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Comunidad rarámuri exige el reconocimiento de su territorio ancestral (Chihuahua)

Pie de Página/Texto y fotos: Isabel Briseño

En Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de la comunidad rarámuri de Bosque de San Elías Repechique demandaron el reconocimiento de su territorio por parte del Estado mexicano y el cese a proyectos extractivistas

 

Habitantes de la comunidad indígena de Bosque de San Elías Repechique, municipio de Boycona Chihuahua, demandaron en Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Estado mexicano reconozca su derecho al territorio ancestral.

Este lunes 14 de diciembre, tres habitantes de la sierra tarahumara intentaron entrar a la conferencia presidencial, pese a que no pudieron ingresar repartieron dos oficios con sus exigencias para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incorpore a Bosques de San Elías Repechique al programa Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural y dé respuesta a la comunidad Mala Noche respecto a una solicitud de terrenos nacionales realizada hace 10 años, ambas son comunidades indígenas ubicadas en la sierra Tarahumara de Chihuahua, que comparten la falta de reconocimiento por parte del Estado a su derecho al territorio ancestral.

Un largo camino de lucha

Autoridades e instituciones públicas han expedido títulos de propiedad a personas ajenas a la comunidad, lo cual ha derivado en conflictos sociales entre los habitantes de San Elías y particulares que se ostentan como dueños del territorio, lo que ha generado ingobernabilidad en esta zona de Chihuahua.

En 2006 llevaron a cabo un juicio en el tribunal agrario número 45 en Chihuahua, donde solicitaron la nulidad de los contratos de compraventa y decreto expropiatorio, el reconocimiento del territorio, la suspensión de los permisos forestales y la titulación; sin embargo, obtuvieron una respuesta omisa.

En 2015 la comunidad exigió el derecho a la consulta sobre la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre Creel, mediante un amparo; el juzgado octavo de distrito en la ciudad reconoció la existencia de la comunidad y determinó que la comunidad tiene personalidad jurídica para exigir el derecho a la consulta previa, libre e informada y ordenó al gobierno de Chihuahua la reparación del daño material a la comunidad.

Reparación del daño pendiente

Una parte del dinero que recibió la comunidad de San Elías-Repeche por parte del gobierno para la reparación del daño, se decidió usar para echar a andar un taller de costura, proyecto encabezado por mujeres, construido en el predio Pino Gordo para coser trajes tradicionales para venderlos.

Teresa González cuenta que el día 13 de agosto policías estatales intentaron detenerla, argumentando que ese predio tenía dueño y que estaban invadiendo la propiedad, por lo que los policías pusieron sellos de clausura al taller y, sin llevar documentación o dar motivo, se llevaron alrededor de 50 personas entre niños, niñas, mujeres, adultos mayores y hombres para detenerlos. A todos se los llevaron caminando durante dos horas por el sendero rumbo a Creel donde se encuentra la oficina del ministerio público, pero poco antes de llegar, los policías se retiraron. Los rarámuri continuaron hasta llegar a la oficina y ahí pidieron explicación de los hechos, pero no obtuvieron respuesta. Hasta hoy el taller sigue clausurado.

La exigencia

Como integrantes del pueblo originario y en representación de la Comunidad Bosque de San Elías Repechique, Teresa González, Luis Javier Pérez Enríquez y Víctor González Nuñez exigen al gobierno federal el reconocimiento de su territorio, la restitución de las tierras, el derecho al trabajo (la autonomía, autodeterminación, autoadscripción y autogestión), así como un alto al acoso y represión de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

“Hemos tenido varios problemas como la tala clandestina, la contaminación de nuestro pozo, incluso ya no nos sentimos libres de practicar nuestras ceremonias pues nos sentimos vigilados por personas ajenas a la comunidad; también han implementado otros proyectos sin consulta como el gasoducto y proyectos turísticos que afectan nuestro territorio”, dice Teresa González.

Las comunidades originarias, agrega Víctor González, no han sido tomadas en cuenta e históricamente han estado en la vulnerabilidad porque no se respeta su autonomía, su cultura y se les niega el derecho al trabajo.

“Nos han dicho que somos huéspedes que no valemos, que tarde o temprano nos van a correr de nuestro territorio, pero seguimos luchando por el reconocimiento de manera pacífica”, finaliza Víctor González

Comunidad rarámuri exige el reconocimiento de su territorio ancestral

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Represión a la comunidad Otomí en la Ciudad de México (Videos)

Imagen tomada de la red.

