Categorías
Region

Vigente, contrato de Fonatur con empresa abusiva

Rosa Santana / Revista Proceso

La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados para gestionar la identificación y adquisición de predios, debido a las denuncias de que la empresa recurrió a extorsiones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Según el Fonatur, sigue vigente la relación con ese contratista demandado por la vía penal.

CAMPECHE, Camp. (Proceso).– En julio pasado, después de que salieron a la luz los presuntos hechos delictivos que BYA Barrientos y Asociados perpetró a la sombra de su encomienda, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la rescisión del contrato que de manera directa le asignó a esa empresa, encabezada por Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, para ocuparse de los trabajos técnico-jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya.

No obstante, según información proporcionada por el propio Fonatur vía transparencia, la relación contractual sigue vigente.

En el apartado de antecedentes que se encuentra al inicio del contrato abierto C-TM-007/2010, hasta por 62 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, que protocolizaron el 14 de agosto de 2019 Barrientos Quintero como apoderado de BYA; Alejandro Varela Arellano como director jurídico de Fonatur, y Arturo Ávalos como apoderado de Nacional Financiera, la fiduciaria del fideicomiso Fonatur, la empresa fue seleccionada en “una investigación de mercado con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios”.

Como parte de los múltiples servicios para los que fue contratada, BYA debía identificar, negociar la compra de las tierras para reservar el derecho de vía del tren a lo largo de todo su derrotero y hasta pagar las indemnizaciones correspondientes, pero sus representantes presuntamente robaron el dinero a los afectados, en algunos casos incluso a punta de pistola, y en otros obligándolos a cederles parte de los recursos que les correspondían en pago por sus supuestos servicios de gestión, entre otros modus operandi.

También se le acusa de obligar a muchas personas, incluidos indígenas que no hablan español, a firmar la venta de sus tierras; de falsificar documentos y firmas, así como de realizar asambleas ejidales ilegales sin traductores ni autoridades de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias que por ley debían asistir para legitimarlas.

Por ello, en mayo pasado la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, integrada por comunidades del sur de Campeche por donde correrá el Tramo Uno del Tren Maya (Palenque-Escárcega), denunció pública y penalmente a la empresa por delitos como fraude, extorsión, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Las denuncias se asentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que la General de la República (FGR) no las admitió. Los ejidatarios calculan que el monto de lo robado ronda los 15 millones de pesos.

El 2 de julio la misma agrupación denunció que seguían siendo “presionados, hostigados y criminalizados” por solicitar transparencia y apertura al diálogo. Acusaron al Fonatur de filtrar información sensible contenida en las denuncias y demandas contra BYA, con lo que “incrementó el riesgo y la vulnerabilidad en la cual ya de por sí” se encuentran por ejercer su derecho a la defensa de sus territorios ante el proyecto del Tren Maya.

También hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda el conflicto y garantice la seguridad, así como el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

A fin de sosegar los ánimos y destrabar las negociaciones que se requieren para el derecho de vía del Tren Maya, el Fonatur anunció en las comunidades afectadas que rescindió el contrato a BYA y que emprendió acciones legales con objeto de investigar las acusaciones. Personal de Fonatur asumió la parte de los trabajos para los que se había contratado a la empresa de Barrientos Quintero.

La fecha de la supuesta rescisión del contrato fue el 4 de julio.

Tal versión fue apuntalada por el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, quien el 15 de julio, en una visita a esas comunidades, les ofreció “una disculpa de verdad, por todo lo que han pasado; una disculpa pública. El gobierno y nosotros somos los primeros que vamos a actuar en contra de este fraude, de este robo que les hicieron a los ejidatarios. Esto no se va a quedar así, se les va a pagar lo que se les debe hasta el último centavo”.

Y afirmó: “Barrientos y Asociados no puede contratar personal que venga a robarle al pueblo, no aceptamos eso; nosotros hoy cancelamos ese convenio que tenemos”.

Pero resulta que “dicho contrato no ha sido rescindido”, según la contundente y reiterativa respuesta que dio el Fonatur el pasado 14 de septiembre a una solicitud de información pública que recibió el 17 de agosto a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (folio 2116000023621).

En esa solicitud se pidió al Fonatur confirmar si se rescindió el contrato de BYA Barrientos y Asociados, y de ser así, explicar los motivos y términos de la supuesta cancelación y los costos que implicó.

No hubo respuesta a los cuestionamientos sobre cuántas denuncias por fraude o extorsión pesan sobre la empresa, el monto de la afectación y cómo resarcirá Fonatur a las víctimas de su contratista. Tampoco la hubo a la interrogante sobre los poderes que la paraestatal otorgó al contratista para la realización de sus servicios.

La noche del 29 de septiembre, después de mucho insistirle, la paraestatal Fonatur Tren Maya, SA de CV, dio una ambigua respuesta a otro cuestionario que se le envió a través de sus enlaces del área de Comunicación Social en relación con BYA.

Confirmó que ahora “las actividades de concertación y de liberación del derecho de vía se realizan directamente por personal adscrito al proyecto Tren Maya” y que esa entidad “interpuso la denuncia correspondiente ante las instancias competentes para poder dar claridad sobre las presuntas irregularidades” que se le imputan a Barrientos y Asociados.

Añadió que “por lo anterior, y debido a que otorgar dicha información puede vulnerar garantías de seguridad jurídica y del debido proceso consagradas y tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido como el derecho procesal que debe estar presente en toda clase de procedimientos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro”, eludió la pregunta sobre la supuesta rescisión a la contratista.

No obstante agradeció el acercamiento de este medio “para obtener claridad sobre la información oficial del proyecto” y reiteró su “compromiso con la transparencia y claridad de información del Proyecto Tren Maya”. Por último, sugirió recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia.

La cláusula decimoséptima del contrato en cuestión, en la que se estipulan las causales de rescisión, no previó los delitos que ahora se le imputan al prestador del servicio, pero estableció:

“El Fonatur podrá determinar no dar por rescindido el contrato cuando durante procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto deberá elaborar dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más desfavorables para el Fonatur.”

Los trabajos que Fonatur encargó a BYA son determinantes para la culminación del Tren Maya, la obra cumbre del sexenio y que, según el compromiso presidencial, debe estar en funcionamiento en 2024, por lo que el tiempo apremia y la obra está desfasada precisamente por conflictos con las tierras que la contratista terminó de complicar.

