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Familia de joven asesinado por policías vive con miedo por amenazas recibidas (Yucatán)

Texto y fotos: Claudia Victoria Arriaga / Pie de Página

Tres policías municipales de Tecoh, Yucatán fueron sentenciados a 30 años de prisión por asesinar al joven José Luis Cauich Yerbes. Sin embargo, la familia de la víctima vive con miedo por amenazas

TECOH, YUCATÁN.- El 24 de diciembre del 2020, José Luis Cauich Yerbes fue asesinado por policías municipales de Tecoh, Yucatán. Diez meses después del crimen, se determinó culpables de homicidio calificado a E.F.U.Ch., A.Ch.M. y M. A.C.Ch. La familia lejos de sentirse tranquila con el veredicto, vive con miedo. Constantemente son amenazados y hostigados por personas cercanas a los responsables.

El joven de 27 años y de oficio albañil, falleció en el trayecto de la comisaría X´canchakán – de donde era originario- a la cárcel pública. Ese día, su hermana, quien también era su vecina, solicitó ayuda a la policía porque habían discutido. Nunca pensó que lo asesinarían.

Su padre, Martín Olavo Cauich Iuit relató que, desde el inicio del proceso legal, la familia es víctima de agresiones. En una ocasión ingresaron a su terreno y robaron sus animales. Sus nietos, que apenas son unos niños, también son hostigados:

“¿Cómo no me va a doler si es mi hijo? Yo si estoy andando como un perro en la calle porque nadie me defiende, porque nos odian mucho. Los policías me odian porque estamos tras de esto. ¿Cuántas amenazas ya me hicieron? Me dijeron que me van a secuestrar, me dijeron que nos van a mandar a abollar (apedrear) la casa, por gente de los que están (policías) presos, te asustan, gente que ni conoces te mandan a amenazar”, dice entre lágrimas.

“Uno de mis nietos que está en la escuela, tengo uno de 12 y 7 años de edad, que cuando vienen me dicen ‘Papito, cuidate mucho que te van a matar como mataron a tu hijo’, que un señor se los dijo”.

María Cauich Yervez cree que la condena de 30 años que recibió cada oficial por el asesinato de su hermano es solo justicia parcial. La familia se siente abandonada por las autoridades y debe enfrentarse sola al acoso de quienes los culpan por buscar justicia. Lo que más le duele, dice, es que José Luis creía en la corporación, pues él fue policía.

“Los que fueron responsables tienen que pagarlo porque mi hermano no era un animal para hacerle eso. Él fue policía, ahí se recibió terminó sus estudios, cuando entró era un muchacho que no sabía leer y escribir. Recibió su diploma donde él entrenaba. Él sí tuvo realmente capacitación de cómo debe agarrar, tratar a una persona, no con maltrato echando ese gas languiñeo (lacrimógeno)”, comenta María.

Testigos falsos para defender a policías

Al inicio de las investigaciones se presentaron a declarar a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) supuestos testigos del arresto de José Luis Cauich. Enojada con la situación, Lizbeth Maribel Cauich Yerbes asegura que buscará la forma de demandar a estas personas, que mintieron para obstaculizar la justicia.

Ella acudió a la mayoría de las audiencias y fue la encargada de hacer los trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. Nunca olvidará que pasó una semana en las diligencias, incluso algunos días tuvo que pasar la noche en la Fiscalía de Mérida porque era muy tarde para regresar a su comisaría.

Para Lizbeth está claro que, aunque solo tres pagarán por el crimen cometido contra su familia, hubo dos personas más involucradas. Uno de ellos es el comisario municipal de X-Kanchakán, Reynaldo Chuc Puc, quien es padre de uno de los policías.

“Que le dé gracias a Dios que él tiene a su hijo en la cárcel, por lo menos él lo puede ver. ¿Yo cuando voy a ver a mi hermano otra vez? No lo puedo ver otra vez, que dicha tengo yo de que se va a condenar a tres, si mi hermano no va a regresar con eso. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que me pregunta ‘dónde está mi tío’? ¿Cómo le voy a decir yo que ya no está?”.

El Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que José Luis falleció por “asfixia mecánica por oclusión de vía aérea”, su familia cree que se ahogó con su propia sangre a consecuencia de los golpes.

