Categorías
Region

Estudiantes de la Mayab exigen que no quede impune la red de violencia digital (Yucatán)

Lilia Balam / Haz Ruido

Además de este caso, la colectiva Violetas del Anáhuac aseguró que recibe al menos una denuncia de bullying, acoso u hostigamiento sexual a la semana por parte de las alumnas.

Mérida, Yucatán, 20 de enero del 2022.- Al grito de “¡Sororidad somos todas!”, alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab protestaron en la explanada del plantel para exigir que quienes difundieron fotografías y vídeos íntimos de las estudiantes a través del grupo de Telegram “Zorritas de la UAM” no queden impunes. Se solidarizaron con las víctimas y pidieron a las autoridades de la institución un protocolo efectivo para atender casos de violencia digital y delitos contra la intimidad.

Poco antes del mediodía, las jóvenes organizaron un círculo de conversación para hablar sobre la mencionada red, en la cual, según destapó la colectiva “Sororidad Anáhuac”, se compartieron 3 mil 264 fotos y 482 vídeos, así como datos personales de estudiantes de la Universidad.

Ante la gravedad del asunto, consideraron insuficiente que la institución solamente emitiera un comunicado para comprometerse a investigar los hechos y le exigieron generar las condiciones para que las víctimas acudan a presentar sus propias denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Este tipo de delitos no se persigue de oficio, se requiere que la víctima denuncie. No son suficientes las declaraciones, no es suficiente acercarse a la Policía Cibernética: la Universidad debe poner facilidades para que las víctimas que tienen evidencias puedan denunciar. Si ellas no sienten el apoyo de la Universidad, de una red de asesoría jurídica, de compañeras y demás, no van a ir”, explicó una de las manifestantes.

También pidieron brindar mayor difusión al caso, con perspectiva de género y mayor sensibilidad y empatía hacia las afectadas, pues hasta ahora dentro del plantel es escaso el personal docente que crea espacios para que las y los estudiantes expresen sus inquietudes y dudas sobre el tema.

“En una de mis clases hablaron al respecto, pero la maestra mencionó que era culpa de las mujeres: que para qué mandan esas cosas, que se lo buscan, y que si les toman fotos por qué vienen vestidas con shorts o faldas. O sea el pequeño diálogo que se abrió solo fue para revictimizar a las mujeres”, precisó una representante de la colectiva “Violetas del Anáhuac”.

Por ello, solicitaron a las autoridades campañas de información y concientización sobre esos delitos, así como un protocolo eficaz para atender ese tipo de casos, pues no es la primera vez que se denuncia acoso u hostigamiento en la comunidad estudiantil.

Las denuncias de acoso han sido ignoradas

Una de las representantes de la colectiva “Violetas del Anáhuac”, relató que hace dos años fue víctima de amenazas, bullying y acoso digital por parte de varios jóvenes, entre ellos dos compañeros de la Universidad.

“Soy una persona que alza la voz, no me quedo callada. Entonces un grupo de hombres, entre ellos dos de la Mayab, mandaban fotos de mi cara y de mi cuenta de Instagram a un grupo, para burlarse de mí. Enviaban screenshots de mis publicaciones en redes y decían que me iban a matar, a desaparecer, hacían ‘chistes’ sobre asesinarme. Me dio medio. Me deprimí e intenté suicidarme”, externó.

En una ocasión, se encontró con uno de sus agresores en los pasillos de la escuela. Eso le ocasionó una crisis de llanto tan fuerte que le impidió presentarse a un examen. Cuando su profesor se dio cuenta, habló con ella. Tras enterarse de lo sucedido, le aconsejó denunciar los hechos: le pidió mandar un correo con evidencias a la directiva. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta.

“Mi maestro lo intentó, pero no hicieron nada. Aunque la Universidad supo del intento de suicidio, que mi vida corría riesgo, no hizo nada. Yo le diría a las víctimas de estos delitos que levanten la voz, que no hagan lo mismo que yo, que me quedé callada y ahora veo que esos tipos se van a graduar en un año. Sigan peleando para que las ayuden y no tengan que convivir con sus agresores como yo”, apuntó.

Desde su fundación en el 2020, la colectiva ha recibido al menos una denuncia semanal de bullying, acoso u hostigamiento sexual contra alumnos y profesores. También tienen datos de otros grupos de Telegram donde se comparte material íntimo de estudiantes de la Anáhuac Mayab y otras escuelas, como “Iglesia Yucatán” y “Yucatán Caliente”, entre otros. Sin embargo, y pese a que algunas sí reportaron los hechos ante la planta docente o la directiva de la institución, no han obtenido soluciones satisfactorias.

“En algunas ocasiones la Universidad hacía como que iba a ayudar, se hacía la interesada. Y a la mera hora nos dejaban ‘ghosteadas’. Se supone que existe un protocolo de sana convivencia, pero al parecer nadie hace uso de ese protocolo. Urge que se haga algo”, señaló la activista.

Hasta ahora solo tienen conocimiento de un caso solucionado: fue una denuncia de acoso hacia un profesor, el cual aparentemente fue destituido en el 2020. Pero algunas alumnas comentaron que solamente fue reubicado a otra escuela de la red Anáhuac, lo cual consideraron inaceptable.

En este sentido, solicitaron que, cuando se identifique a los integrantes del grupo de Telegram, se les expulse de manera inmediata y nunca se les permita el acceso de nueva cuenta, a ninguno de los planteles de la red.

Finalmente, las manifestantes se solidarizaron con “Sororidad Anáhuac”, con quienes perdieron contacto desde ayer, cuando la cuenta de Instagram desapareció tras pasar tres días activa.

Desconocen si fueron amenazadas o si están bien. Indicaron que la mayoría de las alumnas teme que le la directiva escolar tome represalias contra sus carreras académicas por haber alzado la voz, pero aseguraron que continuarán actuando para erradicar la violencia de género al interior de la escuela.

https://www.hazruido.mx/reportes/estudiantes-de-la-mayab-exigen-que-no-quede-impune-la-red-de-violencia-digital/

Categorías
Region

Tren Maya cambió ruta tras dar a Sedena 522 mdp para proyecto ejecutivo y remover más de 20 mil árboles

León Ramírez / Animal Político

Casi un año de trabajos en un viaducto elevado que ya no se terminará de construir. 552 millones de pesos asignados a Sedena para el proyecto Ejecutivo. Más de 20 mil árboles removidos y según una organización que asesoró al gobierno al menos 1,000 talados.