Colectivo Grieta

Hoy, 17 de diciembre del 2020 por la mañana, la policía de la Ciudad de México detuvo, con abuso de fuerza, a integrantes de la comunidad Otomí, entre ellos al Concejal del CNI-CIG Filiberto Margarito, también fue detenido el asesor de la comunidad Otomí Diego García y otros 6 compañeros. La represión se llevó a cabo durante la entrega de un predio para la demolición en la calle Juan Escutia de la Alcaldía Benito Juárez. No se les indicó las razones de su detención ni se les informó acerca de sus derechos. Hasta este momento se trata de una detención ilegal e injustificada.

Seis compañeros fueron trasladados a BJ3, cercana a Parque Delta. Y dos de ellos (Álvaro Margarito e Israel Flores) cerca de la delegación Benito Juárez.

 

https://web.facebook.com/DiegoGarcia.uprez.benitojuarez/videos/5415754361783876?_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/watch/live/?v=882904869183204&ref=watch_permalink

https://web.facebook.com/142987045749329/posts/3556657211048945/?_rdc=1&_rdr

 

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Comunidad Muxe del Istmo exige justicia por transfeminicidio de Giovanna y Shyrley (Oaxaca)

Noticias / Gerardo Valdivieso Parada.

JUCHITÁN, Oaxaca.- Varias muxe’s trans de esta ciudad lamentaron el asesinato de su compañera trans Giovana Ángulo Ramos, originaria de Santiago Etla -en la región de Valles Centrales-, quien fue encontrada al fondo de un barranco el pasado 30 de noviembre víctima de un crimen de odio, y se unieron al reclamo de justicia de la comunidad de la diversidad en todo el estado.

La organización de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro A.C dio a conocer su posición ante este crimen en una publicación en redes sociales dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez.

En él, sus integrantes expresaron su “más enérgica y sentida exigencia de justicia y castigo para el responsable del transfeminicidio cometido en agravio de nuestra compañera trans Giovana Ángulo Ramos de 27 años de edad y el reciente caso también de Shyrley Scarleth Villarreal que representó otro crimen de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual”.

Las muxe’s resaltaron que en ambos casos fueron asesinadas con saña “con ese odio por el simple hecho de representar a este sector diferente que siempre está reclamando respeto”, expresaron las intrépidas a través de su presidenta Felina Santiago Valdivieso.

Revelaron que ante éste reciente asesinato les indigna como sector muxe’ porque el caso de Giovana se podía convertir “en una cifra más de estos crímenes de odio, igual que tantas otras como el de nuestra lídereza Óscar Cazorla, que a dos años su crimen sigue impune”.

Recordaron que los crímenes se acumulan en los archivos con el sello de la impunidad: “podríamos nombrar a tantas y hacer interminable el listado, pero ya no queremos más engaños, más mentiras. Queremos justicia para nuestras muertas que al igual que cualquier otro ser humano valen y merecen respeto y justicia”.

Las Intrépidas que en su vela coincidían con sus amigas trans de todo el estado que celebraban la diversidad y la libertad en esos días de festividad demandaron que paren los ataques y crímenes por la homofobia y la transfobia.

https://www.nvinoticias.com/nota/168696/comunidad-muxe-del-istmo-exigen-justicia-por-transfeminicidio-de-giovanna-y-shyrley

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Comunidad Otomí mantiene ocupación del INPI y muestran documentos oficiales que prueban compromisos no cumplidos.

Fachada del INPI ocupado. Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta

El día de ayer, domingo 25 de octubre de 2020, escuchamos las palabras de algunas compañeras y compañeros de la comunidad Otomí que mantienen ocupadas las instalaciones del INPI. La entrada del INPI luce distinta, está tapizada con carteles, banderas y mantas que recuerdan que el México de abajo sigue su lucha a pesar de los malos gobiernos que ocupan las sillas de poder.

Hicieron la crónica de los acontecimientos. Dijeron que no ha habido reunión ni con Adelfo Regino, titular del Instituto, ni con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Platicaron cómo Adelfo Regino publicó un comunicado el 15 de octubre a través de redes sociales, dando por sentado que esa era la vía de comunicación adecuada para atender las justas demandas hechas por la comunidad.

