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Red de Resistencia y rebeldía exige la liberación inmediata de defensores de derechos humanos del Frayba.

Colectivo Grieta

En un comunicado publicado el día de hoy, 13 de abril, organizaciones sociales, colectivos e individuos, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, condenaron la privación de la libertad de dos integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.

Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, defensores de derechos humanos, y miembros del Frayba fueron privados de su libertad el día de ayer 12 de abril mientras se dirigían a una reunión de trabajo en Palenque, Chiapas.

Los colectivos llaman a la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos, que están detenidos de forma ilegal en la comunidad de San Felipe, Ocosingo, Chiapas. En el comunicado, los firmantes también hacen una llamado de solidaridad y solicitan firmar una acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx.

A continuación reproducimos el comunicado completo:

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo

Organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, condenamos la privación ilegal de la libertad y exigimos de manera inmediata la presentación con vida de nuestros compañeros Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, privados de su libertad desde el día de ayer, 12 de abril, en el transcurso de su trayecto a una reunión de trabajo en la ciudad de Palenque, Chiapas.

Es importante señalar que estos hechos no son hechos aislados, sino que ocurren en un momento en donde continuamente se está criminalizando a defensorxs de derechos humanos en México, entre ellxs compañerxs del Frayba. También señalamos que en esta región, donde fueron retenidos los dos defensores de derechos humanos, el Frayba a realizado trabajos de observación y documentación de las agresiones que se están cometiendo contra comunidades zapatistas por parte de la ORCAO.

Ante ello, exigimos de manera inmediata la presentación con vida de Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, y al mismo tiempo condenamos estos actos de intimidación, agresión y secuestro.

Hacemos eco al llamado de solidaridad nacional e internacional de Frayba, pidiendo que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas de seguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Invitamos a lxs inviduxs y colectivos adherentes a la Sexta y a quien caminen abajo y a la izquierda, a sumarse a este pronunciamiento. Las firmas se estarán reciviendo en el trascurso del día de hoy al correo: ajmaq_chiapas@riseup.net.

SI TOCAN A UNX, NOS TOCAN A TODXS.

ATENTAMENTE

Memoria Viva.
Médicos del Mundo Suiza-México.
Promedios de Comuniación Comunitaria.
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.
Lumaltik Herriak.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Enlace Civil, A.C.
Colectivo Aequus – Promoción y Defensa de Derechos.
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia.
Frente Nacional Ni Una Menos México.
Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía en apoyo al CNI y CIG, Cuernavaca, Morelos.
Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz.
La Voz del Anahuac, adherentes a la Sexta.
Frente de Trabajador@s por el derecho a la Salud y a la Seguridad Social.
Concepción Suárez Aguilar.
Colectivo La Flor de Asfalto.
Colectiva Autónoma de Colaboración Social (COACS).
Mujeres Transformando Mundos, A.C.
Susana Montes Cruz.
Colectiva Corazón del Tiempo (Puelmapu/Norpatagonia, Argentina).
Susana de la Cruz.
Martha de la Cruz.
Eva María Ruiz Pérez.
Juan de la Cruz Ruiz.
Universidad Revolución (UR).
Magisterio Mexiquiense Contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE).
Txiapasekin Euskal Herria.
Ángel Bosqued.
Manuel Rosental, Pueblos en Camino, Abya Ayala.
Vilma Almendra, Pueblos en Camino, Abya Ayala.
Colectivo Na Ch’ul Chan, Casa de Sanación y Armonización Ancestral Maya.
Comunidad de Tlanezi Calli
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo de Profes en la Sexta
Colectivo Cuaderno Común
Colectivo Gavilanas
Meza de Café Zapatista Abajo y a la Izquierda del Edificio “E”.
Cooperativa La Cacerola, Stgo-Chile.
Chiapasgruppa Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) / El comité Noruego en solidaridad con América Latina.
Stella Maris Figueroa
Israel Pirra Mora

https://redajmaq.espora.org/pronunciamiento20210413

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Personal de salud protesta en Yucatán: Exige vacunación sin distinción


Por Claudia Arriaga. / Haz Ruido

“Hemos enfrentado a la pandemia Covid-19 cada uno desde nuestras trincheras, arriesgando nuestras vidas por el bien de la población yucateca, con el riesgo de ser contagiados y vemos con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura de los trabajadores de la salud”, recalcaron en la protesta en el Monumento a la Patria.