El numeral 1.2 del contrato, que ya lleva dos modificaciones para ampliar a la empresa el plazo de entrega, expone “la trascendencia” de esos trabajos “técnico-jurídico-administrativos” “para la eficaz y pronta ejecución del Tren Maya”. La tarea de BYA es crucial: obtener a favor del gobierno federal “la titularidad y/o propiedad legal de la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado para el proyecto en cuestión”.

La empresa debía garantizar “la correcta adquisición del derecho de vía” y “evitar los problemas de índole social, legal y político, que podrían repercutir en el actuar del gobierno federal”.

En la descripción del objeto de la contratación se especifica que la contratista debe determinar la situación jurídica general que guarda la tierra a ocupar; advertir el estatus legal de los predios en lo individual ante las instancias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal e identificar a los propietarios para definir la mejor estrategia de liberación del derecho de vía necesario en un tramo de 538 kilómetros.

Asimismo debe conseguir la anuencia por escrito de los dueños de los terrenos, que faculte a la entidad para iniciar los trabajos de campo esenciales para la construcción del Tren Maya y acompañar al Fonatur para conseguir la formalización de la adquisición del derecho de vía como tal.

Para cumplir la encomienda, se le dio a la empresa acceso a información confidencial y privilegiada en relación al proyecto; peor aún, gracias a este trabajo acumuló datos delicados sobre cada predio y sus respectivos propietarios o posesionarios, así como de las riquezas de la zona, como las reservas de agua, nuevos sitios arqueológicos o instalaciones estratégicas de la nación, de modo que los 62 millones de pesos más IVA pactados resultan poca cosa comparados con el valor consustancial del contrato y la información que contiene.

El contrato incluye una cláusula de confidencialidad, la decimosegunda, pero se restringe a la vigencia de la relación contractual:

“El Fonatur se compromete a proporcionar a ‘el prestador del servicio’ todos los datos necesarios para que éste pueda desarrollar sus actividades, y a su vez ‘el prestador del servicio’ se compromete a manejar todos los datos que se le proporcionen, con carácter estrictamente confidencial y aprovecharlos única y exclusivamente en función del mejor desarrollo de sus actividades a favor del Fonatur.

“La violación de ‘el prestador del servicio’ a lo contenido en esta cláusula da lugar a la rescisión del presente contrato. El prestador será plenamente responsable por cualquier daño o perjuicio que pudiera ocasionar en la prestación de los servicios aquí contratados, ya fuere ante el Fonatur o ante terceros por utilizar la información proporcionada por el Fonatur sin respetar la obligación de mantenerla bajo estricta confidencialidad.

“El personal que labore para el prestador del servicio en los servicios objeto del presente instrumento deberá estar informado de las obligaciones de confidencialidad y estar obligado con el prestador del servicio a preservar la información con carácter confidencial.”

Lo que no se advierte, al menos en el contrato marco ni en sus dos modificaciones, es alguna cláusula de secrecía profesional que impida a Barrientos y sus asociados, familiares o allegados, lucrar posteriormente con el conocimiento que ahora posee, como solía hacerse por ejemplo con los contratos petroleros, en los que se les imponían a los contratistas ese tipo de candados hasta por dos décadas.

Tampoco hay una disposición que proteja el bien superior de la Nación o a las personas y sus terrenos de los que la empresa obtuvo datos sensibles y que en lo sucesivo podrían derivar en especulaciones y hasta despojos, pues las acusaciones que acumula BYA hacen pensar que no es confiable.

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/10/17/vigente-contrato-de-fonatur-con-empresa-abusiva-274068.html

Categorías
Region

Realizan la décima marcha lésbica feminista en GDL (Jalisco)

Foto: Elizabeth Ibal

Elizabeth Ibal / El Occidental

Integrantes de diversas agrupaciones participaron en la décima Marcha Lésbica Feminista en Guadalajara, esta se había pospuesto desde el año pasado por la pandemia y apenas este sábado se concretó.

Fueron alrededor de 70 mujeres quienes esta tarde salieron de la Rambla Cataluña hacia el Centro Histórico. Caminaron por la avenida Juárez, la cual fue cerrada a la circulación vehicular.

Sobre esa avenida al cruce de Colón, las participantes hicieron una pausa en donde gritaron consignas a favor del aborto.

Las manifestantes llegaron a la antimonumenta en donde leyeron diversos pronunciamientos.

“Este año para nosotras es muy importante porque celebramos un aniversario más de dar la lucha de un sistema patriarcal que se ensaña con nuestra invisibilización y que nos quiere muertas. Hemos perdido a muchas compañeras que han sido asesinadas solo por ser lesbianas”.

Igualmente se mencionaron algunas lesbianas que son víctimas mortales: Nancy Guadalupe, Patricia G., María Guadalupe H., Marbella I., (sic) Teresa, Dinora Abigail, María Esther C., Teresa C., Nora P., y Alondra A.

“Las lesbianas hemos estado antes del patriarcado, durante el patriarcado y estaremos el día que el patriarcado caiga. Las lesbianas somos less históricas”, se leyó en uno de los pronunciamientos.

https://www.eloccidental.com.mx/local/realizan-la-decima-marcha-lesbica-feminista-en-gdl-7351765.html

Categorías
Region

Pensionados y jubilados embargan y quieren rematar Casa de Gobierno (Colima)

Foto: El Comentario

Carlos A. Arévalo / El Comentario

Un grupo de jubilados y pensionados de confianza del Gobierno del estado, de manera simbólica embargaron la Casa de Gobierno, ubicada en la ciudad de Colima, para rematar el inmueble y con ese recurso se les pague sus quincenas atrasadas.

La lona con la leyenda del embargo y remate fue colgada afuera de la entrada principal de la casona de la calzada Galván, donde despacha el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

El dirigente del gremio de jubilados y pensionados de confianza, Rafael Amador Vadillo, dijo que también a ellos se les debe la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, por lo que exigen el pago inmediato de ambas.

Demandó que el gobernador Peralta Sánchez de la cara y explique por qué siendo el salario sagrado, no lo ha cubierto, dejando sin sustento a tantas familias colimenses.

La manifestación fue respaldada por el Movimiento Magisterial de la Sección 39 del SNTE y por jubilados y pensionados de corporaciones de seguridad pública estatales.

https://elcomentario.ucol.mx/pensionados-y-jubilados-embargan-y-quieren-rematar-casa-de-gobierno/

Categorías
Region

Voluntarios del Conafe en el Edomex se van a paro laboral

Filiberto Ramos / El Sol de Toluca

Fotografía: CONAFE

Acusan que los apoyos económicos no son suficientes y deben costear materiales de sus bolsillos

Cientos de jóvenes que prestan su servicio educativo en comunidades rurales para la delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de México, se fueron a paro debido a la presunta falta de apoyos para sus actividades.

