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Crisis de identificación de personas en Jalisco llega a Organismos internacionales ante la afectación a familias de personas desaparecidas (Jalisco)

Foto: Mario Marlo

Sonia Sagrero / Somos el Medio

A partir del análisis presentado en el informe ¿Quiénes son? La Crisis de Identificación de Personas en Jalisco, publicado el mes de mayo de 2021 por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), realizado bajo la sistematización de información, bases de datos y monitoreo mensual de solicitudes de información, se estableció de acuerdo al 31 de diciembre de 2020, que existía una acumulación total de 6 mil 249 personas fallecidas sin identificar, ingresadas y registradas entre el año 2006 al 2020 en ocho delegaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). 

Para que la crisis forense que se vive en Jalisco sea de conocimiento de Organismos Internacionales de las Naciones Unidas, los cuales son integrados específicamente por personas expertas en materia de derechos humanos; los colectivos “Por Amor a Ellxs” y “Entre Cielo y Tierra”, así como también el CEPAD, presentaron comunicaciones en donde se puede conocer el impacto y las afectaciones que han vivido las familias en la búsqueda de su seres queridos desaparecidos en los servicios forenses de la entidad.

De acuerdo con estos colectivos y el CEPAD, dicha comunicación consistía en un resumen basado en la situación que se vive en materia forense en Jalisco, así como también las prácticas institucionales que resultaron violatorias a los derechos de las víctimas, las cuales se han identificado del acompañamiento y asesoría que han sido brindadas desde los colectivos de familias de personas que han sido desaparecidas y el CEPAD.

La comunicación fue enviada a Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, quien se ha encargado de monitorear el cumplimiento de los estándares internacionales para la identificación forense.

Comunicación que de igual forma, fue enviada al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involucradas de las Naciones Unidas y el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, aprovechando su visita a México y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Esto con el fin de conocer la situación de la emergencia forense y presentar información más detallada de las prácticas institucionales, sus consecuencias y el impacto que generan miles de personas, quienes se dedican a las acciones de búsqueda e investigación de sus familiares desaparecidos y desaparecidas, declararon en su comunicado.

Junto con el documento general, dijeron, se presentaron las seis fichas relacionadas con casos donde se dan a conocer las dificultades y fallas institucionales “para los procesos de identificación humana, resguardo, notificación y entrega de los restos de las personas localizadas sin vida”, además las afectaciones en las víctimas que ha generado la actuación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Unidad de Homicidios Internacionales de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 

A través de esta acción, “Por Amor a Ellxs”, “Entre Cielo y Tierra” y el CEPAD, buscan que se generen alternativas de presión directa para que la situación forense en Jalisco sea totalmente reconocida, y con base al espíritu de construcción y participación junto con familiares de personas desaparecidas, organizaciones y personas expertas, “se generen cambios y prioricen acciones que fortalezcan a las instituciones y reviertan las malas prácticas que han causado graves daños emocionales, físicos, económicos o laborales en las familias”

Dichas personas que, ante la grave situación de violencia en el estado, tuvieron que comenzar a realizar acciones de búsqueda de sus seres queridos entre las personas fallecidas, para que estas pudieran recuperar los cuerpos y restos humanos “para que ellas y ellos puedan regresar a sus casas”.

https://www.somoselmedio.com/2021/12/02/crisis-de-identificacion-de-personas-en-jalisco-llega-a-organismos-internacionales-ante-la-afectacion-a-familias-de-personas-desaparecidas/

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Colectivos y organizaciones de Tonalá exigen seguridad tras agresión a defensor del medio ambiente (Jalisco)

Foto: Zona Docs

El pasado 23 de noviembre, Jesús Saúl Castañeda, miembro del Colectivo Foco Tonal, sufrió un atentado en su casa del cual, afortunadamente salió ileso; por ello, diversos colectivos y personadas relacionados con la lucha ambiental em Tonalá exigieron al Gobierno de Jalisco un alto a las agresiones y hostigamientos.