«Fue una venganza»

El padre de José Luis, el señor Martín Olavo Cauich Iuit, está seguro de que asesinaron a su hijo en venganza porque lo defendió de los policías hace algunos años. En aquella ocasión, antes de remitirlo a la cárcel pública de Tecoh, lo llevaron al calabozo de la comisaría de X´canchakán.

“Me quitaron todo mi dinero, me metieron al calabozo de aquí como dos horas y después a Tecoh, entonces, mi hijo fue a reclamar y le dijeron ‘vas a caer y pagar lo que hiciste’. Fue una venganza lo que le hicieron”, apuntó.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) documentó en el 2020 la muerte de 10 personas bajo custodia de policías, se trata de seis en corporaciones municipales y cuatro con la policía estatal.

https://piedepagina.mx/familia-de-joven-asesinado-por-policias-vive-con-miedo-por-amenazas-recibidas/

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Jiménez Pons suena siniestro y criminal, advierten opositores del Tren Maya

Herbeth Escalante / Haz Ruido

La Asamblea Múuch’ Xíinbal recalcó que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio

Mérida, Yucatán, 27 de octubre de 2021.- Luego de que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró en el Senado que tienen identificadas a las personas y asociaciones detrás de los amparos en contra del Tren Maya, la Asamblea Múuch’ Xíinbal advirtió que sus dichos suenan a amenazas siniestras y criminales que de nuevo los pone en una situación del vulnerabilidad.

Como se sabe, durante su comparecencia ante senadoras y senadores, dicho funcionario federal dijo que 327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos. Incluso enfatizó que se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos.

Al respecto, Múuch’ Xíinbal indicó que la sombra del “sospechosismo” aflora en cada palabra de Jiménez Pons y que suena siniestro. Recalcó que una vez más se demostró que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio.

“Responsabilizamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su subordinado y patético director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, pues otra vez sus declaraciones nos ponen –con toda intención criminal– en una situación vulnerable”, sostuvo la agrupación en un comunicado.

La Asamblea recordó que ha recurrido a la defensa legal de su territorio y de sus derechos con los mecanismos y herramientas que la misma ley y el sistema de justicia les otorga. Por eso mismo han solicitado la protección del amparo y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, pues se enfrentan a la imposición y presión de dicho megaproyecto.

Y una vez más exigió la cancelación Tren Maya porque es un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado –técnica, política, socialmente–, corrupto, corruptor y transgresor de los convenios internacionales contra el etnocidio.

https://www.hazruido.mx/reportes/jimenez-pons-suena-siniestro-y-criminal-advierten-opositores-del-tren-maya/

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Hospital General de Oaxaca, en riesgo de cerrar por falta de insumos

Noticias / Nadia Altamirano Díaz.

El Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca redujo su operatividad al mínimo. Funciona el Área de Valoración Crítica y Urgencias, “es lo que no se puede parar, pero todos los materiales e insumos que nos faltan se están pidiendo a los familiares”.

Así lo afirmó el secretario de Organización de la Subsección 07 del Sindicato de Trabajadores de Salud, Aristeo Torres López, quien descartó que como inconformidad se suspendan servicios porque “ya tenemos todo paralizado, lo último que quedaría sería cerrar el hospital que trabaja como un centro de salud de 4 pisos, porque lo único que se hace es dar consultas”.

La falta de medicamentos, insumos y estudios de laboratorio la enfrentan familiares de pacientes de cirugías de urgencias, pero hay atenciones que no se pueden dar a pacientes pediátricos o en terapia intensiva porque desde septiembre que despidieron a especialistas eventuales, no se ha repuesto ese recurso humano.

Por las complicaciones que genera la suspensión del servicio del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea a partir de este jueves, que también carece de insumos, integrantes de la Subsección ofrecieron ayer una conferencia de prensa.

Ahí la enfermera Agustina Salazar Cruz expresó el rechazo de los trabajadores por la decisión de que esta unidad hospitalaria pase al IMSS Bienestar, como parte del proceso de la entrega de la rectoría de los SSO a la Federación.

Su desacuerdo lo fundan en los cambios que se hacen de manera sexenal y que implicarían inestabilidad laboral, sin que se garantice un presupuesto financiero.