En las denuncias hechas a este diario, los docentes informaron que el pasado 11 de octubre se hizo un paro nacional al que se sumaron varios estados y ha continuado en días subsecuentes en las delegaciones de cada estado, incluida la del estado de México.

En un comunicado emitido exhortan a las autoridades del Conafe a que se firmen contratos formales para que se otorguen los apoyos suficientes para poder dar sus servicios en las comunidades.

Asimismo, señalan que debido a la reducción de los apoyos económicos, han tenido que desembolsar recursos de sus bolsillos para adquirir material y dar atención a sus alumnos.

“No pedimos más que nos den lo justo, en vez de que nos aumenten el apoyo, quitaron, antes había diferencia en los programas, ya que los de Secundaria y solidarios ganábamos más y ahora todo es igual”, denunció una Líder de Educación Comunitaria, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

En parte de su escrito señalan que los voluntarios son mano de obra que trata de satisfacer las necesidades de un programa con buenas propuestas pero con malos ejecutantes.

Y critican que debido a las fallas en las políticas del Conafe, se vuelve más importante cumplir con los requisitos burocráticos, que por la realidad de los estudiantes, si éstos están aprendieron en el ciclo escolar.

“Un servicio educativo que pretende disminuir las desigualdades sociales a través de un modelo que ignora las condiciones reales de rezago educativo (saber leer y saber escribir) en los niños donde se prioriza la acumulación de conocimiento. Un servicio educativo que fomenta la promoción de grados escolares en estudiantes que siguen sin saber leer o escribir. Lo que conlleva a reproducir y perpetuar las desigualdades estructurales que atraviesan las comunidades rurales del país”.

Asimismo, cuestionan que los servicios en las escuelas Conafe no se cumplan y se deba improvisar.

“¿Existe una educación de calidad en las aulas que no cuentan con los servicios básicos y sin mobiliario? Muchas de las veces son los LEC quienes con el apoyo económico, terminan solventando algunas de esas necesidades”, agrega escrito hecho llegar a este diario.

Otro de los puntos que refieren los denunciantes es que durante la etapa más crítica de la pandemia del Covid-19 a los jóvenes se les obligó a otorgar clases de forma presencial, pese a los riesgos que se corría de contagio.

Denunciaron que hubo casos positivos de contagio con el virus y los gastos médicos que se hicieron, no fueron cubiertos por la dependencia federal.

“El ciclo escolar pasado durante la pandemia se nos obligó a dar clases presenciales, no nos dieron material y todo era de nuestra bolsa, a las comunidades no llega el suficiente apoyo, son muy pocas las escuelas que cuentan con los programas de becas Benito Juárez”, detalló una de las docentes consultadas.

Pedimos se nos haga caso, ya que nuestro apoyo económico es bajo, les dan más a los de jóvenes construyendo el futuro que a nosotros, hacemos el mismo trabajo que un maestro de la SEP.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/voluntarios-del-conafe-en-el-edomex-se-van-a-paro-laboral-7343501.html

Categorías
Region

Ser ciclista en Querétaro: un riesgo inminente

María Fernanda Barrios Azcué  /  ZonaDocs

En los últimos 10 años 36 ciclistas han fallecido en accidentes viales o por fallas en la infraestructura en Querétaro. Además, se han registrado aproximadamente mil percances con bicicletas involucradas y, al menos, el 50% de estos ha resultado con personas lesionadas, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.

Tan solo durante 2021 se han documentado 43 accidentes entre ciclistas y vehículos automotores, incluyendo a automovilistas y conductores de transporte público estatal; tres de ellos fatales.

Las organizaciones de ciclistas que pugnan por el derecho a una movilidad urbana segura denuncian que el nulo accionar de las autoridades, la falta de políticas públicas en la materia, la inexistencia estrategias de concientización y correcta asignación de presupuesto, son los responsables de estos siniestros.

Ciclovía Av. Universidad. FOTO: María Fernanda Barrios Azcué.

Ser ciclista en Querétaro

Querétaro cuenta con 263 kilómetros de ciclovías y aproximadamente cinco mil queretanos se transportan en bicicleta diariamente, esto equivale al 1% de la población del estado.

En octubre de 2020 el gobierno aprobó la Ley de Movilidad y Seguridad Vial y se convirtió en el estado número 17 en legislar en esta materia.

De acuerdo con esta normativa “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, con el fin de mejorar la situación para todos los usuarios de cualquier medio de transporte.

No obstante, para las y los ciclistas, esa seguridad prometida por la ley no es perceptible y tampoco es perseguida por el Gobierno del estado para asegurar el bienestar de la comunidad. Según medios locales, la cantidad de accidentes de ciclistas aumentó hasta un 200% este 2021, provocando tres defunciones en sólo una semana durante el mes de junio.

Para Alfredo Cárdenas Ruelas, queretano de 27 años que realiza ciclismo desde su niñez, las condiciones hostiles de la ciudad y la poca conciencia social hacia el ciclista no le inspiran confianza y seguridad cada vez que realiza esta actividad, ya sea de forma recreativa o como un medio de transporte “no me siento seguro andando en bicicleta por la falta de atención de los automovilistas”, dice.

“A veces, aunque uno se cuide hay personas que no se fijan y nos ponen en riesgo”.

De acuerdo con la Unión de Asociaciones y Ciclistas Independientes de Querétaro (UCIQ), los fallecimientos y accidentes a ciclistas en el estado se deben a que las políticas públicas dan mayor importancia y privilegio a los automóviles que a otros medios de transporte alternativos.

José Antonio Morán, consejero de la UCIQ, considera que, si bien Querétaro es uno de los pocos estados que considera la bicicleta como vehículo, incluso, pese a que tiene el reglamento vial más avanzado en el país, “la movilidad de ciclistas no es prioridad” para las autoridades.

La frustración que manifiesta Morán es resultado del largo caminar en la exigencia por el respeto a los derechos de la comunidad ciclista, frente a la falta de respuestas de las autoridades gubernamentales, las cuales continúan sin generar acciones que mejoren las condiciones de movilidad para la comunidad ciclista en la entidad. Por otro lado, destacó que la ciudadanía, lejos de empatizar con el ciclista, reclama más carriles para los automotores cuando se construyen nuevas ciclovías, situación que deja ver la falta de conciencia y conocimiento vial.