Son los hechos que dejó tras de sí la decisión de la administración federal de cambiar la ruta del Tramo 5 del Tren Maya y ya no pasar por Playa del Carmen, con la premura de terminar la obra en los plazos que fijó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No fue en balde”, dijo Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sobre los árboles que se quitaron del camellón de una carretera federal en Quintana Roo y las obras que dejaron inconclusas, aunque sin dar una explicación detallada de por qué no se planearon con anticipación los tiempos y costos, para no dejar un proyecto a medias.

Un proyecto de viaducto elevado que, por cierto, el Ejército le propuso al presidente López Obrador. El mandatario asignó dicho tramo de la ruta del Tren a las Fuerzas Armadas en marzo de 2021, descartando licitaciones, y el presidente la había imaginado como una obra de ensueño “para disfrutar la belleza del mar Caribe”.

Sin embargo, ahora lo convierte en blanco de críticas, por el gasto en algo que ya no se construyó (autoridades aún no dan un estimado de cuánto presupuesto ya había sido ejercido) y por el recuerdo de su promesa, de que al hacer el Tren Maya no se tiraría ni un solo árbol.

“Hacer un viaducto elevado toma más tiempo, el proceso constructivo, la definición del sistema de cimentación, el procedimiento de sondeos de mecánica del suelo para determinar cada uno de estos temas, ponía en riesgo la vialidad en cuestión de tiempo”, dijo Meyer en la conferencia del 19 de enero pasado.

Horas antes, el presidente López Obrador también había dicho que este cambio de ruta había sido para cumplir los plazos de entrega, “porque llueva, truene o relampaguee vamos a estar inaugurando el Tren Maya a finales del año próximo”.

Originalmente, dijo, “habíamos pensado irnos para arriba, como segundo piso, pero se nos elevaba el costo, también se afectaba y también nos consumía más tiempo; entonces, se optó por buscar otro trazo para irnos abajo, a ras de tierra, que no se afecte la carretera”.

Recursos para el Tramo 5

Al Tramo 5, que ya llevaba casi un año de planeación y construcción y recién se le modifica el trazo, se han destinado varios contratos, según información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sin duda el contrato más notable es el que firmaron Fonatur, Grupo México y Acciona, en el que se acuerda pagar un total de 17 mil 851 millones de pesos para la construcción de toda la sección sur (Playa del Carmen a Tulum) del Tramo 5.

Según lo estipulado en este documento, el gobierno mexicano debió haber entregado 3 mil 169 millones de pesos al consorcio a inicios de 2021 para comenzar la construcción de esta vía.

En cuanto al tramo asignado a la Sedena y que finalmente ya no será terminado en la ruta prevista, se encontró un contrato por 552 millones de pesos, para el proyecto ejecutivo.

Este fue firmado el 2 de agosto por el Ejército y Fonatur, y en él se establece la elaboración del proyecto del Tramo 5 Norte (Playa del Carmen a Tulum), con labores que iniciarían en agosto de 2021 y terminarían en abril de 2022.

A un grupo de empresas, además, se les asignaron 216 millones de pesos por la supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de construcción de la vía férrea electrificada del Tren Maya. De este monto, señala el contrato, se les entregaron 53 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2021.

Animal Político preguntó a Fonatur sobre el avance del tramo hasta antes de la suspensión, si cambiaría la sección administrada por la iniciativa privada y el impacto económico del cambio, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

No obstante, ante una pregunta en conferencia de prensa sobre cuánto se gastó en las obras que se cancelaron, May señaló que “tiene un presupuesto asignado, tiene recursos, vamos a dar a conocer, ya que tengamos definido ya todos los estudios vamos a dar el monto”.

Indicó también que en los “próximos días” se dará a conocer el proyecto y la nueva ruta de este tramo del Tren Maya.

Se removieron y talaron árboles, y ahora suspenden obras

Para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya (tanto en la sección norte como en la sur), el gobierno gestionó la “reubicación” de aproximadamente 22 mil árboles que se encontraban en el camellón de la autopista 307, donde está el trazo original, lo cual tuvo un costo de al menos 56 millones de pesos.

Esta acción fue cuestionada por grupos ambientalistas como Moce Yax Cuxtal desde julio de 2021, quienes pidieron que Fonatur “informe certera y oportunamente a la comunidad sobre los avances del megaproyecto en cuestión, y las medidas preventivas, de mitigación, etc. que deben estar llevando a cabo”.

Rafael Reynoso, delegado de la Asociación Mexicana de Arboricultura en el Sureste (AMA) que colaboró con el proyecto, dijo en entrevista con Animal Político que se trató de una reubicación de árboles, de especies como macuili, ceiba, siricote, cedro y palmas, los cuales actualmente están en distintos puntos de Quintana Roo.

Calcula que, de los 22 mil árboles, se talaron unos mil, previo a un dictamen técnico.

“Sí se talaron algunos”, dice el especialista, “pero eran árboles de riesgo, otros que no iban a sobrevivir el traslado y especies que no eran nativas de la zona, como almendros y flamboyanes”.

Si bien Reynoso indicó que sí hubo tala, en un comunicado el 21 de enero Fonatur dijo que esto no había ocurrido.

“En el camellón de la carretera federal 307 Cancún-Tulum no hubo tala, sino rescate y trasplante de árboles, los cuales fueron reubicados a espacios públicos como avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún”. señaló el organismo.

Los árboles removidos, detalló Reynoso, luego fueron reubicados en avenidas de Playa del Carmen, en las instalaciones de la Guardia Nacional y, los más pequeños, se encuentran en viveros provisionales y tienen un 92% de sobrevivencia.

Desde la perspectiva de Reynoso, no fue inútil este cambio: “se movieron a lugares dentro de la mancha urbana y podrían generar servicios ambientales dentro de la ciudad; yo lo considero positivo porque en medio del camellón central, si bien daban sombra, nadie la disfrutaba”.

Según los contratos disponibles de la PNT, el gobierno asignó 51 millones a Fonatur Infraestructura para la reubicación de los árboles, 3 millones a una especialista para la supervisión de los trabajos de reubicación, riego, construcción y manejo de vivero de los árboles, así como 870 mil a una organización para un plan de manejo de los árboles.

En un video en la cuenta de Twitter del Tren Maya, publicado en septiembre de 2021, se mencionó que como parte de los trabajos de la ruta 5 habían sido removidos y reubicados 20 mil 515 árboles y palmeras en el tramo Tulum-Cancún.

Con las reubicaciones y con las técnicas de expertos, se refiere, “tenemos un porcentaje de sobrevivencia de 80%. Para garantizar este porcentaje, seleccionamos árboles y fuertes sanos, sin síntomas de marchitamiento. Una vez seleccionados, elegimos la técnica de trasplante más adecuada”.