Josué Ibarra / Zona Docs

“Las organizaciones y personas que suscribimos el presente manifiesto nos solidarizamos con Jesús Saul Castañeda Villafuerte y condenamos el ataque armado que tuvo lugar en su domicilio en la Colonia Santa Cruz de las Huertas,en el municipio de Tonalá, Jalisco, el día 23 de noviembre del presente año. Afortunadamente él y su familia resultaron ilesos, pues no se encontraban en el lugar al momento de los hechos”.

Para estos colectivos lo ocurrido es alarmente, pues el ataque al realizarse en un hogar, probablemente, tenía como finalidad acabar con su vida.

Castañeda Villafuerte forma parte del colectivo Foco Tonal, el cual -junto con otras organizaciones vecinales- realiza una defensa del área de la Cuenca del Río Osorio que abarca cuatro municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; así mismo también se ha sumado a la exigencia del saneamiento del Río Azul en el municipio de Tonalá.

Por su labor en defensa del medio ambiente, el comunicado que rechaza su agresión fue firmado por 40 colectivos de Jalisco y por 41 personas, entre activistas defensores del medio ambiente y académicos.

“Exigimos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así como al Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez y al presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, realicen las indagatorias necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado contra Saúl y su familia; exigimos que se les castigue como es debido y, a la vez, se le brinde seguridad al igual que a todos los miembros de su organización y comunidad”.

Antes de esta agresión, el activista presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, razón por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió una serie de medidas cautelares para garantizar su seguridad

“Previamente a la agresión en contra de Saúl Villafuerte, el Área de Atención a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CEDHJ ya contaba con registros de hechos violentos, presumiblemente dolosos, cometidos hacia personas defensoras de derechos humanos en Tonalá. Los tipos de agresiones materializados en este municipio, durante 2021, corresponden a hostigamientos y amenazas; además tienen como patrón, la implicación de la defensa del territorio y la comunidad”.

En Jalisco, en lo que va del año, se han registrado 23 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos.

https://www.zonadocs.mx/2021/12/02/colectivos-y-organizaciones-de-tonala-exigen-seguridad-tras-agresion-a-defensor-del-medio-ambiente/

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Pese a acusaciones por contaminación dejan que Kekén siga operando: Kanán DH (Yucatán)

Gabriela Soto / Por Esto!

Aún cuando se le ha acusado de contaminar el medio ambiente, la empresa Kekén anunció la reapertura de una planta procesadora porcícola en Sahé.

Roberto Sánchez, representante de la organización Kanan Derechos Humanos, recordó que el modelo de procesamiento de carne porcícola que emplea la empresa no debería ser usado en Yucatán.

“No estamos en una zona en la cual sea apta para eso. Es un suelo altamente permeable, con mucha facilidad se contamina el agua por este tipo de actividades. Incluso, diversos académicos han señalado en diferentes momentos que no es una zona apta para la instalación de ello. No hay forma alguna de evitar la no contaminación por esta actividad”, expuso.

Recientemente, la empresa Kekén reactivó la planta procesadora porcícola ubicada en Sahé, en Yucatán, que tendrá una capacidad de procesamiento semanal de 40 mil cerdos, lo cual se convertirá en un referente nacional.

De acuerdo con información que publicó el propio Grupo Kuo, tendrá una inversión aproximada de dos mil millones de pesos y creará mil 500 empleos directos y siete mil indirectos.

Sánchez criticó que Kekén use el discurso de la creación de empleos, pues lo consideró racista y asistencialista dirigido a personas que viven en comunidades subdesarrolladas, y que detonan que no conocen la forma de vida de los habitantes de la región.

“Kekén está, desde hace mucho tiempo, tratando de encontrar acciones o espacios para legitimar su discurso y su permanencia en la Entidad, tan es así que ese tipo de acciones son compartidas y aplaudidas por el Gobierno del Estado”, señaló.

