de marzo, acatando las recomendaciones gubernamentales de aislamiento social a consecuencia de la emergencia sanitaria del covid-19, en el GESMujer abrieron una línea telefónica de emergencia para casos en que se requiere salvaguardar la integridad física, emocional, económica, sexual en incluso la vida de las mujeres.

Explicaron que el origen de la violencia de género, es el resultado de estereotipos o creencias culturales donde los hombres han aprendido a utilizar el control y el miedo para reafirmar su dominio sobre las mujeres, las niñas y los niños.

Sin embargo, agregaron que “el confinamiento agrava la violencia doméstica debido a que se combinan además de las inequidades de género diferentes factores: un entorno social de incertidumbre, una mayor presencia, en cuanto a tiempo y espacio compartido de los varones en el hogar, las dificultades económicas como resultado de las pérdidas de empleos, o la falta de oportunidades para quienes tienen empleos informales.

Y la línea de emergencia debido a la pandemia, les ha permitido identificar el grado de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres al interior de su hogar, en los espacios públicos y en otros ámbitos, así como identificar el papel de las instituciones encargadas de proteger el derecho de las mujeres a la libertad, la seguridad, la integridad, la vida y la justicia, en el contexto de la COVID-19.

Mencionaron que tal y como sucedió ante la declaratoria de alerta de género en 40 municipios de Oaxaca, se logró posicionar el tema del incremento a la violencia hacia las mujeres y las niñas como consecuencia del confinamiento en casa, de ahí la importancia de hacer un análisis sobre aquellos aspectos que siguen representando barreras para acceder a la justicia.

Como GESMujer consideran que es necesario contar con un mapeo que permita identificar los niveles y gravedad de violencia familiar, violencia sexual y de género, de la emisión de ordenes de protección y de los casos de niñas y mujeres desaparecidas.

“Estamos convencidas de que la violencia feminicida es un grave problema estructural, pero también contribuye la suma de omisiones y negligencias en su atención, lo que significa que hay indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta y es ahí donde urge una actuación profesional, oportuna y estratégica”, puntualizaron.

En este periodo de pandemia dijo que su organización ha brindado 211 servicios a niñas, jóvenes y mujeres en situación de violencia.

Detallaron que las 42 mujeres que solicitaron apoyo a través de la línea de emergencia del GESMujer, en el 77% de los casos la violencia fue ejercida por parte del esposo, pareja, concubino; en el 7% por parte del ex esposo/ex pareja; En el 5% la violencia la ejerció el novio o ex novio; y en el 11% por otros (desconocidos en espacio público, por redes sociales, en ámbitos laborales).

En cuanto a las edades, el 7% correspondió a niñas y adolescentes menores de 18 años, un 5% de mayores de 49 años y en el 88% se ubicaron a mujeres de 19 a 48 años, lo que significa que es en la edad de máxima productividad, en la que han enfrentado todos los tipos de violencia. Cabe mencionar que un 5% de las mujeres son hablantes de lengua indígena.

Con respecto a la ocupación, las niñas, jóvenes y mujeres que solicitaron atención a la línea de emergencia, el 60% manifestaron ser amas de casa o dedicarse al hogar, el 16% correspondió a estudiantes, un 12% pertenecen a la economía informal, un 7% son profesionistas y un 5% empleadas.

Con esta pequeña muestra y conociendo el perfil de quienes han solicitado apoyo, se confirma que la violencia basada en el género no respeta edad, educación, situación económica o condición indígena.

https://pagina3.mx/2020/06/se-mantiene-la-violencia-feminicida-durante-la-pandemia-de-covid-19-van-57-mujeres-asesinadas/

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Freno al Tren Maya y mayor atención a feminicidios, exigencias para AMLO en Morelia

Foto: Tomada de Monitor Expreso

Cristian Ruiz / Monitor Expreso, 26 de junio de 2020

Morelia, Michoacán.- Frenar el proyecto del Tren Maya, dar mayor atención al tema de los feminicidios y apoyar a los micro y pequeños empresarios que tuvieron que cerrar su negocio por la contingencia sanitaria nacional por el coronavirus covid-19, fueron las principales exigencias que realizaron morelianos al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita a Morelia.