En la conferencia de prensa el jefe del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, Ernesto Pérez Matos, informó que llegó un poco de reactivo, pero es insuficiente.

Los SSO sólo difundieron que los laboratorios clínicos operan de forma normal, pero el secretario de Organización aclaró que sólo urgencias brinda atención.

Falta que lleguen insumos para habilitar el laboratorio clínico central, por lo que la siguiente semana reagendarán citas que debieron realizarse esta semana.

https://www.nvinoticias.com/oaxaca/salud/hospital-general-de-oaxaca-en-riesgo-de-cerrar-por-falta-de-insumos/120519

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Itzel desapareció en 2020; la buscan en una fosa clandestina en Oaxaca

Noticias / Tomás Martínez.

Restos humanos que podrían ser de la enfermera Itzel G.G., que desapareció en el mes de abril del 2020, fueron localizados durante una inspección realizaba en una fosa clandestina en Tuxtepec, y por cuy caso ya se encuentran condenados Martín F.C., y Omar B.G.

La Fiscalía General del Estado indicó que regresó al lugar donde ya habían realizado restos el año pasado y volvieron a encontrar más restos humanos que podrían ser de Itzel, la joven que desapareció en el centro de Tuxtepec.

Cabe resaltar que, con este operativo, suman tres acciones de búsqueda realizadas por la FGEO para localizar a la persona reportada como desaparecida el 14 de abril de 2020, en Tuxtepec.

Las acciones fueron coordinadas por la Institución de procuración de justicia, a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca y de las Unidades de Búsqueda de Personas No Localizadas y de Desaparición Forzada de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, contando además con el apoyo de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y binomios caninos.

El plan de búsqueda se realizó los días 25, 26 y 27 de octubre del año en curso, en diversos puntos y parajes de San Juan Bautista Tuxtepec, entre ellos, el predio denominado “Los Girasoles”, ubicado a un costado de la carretera Tuxtepec-Zacate Colorado, donde localizaron restos óseos humanos, mismos que serán sometidos a estudios periciales para determinar perfiles genéticos, a través de pruebas de laboratorio del Instituto de Servicios Periciales de la FGEO.

Hace un año realizaron búsqueda en la misma zona y hallaron algunos restos y ahora nuevamente acudieron al lugar y localizaron otros restos, pero que estaban calcinados y por lo cual no pudieron extraer el perfil genético.

Según testigos y familiares, la joven estudiante fue vista por última vez el martes 14 de abril del 2020, en la colonia Grajales de San Juan Bautista, Tuxtepec Oaxaca.

Sobre el caso hay dos personas acusadas y condenadas por el delito de desaparición cometido por particulares y se trata de Martín F.C., y Omar B.G.,, quienes enfrentan también otro proceso por el mismo delito de otra joven desaparecida.

https://www.nvinoticias.com/roja/feminicidios/itzel-desaparecio-en-2020-la-buscan-en-una-fosa-clandestina-en-oaxaca/120525 

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A un año de su desaparición, sin rastro de Zayra Leticia (Oaxaca)

Página 3 / Nathalie Gómez

Huajuapan de León, Oax.(pagina3.mx).-Salió el 23 de octubre de 2020 a cancelar una cena a unos metros de su casa, pero no volvió. A un año de su desaparición, de Sayra Leticia Morales Loyola no se tiene ningún rastro.

Luz María Leticia Loyola López, madre de Zayra dijo que, a partir de su desaparición, sus dos hijos, menores de edad, continúan esperándola, pero cada vez con menos esperanzas porque a la familia se le están acabando los argumentos del por qué su mamá no está en su hogar.

“Yo retomé el papel de madre porque mis nietecitos nacieron ahí en mi casa, al principio los engañamos diciéndoles que se fue a trabajar y que pronto iba a regresar. Ya pasó un año y el más grandecito ya no cree mucho de lo que yo digo, dice que le digamos en dónde está”, compartió.

Manifestó: “Los quiero mucho, los veo sufrir y ellos me ven sufrir porque a veces, aunque yo no quiera me ven llorar, porque hay ocasiones que ya no quiero saber nada, no tengo gusto ya de nada, y ellos son mi fuerza”.