“El cual me parece bastante incongruente, tomando en cuenta que el Gobernador (Mauricio Vila) fue a la (convención) COP-26 para decir que tiene un compromiso con el medioambiente”, expuso.

Entre las acciones sociales que ha emprendido Kekén para legitimizar el negocio en la región, es apoyar los proyectos apícolas en la zona de Kinché, a pesar de que afecta ambientalmente a las granjas y a la producción de miel, lo cual ha sido negado por la empresa, dijo el activista.

Otro proyecto ha sido la instalación de centros de atención médicas en las comunidades con consultas a precios bajos o, en ciertas ocasiones, gratuitas.

“La verdad es otra forma de manipulación, ¿no? Es decir, ay, le estamos trayendo bienestar a la gente”, lamentó.El nombre comercial de Grupo Porcícola Mexicano es Kekén. Sus socios principales son: las empresas Porcimaya, Agroindustrias Vanguardia, Agroyucatan, Industria Avícola Olmeca, Grupo Campi e Industria Avícola Olmega.

Kekén es una subsidiaria de Grupo Kuo, “un conglomerado industrial mexicano con presencia en más de 70 países y con más de 24 mil colaboradores”, destaca en la página web.

Dedicada a tres sectores, el de consumo de alimentos, químico y automotriz. El primer rubro se encuentran Kekén, Herdez- Del Fuerte, y MegaMex Foods.

En tanto, el químico está integrado por Grupo Dynasol y Resirene; y automotriz por Tremec y Dacomsa.

Grupo Kuo pertenece a su vez a Grupo Desc, “un sólido grupo industrial e inmobiliario con más de 40 años de trayectoria en el desarrollo de empresas de diversas sectores económicos”, se describe en su página web.

Que fue fundado en 1973 por Don Manuel Senderos Irigoyen, y que hoy está conformado por Kuo y Dine, éste último se dedica a desarrollar proyectos inmobiliarios en México, recientemente en Punta Mita, Bosques de Santa Fe, Rinconada La Estadía, Punta Gorda y Punta Ixtapa.

Para Sánchez, la empresa Kekén ha violentado los derechos humanos de las comunidades yucatecas que defienden su territorio y el medioambiente, como la libre autodeterminación de los pueblos, el de consulta previa, acceso a la información pública, a la participación pública, a un ambiente sano, a la salud y al agua, enunció.

“Y la violación a estos derechos también puede conllevar a la vulneración del derecho a la vida o a la integridad”, planteó el activista.

Lo anterior, dijo, ha sido posible debido a que la empresa cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado.

“Las autoridades ambientales que dependen del gobierno del Estado, que son las principales fiscalizadoras del actuar de la empresa, están totalmente a disposición de ellas. No hay ningún cuestionamiento, no hay una verdadera fiscalización de ver que realmente estén cumpliendo sus obligaciones en materia ambiental, siempre les aprueban sus proyectos”, señaló.

“En el tema de la consulta, que es un tema que la autoridad debe requerir, nunca se la requiere. Entonces, es un tema de corrupción y opacidad de las autoridades con la empresa, terrible. Y no importa el color y el sexenio en el que nos encontremos, siempre es lo mismo”, apuntó.

https://www.poresto.net/yucatan/2021/12/2/pese-acusaciones-por-contaminacion-dejan-que-keken-siga-operando-kanan-dh-301304.html

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Recortan presupuesto para atender la violencia de género en Colima

Foto: Diario Avanzada

Heidi de León Gutiérrez / Diario Avanzada

Colima, México, Avanzada (29/11/2021).- Para el siguiente año, el Gobierno del Estado contempla una disminución de recursos para atender la violencia de género en el estado, según el proyecto de presupuesto para el 2022 que analizan los diputados locales.

La propuesta que cabildea la comisión de Presupuesto, contempla un recorte de un millón de pesos para el Centro Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (CEPAVI) y también se plantea un decremento del 50 por ciento en relación con lo presupuestado para este año en el Instituto Colimense de la Mujer.