Con mantas y pancartas, los grupos sociales se manifestaron afuera del cuartel de la 21 Zona Militar, recinto donde el mandatario federal celebró su rueda de prensa mañanera y después tuvo una reunión con el gabinete de seguridad estatal para revisar cómo se encuentra Michoacán en este rubro.

Foto: Tomada de Monitor Expreso

Foto: Tomada de Monitor expreso.

Foto: Tomada de Monitor Expreso

Foto: Tomada de Monitor Expreso

Las manifestaciones iniciaron desde las 7:00 horas con la presencia de los ex trabajadores del extinto Seguro Popular, quienes pidieron al presidente su intervención para ser reubicados en algún puesto, tal y como les prometió Diana Carpio Ríos, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

Posteriormente, llegaron los trabajadores del sector de espectáculos y conciertos, quienes aseguraron que ni el gobierno estatal les ha dado apoyo crediticio y mucho menos alimentario.

Grupos feministas también arribaron al cuartel y colocaron en el Acueducto mantas donde denuncian qué los 18 meses que van de la administración del presidente van asesinadas 5 mil 800 mujeres e incluso recordaron los casos más mediáticos de mujeres muertas bajo violencia como Nilda Rosario.

Por último, activistas del medio ambiente llegaron para exigir que se frene el proyecto del Tren Maya, ya que lo consideran como un ecocidio porque se va atentar contra la selva mexicana.

https://www.monitorexpresso.com/freno-al-tren-maya-y-mayor-atencion-a-feminicidios-exigencias-para-amlo-en-morelia/

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Sobre Acueducto, feministas exigen incluir feminicidio en agenda federal (Michoacán)

Foto: Leopoldo Hernández/Quadratín

Fátima Alfaro/Quadratín, 26 de junio de 2020

MORELIA, Mich., 26 de junio de 2020.- Un grupo de mujeres se ha colocado sobre el Acueducto, frente a la sede de la 21 zona militar, en demanda de inclusión del combate contra la violencia feminicida en la agenda federal. Ante la edificación donde Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, ofrece la tradicional conferencia de prensa mañanera, previa a la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Villas del Pedregal, las manifestantes reclaman la desatención del gobierno federal ante las problemáticas que padecen las mujeres en el país, como el feminicidio. Con mantas que recuerdan los nombres de víctimas de feminicidio y consignas como “El estado opresor es un macho violador”, “Amlo, las michoacanas tenemos otros datos”, y “Menos tradición, más feminismo”, las inconformes instalaron pancartas en el monumento, para luego colocarse sobre éste. La expectativa es que en breve se sumarán integrantes de la Res Colectivas Michoacán para dar continuidad a la protesta por la exigencia de una mayor atención para las mujeres por parte de la administración del país.

https://www.quadratin.com.mx/sucesos/sobre-acueducto-feministas-exigen-incluir-feminicidio-en-agenda-federal/

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Mexico

Mueren asesinados 16 campesinos en Sinaloa; familias comienzan a migrar

Noroeste / Redacción

BAGRECITOS, Culiacán._ A unas horas de que se registrara el peor hecho violento en esta zona, según coinciden los pobladores, en este extremo de la franja rural del municipio de Culiacán las familias ya comenzaron a desplazarse.

Mientras la Secretaría de Seguridad Pública estatal anunciaba esta mañana que los 16 asesinatos ocurridos el miércoles se derivaron de una pugna entre grupos delincuenciales, vecinos como Saúl -un nombre ficticio para identificarlo-, de un poblado cercano llamado La Ceiba, regresaba de revisar que estuviera bien el poco ganado que dejó solo desde el miércoles.

“Están bien, por allá, pero están preocupados, ya pensando en irse”, dijo.