A un año y sin importar la lluvia que les acompañó durante todo el camino, la familia de Zayra, amigos, además de las colectivas Marea Verde e Hijas de la Luna, realizaron una marcha de la comunidad de Santa María Xochixtlapilco, de donde es la familia, al centro de Huajuapan de León.

Durante el mitin frente al palacio municipal, llamó a la población a compartir la información de Zayra, sumarse a la búsqueda, proporcionar cualquier información que tengan y que permita dar con su paradero, aunque sea de manera anónima, además de tener empatía.

“Hemos vivido un calvario desde un principio, hubo tres detenidos que fueron vinculados a proceso, dos en diciembre y una en febrero, pero no se ha definido su situación; luego vino el cambio de fiscal general y del vicefiscal y todo se quedó estancado”, dijo.

Expresó que confía en el ahora titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo Peimbert Calvo y la vicefiscal en la Mixteca, Hilda Cabrera, por la disposición y empatía que le han manifestado.

“Lo que yo he pedido es la búsqueda de mi hija, que la reanuden porque sólo nosotros, su familia, hemos salido a buscarla en bosques, barrancas y ríos de la comunidad, además de otros lugares de la región, pero seguimos sin encontrarla”, destacó.

https://pagina3.mx/2021/10/a-un-ano-de-su-desaparicion-sin-rastro-de-zayra-leticia/

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Vigente, contrato de Fonatur con empresa abusiva

Rosa Santana / Revista Proceso

La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados para gestionar la identificación y adquisición de predios, debido a las denuncias de que la empresa recurrió a extorsiones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Según el Fonatur, sigue vigente la relación con ese contratista demandado por la vía penal.

CAMPECHE, Camp. (Proceso).– En julio pasado, después de que salieron a la luz los presuntos hechos delictivos que BYA Barrientos y Asociados perpetró a la sombra de su encomienda, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la rescisión del contrato que de manera directa le asignó a esa empresa, encabezada por Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, para ocuparse de los trabajos técnico-jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya.

No obstante, según información proporcionada por el propio Fonatur vía transparencia, la relación contractual sigue vigente.

En el apartado de antecedentes que se encuentra al inicio del contrato abierto C-TM-007/2010, hasta por 62 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, que protocolizaron el 14 de agosto de 2019 Barrientos Quintero como apoderado de BYA; Alejandro Varela Arellano como director jurídico de Fonatur, y Arturo Ávalos como apoderado de Nacional Financiera, la fiduciaria del fideicomiso Fonatur, la empresa fue seleccionada en “una investigación de mercado con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios”.

Como parte de los múltiples servicios para los que fue contratada, BYA debía identificar, negociar la compra de las tierras para reservar el derecho de vía del tren a lo largo de todo su derrotero y hasta pagar las indemnizaciones correspondientes, pero sus representantes presuntamente robaron el dinero a los afectados, en algunos casos incluso a punta de pistola, y en otros obligándolos a cederles parte de los recursos que les correspondían en pago por sus supuestos servicios de gestión, entre otros modus operandi.

También se le acusa de obligar a muchas personas, incluidos indígenas que no hablan español, a firmar la venta de sus tierras; de falsificar documentos y firmas, así como de realizar asambleas ejidales ilegales sin traductores ni autoridades de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias que por ley debían asistir para legitimarlas.

Por ello, en mayo pasado la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, integrada por comunidades del sur de Campeche por donde correrá el Tramo Uno del Tren Maya (Palenque-Escárcega), denunció pública y penalmente a la empresa por delitos como fraude, extorsión, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Las denuncias se asentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que la General de la República (FGR) no las admitió. Los ejidatarios calculan que el monto de lo robado ronda los 15 millones de pesos.

El 2 de julio la misma agrupación denunció que seguían siendo “presionados, hostigados y criminalizados” por solicitar transparencia y apertura al diálogo. Acusaron al Fonatur de filtrar información sensible contenida en las denuncias y demandas contra BYA, con lo que “incrementó el riesgo y la vulnerabilidad en la cual ya de por sí” se encuentran por ejercer su derecho a la defensa de sus territorios ante el proyecto del Tren Maya.

También hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda el conflicto y garantice la seguridad, así como el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

A fin de sosegar los ánimos y destrabar las negociaciones que se requieren para el derecho de vía del Tren Maya, el Fonatur anunció en las comunidades afectadas que rescindió el contrato a BYA y que emprendió acciones legales con objeto de investigar las acusaciones. Personal de Fonatur asumió la parte de los trabajos para los que se había contratado a la empresa de Barrientos Quintero.

La fecha de la supuesta rescisión del contrato fue el 4 de julio.

Tal versión fue apuntalada por el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien el 15 de julio, en una visita a esas comunidades, les ofreció “una disculpa de verdad, por todo lo que han pasado; una disculpa pública. El gobierno y nosotros somos los primeros que vamos a actuar en contra de este fraude, de este robo que les hicieron a los ejidatarios. Esto no se va a quedar así, se les va a pagar lo que se les debe hasta el último centavo”.

Y afirmó: “Barrientos y Asociados no puede contratar personal que venga a robarle al pueblo, no aceptamos eso; nosotros hoy cancelamos ese convenio que tenemos”.

Pero resulta que “dicho contrato no ha sido rescindido”, según la contundente y reiterativa respuesta que dio el Fonatur el pasado 14 de septiembre a una solicitud de información pública que recibió el 17 de agosto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 2116000023621).

En esa solicitud se pidió al Fonatur confirmar si se rescindió el contrato de BYA Barrientos y Asociados, y de ser así, explicar los motivos y términos de la supuesta cancelación y los costos que implicó.

No hubo respuesta a los cuestionamientos sobre cuántas denuncias por fraude o extorsión pesan sobre la empresa, el monto de la afectación y cómo resarcirá Fonatur a las víctimas de su contratista. Tampoco la hubo a la interrogante sobre los poderes que la paraestatal otorgó al contratista para la realización de sus servicios.

La noche del 29 de septiembre, después de mucho insistirle, la paraestatal Fonatur Tren Maya, SA de CV, dio una ambigua respuesta a otro cuestionario que se le envió a través de sus enlaces del área de Comunicación Social en relación con BYA.

Confirmó que ahora “las actividades de concertación y de liberación del derecho de vía se realizan directamente por personal adscrito al proyecto Tren Maya” y que esa entidad “interpuso la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para poder dar claridad sobre las presuntas irregularidades” que se le imputan a Barrientos y Asociados.

Añadió que “por lo anterior, y debido a que otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso consagradas y tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido como el derecho procesal que debe estar presente en toda clase de procedimientos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro”, eludió la pregunta sobre la supuesta rescisión a la contratista.

No obstante agradeció el acercamiento de este medio “para obtener claridad sobre la información oficial del proyecto” y reiteró su “compromiso con la transparencia y claridad de información del Proyecto Tren Maya”. Por último, sugirió recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia.

La cláusula decimoséptima del contrato en cuestión, en la que se estipulan las causales de rescisión, no previó los delitos que ahora se le imputan al prestador del servicio, pero estableció:

“El Fonatur podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto deberá elaborar dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más desfavorables para el Fonatur.”

Los trabajos que Fonatur encargó a BYA son determinantes para la culminación del Tren Maya, la obra cumbre del sexenio y que, según el compromiso presidencial, debe estar en funcionamiento en 2024, por lo que el tiempo apremia y la obra está desfasada precisamente por conflictos con las tierras que la contratista terminó de complicar.

El numeral 1.2 del contrato, que ya lleva dos modificaciones para ampliar a la empresa el plazo de entrega, expone “la trascendencia” de esos trabajos “técnico-jurídico-administrativos” “para la eficaz y pronta ejecución del Tren Maya”. La tarea de BYA es crucial: obtener a favor del gobierno federal “la titularidad y/o propiedad legal de la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado para el proyecto en cuestión”.

La empresa debía garantizar “la correcta adquisición del derecho de vía” y “evitar los problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal”.

En la descripción del objeto de la contratación se especifica que la contratista debe determinar la situación jurídica general que guarda la tierra a ocupar; advertir el estatus legal de los predios en lo individual ante las instancias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal e identificar a los propietarios para definir la mejor estrategia de liberación del derecho de vía necesario en un tramo de 538 kilómetros.