El documento propone que para el 2022 se le asignen recursos al CEPAVI por el orden de los 3 millones 520 mil pesos, cuando este año se le etiquetaron 4 millones 413 mil 909 pesos. El CEPAVI se encarga de brindar atención integral y especializada a las personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

En el proyecto de presupuesto aparece una disminución considerable para el Instituto Colimense de la Mujer, pues de una asignación de 11 millones 796 mil 043 pesos se pasará a 5 millones 976 mil 476 pesos.

Colima, es un estado con graves problemas de violencia de género. Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 360 denuncias por violencia dentro de los hogares colimenses al mes, es decir, 12 denuncias diarias.

El pasado 25 de noviembre, una mujer fue asesinada en el municipio de Manzanillo. El cadáver de la víctima presentaba heridas en la cabeza. Ese mismo día, la gobernadora, Indira Vizcaíno Silva sostuvo que una de las prioridades de su gobierno consistirá en garantizar la seguridad de las mujeres, sin embargo, en el proyecto de presupuesto para el próximo año, se contempla un recorte presupuestal para el CEPAVI y el ICM.

https://www.diarioavanzada.com.mx/?p=28273

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Denuncian amenazas contra periodista que reveló presuntos vínculos entre alcaldesa y el narco (Quintana Roo)

Rosa Santana / Proceso

CANCÚN, Q. Roo. (proceso.com.mx).– El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció las amenazas de muerte contra el periodista Alfredo Griz, del medio cancunense AQN Noticias, relacionadas con su labor periodística.

De acuerdo con el colectivo, en los últimos días Alfredo Griz ha revelado en sus trabajos de investigación presuntos vínculos de la alcaldesa Mara Lezama con células delictivas que operan en zonas turísticas hoteleras, lo que provocó persecución contra el comunicador, quien al verse en peligro tuvo necesidad de desplazarse de su lugar natal.

Por ello, Claudia Martínez Sánchez, directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, hizo un llamado a las autoridades federales, legisladores, a los mecanismos de protección a comunicadores, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que tomen cartas en el asunto y brinden protección al comunicador.

En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas de México, A. C., en la capital del país, Martínez Sánchez y Alfredo Griz denunciaron el caso.

Alfredo Griz explicó que por las amenazas de muerte que ha sufrido ya levantó una denuncia penal en contra de la alcaldesa Mara Lezama, al igual que por el presunto delito de delincuencia organizada, y señaló que tiene ya tres años sin poder volver a su hogar en en Quintana Roo.

“Quintana Roo es un estado que ha sido rebasado por el narcotráfico, esa es la realidad”, dijo, y aseguró que, pese a su desplazamiento, no cesan las amenazas de muerte en su contra, que ha recibido vía mensajes de texto y de WhatsApp desde números telefónicos de Cancún.

El periodista atribuyó su situación a un reportaje que escribió, en donde dos fuentes informativas le revelaron los presuntos nexos de la alcaldesa Mara Lezama, quien este año se reeligió en el cargo, con un cártel de las drogas, y en el que dio detalles del dinero que la edil recibiría a cambio de protección a grupos criminales.

Griz recordó que Cancún “se ha caído a pedazos tras la llegada de grupos criminales, de la mafia rusa, romana, colombiana, donde a diario asesinan gente, extorsionan, secuestran, etcétera”.

“Es el Cancún que ya se cayó, en torno al cual hay un cerco informativo muy fuerte, donde somos muy pocos quienes nos atrevemos a investigar y publicar lo que sucede en realidad”, señaló.

Ahondó: “Este es un llamado para que nos ayuden a hacer eco, a ser visibles. Claro que tenemos miedo, pero tenemos más miedo si nos quedamos callados y nos hacemos cómplices. Nuestra única forma de defendernos es denunciar, y no podemos permitir que el narco nos siga teniendo de rodillas, y que siga haciendo que hagamos de la violencia algo cotidiano, como ha pasado en varias entidades del país”.