En el pueblo, que conforman unas cinco casas, por lo menos tres ya están vacías.

“Sí, pues de todo le da miedo a uno. Yo no tenía pensado venir”, agrega.

Además, comentó que volvería a Culiacán para conseguir una camioneta y recoger a sus animales del rancho a otro lugar.

“Me vine como a las ocho, quiero ver si consigo un carro para llevarme los animales para allá para abajo”, señaló mientras preparaba su motocicleta para avanzar.

-¿También se va a ir, entonces?

Sí, me los voy a llevar para allá -sus animales-, mientras pasa esta cosa.

“Me voy para Culiacán, tengo un primo de nosotros allá trabajando, porque ya ve aquí cómo se puso todo”.

Los vecinos de Bagrecitos señalan que la disputa bélica comenzó después de las 08:00 horas y se extendió hasta después de las 14:00 horas del mero día de San Juan.

“Esto es atemorizante, es cosa que no se sabe que mañana se va a acabar, es cosa que se atemoriza la gente, porque caen aunque tengan por qué o no tengan; entonces, ahí está uno que tiene la preocupación y así, familias que tiene uno por allá, que ‘vénganse’, ‘sálganse’, que esto que lo otro”, dijo Modesta, de 62 años, vecina de Bagrecitos.

“Yo, la verdad, yo sí me deseo salir, porque la vida es una, lo material usted lo puede conseguir, una casa, el caballo, la gallina puede volver a vivir, si las cosas ya no están así, puede volver a su casa. Yo creo que no es nada malo, pero de que sí está feo, está feo y hay que salir, pienso yo, que si tenemos que dejar aquí, por equis motivo, yo creo que hay que dejarlo”.

Otro vecino de El Barco, quien transportaba víveres en una cuatrimoto con su esposa, señaló que hasta ese momento podía regresar a casa.

“Nos agarró la balacera y nos tuvimos que regresar, así que apenas vamos a ver cómo están las cosas por allá”, relató.

Ellos también han considerado migrar, igual que otro vecino de El Vino, un pequeño poblado donde habitan cinco familias.

También tuvo que detener su motocicleta, en el lugar en donde aún hay restos de la masacre ocurrida el miércoles.

Este vecino había logrado limpiar una huerta de aguacate para comenzar a producir, pero tuvo que suspender el proyecto. Junto a su familia, han decidido dejar el lugar.

“Ahí vienen más de allá de arriba. Ahí hay cuatro (familias), pero se van a quedar dos, se me hace que están diciendo que no se iban a venir, es que se les hace más difícil para acá”, señala.

En las inmediaciones de Bagrecitos, un poblado a unos 30 kilómetros de Culiacán, donde se encontraron el miércoles ocho de los cuerpos, aún hay restos de sangre y guantes que utilizaron los peritos para levantar la evidencia.

También hay una colcha ensangrentada, la cinta amarilla con la que se cercó la escena del crimen y un par de veladoras aún encendidas.

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/por-hechos-violentos-en-el-norte-de-culiacan-ya-comenzo-el-exodo-de-familias-1200045

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Fonatur considera el etnodesarrollo un «opuesto positivo» al etnocidio

Arturo Contreras Camero /Fotos: Trung Nguyen /Unsplash / Pie de Página

Mientras una juez ordenó detener las obras del Tren Maya en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo durante la contingencia sanitaria; en su Manifestación de Impacto Ambiental, Fonatur expuso que el «etnodesarrollo» puede ser un giro «postivo» al etnocidio

Actualización 24 /06/2020

La manifestación de Impacto Ambiental del Tren Maya presentada por FOnatur y publicada por la Secretaría de Medioambiente (Semarnat) defiende el «etnodesarrollo» como alternativa para el etnocidio.

“El etnocidio puede tener un giro positivo, el ‘etnodesarrollo’, este puede ser posible si se involucra en el proceso de desarrollo y en la administración de beneficios a las poblaciones indígenas que estarían siendo afectadas por el desarrollo”, dice en la página 404 de dicho documento.