Señalaron cómo el primer acercamiento que tuvieron con la gente de INPI no fue para que les preguntaran qué querían, cómo estaban, ni cuáles eran sus demandas: llegaron a preguntar por el equipo de cómputo y el estado de las instalaciones. Lo importante para ellos es el edificio y las computadoras. No llegaron con interés de abrir un canal de diálogo. Más bien llegaron con mentiras y engaños. Les dijeron que el edificio se sanitizaba automáticamente todos los días. Que había un sistema que echaba químicos sanitizantes que eran muy peligrosos para la salud y que eso sucedía de forma automática todos los días a las 11 de la noche. Que se tenían que salir a esa hora para que no les pasara nada, que si se salían, ellos podrían entrar a desconectar el sistema de sanitización automático. Era mentira. Los compañeros otomís dijeron que no se saldrían, y que si la gente del INPI se preocupaba por su salud, que resolvieran sus demandas. Pasaron las once de la noche y no sucedió nada en el edificio. No hubo químicos sanitizantes ni nada.

Contaron cómo 3 ó 4 días después de la publicación que hizo Adelfo Regino en redes, se presentaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) incluyendo a Nashieli Ramirez (presidenta de la Comisión), a platicar y a decir que están dispuestos a escuchar, y que van a trabajar como mediadores en las mesas de diálogo. Los compañeros otomíes lanzaron la pregunta ¿quién los nombró mediadores y por qué no los consultaron a ellos para nombrar a los mediadores?

Comentaron que mientras Adelfo Regino no se presenta y da respuesta por redes, y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se autonombra mediadora en mesas de diálogo que no existen todavía, Claudia Sheinbaum no se digna a tomarlos en cuenta. Señalaron que la única respuesta que les ha dado es enviarles policía federal que rodea el edificio en actitud intimidante. Criticaron que la política de la jefa de gobierno sea hacer oídos sordos frente a las demandas de los pueblos.

Sobre éstas, explicaron que Adelfo Regino lo reduce todo a un tema de vivienda, pero las demandas no son sólo vivienda. Exigen salud, educación, y un lugar para poder vender. Contaron cómo ni siquiera los dejan vender en la calle.

Fachada INPI. Foto: Colectivo Grieta

Filiberto Margarito, concejal de la comunidad Otomí en la ciudad de la México, afirmó que ellos no quieren que se les diga únicamente que ya tienen solución, ya que eso lo han hecho durante mucho tiempo. Ya hace años les prometieron la expropiación del predio de la calle Zacatecas, y no se los han cumplido; también recordó la precaria situación en la que se encuentran los compañeros y compañeras otomís del predio de Roma 18: tienen 3 años en la calle. Además denunció la campaña de desprestigio que realizan los medios de paga por ejemplo ahí, cerca del edificio de Roma 18. Si alguien roba un Oxxo, dicen los medios que fueron los otomiís, les echan la culpa de todo e inventan mentiras para desprestigiarlos. Además señaló que los medios de paga no han ido y no dicen qué es lo que está pasando con la toma del INPI.

Una compañera otomí, criticó que Adelfo Regino no vaya a dar la cara a la toma del INPI, al tiempo que levanta una campaña en medios de comunicación de paga, pidiendo, pueblo por pueblo, que le manden firmas de apoyo y en contra de la ocupación.

Criticó también que el gobierno no muestra ningún interés en resolver las demandas de la comunidad otomí en torno a los espacios para venta y comercio. Criticó que a los hijos de López Obrador les concedieron un espacio inmediatamente, mientras que a los pueblos originarios no les hacen caso nunca. Afirmó que ellas no se van a mover del INPI hasta que les resuelvan sus demandas.

Fachada del INPI. Foto: Colectivo Grieta

Otra compañera nos contó cómo otra de sus demandas es derecho a la salud. Narró cómo en enero de este año, antes de que se desatara la pandemia debida al COVID-19, su hermano tuvo un problema fuerte de salud, y fue un verdadero suplicio conseguir que los atendieran. Fueron al Hospital General, en donde no los querían atender. Los trataron con desprecio y les dijeron que el seguro popular ya no les servía; les exigieron comprobante de domicilio, lo cual, evidentemente no tienen (ese es uno de los motivos por los cuales están ocupando las instalaciones del INPI). Finalmente les exigieron pago, juntaron dinero y pagaron; les perdieron el talón de pago y les exigieron pagar de nuevo, tuvieron que volver a pagar $800. Dinero que no tenían y que tuvieron que juntar entre muchos. Además, el trato que les dieron fue terrible: tuvieron a su hermano una noche y un día entero esperando, con mucho dolor, cuando finalmente lo atendieron, la doctora en turno le dijo: “¿de verdad estás enfermo o nomás te estás haciendo?”. El tratamiento además no fue adecuado: le pusieron un suero que le hinchó mucho la mano, no la podía mover y tenía mucho dolor. La compañera cuenta esto profundamente molesta, con lágrimas de rabia en los ojos. Una de las demandas es acceso a la salud.