El doctor Daniel Rivas Torres, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y especialista en Arboricultura, explicó a Animal Político que sí es posible hacer el trasplante de un árbol siempre y cuando se lleven a cabo una serie de medidas técnicas que den garantía del éxito de la operación.

Pero a decir del experto, para considerar que el trasplante fue exitoso es necesario monitorearlo durante por lo menos un año, después del movimiento, y eso se puede comprobar mediante registros fotográficos de todas las partes del árbol.

Rivas Torres señala que la forma más recomendada por los arboricultores para realizar este tipo de trasplantes es que “el árbol debe ser extraído conservando la mayor cantidad de raíces con todo y suelo, porque ésta es la garantía de que el árbol se pueda establecer en el nuevo lugar”.

El especialista acota que esto depende mucho del tipo de árbol, edad y lugar donde se vaya a realizar el movimiento, pero “en general el árbol debe llevar un cepellón, como le llamamos a las raíces con todo y suelo, por lo menos de 10 veces el tamaño del tronco”.

Dice además que el traslado también debe garantizar que las raíces no se dañen para que lleguen lo más enteras posibles al lugar dónde se traslada. En las imágenes difundidas por el gobierno se ve que son trasladados con muy poca raíz y prácticamente sin tierra, sin embargo, es solo una muestra de lo ocurrido con algunos de los árboles.

Adiós al “mirador” de AMLO

El gobierno mexicano dio el ‘banderazo’ a las obras del Tramo 5 del Tren Maya el 5 de marzo de 2021, apuntando que la sección norte (Cancún aeropuerto a Playa del Carmen) estaría a cargo de la Sedena y que la parte sur (Playa del Carmen a Tulum) correspondería a las empresas Grupo México y Acciona.

Durante este evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se haría el tramo elevado “para no causar daños y además ayudar aún más a la economía de Quintana Roo, a esos transportistas, que yo por eso creo que están pase y pase”.

Además, mencionó que sería un “mirador”. “Va a ser el tren más bello, el tren que va a permitir admirar mejor las bellezas en el mundo, porque va a ir arriba, de Cancún hasta Playa”, comentó sobre la obra… que meses después sería descartada.

“Se trabaja a prueba y error, y es la ciudadanía los que están pagando las consecuencias, así como también el turismo; las acciones que hoy se toman por parte del gobierno Federal, son advertencias que se habían hecho por parte de nuestros empresarios en su momento”, acusó la diputada Kira Iris, representante del distrito X en Quintana Roo, que abarca Playa del Carmen.

Cuando aún era presidente electo, en 2018, López Obrador también prometió que “no se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido” para la construcción del Tren Maya. Sin embargo, el 17 de enero se informó sobre la “expropiación” de 198 predios privados.

“El mecanismo más rápido para resolver, o sea, son expropiaciones concertadas con los dueños de los terrenos, que se han portado de primera, gente que tiene sus hoteles y en las partes de atrás, en los espaldares de la playa, tiene sus hoteles en 100 hectáreas y tienen 300, entonces el tren va a atrás y atraviesa el tren un kilómetro de su propiedad. Hay quienes no están cobrando, quienes están ayudando, porque es una obra muy importante para todos”, dijo en la conferencia del 19 de enero de 2022.

5 cambios en la ruta del Tren Maya:

Este no es el primer cambio que se realiza en la ruta del Tren. Con el más reciente se han anunciado al menos cinco, aunque el caso de la ruta 5 destaca porque en él ya se tenían varios meses de trabajo en la obra.

En junio de 2019, Fonatur anunció un “ajuste en el recorrido” para lograr ahorros, con lo que el Tren no iría directo de Valladolid, Yucatán, hacia Cancún, sino primero de Valladolid hacia Tulum.

Luego el 10 de marzo de 2020, el gobierno decidió volver al trazado original, con el recorrido de Valladolid a Cancún, debido al hallazgo de cenotes y vestigios arqueológicos.

En agosto de 2021, informaron que, por un lado, las vías ya no ingresarán al centro de la ciudad de San Francisco en Campeche y que “la estación será construída en la periferia, a las afueras de la mancha urbana”.

Además, en el mismo mes, indicaron que para “eficientar” el tiempo de construcción sería descartada la estación en la La Plancha, Yucatán, para moverla hacia la zona de Teya.

Con información de Samedi Aguirre

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/tren-maya-522-mdp-sedena-arboles/

Categorías
Region

Periodistas de Mexicali se solidarizan por asesinato de Margarito Martínez (Baja California)

Zeta Tijuana / Eduardo Villa.


Foto: Cristian Torres.

Una protesta simbólica y un posicionamiento fue realizado la mañana de este miércoles, en la explanada de los 3 Poderes, donde exigieron justicia por el artero crimen del compañero fotoperiodista.

Una muestra de solidaridad realizó el gremio periodístico de Mexicali, durante una manifestación que llevó a cabo la mañana de este miércoles 19 de enero, en la explanada de los 3 Poderes, en el Centro Cívico de Mexicali, frente a las instalaciones del edificio que alberga la oficina de despacho de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El fotoperiodista Margarito Martínez, conocido coloquialmente como “El 4-4”, fue asesinado la mañana de este lunes a las afueras de su vivienda, en la colonia Camino Verde de Tijuana, convirtiéndose en el periodista asesinado número 140 y el primero de la era de la joven mandataria morenista, quien externó su solidaridad con el gremio y su familia.

Como una muestra de apoyo a los compañeros de Tijuana y a su familia, integrantes del gremio periodístico de la Capital del Estado, se unieron a la exigencia de justicia para el compañero fotógrafo de colaboraba con varios medios de comunicación del Estado y corresponsalías nacionales e internacionales.

El grupo de compañeros se posicionó en el Centro de Gobierno y realizaron una serie de acciones como una medida de protesta, desde dejar sus cámaras y equipos como un mensaje de luto, como presentar un posicionamiento leído por el compañero Cristian Torres Cruz, fotógrafo de Semanario Zeta.

“Lamentamos el comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana que a las pocas horas estableció que el incidente pudiera tratarse de un problema personal entre vecinos sin una investigación previa”

Recordó que el “4-4” había solicitado la intervención del Mecanismo de Protección a Periodistas Defensores de Derechos Humanos, porque un pseudo comunicador lo había relacionado con supuestas páginas de redes sociales para apoyar a agrupaciones delictivas sin presentar una sola prueba, y cuyas afirmaciones han ido descartándose conforme pasa el tiempo.