“No hay buena educación vial ni de los automovilistas ni de peatones e, incluso, tampoco de ciclistas, no hay respeto”, así lo manifiesta Víctor Eduardo Sasia Farías, actor queretano de 31 años, quien recorre los 263 kilómetros de ciclovía desde los 20 años.

El actor compartió algunas de sus experiencias al hacer ciclismo en la ciudad que podrían haber puesto su vida en riesgo. Enfatizó en la cercanía de los vehículos que parecieran sacarlo del camino y hasta las ocasiones en que ha sido impactado por los automóviles. Afortunadamente, en todos los percances ha resultado ileso.

Sin embargo, no todos los ciclistas han tenido la misma suerte. El colectivo Bicicleta Blanca Querétaro ha colocado 33 bicicletas blancas desde el 2009, con el fin de brindar homenaje y establecer memoriales para las y los ciclistas que han fallecido en la vía pública producto de accidentes viales. La iniciativa colocapequeñas bicicletas de color blanco en los puntos en donde un ciclista ha perdido la vida. Actualmente estos símbolos de luto ya se encuentran en las siete delegaciones del municipio de Querétaro.

Mapa de Querétaro con los memoriales de Bicicleta Blanca marcados.

“El ver estos homenajes me hace recordar la necesidad que hay de que mejore el diseño de la infraestructura y la atención de los conductores porque hay personas que realizan esta actividad por necesidad a diario”, mencionó Alfredo.

Victor se mostró inconforme y frustrado ante los accidentes acontecidos en esas zonas, por lo que ha optado en extremar precauciones para evitar tener accidentes. “Da coraje porque no se resuelve nada y luego da miedo salir, o tenemos que cambiar de vías para evitar que nos pase lo mismo, uno no puede andar con la libertad que desea por la inseguridad”, expresó.

Morán considera que la mayoría de los accidentes a ciclistas se deben a una infraestructura inadecuada, la falta de educación y cultura vial tanto de automóviles, como de conductores de transporte público, la ausencia de controles para la regulación de velocidad y la laxitud que existe tanto de la ciudadanía como de las autoridades para el respeto y aplicación de las leyes.

Infraestructura problemática

Infraestructura de ciclismo en Querétaro. Fuente: Guía de conducción en bicicleta para la ciudad de Querétaro

Según la UCIQ, al menos el 70% de los 263 kilómetros de ciclovías que hay en el estado se encuentran en mal estado, abandonadas o fueron mal diseñadas.

“La infraestructura es insuficiente, inadecuada, con pésimo mantenimiento y carece de conectividad entre las ciclovías. A veces uno tiene que jugarse la vida para tomar las ciclovías entre avenidas grandes” remarcó Antonio Morán.

En ese sentido Víctor Sasia, agregó que las vialidades no son funcionales y tampoco seguras para ser un ciclista. Tienen baches, se inundan, no tienen una buena iluminación y no hay señalización para la ciudadanía. Estas condiciones obstaculizan el tránsito de la comunidad ciclista. En su opinión, aumentar e implementar infraestructura segura y bien planeada podría disminuir el número de accidentes en el estado.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad no ha elaborado un plan metropolitano de movilidad en Querétaro, señaló el consejero.

Señalamiento en ciclovía de Av. Universidad. FOTO: María Fernanda Barrios Azcué.

Actualmente, se tienen identificadas tres principales zonas de riesgo para ciclistas en el municipio de Santiago de Querétaro, con menos de dos kilómetros de distancia entre ellas: cruce de Universidad con 5 de febrero, Universidad esquina con Tecnológico y Universidad esquina con Juárez. Asimismo, otras ubicaciones se encuentran en Zaragoza, Tlacote y Constituyentes con intersección Bernardo Quintana.

Accidentes ignorados

Según la UCIQ, al menos 13 de los 36 ciclistas asesinados en accidentes viales en Querétaro, no han sido identificados, por lo que, no se ha dado seguimiento a los casos. De los antes mencionados, sólo uno de los casos procedió a juicio y se dictó una sentencia, mientras que, en otros, si es que el responsable no se dio a la fuga, los familiares optaron por otorgar el perdón con el fin de obtener la indemnización.

“Somos una preocupación muy pequeña para las autoridades al ser una sección marginada del Estado por lo que no somos prioridad. Por esto mismo la comunidad no crece” comentó Víctor Sasia Farías.

Las muertes de los ciclistas en Querétaro se ven rodeadas de impunidad, ya que, “las personas del gobierno municipal y estatal no las aplican adecuadamente”, afirmó Antonio Morán. También remarcó que faltan políticas de prevención en toda la zona metropolitana.

“Si se hiciera responsable al Estado por cada fallecido o discapacitado en accidentes de ciclismo, cada víctima les costaría 5 millones de pesos. Ahí sí prestarían atención y empezarían a resolver la situación”.

Para Morán, el Gobierno estatal es el responsable de dar respuesta a las fallas y deficiencias de la infraestructura vial que persisten en la entidad, así como, los funcionarios de movilidad y los policías de tránsito al ellos ser los encargados de implementar las leyes viales, después, sería la responsabilidad de los conductores de los automotores y, en última instancia, del ciclista.

Cambio de paradigmas y desarrollo

Para Víctor los esfuerzos que de las autoridades no siempre resultan suficientes, por lo que, piensa que se requiere un cambio de paradigma en la sociedad al hablar de seguridad e infraestructura vial: “sería bueno que se siguiera consolidando la idea de un Querétaro con más ciclismo para aligerar el transporte público, el tráfico y cuidar el medio ambiente. Apoyando a distintas instituciones y asociaciones de ciclismo para mejorar la situación vial en general”, indicó.

Asimismo, el consejero de UCIQ, Antonio Morán, está convencido de que no es necesario que existan reglamentos o leyes para mejorar la infraestructura e implementación de medidas seguras para los ciclistas, ya que este es un derecho. Para él, la voluntad política y empática de las autoridades y la ciudadanía es lo que el estado de Querétaro necesita. Morán aboga por una mesa de trabajo permanente establecida con el gobierno para la mejora de las ciclovías y la implementación de su conectividad, así como la búsqueda de seguridad vial y justicia para las víctimas de accidentes de tránsito.

“Una de las demandas es que se establezca una ley de seguridad metropolitana, una estrategia de movilidad y ciclovías interconectadas de manera metropolitana”, remarcó.