Ante las críticas recibidas, la administración del proyecto del Tren Maya hizo una corrección en su cuenta de Twitter, en la que reconoce una «oración desafortunada» y un «error de redacción» en el documento oficial: no debió decir «giro positivo» sino «opuesto positivo», dicen las autoridades.


La Manifestación de Impacto Ambiental tiene 8 capítulos, más sus anexos. En cuarto tomo está dedicado a la descripción del sistema ambiental de la región y de sus oportunidades de desarrollo o deterioro.

En un apartado referente al análisis de los pueblos indígenas de la zona -6 páginas en un documento de más de 460-, el texto cita al sociólogo y antropólogo alemán Rodolfo Stavenhagen, quien criticó el concepto de desarrollo occidental.

Este concepto supone que los pueblos indígenas se beneficiarán por las inversiones de capital y la modernización en general, aunque lo único que ha dejado ese desarrollo son efectos negativos y perjudiciales.

Stavenhagen sostuvo que este tipo de desarrollo está asociado con el etnocidio, un proceso en el que un pueblo pierde su identidad por políticas que minan su territorio y la base de sus recursos.

Sin embargo, la manifestación incorpora la idea de «etnodesarrollo» como opción al etnocidio:

«La capacidad social de un pueblo para construir su futuro, utilizando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica, y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo a un proyecto que se adapte a sus propios valores y aspiraciones futuras”.

El documento se dio a conocer la semana pasada, aunque debió de haber estado lista antes de la consulta popular para avalar el proyecto.

La manifestación fue realizada por el Corporativo en soluciones integrales VR, S.C. y en su desarrollo participaron los ingenieros Armando Briones Rodríguez y Zenaida Reyes Bautista, la maestra María Cristina Hernández Calzada, el doctor Diego Hernán Valencia Körösi, la Maestra Priscila Urrutia Carrasco. De ninguno de ellos se menciona especialización o disciplina. También participaron los biólogos Francisco Javier García Ramírez e Hilda Marisela Illescas Ramos.

23 /06/2020
Jueza ordena frenar obras en un tramo del Tren Maya durante la pandemia

La jueza segunda de distrito de amparo y juicios penales federales del estado de Chiapas concedió la suspensión definitiva de toda las obras relativas al Tren Maya en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo. En la península los trabajos del megaproyecto del gobierno federal continúan.

El pasado 1 de mayo la asamblea maya Muuch Ximbal, que aglutina a personas de 25 pueblos mayas de Yucatán, pidió que se detuvieran las obras en esas tres localidades pues la actividad social que detonan en los sitios de trabajo podría agravar la emergencia sanitaria por coronavirus.

Como respuesta, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, la oficina de gobierno responsable del proyecto, emitió un comunicado en el que dice que los trabajos que se están realizando corresponden a la rehabilitación de la vía. Como el amparo es contra la construcción de infraestructura nueva, la rehabilitación está permitida, por lo estas obras continúan.

El organismo federal argumentó que un Tribunal, superior al juzgdo, calificó el megaproyecto como una obra de «orden público e interés social”, por lo que analizará si impugna la suspensión.

Este amparo es uno de por lo menos tres procesos legales que diferentes organizaciones sociales de la península de Yucatán han iniciado para detener uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la administración del presidente López Obrador.

Los solicitantes del amparo buscan ampliarlo para poder frenar definitivamente el proyecto ferroviario.

“Del juicio salió información suficiente para solicitar la ampliación del amparo, independientemente que el origen haya sido la realización en épocas de pandemia”, explicó en entrevista Jorge Fernández, abogado de la organización Indignación, que asesoran a la asamblea de muuch Ximbal en el proceso legal.

“Esta ampliación cuestiona el fondo del proyecto”, explica el abogado, “el fondo es justamente la viabilidad del proyecto. Si es viable a partir del impacto que pueda generar al ecosistema y la afectación a las comunidades por las que atraviesa el tren”.