En el comunicado leído por los compañeros se exigió una disculpa pública a la Secretaría de Seguridad de Tijuana por externar información sin sustento; a la Fiscalía General del Estado una respuesta inmediata y una investigación seria; y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que defina una estrategia para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

https://zetatijuana.com/2022/01/periodistas-de-mexicali-se-solidarizan-por-asesinato-de-margarito-martinez/

Categorías
Region

Sobrevive periodista a un ataque dentro de su casa en Yucatán

Rosa Santana / Proceso

MÉRIDA, YUC. (apro).- El periodista yucateco, Jaime Vargas Chablé, fue víctima de un intento de homicidio por un desconocido que la víspera irrumpió en su vivienda y lo atacó a puñaladas.

El comunicador, director del sitio web de noticias El Tizón y quien hace algunos años se desempeñó como reportero local y como coordinador del periódico Por Esto!, en Campeche y Cancún, fue agredido en su dormitorio donde convalece de una enfermedad.

Vargas Chablé, quien fue trasladado por rescatistas de la Secretaría de Seguridad Pública al hospital Juárez, donde quedó ingresado para ser atendido de sus lesiones, dio a conocer el hecho en sus redes sociales donde también denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a recibir la denuncia de su esposa, quien también fue agredida por el invasor.

Explicó que su atacante brincó las bardas del domicilio e irrumpió en su vivienda, ubicada en el sur de esta capital, donde sin importarle la presencia de otras personas llegó hasta la recámara donde él se encontraba y lo hirió en repetidas ocasiones con arma blanca.

El comunicador fue auxiliado por sus familiares y en su intento de huida el agresor atacó a esposa de Vargas Chablé.

El sujeto fue sometido por familiares y vecinos de la víctima quienes lo entregaron a la SSP. El comunicador fue trasladado en estado grave al nosocomio.

Por este caso la FGE abrió la carpeta de investigación 269/2022.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/1/19/sobrevive-periodista-un-ataque-dentro-de-su-casa-en-yucatan-279406.html

Categorías
Region

Dos periodistas asesinados en México en lo que va del 2022 (Baja California y Veracruz))

Avispa Midia / Sare Frabes.


En portada: Margarito Martínez, fotógrafo que también laboraba como fixer para fotoperiodistas y reporteros extranjeros en Tijuana. Octubre de 2019. Foto: John Gibbins/The San Diego Union-Tribune

No ha pasado ni un mes del año 2022 y en México ya se reportan dos periodistas asesinados.

El primer caso es el homicidio del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, quien falleció después de haber sido apuñalado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz. La segunda agresión se registró este lunes (17) con el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez quien recibió disparos en la puerta de su vivienda, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Solo en el año pasado, México reportó nueve periodistas asesinados, con lo cual el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocó a dicho país como el más mortífero del mundo para ejercer el periodismo.

Gamboa era fundador de una página de noticias semanales llamada El regional del Norte o Inforegio, mediante la cual divulgaba artículos noticiosos. Mediante esta plataforma y el uso de redes sociales, Gamboa compartió las supuestas conexiones entre el crimen organizado y élites políticas de Veracruz.

El grupo de prensa Reporteros sin Fronteras escribió que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado”.

Por su parte, el fotógrafo Margarito Martínez era conocido por cubrir escenarios de violencia en Tijuana. Trabajó para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018, se han registrado 48 periodistas asesinados en el país.

En una entrevista para medios internacionales, Jan-Albert Hoosten, integrante del CPJ, mencionó que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

De acuerdo a la CPJ, los asesinatos de periodistas en México desde 1992 alcanza una cifra de 138, mientras que la organización Artículo 19 contabiliza 145 agresiones desde el año 2000.

https://avispa.org/dos-periodistas-asesinados-en-mexico-en-lo-que-va-del-2022/

Categorías
Region

Feminicidios en Jalisco: Crímenes sin consecuencias

Imagen: Zona Docs

La violencia contra las mujeres es sistemática y estructural. Las múltiples violencias son visibles, y la intolerancia social e impunidad al agresor impiden ponerle freno. Cada año, en México, se registra un número alarmante de episodios de violencia contra las mujeres. En Jalisco, de 2012 a septiembre de 2021, se han cometido 433 feminicidios, de los cuáles solo se ha dictado un total de 54 sentencias condenatorias, lo cual hace evidente una tasa de impunidad del 90%.

El problema de que haya tan pocas personas sentenciadas por cometer este delito es que la Fiscalía del Estado de Jalisco no detiene a los presuntos responsables de cometer feminicidios, pues sólo detiene a 1 de cada 10. Los marcos legales existentes han demostrado ser insuficientes e ineficaces para la prevención, sanción y erradicación del feminicidio, generando un contexto de indemnidad, donde las mujeres tienen dificultades en su acceso a la justicia.

Este reportaje explica las razones de esta impunidad e indaga en todo aquello que impide garantizar justicia a todas las víctimas de feminicidio.

Andrea Orozco, Stacey Salas, Yaret Ramos, Miroslava Plascencia, Saúl Trigueros, Xitlalli Olivares, Ian López./ Zona Docs

“Son diez millones de salidas diferentes para ellos. Siempre hay una forma de evadir la responsabilidad. Es muy impresionante”, éstas fueron las palabras de Patricia Ortega, psicóloga y encargada de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), respecto a su experiencia con la impunidad en los casos por feminicidio.

En la definición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se señala como un posible elemento de la violencia feminicida, la existencia de impunidad.

La impunidad, de manera sencilla, es lo que se deja sin sanción. Ya sea porque no se reconoce como una conducta sancionable o porque, a pesar de ser reconocida como tal, ya sea en delito o de otra forma, no se investiga, ni se castiga.

La impunidad refuerza la violencia. Un Estado y una sociedad que busca erradicar la discriminación, la sanciona. En México, en los casos de violencia contra las mujeres, la impunidad es una característica constante que prácticamente lleva de la mano los actos de violencia prevenibles al extremo de atentar contra la vida y causar muertes. Así, señalar la impunidad en los casos de violencia contra las mujeres es central para evidenciar quién es responsable de esos actos, y dejar el prejuicio discriminatorio de responsabilizar a las mujeres de la violencia que sufren.

Jalisco está entre los estados con mayor impunidad en feminicidio, con un índice del 90%, posicionándose en el tercer lugar a nivel nacional. Se presenta un alto índice de arbitrariedad en las investigaciones por el delito de feminicidio realizadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, las cuales muestran graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género.

Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes. Esto queda evidenciado en que actualmente, hasta 2021, sólo hay 12 feminicidas cumpliendo sentencia en Jalisco.