Los y las compañeras otomís quisieron que se hiciera pública una copia original del documento oficial del decreto de utilidad pública del predio de Zacatecas no. 74, publicado desde el 12 de septiembre del 2018, y que la administración actual ha desconocido. El documento completo se puede consultar a continuación:

decreto de utilidad pública_compressed

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Desplazamiento forzado en la Tarahumara: obligados a dejar su comunidad y su bosque (Chihuahua)

En el estado de Chihuahua, al norte de México, la expansión de los grupos dedicados a la producción de drogas ha provocado el desplazamiento forzado de, por lo menos, 400 personas.
Foto: Thelma Gómez Durán.
Por: Patricia Mayorga (Mongabay)

En la Sierra Tarahumara, el pinole es un alimento vital. Es tanto el aprecio que se le tiene a esta harina elaborada con maíz que las mujeres indígenas la utilizan para “alimentar” a los aguajes: la esparcen en los lugares donde hay agua, para que no dejen de dar vida a las comunidades. Con el pinole también “alimentan” a los pinos, porque ellos traen el agua. Este ritual dejó de hacerse en los poblados donde sus habitantes fueron obligados a dejar sus ríos, sus bosques y sus tierras.

Desde 2017, por lo menos 410 personas fueron forzadas a desplazarse de sus comunidades en la Sierra Tarahumara —la cadena montañosa y área forestal que se extiende a lo largo de Chihuahua, al norte de México—, de acuerdo con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

Tan solo en 2019, alrededor de 100 familias (300 personas) fueron obligadas a desplazarse de tres comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, de acuerdo con el informe Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México 2019, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Testimonios de personas desplazadas, así como lo documentado por organizaciones no gubernamentales y dependencias estatales, señalan que el principal detonante del desplazamiento forzado en la región es el control del territorio por parte de los grupos que se dedican al tráfico de drogas; los cuales, además, han diversificado sus actividades y ahora también manejan la tala ilegal.

En el informe elaborado por la CMDPDH, y publicado en agosto de 2020, se señala que “los desplazamientos de comunidades indígenas, ocasionados por disputas territoriales entre grupos delictivos, suelen ser comunes en la región serrana de Chihuahua, debido a que se trata de una zona de siembra de amapola y es parte de la región conocida como el Triángulo Dorado (ubicada entre los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa), caracterizada por la presencia de grupos ligados al narcotráfico”.

Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos en Chihuahua —entre ellas Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)— han documentado que el desplazamiento forzado en la Tarahumara comenzó a ser más evidente a partir de 2011.

La CEAVE tiene registrados casos de desplazamiento forzado en 56 comunidades de municipios como Guadalupe y Calvo, Uruachi, Balleza, Saucillo, Delicias y Guachochi. A ese mapa se suman los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna, de acuerdo con lo documentado por organizaciones no gubernamentales.

Dejar la comunidad y el bosque

Desde hace poco más de cinco años, Cruz Sánchez Lagarda, indígena rarámuri, conoce lo que es el desplazamiento forzado. Su familia y otras más tuvieron que dejar El Manzano, en el municipio de Uruachi, al oeste de Chihuahua.

En entrevista, desde la ciudad donde está refugiado con su familia, Cruz Sánchez cuenta que el desplazamiento de los habitantes del Manzano comenzó a gestarse desde principios de 2015, cuando miembros de uno de los carteles de narcotráfico amenazaron a jóvenes de la comunidad que se negaban a ser reclutados por ese grupo. En febrero de ese año, uno de los hijos de Cruz Sánchez fue asesinado.

Un mes después, alrededor de 50 hombres armados y con el rostro cubierto irrumpieron en El Manzano, comunidad que forma parte del ejido Rogoroyvo. Los habitantes se defendieron y se dio un enfrentamiento que duró alrededor de siete horas. Los miembros del cartel advirtieron que regresarían. Fue por eso que alrededor de 36 personas, entre ellas la familia de Cruz Sánchez, fueron la primeras en dejar El Manzano.

Las amenazas contra la comunidad no cesaron. Por lo que, durante 2016 otras familias salieron del poblado.

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Las personas desplazadas del Manzano dejaron sus casas, sus cultivos, su ganado y su bosque comunitario. Aquellos que, como Cruz Sánchez Lagarda, son ejidatarios de Rogoroyvo también dejaron vacío su lugar en las asambleas ejidales.

Sánchez Lagarda fue comisariado ejidal de Rogoroyvo de 1999 a 2000. Durante ese tiempo, una de las acciones que realizaron los integrantes del comisariado fue impulsar el aprovechamiento forestal en su territorio colectivo.