El periodista puso a disposición de sus colegas los audios donde sus fuentes hacen las revelaciones que publicó, y respondió dudas para detallar la información que en su momento publicó.

Finalmente, se insistió a las autoridades federales para que atiendan el caso del periodista y le brinden garantías de seguridad.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/11/27/denuncian-amenazas-contra-periodista-que-revelo-presuntos-vinculos-entre-alcaldesa-el-narco-276557.html

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Temen que explote el gasoducto y salen a protestar (Yucatán)

Herbeth Escalante / Haz Ruido

Vecinas y vecinos de San Damián y Pensiones manifestaron su indignación porque de la noche a la mañana la empresa Engie inició la instalación subterránea del ducto de gas natural, sin consultarles y vulnerando sus derechos.

Mérida, Yucatán, 27 de noviembre de 2021.- Vecinas y vecinos de las colonias San Damián y Pensiones protestaron en contra de la instalación de un gasoducto de la empresa Engie, argumentando de que no se realizó ninguna consulta y porque temen que pueda provocar una explosión.

Al bloquear la calle 52 por avenida Alfredo Barrera Vázquez, manifestaron su indignación porque de la noche a la mañana dicha compañía inició con la instalación subterránea de ese ducto de gas natural.

Comentaron que la obra arrancó bajo engaños, pues decían que se trataban de labores de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), cuando en realidad es un ducto que viene del Periférico de Mérida y que transportaría el hidrocarburo a la galletera Dondé, que se encuentra en la García Ginerés.

El asesor jurídico de las y los vecinos, Roberto Sánchez, quien forma parte del Colectivo Kanan, señaló que han promovido tres juicios de amparo para tratar de frenar la obra, ya que nadie les informó ni les consultó sobre ésta. Sin embargo, los jueces de distrito han negado las suspensiones provisionales con argumentos contrarios a los estándares de derechos humanos.

El abogado sostuvo que la instalación del gasoducto de Engie se está realizando en medio de irregularidades, pues descubrieron que no cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Parte de los reclamos de la gente es que no se les tomó en cuenta en la decisión de la instalación del ducto de gas, también tienen miedo de que esto pueda explotar, como ha sucedido en otras partes del país”, señaló Roberto Sánchez.

Dijo que se están vulnerando una serie de derechos como el del acceso a un medio ambiente sano, el del interés superior de la niñez, y el del grupo en situación de vulnerabilidad, ya que en las mencionadas colonias viven personas adultas mayores.

En la protesta, las y los afectados cargaron mantas en las que manifestaron su rechazo al paso del gas entubado en las calles en donde viven, y lamentaron la falta de diálogo con las autoridades para solucionar este problema

https://www.hazruido.mx/reportes/temen-que-explote-el-gasoducto-y-salen-a-protestar/

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Madres de mujeres asesinadas demandan justicia a gobierno de Oaxaca ante Tribunal Feminista

Proceso / Pedro Matías.

Ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan a una autoridad federal la investigación del mismo, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, siendo esta la única posibilidad real de que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar el acceso a la justicia.

OAXACA, Oax. (apro).- El Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida condenó al Estado y a las autoridades de Oaxaca por las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, ya que durante el sexenio del gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa, se han registrados 575 feminicidios, de los cuales la mayoría permanecen en la impunidad, aunado de que existen más de mil 400 mujeres desaparecidas.

Las juezas que sesionaron durante dos días en esta capital consideran el estado de Oaxaca carece de personal, incluyendo autoridades ministeriales y judiciales, debidamente sensibilizadas y capacitadas para tomar decisiones y emitir resoluciones con perspectiva de género como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y lo preocupante es que “la situación más prevaleciente para el Tribunal respecto del poder judicial, fueron las diversas actuaciones con las que se acreditaron la colusión, corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a los responsables feminicidas”.