La semana pasada Fonatur dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental, algo que debió de haber hecho antes de la consulta sobre el proyecto realizada a finales de 2019.

“Esto lo que demuestra que todo se ha hecho mal, justamente lo que se debió haber hecho en principio era ver la viabilidad del proyecto”, asegura Fernandez.

Según explica el abogado Fernández, Fonatur no tiene la capacidad legal de realizar licitaciones, por lo que la construcción del tren está basada en una serie de irregularidades.
«Vamos a cumplir lo que diga el juez»: AMLO

Por la mañana, en su conferencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aceptará la decisión de la juez; sin embargo, consideró que detrás del amparo promovido por comunidades Ch’ol hay “tintes políticos”.

“Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos legales. Si una autoridad del poder judicial, un juez, un magistrado, nos ordena detener una obra, vamos a cumplir, vamos a hacerle caso, vamos a respetar a la autoridad”, afirmó.

https://piedepagina.mx/jueza-ordena-frenar-obras-en-un-tramo-del-tren-maya-durante-la-pandemia/

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San Mateo del Mar: “nos quieren matar y ponerle precio a la tierra” (Oaxaca)

Pie de Página / Texto: Daniela Rea


Fotos: Especial

Los habitantes de San Mateo del Mar amanecen, después de la masacre de 15 habitantes, con un sentimiento de tristeza y de temor. Y con un reclamo a la autoridad: nos dejaron solos.

Una de las habitantes de esta comunidad, que ha sido parte de la defensa del territorio pero pide omitir su nombre por temor, dice: “Durante más de un mes buscamos el diálogo, pedimos ayuda para intervenir y resolver, pero el gobierno no escuchó, no resolvió nada”.

Un mes después del asesinato de Filemón Villalobos sucedido el 3 de mayo, dice la mujer, llegó la Fiscalía para investigar. Y el día del ataque, agrega, “estaba guardia nacional para garantizar la seguridad y no intervino, se fue”.

“Yo pienso que está de por medio el corredor interoceánico y los eólicos. Le conviene este tipo de problemas en las comunidades indígenas, fracturan a las comunidades porque quieren instalar sus cosas. Y es que históricamente la población ikoots se ha opuesto al proyecto eólico”, agrega.

“Fíjate en el mapa donde estamos ubicados”, dice la mujer en llamada telefónica. “En el mapa aparece un franja, la barra de Santa Teresa, en el lugar quieren poner 133 aerogeneradores, pero aquí la gente vive de la pesca. Nos quieren matar y ponerle precio a la tierra, el agua. Para nosotros es sagrado, para ellos es dinero”, dice.

San Mateo del Mar es una comunidad instalada en la costa del Pacífico oaxaqueño. Al oeste tiene a Salina Cruz, su puerto y refinería; al este, Santa María del Mar, con quien tiene conflicto. Hacia el norte y al sur colinda con el mar. Sus veloces vientos son un atractivo para las empresas eólicas.

En este municipio, según Coneval, 9 de cada 10 personas viven en pobreza, según Coneval.
Una propuesta que fracturó el territorio

Entre 2006 y 2007 empresas eólicas propusieron instalar 102 aerogenradores en la barra de Santa Teresa, según relata el periodista Julio González en este podcast de Así como suena.

Los Ikoots dijeron que no. Pero la propuesta modificó la relación cordial que había entre los vecinos.

En total las empresas eólicas han invertido 6 mil 632 millones de dólares en Oaxaca. Para mitigar el impacto, se comprometieron a monitorear el daño; en el territorio los pescadores dicen que el zumbido de ventiladores y el ruido ahuyenta a los peces.

Luego de las eólicas a San Mateo del Mar llegaron los sismos de 2017 y 2018. Cientos de casas afectadas que precarizaron la vida en la región.

Y posteriormente, Andrés Manuel López Obrador anunció el “Proyecto de Desarrollo del Istmo” en abril del 2019, que incluía la construcción de un tren transístmico. La propuesta de ese tren alertó a las comunidades. En defensa del territorio y habitantes de San Mateo del Mar y otras comunidades, han rechazado el proyecto.