Mérida, Yucatán, 27 de febrero del 2021.- De nueva cuenta, personal de salud de hospitales públicos y privados de Yucatán se manifestó para ser incluido en el plan de vacunación contra el Covid-19. En esta ocasión, se dieron cita al menos un centenar de profesionales de las distintas áreas en el Monumento a la Patria de Paseo de Montejo.

Además, también acudió personal que ya fue vacunado con carteles en los que se leía “Apoyo la vacunación sin distinción”, para manifestar su solidaridad a sus colegas que no fueron considerados en la inoculación.

“Es una manifestación en pro de la vacunación de los médicos y trabajadores de la Salud, desde el camillero, intendencia hasta llegar a los médicos especialistas. Aunque aquí estamos algunos que hemos sido vacunados, una gran parte no la ha recibido, sobretodo los que no gozan de trabajar en una institución pública”, explicó el presidente del Colegio de Pediatría de Yucatán, Adolfo Palma Chan.

La manifestación fue organizada por el Colegio de Médicos de Yucatán que agrupa a 33 organizaciones de distintas especialidades, cuya solicitud fue dirigida al Gobierno Federal, ya que es el encargado de la logística de las vacunas. Exigen vacunación sin distinción, ya que muchos trabajadores de nosocomios privados no están siendo contemplados.

“Hemos enfrentado a la pandemia Covid-19 cada uno desde nuestras trincheras, arriesgando nuestras vidas por el bien de la población yucateca, con el riesgo de ser contagiados y vemos con tristeza y angustia la falta de vacunación o la lentitud de la cobertura de los trabajadores de la salud. Han vacunado como un 10 por ciento, pero faltan más y todos deben ser incluidos, desde la persona que recibe al paciente y los que establecen el diagnóstico”, detalló la presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González.

Otro de los reclamos del personal de salud fue que, aunque les proporcionan insumos de bioseguridad, también deben de comprar de sus propios recursos para tener mayor seguridad. Asimismo, señalaron que no están en contra de la vacunación de las y los adultos mayores, pero no por ésta deben detener la del personal médico.

En la protesta acudió el señor José Canales Rubio, padre del joven pediatra intensivista, José Carlos Canales Rincón, quien falleció la semana pasada tras perder la batalla contra el Covid-19. Él alzó la voz para que todo el sector salud de Yucatán sea vacunado.

“Todos son susceptibles a ser contagiados, pero el sector médico está en la primera línea, no se vale que no lo hayan vacunado. Yo perdí a mi hijo, mi esposa está totalmente destrozada, yo también, pero no me importa tanto movimiento y lo que tenga que hacer para que se cumpla lo que prometieron: que el sector salud sería vacunado en primera instancia”, recalcó.

https://www.hazruido.mx/reportes/personal-de-salud-protesta-en-yucatan-exige-vacunacion-sin-distincion/

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Comunidad rarámuri exige el reconocimiento de su territorio ancestral (Chihuahua)

Pie de Página/Texto y fotos: Isabel Briseño

En Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes de la comunidad rarámuri de Bosque de San Elías Repechique demandaron el reconocimiento de su territorio por parte del Estado mexicano y el cese a proyectos extractivistas

 

Habitantes de la comunidad indígena de Bosque de San Elías Repechique, municipio de Boycona Chihuahua, demandaron en Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el Estado mexicano reconozca su derecho al territorio ancestral.

Este lunes 14 de diciembre, tres habitantes de la sierra tarahumara intentaron entrar a la conferencia presidencial, pese a que no pudieron ingresar repartieron dos oficios con sus exigencias para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incorpore a Bosques de San Elías Repechique al programa Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural y dé respuesta a la comunidad Mala Noche respecto a una solicitud de terrenos nacionales realizada hace 10 años, ambas son comunidades indígenas ubicadas en la sierra Tarahumara de Chihuahua, que comparten la falta de reconocimiento por parte del Estado a su derecho al territorio ancestral.

Un largo camino de lucha

Autoridades e instituciones públicas han expedido títulos de propiedad a personas ajenas a la comunidad, lo cual ha derivado en conflictos sociales entre los habitantes de San Elías y particulares que se ostentan como dueños del territorio, lo que ha generado ingobernabilidad en esta zona de Chihuahua.

En 2006 llevaron a cabo un juicio en el tribunal agrario número 45 en Chihuahua, donde solicitaron la nulidad de los contratos de compraventa y decreto expropiatorio, el reconocimiento del territorio, la suspensión de los permisos forestales y la titulación; sin embargo, obtuvieron una respuesta omisa.