En un juicio público, este tribunal de conciencia concluyó “la existencia de un patrón de impunidad sistemática cuyo principal justificación se encuentra en la falta de voluntad o incapacidad de las autoridades para implementar de forma efectiva y adecuada el marco jurídico nacional e internacional de derechos de las mujeres a una vida libre, digna, plena”.

Sin importarles los impactos psicosociales de las familias en su búsqueda de verdad, justicia y reparación, mismas que presentan sentimientos de desconsuelo, tristeza, crisis cíclicas de llanto, depresión, estrés postraumático, ansiedad, incertidumbre, enojo, decepción, impotencia, fatalismo, miedo y a veces pérdida de confianza en la humanidad. En algunos casos, explicaron, han habido impactos familiares como distanciamientos, aislamiento social, ruptura del núcleo familiar o en algunos varones el recurrir al alcohol ante la falta de herramientas psicoemocionales necesarias para hacer frente al dolor como lo dijo Elvira, “son madres y familias destrozadas” o “mujeres rotas” como lo dijo Soledad Jarquín.

Otra preocupación es el total abandono institucional a las niñas, niños y adolescentes, víctimas indirectas en estos delitos, hermanos e hijos de las mujeres asesinadas.

Resaltaron que “pese a que Oaxaca es una entidad que cuenta con un andamiaje jurídico e institucional para atender la violencia contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia, ya que a partir de 2012 se realizaron reformas importantes al Código Penal estatal que tipifican el delito de feminicidio; la publicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio para el Estado de Oaxaca y la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra Mujeres en 40 municipios de Oaxaca, siguen ocurriendo feminicidios con profundas omisiones y deficiencias para ser investigados y sancionados.

Luego de analizar los testimonios de siete casos de feminicidio ocurridos en la región de la Mixteca, en el Istmo de Tehuantepec y en el Centro del estado, las cinco juezas que integran el Tribunal Feminista contra la Violencia Feminicida emitieron una sentencia en la que condenan al Estado mexicano y las autoridades de Oaxaca al señalarlos como responsables de la ausencia de justicia a los funcionarios de las siguientes instituciones de Oaxaca: la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia y diversas autoridades municipales.

De igual forma, el Tribunal instó al Congreso local, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al gobernador Alejandro Murat y al Tribunal Superior de Justicia a que adopten medidas de carácter general que les permitan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En el recuento de las violaciones cometidas en los siete casos, se mencionen entre otras, la del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, y la obligación de garantizar autoridades independientes e imparciales.

Consideraron que el caso de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín resultó ser el de mayor complejidad debido a los actores políticos involucrados, las redes de complicidad y de corrupción en Oaxaca”.

Entonces, ante la falta de mecanismos jurídicos que permitan a una autoridad federal la investigación del mismo, recomendaron que el caso sea llevado a instancias internacionales, siendo esta la única posibilidad real de que el Estado mexicano pueda ser obligado a garantizar el acceso a la justicia, tanto a la víctima como a su madre la periodista Soledad Jarquín Edgar.

La Organización Feminista Consorcio para El Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, la Colectiva de Madres contra el Feminicidio y la Impunidad, así como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformaron un Tribunal Feminista contra el Feminicidio en la Ciudad de Oaxaca durante los días 29 y 30 de noviembre.

Desde la Fuente de las 8 regiones, donde el pasado 25 de noviembre fue devalada la Antimonumenta por mujeres oaxaqueñas, las juezas María de la Luz Estrada Mendoza, del OCNF; Ruth Fierro Pineda, del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDHEM); Norma González Benítez, de Amnistía Internacional; Ana Yeli Pérez Garrido, de Justicia Propersona/OCNF y Karla Micheel Salas Ramírez, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, sesionaron públicamente.