De acuerdo con la solicitud de transparencia realizada FE/UT/6211/2021, la Fiscalía del Estado ha registrado que, desde 2012 a septiembre de este año, ha habido 433 víctimas por el delito tipificado como feminicidio y de este número solo existen 48 órdenes de aprehensión cumplidas en la Zona Metropolitana. Además, solo existen 45 sentencias condenatorias desde que se tipificó el delito en el Estado de Jalisco, lo cual equivale al 10% de las víctimas señaladas.

En contraste, en otra solicitud de transparencia realizada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, expediente 611/2021, se muestran un total de 54 sentencias condenatorias por el delito de feminicidio entre enero de 2012 a agosto del 2021.

Comparando el número de sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia en razón al número total de víctimas, se muestra que el 90% de las víctimas no han obtenido justicia, y sus crímenes permanecen impunes.

Esta persistente cadena de impunidad comienza con que únicamente 1 de cada 10 asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, junto a la incorrecta aplicación de protocolos en las indagatorias, la emisión de sentencias mínimas sin visión de género y en algunos casos, hasta la reclasificación de delito.

Alejandra Cartagena, abogada y activista feminista, señaló en la rueda de prensa de CLADEM (Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer),​ el pasado 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer, que solo entre el 14% y 20% de los casos de feminicidio son designados como tales, siendo que el 80% de los asesinatos de mujeres son feminicidios.

“El panorama es desolador. Nosotras hemos documentado durante muchos años qué hay una invisibilización de este tipo penal. La invisibilización de esta problemática no permite que se lleven a cabo las políticas públicas necesarias, no solo para atenderlas, sino para prevenirlas. Es obligación del estado, hay alertas de género, hay diagnósticos de qué se necesita y cómo, pero no hay voluntad política.”, comentó.

México, al carecer de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, presenta fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal.

Las cifras no reflejan la realidad

En septiembre de 2012 entró en vigor la tipificación del delito de feminicidio en Jalisco, y quedó establecido en el artículo 232- Bis del Código Penal del Estado, en éste se determina que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y concurra, además, alguna de las circunstancias previstas en el tipo penal.

En su elaboración, se incluye un elemento normativo adicional para la acreditación del feminicidio: las razones de género. Este último elemento queda a la interpretación de los operadores jurídicos. Los elementos subjetivos que pretenden explicar las razones de género presentan obstáculos, pues se tendrían que acreditar las relaciones de poder y subordinación, a través de la misoginia, el odio y la humillación.

El debate sobre el delito de feminicidio se ha centrado en las implicaciones de su tipificación para el sistema de justicia penal, en la importancia de visibilizar el asesinato de mujeres por razones de género y, sobre todo, ha puesto énfasis en la revictimización e invalidación de las mujeres dentro del sistema de justicia y en la responsabilidad del Estado por la impunidad de los crímenes.

Como resultado de esa visión de impunidad, no sólo hay una medición inexacta de la totalidad de violencias que afectan a las mujeres en México, sino que ese diagnóstico punitivo y parcial es el que dicta las políticas públicas pensadas para disminuir tanto la impunidad como la violencia contra las mujeres.

Alejandra Cartagena, abogada feminista, señaló que medir la impunidad sólo basándose en la ausencia de sanciones carece de perspectiva de género por dos razones: la primera es que para que el Estado imponga sanciones penales, es necesario activar el sistema de justicia; no obstante, las mujeres en México enfrentan obstáculos para denunciar violencia en su contra. Ni siquiera existe la posibilidad de activar dicho sistema.

Excluir del análisis los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres para siquiera acceder a la justicia penal invisibilizaría todas las agresiones que no son denunciadas.

La segunda razón es que, estudiar la impunidad con perspectiva de género, implicaría reconocer que algunas de las soluciones planteadas hasta ahora desde el ámbito penal para disminuir la impunidad contra las mujeres son problemáticas, ya que contamos con un sistema de justicia penal incapaz de ofrecer respuestas satisfactorias a las mujeres que acuden a él.

Guadalupe Ramos, abogada feminista y miembro del comité de CLADEM, explicó cómo las cifras que aparecen en el secretariado son incompletas, porque solamente se registran los casos de homicidio culposo y los feminicidios, pero no se hacen las consignaciones.

“Nosotras aseguramos que por lo menos el 80% de los asesinatos de mujeres son feminicidios, y solamente se están consignando como mucho el 20% de los casos. Esos 54 casos que aparecen no reflejan la realidad de los asesinatos en Jalisco. Si sumamos esos 54 casos de feminicidio con los casos de homicidio doloso, nos da 210 mujeres asesinadas en septiembre, y, aun así, faltan las consignaciones por parricidio, porque muchos de los casos de asesinatos a mujeres las consignan como parricidio. Las cifras no reflejan la realidad.”

Más que impunidad

Las autoridades estatales no llegan a inspeccionar correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia

“Un ejemplo que lo puede dejar muy claro es el de la académica de la Universidad de Guadalajara, Imelda Virgen. Nueve años tenemos sin tener una sentencia firme. No puede ser que tengamos tantos años donde la familia no puede cerrar ciclos frente a la falta de justicia”.

El caso de Imelda Virgen es de extrema importancia en la lucha contra los feminicidios. Es el primer caso en Jalisco que debió tipificarse como tal. Sucedió días antes de la tipificación del delito, y el alegato de las autoridades es que no se puede catalogar como tal.

La pelea de su familia es el reconocimiento de su asesinato como feminicidio. Si bien en Jalisco no existía la tipificación, los tratados internacionales ya existían. La reforma del articulo primero del año 2012 establecía que México daba la misma validez jurídica a la constitución que a los tratados internacionales, y aludiendo a estos, su caso debe ser tratado como feminicidio.

En su memoria, se inauguró la antimonumenta “Plaza Imelda Virgen” el 25 de noviembre de 2020.

Alejandra Cartagena solicitó que los magistrados hagan su trabajo y que juzguen con perspectiva de género. Señaló que en el caso de Imelda es evidente, en el expediente hay todas las pruebas necesarias que acrediten la responsabilidad plena de los diputados, no solo de los participantes en el feminicidio.

Hay otros casos en donde se pueden tener consignaciones y claramente identificados a los feminicidas; sin embargo, el poder judicial sigue sin juzgar con perspectiva de género, y sigue revictimizando a las mujeres.