El martes 23 de junio, durante la conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado respecto a la masacre y respondió: “Es una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades, suele pasar que en los Ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias”, refirió.
Conflicto, desde una década atrás

La mujer que trabaja en defensa del territorio en San Mateo del Mar y que vive en la comunidad de Huazantlán, donde fue la masacre, dice desde el 2005 “yo empecé a escuchar de la instalación de los aerogeneradores en la comunidad, pero la gente no ha querido, por las afectaciones en la población y en la pesca”.

Luego, dice que desde hace 3 trienios comenzó la imposición de autoridades comunitarias bajo votaciones y compra de votos.

“Han intentado entrar en las asambleas comunitarias, desde hace unos años con los presidentes municipales. Han encontrado la forma de dividir a la comunidad”.

En agosto del 2019, integrantes del Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias de San Mateo del Mar, un espacio que nació después de los sismos de 2017, denunciaron que sus instalaciones fueron incendiadas por personas desconocidas.

“Con la quema del centro comunitario destruyeron un espacio de aprendizaje, de intercambio de saberes, de construcción de sueños colectivos y encuentros, sobre todo de mujeres y población infantil. Quisieron quitarle a la gente la posibilidad de tener un lugar digno para su autodesarrollo, pero queremos decirles que las llamas no nos arrancarán la esperanza, el compromiso, el esfuerzo, apoyo y amor, y caminaremos para el resurgimiento del centro comunitario ikoots. Lo volveremos a levantar”, denunciaron en su momento.

“El trienio pasado el que estaba de presidente municipal cambió el estatuto para el nombramiento de las autoridades municipales. Ahora sin respetar el sistema normativo de los pueblos indígenas se empezó a escuchar de un tal asesor y constructor que llegaba apoyando a la comunidad, a las escuelas , a las autoridades, pero muchos decían que solo para ganarse al pueblo”, dice la mujer.

“En el trienio pasado el presidente era Gelasio Hidalgo y el asesor era un empresario constructor que para nosotros se le conoce como mol, el extranjero”, agrega.
El ataque

El domingo, en Huazantlán, se celebraba una asamblea a la que llegó la Guardia Nacional, en respuesta de la llamada de la gente. Los habitantes dicen que cuando comenzó el ataque la Guardia Nacional se fue.

“Desde el pasado 3 de mayo unas camionetas con gente armada llegó a Huazantlámn para disparar a los que estaban en el retén de la población, quemaron casas. Hubo muchos heridos y un muerto en la madrugada del 3. La gente armada se quedó en la agencia desde entonces.

“Desde ese día se instalaron en la agencia protestando por sus derechos pero esta gente tomó la agencia, gente de fuera y unos de la población. Más de mes se quedaron en la agencia armados. Mucho decían que les pagan por estar en la agencia $500 el día. Utilizaron a la gente como carne del cañón por su necesidad la gente se prestó”, explica la mujer, que estaba ese día en Huazantlán.

-¿Pudieron ver quiénes dispararon?

-Quienes dispararon fueron algunos que estaban en la agencia, otros de afuera que llegaron ese día.

-¿Y se sabe quiénes son los muertos?

– Varios de los que estaban en la agencia y otros de las colonias.

La tarde del martes los muertos de San Mateo del Mar ya habían sido sepultados.

“Perdimos a familiares. Lo que les hicieron es… No estamos en condiciones de hablar. No podemos hablar ahorita. Necesitamos un poco de tiempo y que el corazón y la mente respondan bien”, dijo por teléfono otra mujer cuyo, primo fue asesinado.

https://piedepagina.mx/san-mateo-del-mar-nos-quieren-matar-y-ponerle-precio-a-la-tierra/?fbclid=IwAR14SnKKKdUmWuKFV_dqMmiSyUUQyxLxyUKvOV0vcc4JevnKMp7vcPyNoD4