Entérate: México, entre los 5 países de América Latina que perdieron la mayor cantidad de bosques primarios en 2019

El indígena rarámuri recuerda que, además de contar con un plan de manejo forestal, se impulsó la compra de un aserradero para dar valor agregado a la madera que producía la comunidad.

“Producíamos madera y la vendíamos a empresas de Parral y Delicias… Todos ganábamos”, cuenta Cruz Sánchez. El dinero que se obtenía por la venta de la madera se distribuía entre los ejidatarios. A la par, cada uno tenía su parcela donde sembraba principalmente maíz y otros productos, según la temporada.

Los ejidatarios tuvieron diferencias por cambio de sus autoridades; aun así, el trabajo forestal siguió adelante. Entre 2010 y 2011, decidieron adquirir un nuevo aserradero, a través de un programa del gobierno estatal que les permitía pagar la mitad del costo.

Sin embargo, apunta Cruz Sánchez, fue durante esos años que la situación comenzó a descomponerse en la región. La violencia, los asesinatos y las amenazas se incrementaron.

El proyecto forestal que tenía la comunidad El Manzano se paralizó hace poco más de tres años. De los 445 ejidatarios de Rogoroyvo solo quedaron alrededor de 300. La mayoría dejó la comunidad por la violencia y otros más por la falta de trabajo.

El territorio comunitario comenzó a resentir los nuevos tiempos: “Empezaron a derribar pinos para sembrar amapola (flor de la cual se extrae el látex con el que se produce la goma de opio)… Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta Cruz Sánchez.

El desplazamiento forzado no solo golpea la vida de las comunidades y de las personas. Su onda expansiva también la resienten los bosques.

Cuando una comunidad que ha realizado manejo forestal se ve obligada a dejar su territorio, “no hay quien cuide en forma ordenada el bosque”, resalta Federico Mancera-Valencia, investigador del Centro de Investigación y Docencia (CID), que depende de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

Para tener un bosque sano, explica el investigador, es necesario realizar diversos trabajos, entre ellos la poda de los árboles. Si no tienen ese cuidado, los bosques están expuestos y más vulnerables a incendios y plagas.

En Uruachi, el municipio donde se encuentra el ejido de Rocoroyvo, desde hace cinco años no se realiza aprovechamiento forestal; por lo tanto, tampoco se ha reforestado en los bosques de la zona, de acuerdo con Refugio Luna García, director forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua.

Lo mismo sucede en los municipios de Guazapares y Urique, donde comunidades completas —de indígenas y mestizos—, han huido porque les han arrebatado sus tierras, como lo han documentado organizaciones como el Cedehm y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C (Cosyddhac).https://www.animalpolitico.com/2020/10/desplazamiento-forzado-tarahumara-obligados-a-dejar-su-comunidad-bosque/

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Comunidad indígena de Oaxaca demanda al gigante energético Electricité de France (Oaxaca)

Proceso / Pedro Matías.

La inconformidad de la comunidad zapoteca, por un proyecto eólico de Electricité De France. Foto: Especial.

OAXACA, Oax. (apro).- La comunidad indígena de Unión Hidalgo presentó una demanda civil ante la Corte de Paris, Francia, en contra del gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende imponer el parque eólico Gunaa Sicarú en ese territorio zapoteco sin su consentimiento, situación que viola sus derechos humanos.

La demanda que es acompañada por las organizaciones Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos.

Según la ley francesa, desde 2017 establece el deber de vigilancia y cumplimiento a derechos humanos, misma que se retomó para evitar que se sigan cometiendo mayores violaciones en contra de esta comunidad indígena asentada en el Istmo de Tehuantepec, en estado de Oaxaca.
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Resaltaron que esta demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por una comunidad indígena, la cual tuvo que acudir a instancias extranjeras ante la falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.

La defensora de derechos humanos de Unión Hidalgo, Rosalva Martínez, manifestó que “este es un llamado claro para que EDF termine sus abusos, cambie su mal comportamiento y deje de buscar imponer a toda costa su proyecto. El que un parque eólico se desarrolle violando los derechos humanos no es justo ni en México ni en Francia ni en ninguna parte del mundo”.

A su vez, Alejandra Ancheita, de ProDESC, y Miriam Saage-Maaß, de ECCHR, resaltaron que “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad. Pero EDF también es responsable y tiene incluso una mayor responsabilidad en contextos de violaciones sistemáticas como México”.