Sandra García fue víctima de intento de femicidio en 2018, llevaba 31 años de estar casada y de sufrir agresiones en manos de su ahora expareja. Después de hacerse fuerte gracias al apoyo de sus cuatro hijos, decidió terminar con la relación y pedir el divorcio. Sin embargo, la expareja reaccionó de forma violenta y en represalia golpeó a Sandra con un martillo en nueve ocasiones, también la acuchilló en frente de su nieta y vecinos, quienes atestiguan el intento de feminicidio.

Sin embargo, la sentencia que recibió el agresor fue absolutoria, incluso con todas las pruebas. “Lo que dictó la jueza en ese momento fue que no había sido una cosa premeditada, que había sido un enojo del momento y que no había actuado con el fin de matarla, porque si la hubiera querido matar con un martillo la hubiera matado. Aun cuando la víctima reafirmó que no había habido una pelea antes, ni enojo ni nada”, señaló Patricia Ortega, quien acompañó a la víctima durante el proceso legal.

Esos fueron los alegatos de la jueza, quien no se conformó con las pruebas y liberó al agresor, “El día de la audiencia en la que nosotras pensamos que lo iban a declarar culpable, resulta que lo declara inocente y lo liberó en ese preciso momento.” Incluso después de la resolución, Sandra García recibía llamadas de teléfono por parte de su agresor, quien la amenazaba diciendo que la mataría a ella y a su nieta también, y que, si no lo hizo antes, esta vez sí lograría su cometido.

Patricia Ortega denunció que hubo dinero de por medio, y que por eso la jueza dictaminó una liberación inmediata.

“Todo el tiempo es lo mismo. Por lo general, las mujeres no siguen todo el proceso, pero ella siguió todo, hizo todo. Fue a todas las audiencias, presentó a los testigos, hizo todo el proceso para terminar en nada. Nos piden que denunciemos, pero no pasa nada”.

Otro caso que también evidencia la falla de la fiscalía en sentenciar al feminicida es el de Betsabé García, donde existe una sentencia mínima. Alejandra Cartagena indicó que no se toma en cuenta la continua violencia: “Ni siquiera toman en cuenta lo que dice el propio código penal, donde dicen que en caso de violencia contra las mujeres se le va a aumentar una cuarta parte más; de 25 años tendría que ser 30 o 35 años, y ni siquiera eso hacen ni los juzgados de primera instancia, ni el tribunal, ni las salas penales cumplen con esas obligaciones”. La invisibilización de la problemática continúa, y aunque se tengan esas sentencias, son sentencias que no saben más que impunidad.

Los casos expuestos son útiles para sustentar dos afirmaciones: la primera es que la impunidad se resalta en los casos de violencia que sufren las mujeres y los cuales, al momento de ser denunciados, se enfrentan a obstáculos para hacerlo. Las víctimas ni siquiera son percibidas por el sistema de justicia penal, lo cual imposibilita una medición integral y realista de la falta de acceso a la justicia para mujeres en México.

La segunda es que el derecho de acceso a la justicia no debe limitarse en exclusiva a la justicia penal, pues también implica que las mujeres cuenten con instituciones, protocolos y leyes eficaces que respeten, protejan y garanticen sus otros derecho

La década de los feminicidios

“A partir del 2010 inicia la década de feminicidios, se rebasó el centenar de mujeres asesinadas cada año. Los últimos 3 años se han caracterizado por ser más de 200”, señaló la Dra. Guadalupe Ramos. Explicó que, aun cuando se dice que toda muerte violenta de mujeres se investiga con el protocolo de feminicidio, no existe una verdadera perspectiva de género. “Lo hemos escuchado quienes acompañamos casos desde hace cuatro o 5 años, pero sigue pasando lo mismo. Sigo escuchando a peritos de los ministerios públicos, secretarios o jueces que criminalizan y victimizan a las mujeres”.

Además de las deficiencias en materia de investigación, también lo existe en los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de feminicidio. CLADEM ha constatado que ciertos patrones socioculturales influyen en las actuaciones de los funcionarios en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un número bajo de juicios y sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de delitos y a la prevalencia del problema.

La académica, Guadalupe Ramos ha reconocido la existencia de este problema cultural y su influencia en las actuaciones de los funcionarios judiciales, y ha señalado la obligación de los Estados de enfrentar este problema de forma adecuada. Estos patrones socioculturales afectan las actuaciones de los abogados, fiscales, jueces y funcionarios de la administración de la justicia en general, así como de la policía.

De las 54 sentencias condenatorias impuestas por el Supremo Tribunal de Justicia, entre el año 2012 y 2021, sólo se encontraron 13 sentencias públicas por el delito.

La sentencia investigada por el delito de feminicidio para este reportaje, con el número de toca 47/2021, es otra evidencia del patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de feminicidio.

La sentencia tuvo como resolutivo “Auto deformar libertad” el 23 de octubre de 2018, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial, con sede en Tonalá Jalisco, al no acreditarse la participación penal del inculpado en la comisión del delito de feminicidio.

La falta de consistencia y claridad para la resolución del delito pone en cuestión la capacidad de la fiscalía para probar el crimen cometido. Se señaló que el inculpado acosaba a la víctima, la llegó a jalonear, era abusivo verbal y patrimonialmente, además, le amenazaba con quitarle la custodia de la hija menor de edad.

Aun así, la Fiscalía no logró acreditar que el acusado fue quien, mediante un pago económico de un millón de pesos, contrató a alguien para que la asesinara. Se justificó la resolución con que no existían pruebas suficientes para justificar que el imputado fuera quien quisiera causarle la muerte, a través de otra persona.

En relación con los vacíos e irregularidades que afectan las investigaciones de casos de feminicidio, durante la investigación de la gran mayoría de estos casos no se recopilan pruebas fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos. Debido a la falta de pruebas físicas, científicas y psicológicas, los casos quedan estancados.

Alejandra Cartagena explicó que:

“La mayoría de los esfuerzos para recopilar evidencia probatoria de actos de violencia contra las mujeres se enfocan en la prueba física y testimonial, en detrimento de otros tipos de prueba que pueden ser cruciales para establecer los hechos, como la prueba psicológica y científica”.

La investigación de casos de feminicidio se ve afectada negativamente por una diversidad de factores. Se producen retrasos injustificados por parte de los encargados de efectuar la investigación debido a una percepción de estos casos como no prioritarios.

Igualmente, se presentan vacíos e irregularidades en las diligencias que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos. Por ejemplo, en la sentencia anteriormente presentada, se absolvió al enjuiciado por la presunta insuficiencia de pruebas para afirmar que actuó por razones de género contra la víctima, al momento en que indujo dolosamente a otro; y por los testimonios de la fiscalía, que no fueron debidamente probados en juicio.