Las familiares de las víctimas que presentaron sus casos son: Minerva Ramírez Torres, hermana de Quedma Ramírez Torres; Luz del Carmen Cámara Hernández, madre de Lizbeth Jiménez Cámara; Zoila Bengochea Espitia, madre de Dafne Denisse Carreño Bengochea; Norma Hernández Burgos, prima de María Carmen Paula Burgos; Gerarda Pastrana Ramírez, madre de Melisa Areli Rojas Pastrana; Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez Camacho; Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol Cruz Jarquín.

Además de los cuatro casos de violencia feminicida presentados, el Tribunal Feminista contra el Feminicidio en Oaxaca atendió una denuncia anónima de violencia sexual y otra de violencia familiar, expuesta por Luvia Jeanett Altamirano Raymundo.

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/2/madres-de-mujeres-asesinadas-demandan-justicia-gobierno-de-oaxaca-ante-tribunal-feminista-276828.html

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Guanajuato líder en asesinatos de mujeres; 2 diarios en 2021

Alfonsina Dávila, Zona Franca, 26 de noviembe de 2021

Guanajuato. De enero a octubre de este 2021, Guanajuato nuevamente se coloca como el primer lugar de homicidios dolosos y culposos a mujeres en el país al reportar 574 en estos diez meses.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a nivel nacional se registran 2 mil 326 homicidios dolosos contra mujeres.

Sobre el repunte en las cifras, Verónica Cruz Sánchez, directora de las Libres advirtió que los asesinatos de mujeres se han dado en grupo y en varios casos son de la misma familia. Por lo que, urgen políticas públicas preventivas.

Foto: Especial

En primer lugar se ubica Guanajuato con 271; seguido de Baja California 266; Chihuahua, 232; Michoacán, 212 y Estado de México 181.

De los 271 reportados al SESNSP por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, más de 210 de las víctimas tenían más de 18 años, alrededor de 25 eran menores y el resto no se especificó. De los homicidios culposos a nivel nacional se reportaron 2 mil 700.

Guanajuato sigue ocupando el primer lugar con 303; le sigue en Estado de México, 199; Jalisco, 176; Michoacán, 164 y Quintana Roo, 137.

De los feminicidios se han reportado en el país 809. De estos 29 corresponden a Guanajuato, ocupando así lugar 12 nacional.

Foto: Zona Franca

Mientras que el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 116 casos, seguido de Veracruz con 61 y Jalisco 57.

En Guanajuato, los municipios de Irapuato reportaron 6, Celaya 5 y Guanajuato capital tres.
Urgen políticas preventivas: Las Libres

La directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, aseguró que es urgente que el estado emprenda políticas públicas de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres.

Dijo que han detectado que son asesinadas grupos de mujeres donde están involucradas, la abuela, madre e hija de diferentes edades, lo que muestra que son más profundos los factores de la violencia en la entidad.

“Eso habla de que las comunidades y las familias están participando por razones diversas en estos procesos de criminalidad por falta de recursos, pero también por la violencia y la discriminación, pero también por el embarazo en la adolescencia y por la falla del Estado federal, estatal y municipal justo en la prevención de la violencia”.

La activista externó que el repunte de la violencia es un fenómeno complejo que los próximos años seguirá al alza porque está enraizado en estructuras más complejas de pobreza, violencia familiar y la no garantía de los derechos humanos atendidos.

“Estamos viendo que en estos últimos cinco años que está violencia generalizada además de alzar a los hombres está alcanzando a las mujeres, niñas y adolescentes. Y estos homicidios contra mujeres en el espacio público están relacionados con la ola de criminalidad y tiene un vínculo directo en el consumo y venta de droga. Y eso habla claramente de los cárteles del crimen organizado que también tiene base social”.

Expuso que hasta hace dos años eran grupos de hombres asesinados y una mujer por ahí, ahora son grupos de mujeres y es un dato grave, pues también son grupos de mujeres familiares que puede estar la mamá, abuela e hija de todas las edades

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Un año y no llega justicia para Sofía (Zacatecas)

ABRIL SOLÍS/NTRZACATECAS.COM, lunes 22 de noviembre de 2021

A un año del feminicidio de la pequeña Sofía aún no hay justicia para ella ni su familia, pese a que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) ha avanzado en la investigación aún no han detenido al responsable.