“Hasta ahora, nadie le había exigido rendición de cuentas por sus actuaciones; la demanda presentada constituye una gran oportunidad para ello. Es tiempo de que EDF cumpla”, puntualizaron.

La demanda es apoyada públicamente por diversas organizaciones francesas, europeas e internacionales, tales como CCFD-Terre Solidaire, Sherpa, Les Amis de la Terre France, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, SOMO, OECD Watch y Fair, Global and Green Alliance (FGG).

Estos organismos de derechos humanos en México y a nivel internacional se han pronunciado en torno a la situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo, por su labor de defensa relacionada con el proyecto de EDF, requiriendo acciones inmediatas de las autoridades y la empresa.

Cabe mencionar que ProDESC acompaña desde 2011 el proceso de defensa de la comunidad de Unión Hidalgo y l ECCHR ha colaborado desde 2018 en el proceso de litigio transnacional.

Insistieron en que EDF sería responsable por contribuir a violaciones serias a los derechos de la comunidad, al fallar en la identificación de riesgos y la implementación de medidas de protección en el desarrollo de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

Y es que la empresa firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta desarrollada por autoridades mexicanas respecto a tal proyecto.

Estas omisiones de EDF llevaron a una escalada de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la comunidad, quienes son estigmatizados, amenazados y atacados por grupos cercanos a la empresa.

Mencionaron que Unión Hidalgo buscó justicia en México a partir de un amparo presentado por personas defensoras y en octubre de 2018 un Juzgado Federal en México falló históricamente en favor de la comunidad y ordenó a las autoridades Mexicanas el desarrollo de una consulta que cumpliera los más altos estándares internacionales.

Sin embargo, la actuación de la empresa y la de sus socios comerciales locales no cambió. Asimismo, desde 2017 miembros de la comunidad buscaron un diálogo con la empresa, sin éxito. Inclusive, en 2018 presentaron una queja ante el Punto Nacional de Contacto de la OCDE en Francia, sin obtener resultados positivos.

Es por ello que la comunidad tuvo que acudir hasta la Corte de París demandando el respeto a sus derechos.

https://www.proceso.com.mx/653236/comunidad-indigena-de-oaxaca-demanda-al-gigante-energetico-electricite-de-france

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La comunidad Otomí de la Ciudad de México toma las instalaciones del INPI

Carteles colgados en el último piso del INPI: Samir Flores y Emiliano Zapata. Foto: Colectivo Grieta.

Colectivo Grieta, 12 octubre de 2020

En el marco de la “Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra, contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades Indígenas”, compañeras y compañeros de la comunidad Otomí de la Ciudad de México acompañadas por diversas organizaciones sociales, tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sobre avenida Coyoacán, exigiendo el cese a la guerra y hostigamiento en contra de las comunidades zapatistas y la solución a la precaria situación que vive la comunidad Otomí de la Ciudad de México desde el sismo de 2017.

Imágenes de la toma del INPI. Fotos: Colectivo Grieta.

 

El INPI se cubrió de mantas con los rostros del General Emiliano Zapata y del líder comunitario morelense Samir Flores Soberanes, asesinado el 20 de febrero de 2019; también mantas con los 7 principios del mandar obedeciendo. Una manta decía: “El zapatismo no es partido, es un entero. Porque la dignidad no se negocia, no se vende, no se traiciona. ¡Fuera paramilitares de territorio zapatista!” Las paredes del INPI se pintaron con demandas y consignas: “528 años de despojo… NADA que celebrar! ¡Fuera paramilitares de Chiapas!” y “Vivienda digna para la comunidad Otomí residente en la ciudad de México!”

Imágenes de la toma del INPI. Fotos: Colectivo Grieta.

El ambiente de la acción fue festivo, los colectivos y organizaciones montaron la mesa para la rueda de prensa, colgaron mantas que recuerdan a compañeros desaparecidos, que rechazan la imposición de megaproyectos, y echaron a andar el sonido. La primera canción que sonó fue “La Maldición de Malinche” en voz de Amparo Ochoa.

La rueda de prensa comenzó poco antes de las 13 hrs. Un compañero de la Coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal presentó a las y los compañeros que hablaron. Afirmó que después de 528 años de resistencia y rebeldía, a más de 5 siglos de desprecio y genocidio, de intento de eliminar la cultura, la lengua, tradiciones y vida de los pueblos originarios, decidieron tomar las instalaciones del INPI para que los escuchen.

Rueda de prensa de la toma del INPI. Foto: Colectivo Grieta.