Asimismo debe conseguir la anuencia por escrito de los dueños de los terrenos, que faculte a la entidad para iniciar los trabajos de campo esenciales para la construcción del Tren Maya y acompañar al Fonatur para conseguir la formalización de la adquisición del derecho de vía como tal.

Para cumplir la encomienda, se le dio a la empresa acceso a información confidencial y privilegiada en relación al proyecto; peor aún, gracias a este trabajo acumuló datos delicados sobre cada predio y sus respectivos propietarios o posesionarios, así como de las riquezas de la zona, como las reservas de agua, nuevos sitios arqueológicos o instalaciones estratégicas de la nación, de modo que los 62 millones de pesos más IVA pactados resultan poca cosa comparados con el valor consustancial del contrato y la información que contiene.

El contrato incluye una cláusula de confidencialidad, la decimosegunda, pero se restringe a la vigencia de la relación contractual:

“El Fonatur se compromete a proporcionar a ‘el prestador del servicio’ todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus actividades, y a su vez ‘el prestador del servicio’ se compromete a manejar todos los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor del Fonatur.

“La violación de ‘el prestador del servicio’ a lo contenido en esta cláusula da lugar a la rescisión del presente contrato. El prestador será plenamente responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de los servicios aquí contratados, ya fuere ante el Fonatur o ante terceros por utilizar la información proporcionada por el Fonatur sin respetar la obligación de mantenerla bajo estricta confidencialidad.

“El personal que labore para el prestador del servicio en los servicios objeto del presente instrumento deberá estar informado de las obligaciones de confidencialidad y estar obligado con el prestador del servicio a preservar la información con carácter confidencial.”

Lo que no se advierte, al menos en el contrato marco ni en sus dos modificaciones, es alguna cláusula de secrecía profesional que impida a Barrientos y sus asociados, familiares o allegados, lucrar posteriormente con el conocimiento que ahora posee, como solía hacerse por ejemplo con los contratos petroleros, en los que se les imponían a los contratistas ese tipo de candados hasta por dos décadas.

Tampoco hay una disposición que proteja el bien superior de la Nación o a las personas y sus terrenos de los que la empresa obtuvo datos sensibles y que en lo sucesivo podrían derivar en especulaciones y hasta despojos, pues las acusaciones que acumula BYA hacen pensar que no es confiable.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/10/17/vigente-contrato-de-fonatur-con-empresa-abusiva-274068.html

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Realizan la décima marcha lésbica feminista en GDL (Jalisco)

Foto: Elizabeth Ibal

Elizabeth Ibal / El Occidental

Integrantes de diversas agrupaciones participaron en la décima Marcha Lésbica Feminista en Guadalajara, esta se había pospuesto desde el año pasado por la pandemia y apenas este sábado se concretó.

Fueron alrededor de 70 mujeres quienes esta tarde salieron de la Rambla Cataluña hacia el Centro Histórico. Caminaron por la avenida Juárez, la cual fue cerrada a la circulación vehicular.

Sobre esa avenida al cruce de Colón, las participantes hicieron una pausa en donde gritaron consignas a favor del aborto.

Las manifestantes llegaron a la antimonumenta en donde leyeron diversos pronunciamientos.

“Este año para nosotras es muy importante porque celebramos un aniversario más de dar la lucha de un sistema patriarcal que se ensaña con nuestra invisibilización y que nos quiere muertas. Hemos perdido a muchas compañeras que han sido asesinadas solo por ser lesbianas”.

Igualmente se mencionaron algunas lesbianas que son víctimas mortales: Nancy Guadalupe, Patricia G., María Guadalupe H., Marbella I., (sic) Teresa, Dinora Abigail, María Esther C., Teresa C., Nora P., y Alondra A.

“Las lesbianas hemos estado antes del patriarcado, durante el patriarcado y estaremos el día que el patriarcado caiga. Las lesbianas somos less históricas”, se leyó en uno de los pronunciamientos.

https://www.eloccidental.com.mx/local/realizan-la-decima-marcha-lesbica-feminista-en-gdl-7351765.html

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Pensionados y jubilados embargan y quieren rematar Casa de Gobierno (Colima)

Foto: El Comentario

Carlos A. Arévalo / El Comentario

Un grupo de jubilados y pensionados de confianza del Gobierno del estado, de manera simbólica embargaron la Casa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Colima, para rematar el inmueble y con ese recurso se les pague sus quincenas atrasadas.