Finalmente, compartiendo su lema “desde que soy ciclista soy un mejor automovilista”, para Morán es fundamental que las y los automovilistas tomen cursos de ciclismo, en su opinión, solo de esa forma se logrará 1) conocer y aplicar mucho mejor las reglas viales y 2) generar empatía suficiente.

https://www.zonadocs.mx/2021/10/13/ser-ciclista-en-queretaro-un-riesgo-inminente/

Categorías
Region

Paciente del INER denuncia que la han dejado sin atención médica desde hace casi año y medio (Ciudad de México)

Andrea Vega / Animal Político

Como consecuencia de la reconversión a 100% COVID de este hospital, el total de las consultas otorgadas, tan solo entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2020, cayó 64.5%.

Leticia Méndez Martínez padece Lupus Eritematoso, una enfermedad en la que el sistema inmune ataca a los propios órganos del cuerpo. Por problemas en el pulmón estuvo hospitalizada, de enero a abril de 2020, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Ahí le dieron el diagnóstico de su enfermedad, pero desde que le otorgaron el alta y el hospital se volvió 100% COVID, solo la recibieron para dos consultas más, después ya no la han querido atender ni la refirieron a ninguna otra institución pública.

“Me sentí como botada a la calle, desamparada y yo también me puedo morir si no me dan atención médica y medicamentos, esto no es una gripa, es una enfermedad que si no se controla avanza más rápido y me daña órganos”, dice Leticia.

El 13 de marzo de 2020, recién iniciada la continencia sanitaria en México, el INER empezó la reconversión de áreas y el desplazamiento de sus pacientes regulares, hasta el egreso del último a principios del mes de mayo.

Este hospital fue, de hecho, la primera institución pública en recibir a un paciente afectado por el coronavirus y se volvió emblema de la lucha contra la enfermedad. Incluso mientras otros hospitales volvieron ya a reactivar la atención regular para otros padecimientos, este sigue atendiendo solo a personas con la infección causada por el virus SARS-CoV2, lo que ha impactado a quienes recibían tratamientos de otro tipo.

De acuerdo con el Informe Anual de Autoevaluación del director general del INER, Jorge Salas Hernández, que abarca del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 y que se presentó en abril de 2021, como consecuencia de la reconversión a COVID de este hospital, el total de las consultas otorgadas, en ese lapso, entre pre consultas, consultas de primera vez y subsecuentes, cayeron 64.5%, al pasar de 71 mil 657 en 2019 a 25 mil 418 en 2020.

Las consultas de primera vez de asma, por ejemplo, se redujeron a una cuarta parte, al pasar de 811 en 2019 a 209 en 2020 y las de enfermedades intersticiales (en las que se producen cicatrices en los pulmones por diferentes causas, entre estas los padecimientos de tipo autoinmune como el lupus) disminuyeron casi cinco veces, al pasar de 484 a 95.

Mientras que las subsecuentes de todos los padecimientos pasaron de 57 mil 481 en 2019 a 13 mil 969 en 2020, una disminución de 75.5%.

“Derivado de la reconversión del Instituto como hospital 100% COVID, en el mes de marzo se canceló la atención presencial de otros pacientes en el servicio de consulta externa, sin embargo, se informó a todos (pre-consulta, primera vez y subsecuentes) que en caso de presentar exacerbación de su padecimiento respiratorio acudieran a un hospital no COVID-19”, dice el informe del director.

En el caso de Leticia no se le sugirió acudir a ningún otro hospital público ni se hizo el intento de referirla. Animal Político solicitó una entrevista con el director del INER justo para saber cuánto ha caído hasta esta fecha en el Instituto la atención en consultas y hospitalizaciones por otros padecimientos diferentes a COVID y por qué no hubo un sistema de referencia a otras instituciones públicas, pero aunque ya se había pactado la entrevista para este sábado, de último momento se canceló y ya no hubo respuesta.

Leticia, de 29 años, cuenta que la reumatóloga que le dio la última consulta y quien le avisó, por teléfono, que ya no podían atenderla en el INER, lo que le sugirió fue que buscara atención privada.

La mujer, que se empleaba como trabajadora del hogar pero ha tenido que dejar de laborar por la contingencia y su enfermedad, cuenta que esa misma reumatóloga la empezó a recibir, pero en su consultorio particular. “Al principio no me cobraba, pero después ya me empezó a cobrar 500 pesos, un monto que para mí y mi esposo, que trabaja vendiendo café y pan en un carrito, es muy alto”.

La paciente también tuvo que asumir el costo de sus medicamentos. Ese fue otro impacto de la pandemia para ella y su familia. “Yo tomo metrotexato e hidroxicloroquina, entre otros fármacos, pero esos dos se escasearon y subieron mucho de precio”.

El metrotexato escasea en el país a causa de una baja en la producción de materia prima a nivel internacional, pero también porque las autoridades sanitarias cerraron líneas de producción del principal fabricante de este medicamento en México, a causa de presuntas irregularidades en estas.

Leticia Méndez Martínez, paciente con lupus que desde hace año y medio no recibe atención en ninguna institución pública de salud y debe pagar consultas y medicamentos para controlar su enfermedad.

Mientras que la hidroxicloroquina subió de precio y se escaseó porque en redes sociales y noticias empezó a publicitarse como un medicamento efectivo en el tratamiento contra COVID-19.

“El metrotexato lo conseguía antes en 150 pesos y ahorita lo consigo en mil pesos, porque está muy escaso, mi mamá me tuvo que prestar de sus ahorros para comprarlo. La hidroxicloroquina está tan escasa que se tiene que pedir a través de una aplicación y el pedido mínimo es de dos cajas para que la envíen, cada una cuesta 850 pesos”, precisa Leticia.

Por su situación económica, pero sobre todo porque ninguna institución pública le provee atención ni medicamentos, Leticia ha tenido que interrumpir varias veces su tratamiento durante estos meses.

“Con la pandemia, mi esposo tuvo que dejar de trabajar unas semanas, no teníamos dinero para comprar los medicamentos, así que dejé mi tratamiento, y también se me afectó ya el riñón”. El nefrólogo, con quien la recomendó la reumatóloga, le cobra mil 800 la consulta y como adicional le pidió hacerse una biopsia, con un conocido, con un costo de 22 mil pesos. La familia de Leticia reunió sus ahorros para que se la pudieran hacer y confirmar el daño renal.