En 2015 la comunidad exigió el derecho a la consulta sobre la construcción del aeropuerto regional Barrancas del Cobre Creel, mediante un amparo; el juzgado octavo de distrito en la ciudad reconoció la existencia de la comunidad y determinó que la comunidad tiene personalidad jurídica para exigir el derecho a la consulta previa, libre e informada y ordenó al gobierno de Chihuahua la reparación del daño material a la comunidad.

Reparación del daño pendiente

Una parte del dinero que recibió la comunidad de San Elías-Repeche por parte del gobierno para la reparación del daño, se decidió usar para echar a andar un taller de costura, proyecto encabezado por mujeres, construido en el predio Pino Gordo para coser trajes tradicionales para venderlos.

Teresa González cuenta que el día 13 de agosto policías estatales intentaron detenerla, argumentando que ese predio tenía dueño y que estaban invadiendo la propiedad, por lo que los policías pusieron sellos de clausura al taller y, sin llevar documentación o dar motivo, se llevaron alrededor de 50 personas entre niños, niñas, mujeres, adultos mayores y hombres para detenerlos. A todos se los llevaron caminando durante dos horas por el sendero rumbo a Creel donde se encuentra la oficina del ministerio público, pero poco antes de llegar, los policías se retiraron. Los rarámuri continuaron hasta llegar a la oficina y ahí pidieron explicación de los hechos, pero no obtuvieron respuesta. Hasta hoy el taller sigue clausurado.

La exigencia

Como integrantes del pueblo originario y en representación de la Comunidad Bosque de San Elías Repechique, Teresa González, Luis Javier Pérez Enríquez y Víctor González Nuñez exigen al gobierno federal el reconocimiento de su territorio, la restitución de las tierras, el derecho al trabajo (la autonomía, autodeterminación, autoadscripción y autogestión), así como un alto al acoso y represión de la Fiscalía del Estado de Chihuahua.

“Hemos tenido varios problemas como la tala clandestina, la contaminación de nuestro pozo, incluso ya no nos sentimos libres de practicar nuestras ceremonias pues nos sentimos vigilados por personas ajenas a la comunidad; también han implementado otros proyectos sin consulta como el gasoducto y proyectos turísticos que afectan nuestro territorio”, dice Teresa González.

Las comunidades originarias, agrega Víctor González, no han sido tomadas en cuenta e históricamente han estado en la vulnerabilidad porque no se respeta su autonomía, su cultura y se les niega el derecho al trabajo.

“Nos han dicho que somos huéspedes que no valemos, que tarde o temprano nos van a correr de nuestro territorio, pero seguimos luchando por el reconocimiento de manera pacífica”, finaliza Víctor González

Comunidad rarámuri exige el reconocimiento de su territorio ancestral

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Comunidad Muxe del Istmo exige justicia por transfeminicidio de Giovanna y Shyrley (Oaxaca)

Noticias / Gerardo Valdivieso Parada.

JUCHITÁN, Oaxaca.- Varias muxe’s trans de esta ciudad lamentaron el asesinato de su compañera trans Giovana Ángulo Ramos, originaria de Santiago Etla -en la región de Valles Centrales-, quien fue encontrada al fondo de un barranco el pasado 30 de noviembre víctima de un crimen de odio, y se unieron al reclamo de justicia de la comunidad de la diversidad en todo el estado.

La organización de las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro A.C dio a conocer su posición ante este crimen en una publicación en redes sociales dirigida al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos Méndez.

En él, sus integrantes expresaron su “más enérgica y sentida exigencia de justicia y castigo para el responsable del transfeminicidio cometido en agravio de nuestra compañera trans Giovana Ángulo Ramos de 27 años de edad y el reciente caso también de Shyrley Scarleth Villarreal que representó otro crimen de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual”.

Las muxe’s resaltaron que en ambos casos fueron asesinadas con saña “con ese odio por el simple hecho de representar a este sector diferente que siempre está reclamando respeto”, expresaron las intrépidas a través de su presidenta Felina Santiago Valdivieso.

Revelaron que ante éste reciente asesinato les indigna como sector muxe’ porque el caso de Giovana se podía convertir “en una cifra más de estos crímenes de odio, igual que tantas otras como el de nuestra lídereza Óscar Cazorla, que a dos años su crimen sigue impune”.