Entonces es así cómo se verifican las siguientes deficiencias:

  • La no realización de pruebas claves para lograr la identificación de los responsables.
  • La gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son competentes e imparciales.
  • El énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial.
  • La escasa credibilidad conferida a los testimonios de las víctimas.
  • El trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran colaborar en la investigación de los hechos.

Jalisco es un estado donde el 90% de los casos quedan impunes. Sólo 1 de cada 10 mujeres obtienen justicia. La impunidad de estos casos perpetúa la aceptación social de la violencia contra las mujeres. Se ha normalizado el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de la justicia. Estas deficiencias se traducen en un número aún ínfimo de juicios y sentencias condenatorias que no corresponden a la prevalencia del problema.

Es obligación del Estado asumir la responsabilidad de aprehender al feminicida y de garantizar todos los derechos humanos de las mujeres. Se debe entablar una discusión objetiva sobre el marco normativo destinado a combatir y erradicar de forma inteligente y eficaz la violencia de género.

¿De qué sirve un sistema lleno de discursos, uno que promete la seguridad de las mujeres, si no se aborda el tema de la procuración e impartición de justicia desde una perspectiva de género? Si en realidad aspiramos a consolidar un Estado que imparta justicia para las mujeres, ¿no sería humano preguntarse hasta cuándo se seguirá cuestionando en México el derecho pleno de ellas a vivir una vida libre de violencia?

Los casos de Sandra, Imelda y Betsabé son sólo tres entre los cientos de casos de feminicidio impunes en Jalisco, y otros ni siquiera son considerados como tal, ya que las autoridades deciden invisibilizarlo como parricidio u homicidio.

En México, la violencia continúa, la revictimización continúa, la invisibilización de la violencia contra las mujeres continúa. La impunidad, en vez de ser la excepción, se convierte en la regla y los feminicidios en Jalisco, en crímenes sin consecuencias.

https://www.zonadocs.mx/2022/01/12/feminicidios-en-jalisco-crimenes-sin-consecuencias/

Categorías
Region

“Es importante romper el mito de Yucatán Seguro”: Académicos cuestionan el cargo de Saidén en la SSP, si tuvo orden de aprehensión por relación con hechos criminales en Cancún

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- Durante la presentación del informe “La paz como mito: el insostenible modelo de Seguridad Pública en Yucatán”, académicos reunidos cuestionaron el porqué Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública (SSP) en Yucatán ocupa dicho cargo desde 2007, si mientras estaba al frente de la dirección de la Policía Municipal de Benito Juárez hubo una orden de aprehensión que se emitió de parte de un Juez Federal por presuntos delitos derivados de la delincuencia organizada.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) organizó el evento en el que Jorge Fernández Mendiburu, integrante de la asociación Indignación, expuso que habría que cuestionar sobre la permanencia de Saidén Ojeda al frente de la SSP en todos estos años.

“Ha estado en tres administraciones seguidas y eso nos hace preguntarnos cuáles son las causas para que una persona esté con administraciones de distintos partidos y se mantenga como secretario de la Policía Estatal. La FGE debería investigar a profundidad, ya que se sugiere que esta situación tiene como origen que hay un control sobre la plaza”, indicó.

Hay que mencionar que la orden de aprehensión de la que hizo mención se remite a 2004, cuando Saidén Ojeda estuvo involucrado en el denominado ‘Caso Cancún’, sostenido con el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04.

En dicho expediente se le dio seguimiento a 13 narcoejecuciones, donde tres de las víctimas fueron elementos de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y Saidén Ojeda fue procesado por delitos contra la salud y delincuencia organizada, como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas.

Sin embargo, la orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Mérida.

Esta situación lleva a los académicos y expertos en defensa de derechos humanos a cuestionar el por qué ocupa este cargo.

Además, también expusieron que Yucatán es un estado que se caracteriza por tener altos índices de seguridad, pero a cambio de un importante costo como violación a derechos humanos y surgimiento de casos de tortura durante las detenciones.

“Es importante romper el mito de ‘Yucatán Seguro’. Hay una violación sistemática a los derechos humanos y que se han generado por el actuar policiaco”, añadió Fernández Mendiburu.

Para sostener esta opinión, también dijo que la prueba es que Yucatán es uno de los estados donde hay mayor violencia de género y crímenes de odio a nivel nacional y sobre todo, con un alta cifra negra.

Para desmitificar la consideración de un ‘Yucatán Seguro’, Jorge Fernández dijo que por ejemplo, Kanasín ha sido colocado entre los primeros lugares entre los municipios con mayor índice de criminalidad, lo que deja ver que la perspectiva de la Seguridad Pública en Yucatán es clasista.

“Los grupos sociales más afectados en el estado, pertenecen a clases sociales medias o bajas, es decir, las cifras de criminalidad son más altas en entornos sociales invisibilizados por la sociedad”, comentó.

En este sentido, mencionó que la cifra negra de delitos existe porque diversos casos no son denunciados ante la desconfianza hacia autoridades y también por la discriminación que atraviesan las personas durante los procesos.

Durante la discusión de diversas variables en torno a la seguridad en el estado, se puso en la mesa el caso de José Eduardo, el cual ha permitido destapar y visibilizar una situación sistémica de violaciones a derechos humanos, en este caso, cometido por elementos policiacos.

A manera de ejemplo, recordó que de enero de 2018 a junio de 2021 fueron presentadas 965 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de tortura.

“La Codhey no cataloga claramente los casos de tortura y esta debilidad institucional coadyuva a que persista la situación de impunidad en los casos de tortura que han sido documentados. Sin duda, hay una grave situación de violación de derechos humanos, por ejemplo, en los últimos cuatro años, han muerto 15 personas en un contexto de cárceles municipales”, agregó.

A pesar de que el crecimiento de la población es desmedido actualmente y sí es una de las razones por las cuales aumenta la situación delictiva, los activistas indicaron que no es el único motivo.

El profesor investigador Sergio Aguayo Quezada, también miembro del Colegio México, dijo que actualmente hay un deterioro de la seguridad en la Península de Yucatán y sobre todo, Quintana Roo es un espejo negativo hacia donde no debe ir la entidad.