 

En la rueda de prensa hablaron: Mari Mejía, concejala del Concejo Indígena de Gobierno del CNI por parte de la comunidad Otomí de la Ciudad de México; Sarah Hernández de Santiago Mexquititlán, comunidad Otomí en Querétaro; Isabel Valencia de la comunidad Otomí de la Ciudad de México; y Filiberto Margarito, concejal de la comunidad Otomí de la Ciudad de México.

Rueda de prensa durante toma del INPI. Foto: Colectivo Grieta.

 

Mari Mejía empezó su participación en otomí. Después tradujo al castellano. Dijo que hoy tomaban el INPI, como hace un año habían salido a marchar, como hace 500 años resistían. Afirmó que siempre que los pueblos originarios se manifiestan, los gobiernos en turno les prometen solución. Pero todos mienten, nunca hay solución, siguen viviendo en la calle. Afirmó que no se van a ir del INPI hasta que se solucionen sus demandas. Exigió una mesa de diálogo con Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno de la Ciudad de México) y con Adelfo Regino (titular del INPI).

 

Por su parte, Isabel Valencia denunció cómo el gobierno les está despojando de sus tierras con mentiras, y cómo ellos están luchando por cuidar la madre tierra y por vivienda. Contó que en la lucha por vivienda, el gobierno siempre les da largas. Además, afirmó que Claudia Sheinbaum y Adelfo Regino dicen que ´primero los pueblos´; pues ahora los pueblos les contestan: aquí estamos los pueblos y no tenemos nada, no hay apoyo. Denunció que todo el dinero que tiene el gobierno lo invierte en sus megaproyectos de muerte, como el Tren Maya, pero cuando los pueblos piden ser escuchados, el gobierno los humilla, les quita sus celulares porque les dicen que no pueden grabar. Al igual que Mari Mejía, Isabel Valencia exigió el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores.

También participó Sarah Hernández, otomí de la comunidad de Santiago Mexquititlán, comunidad en Querétaro, de donde gran parte de los otomís de la Ciudad de México han sido desplazados. Contó cómo ella y Estela Hernández han sufrido persecución política, represión y están amenazadas de muerte. Afirmó por ello que no confían en ninguna institución. Contó que en Santiago Mexquititlán también están en un proceso fuerte de lucha y de resistencia. Hay un proyecto que quiere gentrificar a Santiago Mexquititlán, hacerlo un lugar para turistas, pero ese proyecto amenaza con destruir el templo comunitario, que es el origen de la comunidad de Santiago. Contó cómo las grandes empresas entran y talan los bosques, pero que si ellos o ellas suben por leña al monte, los golpean; lo mismo con el agua, ellos no tienen agua pero ven bajar de los montes pipas llenas. Además contó que empiezan a sonar rumores de que hay intereses de desaparecer su panteón comunitario y poner hoteles de lujo en esas tierras. Frente a ese horizonte de despojo, Sarah Hernández afirmó que la esperanza es la autonomía de los pueblos. Cerró su participación gritando la consigna “¡Fuera militares de Chiapas! Y ¡Chiapas, Chiapas no es cuartel!”

 

Después llegó el turno de Filiberto Margarito, quien leyó un comunicado escrito por la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Afirmó que la toma del INPI se había decidido en asamblea. En su comunicado exigieron el fin del hostigamiento y los ataques en contra de las comunidades zapatistas, denunciaron la guerra contrainsurgente y los megaproyectos de muerte, entre los que mencionaron el Proyecto Integral Morelos, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y el corredor Interoceánico. A través del comunicado también llamaron a hacer de la toma un espacio de encuentro para todas las resistencias. Hacia el final exigieron la expropiación de los predios de Guanajuato 200, Zacatecas 74 y Zaragoza 1434, además de dotar 80 viviendas para la comunidad de Roma 18, plaza artesanal para la comunidad Otomí, servicios de salud, respeto para el trabajo de las mujeres y su autonomía, y garantizar educación para los distintos niveles de la comunidad.

Un compañero de la Coordinadora Metropolitana mostró un par de documentos sellados por las administraciones pasada y actual, respectivamente. En dichos documentos se muestra que el gobierno se comprometió a expropiar el predio de Zacatecas y entregarlo a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Lo único que hacía falta era publicarlo; sin embargo, nunca se hizo. Ahora, frente a la pregunta de por qué no se ha hecho público, les contestaron que esos documentos ya expiraron. Con ese tipo de acciones, los distintos gobiernos han dado largas a los pueblos, mostrando que no hay ninguna diferencia entre la autodenominada 4T y las administraciones que le antecedieron.