“Los que nos han estado apoyando con los gastos a mi esposo y a mí, es mi familia, mis hermanos, mi mamá, pero ya se gastaron todos sus ahorros, ya me dijeron que ya no van a poder ayudar y yo no puedo estar sin atención médica y sin medicamentos porque la enfermedad va a avanzar”, dice Leticia entre lágrimas.

Todavía este lunes 11 de octubre, la mujer acudió al INER a solicitar que le reactiven su atención, la respuesta fue la misma, que no pueden recibirla porque son un hospital dedicado a atender pacientes COVID.

Asesorada por una organización de sociedad civil, Leticia acudió también al Instituto Nacional de Cardiología, donde le dijeron que tratarían de atenderla o la canalizarían al Hospital General de México o a Nutrición, pero no sin la hoja de referencia de la misma neuromatóloga que nunca le dijo que podía buscar otra institución pública.

Leticia está en espera de que la médica le responda sus mensajes para pasar por su hoja de referencia y ver si, después de casi año y medio, la vuelven a atender y le garantizan su derecho a la salud.

Categorías
Region

Celebran 25 años del Congreso Nacional Indígena en nueva Casa de los Pueblos Samir Flores

Texto: María Ruiz y Arturo Contreras

Fotos: María Ruiz

Pie de Página

En lo que hasta hace un año fue el edificio gubernamental del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, integrantes de la comunidad otomí celebraron un cuarto de siglo del CNI, dentro del espacio renombrado como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes»

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de que la comunidad Otomí tomara las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombró el edificio como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes».

La comunidad declaró el inmueble propiedad de los pueblos indígenas y advirtió que no lo regresarán al instituto.

«Nos comprometemos a realizar diversas actividades que tengan que ver con la educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda, cultura, autonomía, organización y sobre todo resistencia y rebeldía. Convocamos a los pueblos y comunidades Indígenas que integran el CNI a que hagamos nuestro este espacio de lucha».

Doña Fili defensora del manantial de Aztecas 215 al sur de la CDMX

 

La conmemoración de la toma comenzó con un conversatorio en el que participaron defensoras y representantes de diversas resistencias contra megaproyectos y despojos de diversos territorios del país.

Doña Fili, defensora del manantial de Aztecas 215, recordó que en la urbe las comunidades  luchan contra la gentrificación y por el derecho a una vida digna:

«Mientras haya gobiernos al servicio de las inmobiliarias habrá estás tomas. Se ha dado preferencia a las inmobiliarias, como ciudadanos no estamos siendo considerados y lo que más duele, no están siendo consideradas las futuras generaciones [..] El gran capitalismo dice que ya no hay lucha de clases, aquí les demostramos que hay lucha de clases y que mientras haya oprimidos y opresores, habrá lucha de clases».

Al finalizar su participación la señora Fili, como todas las personas se refieren a ella, citó a Eduardo Galeano y sentenció: «las venas siguen sangrando por los que se creen dueños del mundo».

Mujeres desplazadas de Tierra Blanca sostuvieron pancartas durante las participaciones en el conversatorio

 

Estela y su bebé al final del conversatorio 

En el conversatorio estuvieron presentes las defensoras del agua en Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde mantienen tomado el pozo de agua del Barrio IV. Denunciaron las agresiones a las que se han enfrentado por defender su comunidad y lo difícil que ha sido enfrentarse a un gobierno que prioriza a las empresas:

«A siete meses de la toma del pozo la Fiscalía ha actuado con toda la corrupción, usando sus ministerios públicos para castigarnos. En los últimos meses balearon y encarcelaron a compañeros defensores. […] Utilizan todo el poder de las instituciones para someternos y callarnos. Se les ha olvidado que la existencia no tiene costo porque todo privatizan».

Estela Hernández agradeció a los otomíes de la Ciudad de México por ser ejemplo de resistencia: «Nos mostraron con su ejemplo que se pueden significar todos los espacios».

Este 12 de octubre también se celebró el 25 aniversario de la creación del Consejo  Nacional Indígena (CNI). El coordinador del CNI estuvo presente y recordó el contexto en el que cumplen un cuarto de siglo: entre grandes ejemplos de resistencia como la toma Otomí, el viaje de La Montaña a la Europa Insumisa y la toma de las instalaciones de Bonafont. Pero también mencionó el contexto de violencias: amenazas, desapariciones y asesinatos, a los que defensores y defensoras se enfrentan por sus vidas y territorios. También hizo hincapié y advertencia en los megaproyectos que se están por construir como el Tren Maya, el Tren Transístmico y el Proyecto Integral Morelos.

Al finalizar el conversatorio los otomis invitaron la comida y la bebida a todos los asistentes. Cocinaron carnita de cerdo, con arroz rojo y nopalitos acompañados por tortillas a mano.
Durante esta compartición desplazadas de Tierra Blanca, Oaxaca acompañaron con baile y canciones tradicionales interpretadas con violín.
Cómo parte de sus actividades en apoyo a la toma instalaron diversos puestos donde pusieron a la venta plantas y artesanías. Entre ellas artesanías que se encontraban en la oficina de Adelfo Regino, representante del INPI.

Okupar para vivir con dignidad

“Hace más de cuatro décadas que llegamos a esta ciudad, de noche, con la lluvia, con nuestras hijas y cargando nuestra miseria. Nadie supo de nuestros males ni dolores.

Muchas puertas tocamos y ninguna se abrió…”, leyeron en un comunicado las mujeres otomíes.

Antes de la toma la comunidad otomí vivió varios meses en campamentos, afectadas por los sismos del 2017. Para ellas y ellos, que ahora habitan la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores”, okupar ha significado vivir con dignidad.

Antonio y Carlos llevan un año viviendo en la toma. Fueron de los primeros en okupar el inmueble. Cuentan que acá viven mejor:

“No había agua, dormíamos en campamentos. Había lluvias y se inundaba donde dormíamos, las goteras…. Aquí tenemos todo: agua, luz, drenaje. Y pues sí es un gran cambio”, cuenta.

Antonio comenzó a politizarse por sus suegros, ahora lo que más admira de los zapatistas es su autonomía.

Retrato a Anselma Margarito

Anselma Margarito coincide con sus compañeros y cuenta lo difícil que era habitar los campamentos durante la pandemia:

“El gobierno nos decía toma tu distancia, lávate las manos pero como íbamos a guardar distancia o lavarnos si no teníamos agua o espacio. Aquí tenemos oportunidad de no preocuparnos por mojarnos con la lluvia, sabemos que estamos en un lugar muy seguro y tenemos las cosas que nos merecemos.Nosotros hemos sufrido represión, discriminación y despojo y si tomamos el INPI es para exigir nuestros derechos, así como lo establece la constitución” cuenta Anselma Margarito.