De igual forma, Raúl Benítez Manaut, presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, mencionó que en Yucatán hay seguridad, pero al costo de que las vidas de personas de diversos sectores sociales corran riesgo, por lo que hay que desmitificar que es un ejemplo de paz, tal como incluso lo ha celebrado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

https://noticaribe.com.mx/2022/01/11/es-importante-romper-el-mito-de-yucatan-seguro-academicos-cuestionan-el-cargo-de-saiden-en-la-ssp-si-tuvo-orden-de-aprehension-por-relacion-con-hechos-criminales-en-cancun/

Categorías
Region

“No nos dan solución… nos hacen sentir personas insignificantes”: Trabajadores del hotel Princess realizan paro de labores en Playa del Carmen por descuentos por alimentos y malos tratos (Quintana Roo)

Agencia SIM / Noticaribe

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Un paro de labores realizaron trabajadores del hotel Princess en Playa del Carmen, como protesta por los malos tratos, los problemas con el servicio de transporte y el descuento por alimentos.

Los sindicalizados de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) denunciaron que la empresa Lipu, que ofrece el servicio de transporte de personal, ha tenido por lo menos dos incidentes en los que los empleados han resultado con lesiones, pero ni la compañía ni el centro de hospedaje se han hecho responsables.

Uno de los quejosos, identificado como Jorge, quien labora en el hotel Platinum Yucatán Princess, contó que hace 15 días sufrió una fractura de nariz por un percance provocado por el chofer de Lipu.

“Estaba viniendo del poblado de Muyil, el chofer se ‘voló’ el paso peatonal y me golpeé con el portaequipaje. Al llegar a Playa del Carmen, me dijeron que Lipu se haría cargo de todo, pero ni la empresa ni el hotel han mostrado interés”, recordó.

Manifestó su inconformidad por el trato que reciben por parte de recursos humanos de Princess.

“No nos dan una solución. Nos hacen sentir unas personas insignificantes”, acusó.

Mencionó que otro compañero sufrió un caso similar, pero él se lastimó la parte de la ceja.

Reclamó que los operadores manejan de manera imprudente y ponen en riesgo a los trabajadores.

Se manifestaron también por el descuento de 700 pesos al mes que les aplican por el tema de los alimentos.

Comentaron que la alimentación debe ser gratuita y digna, como lo señala el contrato colectivo. (AGENCIA SIM)

https://noticaribe.com.mx/2022/01/12/no-nos-dan-una-solucion-nos-hacen-sentir-personas-insignificantes-trabajadores-del-hotel-princess-realizan-paro-de-labores-en-playa-del-carmen-por-descuentos-por-alimentos-y-malos-tratos/

Categorías
Region

50 trabajadores del Tren Maya realizan paro contra Grupo Carso en Campeche

Joaquín Guevara / PorEsto!

Los trabajos de chapeo del Tren Maya del Tramo 2 Escárcega-Calkiní en la comunidad de Miguel Colorado, Champotón, continuarán suspendidos hasta que las autoridades del grupo Carso obliguen a las compañías subcontratadas ENVIR, IMRCE e IPSA a que respeten el aumento de salario del 20 por ciento de los 50 trabajadores encargados de la limpieza del segmento y que cuenten con medidas de seguridad y médicas, dijeron José Guadalupe Inurreta Escalante, secretario general de la Confederación Nacional Campesina (CTM) y coordinador del Sindicato Nacional “Belisario Domínguez”, y José Sánchez Peraza, delegado del Tren Maya.

Inurreta Escalante recordó que desde el sábado a mediodía, los trabajadores del tramo que corresponde al ejido Miguel Colorado suspendieron labores por la problemática que tienen con las empresas que les pagan los trabajos de limpieza sobre la vía no les dan ningún tipo de seguridad; tampoco les quieren dar el aumento salarial que por ley se designó a inicios de enero sobre el sueldo de cada chapeador con machete en mil 500 pesos y el que trabaja con motosierra en dos 200.

Al entablar hace días una plática con los ingenieros encargados de la obra, no quisieron dar el aumento; además, hay muchas anomalías como que no existen puntos de hidratación y tampoco un médico con ellos, para asistirlos en caso un accidente. Carso tiene personal médico, pero lo centra en el punto de reunión, haciendo otras tareas contrarias.

“Los compañeros de chapeo están a cinco o nueve kilómetros sobre la vía y requieren contar con puntos de hidratación y ayuda médico; también existe un acuerdo para que cualquier empresa que llegue a trabajar a Miguel Colorado, 5 de Febrero y Pixoyal tiene que darle trabajo a la población.

El día sábado, por acuerdo de asamblea en el ejido, se suspendieron los trabajos de la obra debido a que las empresas hicieron arreglos con el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), y al parecer tuvieron una respuesta del Gobierno Federal.

Mencionó Inurreta Escalante que hoy, a las 11:00 horas, en las oficinas de la CTM estatal tienen una reunión con el líder Wilfred Hernández Chérrez y con los empresarios involucrados en este conflicto, porque no van a permitir que Carso contrate empresas que pagan salarios de hambre; tienen que dar lo justo porque se está haciendo un buen trabajo y está demostrado, estimó.

“Es gente de campo, sabe su trabajo; no son improvisados y no se permitirá que vengan y les quieran poner un pie en la cabeza y los sometan; no puede seguir soportando esta situación. Otro problema es que la empresa ENVIR dice que Carso no le ha dado un contrato, ¿entonces qué hace en el área? Es un fraude lo que están haciendo con los compañeros de Miguel Colorado y otras regiones del Estado, afirmó.

Aseveró que el plantón durará hasta que se sienten los representantes de las empresas a dialogar con los afectados y les pague conforme a lo establecido legalmente, y que los dote de equipo de seguridad. Como ejemplo, ENVIR les cobró las botas a los compañeros en 600 pesos, cuando en el contrato colectivo firmado con Carso se estipula que las empresas tienen la obligación de darles todo el equipo necesario.

Terminó diciendo que están piensan detener los trabajos en el Subtramo 2 de Pixoyal a Carrillo Puerto, porque existen quejas de los compañeros que un sobrestante, de apellido Pasquet, los insulta y humilla y no pueden permitir estas acciones; también van contra el jefe de seguridad

Enrique Barrón porque denuncian que no sirve para el puesto por ineficiente y por obligar a pagar los daños a los vehículos cuando estos tienen seguro contra accidentes

Por su parte, Sánchez Peraza mencionó que no se va a permitir que se les falte el respeto con groserías y menor aceptar un sueldo muy bajo. Se está pidiendo cumplir la ley y esto les molesta, cuando están en la mejor disposición de trabajar siempre y cuando se les respete el aumento del 20 por ciento.

Por eso no se los va a dejar solos y los apoyarán con la ley en la mano y se levantará el plantón hasta que se logre un diálogo con las autoridades.

https://www.poresto.net/tren-maya/2022/1/10/50-trabajadores-del-tren-maya-realizan-paro-contra-grupo-carso-en-campeche-309209.html