 

Foto: Colectivo Grieta. Documentos de compromiso de expropiación de predios.

Después tomaron la palabra distintas organizaciones que acompañaron y apoyaron la acción. Hablaron representantes de la Coordinación de colonias de Ecatepec, del Congreso Popular Social y Ciudadano, de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio “El Istmo es nuestro”, quienes denunciaron el megaproyecto de muerte del Corredor Interoceánico; un representante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista, compañeros de Guerrero y un compañero de la CNPA.

Al finalizar la rueda de prensa, se invitó a los medios presentes a filmar el estado en que se encontraban las instalaciones al momento de la toma para que se hiciera público. En los siguientes videos se muestra el estado de las instalaciones.

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Comunidad de CIESAS exige resultados a Fiscalía de NL por desaparición de compañera

Luciano Campos Garza/ PROCESO

En un video difundido en redes sociales, trabajadores del CIESAS demandan que Mayela Álvarez sea presentada viva. Foto: Facebook ¿Dónde está Mayela Álvarez?

MONTERREY, N.L. (apro).- Integrantes de la comunidad académica, administrativa y estudiantil del CIESAS demandaron a la Fiscalía de Nuevo León que ofrezca resultados en la investigación que se sigue por la desaparición de la trabajadora de la institución Mayela Álvarez, ocurrida hace un mes, en forma no esclarecida.

En conferencia de prensa, efectuada hoy, los compañeros de quien es secretaria técnica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Noreste, protestaron por que la Fiscalía estatal no ha presentado avances significativos en torno a la desaparición de la mujer, que fue vista por última vez el 11 de agosto pasado en el municipio de San Nicolás, cuando se dirigía a su trabajo, en las instalaciones ubicadas en el Barrio Antiguo, de esta capital.

Shinji Hirai, investigador y catedrático del organismo dependiente de Conacyt, dijo que luego de un mes transcurrido desde la ausencia de Mayela Álvarez Rodríguez, les preocupa que la Fiscalía especializada en Personas Desaparecidas y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) no han reportado ninguna progresión en las pesquisas.

“Hoy se cumple un mes y no ha pasado nada. Nos imaginamos que ya se recabó información suficiente que las autoridades podrían tener en las últimas semanas, y no ha pasado nada. La familia de Mayela con el acompañamiento de la Comisión Local de búsqueda detectó omisión e irregularidades, pero lo cierto es que no hay resultado”, dijo.

Días después de que los familiares presentaran la denuncia por la desaparición, los compañeros de Mayela manifestaron confianza en la Fiscalía estatal, pero al ver que, transcurridos los días, no hay avances, expresaron su decepción y exigieron resultados.

Hirai mencionó que los familiares acudieron el jueves a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de resultados que evidencian la Fiscalía Especializada y el GEBI, en torno a este caso.

“El motivo de esta segunda rueda de prensa es hacer un pronunciamiento para exigir a la Fiscalía Especializada que haga una investigación pronta y eficiente. Nos enfocamos en generar presión a la Fiscalía estatal porque la sociedad civil, la comunidad académica, medios de comunicación local y nacional, nos han apoyado, pero quien debe hacer la investigación son las autoridades del estado”, señaló.

Mediante un comunicado difundido tras la rueda de prensa de hoy, estudiantes, académicos y trabajadores del CIESAS, quienes acompañan a los hijos adolescentes de Mayela, se dijeron agraviados por la falta de avances significativos en la búsqueda.

Expusieron que la desaparición de su colega provoca incertidumbre a los familiares, allegados y a la comunidad entera, pues en la entidad abundan los casos de mujeres desaparecidas.

“Somos muchas las personas que estamos siendo afectadas por su desaparición. Como investigadoras e investigadores en ciencias sociales, nos preguntamos: ¿por qué están siendo desaparecidas tantas mujeres en Nuevo León en este año 2020? De acuerdo con registros periodísticos, son más de veinte las mujeres desaparecidas en Nuevo León en lo que va del año. Esta situación nos parece dramática y requiere de investigaciones con perspectiva de género”, señalaron.

Manifestaron su repudio por las más de 73 mil desapariciones ocurridas en México y la impunidad que hay en torno a este fenómeno.

La comunidad del CIESAS mostró un video, difundido en redes sociales, en el que se ven trabajadores del instituto, de diversos puntos del país, que demandan que Mayela Álvarez sea presentada viva.

 

https://www.proceso.com.mx/647783/comunidad-de-ciesas-exige-resultados-a-fiscalia-de-nl-por-desaparicion-de-companera