Anselma tiene 19 años y fue la encargada de leer el comunicado de su comunidad. Cuando iba en la preparatoria se empezó a dar cuenta de las desigualdades que vivían:

“Ni siquiera tenemos ese derecho de estar en la ciudad, por ser indígena sufrimos discriminación cuando a los pueblos originarios nos corresponde este México. Veía lo que sufría mi familia que ni siquiera una puede estudiar porque no le dan ese mismo privilegio que a un rico, he visto a mi mamá cómo sufre cuando va al doctor, que no le dan una buena atención médica. Hay compañeras que han ido a aliviarse de sus hijas a hospitales y les han dicho que si no tienen dinero es porque tienen más hijxs. He aprendido y compartido y he visto cómo nos hacen menos. No podemos salir con nuestra vestimenta tranquilas porque nos dicen ‘india, viniste a invadir’”, recuerda.

Elvira vive con su familia en la toma, llegó a la Ciudad de México a los seis años. Le ha costado conseguir una vida digna y ve en la desigualdad de riquezas la base de las dificultades a las que se ha enfrentado:

“Luego nos discriminan porque cerramos la calle, que mejor nos pongamos a trabajar. Tal vez ellos porque no han sufrido y se les ha facilitado tener su casa… quisiéramos tener una casa con el sudor de nuestra frente, pedimos una vivienda pagada, no regalada. Así la gente rica piensa que estamos locos pero ignorantes son ellos, porque estamos luchando con mucho orgullo y dignidad para tener algo para nuestros hijos. Ellos porque teniendo dinero lo compran todo” denuncia.

 

Durante el acto político de la develación del nuevo frente del inmueble, en donde ahora se lee Casa de los pueblos y comunidades indígenas (yä gnhü yÄ jhöy) “Samir Flores Soberanos”, entre el retrato del defensor y una tradicional muñeca otomí, de manera simbólica mostraron los restos del letrero del INPI.

“Sobre las ruinas del Instituto se inaugura la casa de los pueblos y a partir de hoy esto pertenece al Congreso Nacional Indígena”, anunciaron con potencia.

Después del acto político el festejo continúo con música y baile. La comparsa, el grupo de músicos, músicas, bailarines y bailarinas, que protestan contra las injusticias con música y danza, cerraron la conmemoración con sus potentes bailes.

 

La Casa de los Pueblos es casa de familias otomis, refugio de luchas y del sueño de una vida digna para todoas.

Gobierno de Ciudad de México se niega a reconocer a sus pueblos originarios

A unos cuantos kilómetros, en contraste a la fiesta ocurrida dentro de la casa de los pueblos Samir Flores, el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac insistía para que el gobierno de la Ciudad de México los reconociera. Desde hace dos años la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes ha aplazado el registro de pueblos indígenas. Y este martes la organización sostuvo una reunión con su titular Laura Ita Andehui. Ellos esperaban  ser incorporados a un registro local de pueblos y barrios. Pero no pasó.

La semana pasada este grupo de pueblos y barrios, que integran demarcaciones de Iztapalapa, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Xochimilco, acudieron a estas oficinas a reclamar lo mismo, pero les dieron cita hasta este martes, misma que no resolvió en nada y se acordó retomar dentro de quince días.

En la Ciudad de México se tienen un par de censos de los pueblos y barrios de la ciudad, sin embargo, la entrada en vigor en 2019 una nueva Ley de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México obligó a crear un nuevo registro. La tarea está en manos de la Secretaría de Pueblos y Barrios, pero no la han llevado a cabo.

Primero pusieron de pretexto la pandemia, les recordó uno de los vecinos de los pueblos durante la reunión. Después dijeron que la falta de presupuesto no se los ha permitido. Como respuesta la secretaria dió más largas.

“Sería una irresponsabilidad terrible que les dijera que en quince días va a estar el registro, pero les puedo decir que en la próxima reunión van a haber avances”, aseguró la secretaria Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón.
“Prácticamente ya está hecho”, dijo sobre la propuesta de registro. “A pesar de que es una obligación y una responsabilidad de esta Secretaría, hemos pedido la opinión, para trabajar juntos, con la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica. Ya tenemos la propuesta terminada y está en revisión”, añadió.

El Frente de pueblos y barrios del Anáhuac sostiene, por la experiencia compartida de varios de sus integrantes, que este retraso ha servido a la administración de Claudia Sheinbaum para aprobar megaproyectos como puentes vehiculares o grandes edificios sin consultar a los pueblos y barrios, a pesar de que esa fue una de sus promesas de campaña.

https://piedepagina.mx/celebran-25-anos-del-congreso-nacional-indigena-en-nueva-casa-de-los-pueblos-samir-flores/

Categorías
Region

Persiste la privatización de playas en Marina Vallarta (Jalisco)

Foto: Tribuna de la Bahía

Alberto García / Tribuna de la Bahía

Instituida el pasado 22 de octubre del 2020 en el Congreso de La Unión, esta ley entró en vigor como decreto para prohibir la privatización de playas, y es obligación de la SEMARNAT coordinarse con autoridades estatales y municipales, y realizar la vigilancia en la zona marítima terrestre para impedir que se cometan a este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía.

Al realizar un recorrido por la avenida Paseo de la Marina nos encontramos que no hay ningún acceso publico a esa playa.

Los accesos de hoteles y desarrollos están completamente restringidos solo para trabajadores y vendedores de playas o se reservan el derecho de permitir el ingreso a través de sus instalaciones.

Pero, ¿qué dice la nueva reforma con respecto a ese tema?

Las reformas a la LGBN establecen en el tercer párrafo del artículo 8, que el acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas:

“No podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento”.

Asimismo, en un segundo párrafo para el artículo 127 se detalla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre deberán permitir el libre acceso a la misma, así como a las playas marítimas.

Para ello se deberá definir un acceso que convenga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con los propietarios, mediante compensación en los términos que fije el reglamento.

Finalmente, se adiciona el artículo 154, que determina sanciones con multas entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la Zofemat o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino que obstaculicen o condicionen el acceso a dicha zona y a las playas.