La lona con la leyenda del embargo y remate fue colgada afuera de la entrada principal de la casona de la calzada Galván, donde despacha el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

El dirigente del gremio de jubilados y pensionados de confianza, Rafael Amador Vadillo, dijo que también a ellos se les debe la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, por lo que exigen el pago inmediato de ambas.

Demandó que el gobernador Peralta Sánchez de la cara y explique por qué siendo el salario sagrado, no lo ha cubierto, dejando sin sustento a tantas familias colimenses.

La manifestación fue respaldada por el Movimiento Magisterial de la Sección 39 del SNTE y por jubilados y pensionados de corporaciones de seguridad pública estatales.

https://elcomentario.ucol.mx/pensionados-y-jubilados-embargan-y-quieren-rematar-casa-de-gobierno/

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Voluntarios del Conafe en el Edomex se van a paro laboral

Filiberto Ramos / El Sol de Toluca

Fotografía: CONAFE

Acusan que los apoyos económicos no son suficientes y deben costear materiales de sus bolsillos

Cientos de jóvenes que prestan su servicio educativo en comunidades rurales para la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de México, se fueron a paro debido a la presunta falta de apoyos para sus actividades.

En las denuncias hechas a este diario, los docentes informaron que el pasado 11 de octubre se hizo un paro nacional al que se sumaron varios estados y ha continuado en días subsecuentes en las delegaciones de cada estado, incluida la del estado de México.

En un comunicado emitido exhortan a las autoridades del Conafe a que se firmen contratos formales para que se otorguen los apoyos suficientes para poder dar sus servicios en las comunidades.

Asimismo, señalan que debido a la reducción de los apoyos económicos, han tenido que desembolsar recursos de sus bolsillos para adquirir material y dar atención a sus alumnos.

“No pedimos más que nos den lo justo, en vez de que nos aumenten el apoyo, quitaron, antes había diferencia en los programas, ya que los de Secundaria y solidarios ganábamos más y ahora todo es igual”, denunció una Líder de Educación Comunitaria, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

En parte de su escrito señalan que los voluntarios son mano de obra que trata de satisfacer las necesidades de un programa con buenas propuestas pero con malos ejecutantes.

Y critican que debido a las fallas en las políticas del Conafe, se vuelve más importante cumplir con los requisitos burocráticos, que por la realidad de los estudiantes, si éstos están aprendieron en el ciclo escolar.

“Un servicio educativo que pretende disminuir las desigualdades sociales a través de un modelo que ignora las condiciones reales de rezago educativo (saber leer y saber escribir) en los niños donde se prioriza la acumulación de conocimiento. Un servicio educativo que fomenta la promoción de grados escolares en estudiantes que siguen sin saber leer o escribir. Lo que conlleva a reproducir y perpetuar las desigualdades estructurales que atraviesan las comunidades rurales del país”.

Asimismo, cuestionan que los servicios en las escuelas Conafe no se cumplan y se deba improvisar.

“¿Existe una educación de calidad en las aulas que no cuentan con los servicios básicos y sin mobiliario? Muchas de las veces son los LEC quienes con el apoyo económico, terminan solventando algunas de esas necesidades”, agrega escrito hecho llegar a este diario.

Otro de los puntos que refieren los denunciantes es que durante la etapa más crítica de la pandemia del Covid-19 a los jóvenes se les obligó a otorgar clases de forma presencial, pese a los riesgos que se corría de contagio.

Denunciaron que hubo casos positivos de contagio con el virus y los gastos médicos que se hicieron, no fueron cubiertos por la dependencia federal.

“El ciclo escolar pasado durante la pandemia se nos obligó a dar clases presenciales, no nos dieron material y todo era de nuestra bolsa, a las comunidades no llega el suficiente apoyo, son muy pocas las escuelas que cuentan con los programas de becas Benito Juárez”, detalló una de las docentes consultadas.

Pedimos se nos haga caso, ya que nuestro apoyo económico es bajo, les dan más a los de jóvenes construyendo el futuro que a nosotros, hacemos el mismo trabajo que un maestro de la SEP.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/voluntarios-del-conafe-en-el-edomex-se-van-a-paro-laboral-7343501.html