El 11 de noviembre de 2020 la pequeña de tan solo 12 años desapareció, luego de 11 días, el domingo 22 de noviembre de 2020 fue encontrada sin vida en un camino que conduce a la localidad Sosa, atrás del fraccionamiento Abel Dávila García.

El lamentable hecho unió a los fresnillenses y entre la rabia y el luto iniciaron una manifestación pacífica en la explanada de lo que antes era la presidencia municipal, ahí, familias enteras se congregaron llevando velas y formando una cruz; simultáneamente en el Hemiciclo Hidalgo hicieron un altar en memoria de la pequeña.

En ambos lugares la gente estaba reunida por una sola causa: el cese de la violencia y los feminicidios, exigiendo justicia a través de carteles en los que se leía “ni una menos” y “los niños no se tocan”.

Durante toda la manifestación las autoridades no se hicieron presentes, salvo por el entonces secretario de Gobierno, Juan Manuel Loera López, a quien los ciudadanos corrieron del lugar; las autoridades no se pronunciaron sino hasta después de las manifestaciones.

Al llegar la noche los ánimos escalaron y el enardecimiento de los manifestantes creció al tiempo que se intensificó la protesta, hombres jóvenes comenzaron a lanzar veladoras, a tumbar las puertas e incendiar el edificio, mientras las autoridades de los tres órdenes de gobierno guardaban absoluto silencio.

La semana posterior al hecho diversos grupos de personas, ciudadanos y grupos feministas de El Mineral acudieron a manifestarse frente a lo que fue la presidencia municipal; pancartas, carteles, grafitis y veladoras cubrían el lugar bajo la misma consigna: “justicia”.


Avances de la FGJEZ

Tras el lamentable hecho la FGJEZ comenzó una investigación sobre este caso, en los avances reconoció que son dos los delitos que se investigan: el de feminicidio y de extorsión, en este último ya hay órdenes de aprehensión que están por cumplimentarse en Tamaulipas.

El fiscal Francisco Murillo Ruiseco explicó que el probable responsable “seguramente (está) evadido de la acción de la justicia”.

Sin más avances en el caso desde hace un año, aún no hay justicia para la menor. Por otro lado, luego de este suceso, el 27 de enero de 2021 inauguraron el Centro de Justicia para Mujeres que, en honor de la pequeña, lleva su nombre con la intención de ser una promesa y un recordatorio, “que estos casos no deben suceder, no deben pasar y que no se nos olvide tampoco buscar a los responsables”, como lo declaró el fiscal durante la inauguración.


Presidencia municipal

Tras un año del evento, el inmueble sigue casi intacto; aunque las autoridades municipales han gestionado para reparar este edificio, ha sido un proceso largo dado que requieren la autorización de dependencias como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Durante 2021 las autoridades lograron cobrar el seguro de este inmueble pero hasta la fecha los avances son mínimos, de tal forma que en la fachada del edificio aún es posible leer las consignas de justicia.

“Justicia para Sofía”, “no más violencia”, “los niños no se tocan” son algunas de las palabras que permanecen en la fachada del edificio y parte de la memoria de la impunidad en el municipio.

“¿Quieren conciencia histórica? No la van a encontrar defendiendo monumentos y edificios que representan todo lo que nos han fallado. Sofía no solo fue víctima de un feminicida, sino de la indiferencia, de la violencia patriarcal”, fueron las palabras de las feministas fresnillenses que se manifestaron a los pocos días del suceso y sus palabras siguen vigentes en un municipio donde la violencia, los homicidios, feminicidios y desapariciones han escalado de forma alarmante y donde tras un año de terrible feminicidio todavía no hay justicia.

https://ntrzacatecas.com/2021/11/22/un-ano-y-no-llega-justicia-para-sofia/