Aclara que en caso de que los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino reincidan en esta actitud, además de la sanción señalada se les revocará la concesión, autorización o permiso, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18 de esta Ley.

https://tribunadelabahia.com.mx/privatizacion-playas-marina-vallarta-50194

Categorías
Region

México expulsa a Guatemala a 101 menores no acompañados detenidos en tráileres en Tamaulipas

Alberto Pradilla / Animal Político

El INM declaró como “estación migratoria temporal” el complejo de Seguridad Pública estatal de Ciudad Victoria durante el fin de semana.

México expulsó a 101 menores guatemaltecos y otros 60 adultos que fueron detenidos el pasado jueves por la noche en un operativo en el kilómetro 53 de la carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Monterrey, Nuevo León. En total fueron 652 migrantescapturados en un retén militar cuando se dirigían hacia EU, la mayoría de ellos procedentes de Guatemala.

Tras permanecer hasta el sábado en el complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, todos fueron trasladados en avión y en autobús hasta Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, desde donde están siendo deportados a sus países de origen.

Los menores que ya fueron expulsados están ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala y serán alojados en instituciones estatales hasta que las autoridades encuentren a sus padres o a familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La captura fue anunciada como un “rescate” en la mañana del sábado pero terminó, cuatro días después, con unadeportación masiva. Un retén militar interceptó a tres tráileres con 652 migrantes a bordo, de los que 197 eran menores que viajaban solos (la mayoría de ellos, de entre 13 y 16 años que querían llegar a EU para reunirse con sus familiares que residen allí). Además, cuatro personas fueron detenidas y acusadas de un delito de tráfico de personas.

Todos los migrantes fueron trasladados al complejo de Seguridad Pública estatal de Ciudad Victoria y para regular la estancia, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un oficio en el que declaraba el área como “estación migratoria” durante 48 horas.

En un primer momento los migrantes fueron alojados en el aparcamiento, aunque luego se instalaron carpas y algunos durmieron en las literas que utilizan los policías. Allí hubo funcionarios del INM, Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y DIF de Tamaulipas, que se hicieron cargo del operativo. Quien no tuvo acceso al recinto, ya que no dispone de delegación en Ciudad Victoria, es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Así, si alguno de los extranjeros quisiera pedir asilo, deberá hacerlo en Chiapas o Tabasco, en caso de que tenga oportunidad.

Dos días en Ciudad Victoria 

Durante dos días recibieron alimentos y atención médica hasta que el INM realizó los trámites para la deportación. Los migrantes refirieron llevar 18 horas en el interior de los vehículos y algunos presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación. De hecho, se realizaron varias pruebas COVID-19 y seis adultos y tres menores dieron positivo, por lo que quedaron aislados en hospitales de Ciudad Victoria hasta que puedan ser deportados.

Los primeros 130 en abandonar las instalaciones fueron trasladados al sur de México el sábado por la noche y el resto a lo largo del día siguiente. Queda la incógnita de saber dónde permanecieron encerrados los menores. Animal Político consultó al INM, que es quien está a cargo del operativo, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

En principio, la reforma de la Ley de Migración que entró en vigor el 11 de enero no permite que niños, niñas y adolescentes sean encerrados, ni tampoco los adultos que estén a su cargo. En este caso, sin embargo, se les mantuvo en los espacios habilitados como improvisada estación migratoria hasta que fueron trasladados a Tampico, desde donde se fletaron los vuelos hacia Tapachula y Villahermosa.

Karina Leija Cruz, Procuradora de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas, explicó que 30 oficiales de su institución estuvieron en el lugar para realizar las evaluaciones de los menores. Todos fueron separados del grupo a una zona “adaptada” y se les dio prioridad para ser trasladados al sur. Según Leija Cruz, la labor del DIF fue determinar que los menores venían bien de salud, que no eran víctimas de explotación sexual y que eran aptos para viajar de regreso a su país.

Según el DIF Tamaulipas, su labor es elaborar las fichas de cada uno de los menores. Estas luego son entregadas al INM y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de localizar a sus padres. En caso de que estos estén como irregulares en EU, explicó Leija Cruz que se les envía a cargo de otros familiares en Guatemala, ya que no hay opción para enviarlos al norte.

Animal Político quiso conocer la versión de la SRE, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Guatemala dice que son ellos los que buscan a las familias 

En Guatemala, sin embargo, explicaron que los menores llegan para ser recibidos por las autoridades, pero sin que haya contacto con sus familias. Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, explicó que, tras recibirles en un centro de Tecún Umán, en la frontera con México, los niños, niñas y adolescentes pasan a manos de la PGN. Esta, a su vez, los pone a disposición de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Entre las dos instituciones disponen de casas-hogar donde son alojados hasta que encuentran a algún familiar.

“En los casos que los padres que están en EU, se busca un recurso familiar idóneo y si no quedan bajo el cuidado de las instituciones”, dijo.

Gretchen Kuhner, directora general de Imumi (Instituto para las Mujeres en Migración), consideró que este procedimiento se salta la ley. Recordó que el proceso migratorio con un menor de edad obliga a acudir al DIF y este debe realizar una evaluación sobre su interés superior, “tomando en cuenta sus opiniones, la situación completa y dónde están los familiares más cercanos”. A partir de ahí se elabora el plan de restitución, que puede ir desde la regularización en México hasta la deportación para ser reunificado con su familia.

Leija Cruz aseguró que se realizaron los 197 planes de restitución entre la noche del viernes y la noche del sábado, cuando los primeros menores fueron expulsados a Tapachula. Señaló que, habitualmente, los menores que son atrapados en Tamaulipas son llevados a los Centros de Atención a Menores Fronterizos (Camef), pero que ante el gran volumen de personas se tuvo que recurrir a las instalaciones de Seguridad Pública.

En el operativo del jueves fueron detenidos 652 migrantes, de los que 197 eran niños, niñas y adolescentes. Por países, la mayoría eran guatemaltecos (564), seguidos de hondureños (39), nicaragüenses (28), salvadoreños (20), y un belicense. La captura coincidió con la visita a México del secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, y otros altos cargos de la administración de Joe Biden, quienes se desplazaron al país para firmar el Acuerdo Bicentenario en materia de seguridad, que sustituye a la Iniciativa Mérida. Oficiales de ambos gobiernos aseguraron que la migración no estuvo esta vez en la mesa de discusión.

https://www.animalpolitico.com/2021/10/mexico-expulsa-guatemala-menores-no-acompanados-detenidos-tamaulipas/