Recordaron que los crímenes se acumulan en los archivos con el sello de la impunidad: “podríamos nombrar a tantas y hacer interminable el listado, pero ya no queremos más engaños, más mentiras. Queremos justicia para nuestras muertas que al igual que cualquier otro ser humano valen y merecen respeto y justicia”.

Las Intrépidas que en su vela coincidían con sus amigas trans de todo el estado que celebraban la diversidad y la libertad en esos días de festividad demandaron que paren los ataques y crímenes por la homofobia y la transfobia.

https://www.nvinoticias.com/nota/168696/comunidad-muxe-del-istmo-exigen-justicia-por-transfeminicidio-de-giovanna-y-shyrley

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Comunidad de CIESAS exige resultados a Fiscalía de NL por desaparición de compañera

Luciano Campos Garza/ PROCESO

En un video difundido en redes sociales, trabajadores del CIESAS demandan que Mayela Álvarez sea presentada viva. Foto: Facebook ¿Dónde está Mayela Álvarez?

MONTERREY, N.L. (apro).- Integrantes de la comunidad académica, administrativa y estudiantil del CIESAS demandaron a la Fiscalía de Nuevo León que ofrezca resultados en la investigación que se sigue por la desaparición de la trabajadora de la institución Mayela Álvarez, ocurrida hace un mes, en forma no esclarecida.

En conferencia de prensa, efectuada hoy, los compañeros de quien es secretaria técnica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Noreste, protestaron por que la Fiscalía estatal no ha presentado avances significativos en torno a la desaparición de la mujer, que fue vista por última vez el 11 de agosto pasado en el municipio de San Nicolás, cuando se dirigía a su trabajo, en las instalaciones ubicadas en el Barrio Antiguo, de esta capital.

Shinji Hirai, investigador y catedrático del organismo dependiente de Conacyt, dijo que luego de un mes transcurrido desde la ausencia de Mayela Álvarez Rodríguez, les preocupa que la Fiscalía especializada en Personas Desaparecidas y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI) no han reportado ninguna progresión en las pesquisas.

“Hoy se cumple un mes y no ha pasado nada. Nos imaginamos que ya se recabó información suficiente que las autoridades podrían tener en las últimas semanas, y no ha pasado nada. La familia de Mayela con el acompañamiento de la Comisión Local de búsqueda detectó omisión e irregularidades, pero lo cierto es que no hay resultado”, dijo.

Días después de que los familiares presentaran la denuncia por la desaparición, los compañeros de Mayela manifestaron confianza en la Fiscalía estatal, pero al ver que, transcurridos los días, no hay avances, expresaron su decepción y exigieron resultados.

Hirai mencionó que los familiares acudieron el jueves a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de resultados que evidencian la Fiscalía Especializada y el GEBI, en torno a este caso.

“El motivo de esta segunda rueda de prensa es hacer un pronunciamiento para exigir a la Fiscalía Especializada que haga una investigación pronta y eficiente. Nos enfocamos en generar presión a la Fiscalía estatal porque la sociedad civil, la comunidad académica, medios de comunicación local y nacional, nos han apoyado, pero quien debe hacer la investigación son las autoridades del estado”, señaló.

Mediante un comunicado difundido tras la rueda de prensa de hoy, estudiantes, académicos y trabajadores del CIESAS, quienes acompañan a los hijos adolescentes de Mayela, se dijeron agraviados por la falta de avances significativos en la búsqueda.

Expusieron que la desaparición de su colega provoca incertidumbre a los familiares, allegados y a la comunidad entera, pues en la entidad abundan los casos de mujeres desaparecidas.

“Somos muchas las personas que estamos siendo afectadas por su desaparición. Como investigadoras e investigadores en ciencias sociales, nos preguntamos: ¿por qué están siendo desaparecidas tantas mujeres en Nuevo León en este año 2020? De acuerdo con registros periodísticos, son más de veinte las mujeres desaparecidas en Nuevo León en lo que va del año. Esta situación nos parece dramática y requiere de investigaciones con perspectiva de género”, señalaron.

Manifestaron su repudio por las más de 73 mil desapariciones ocurridas en México y la impunidad que hay en torno a este fenómeno.

La comunidad del CIESAS mostró un video, difundido en redes sociales, en el que se ven trabajadores del instituto, de diversos puntos del país, que demandan que Mayela Álvarez sea presentada viva.

 

https://www.proceso.com.mx/647783/comunidad-de-ciesas-exige-resultados-a-fiscalia-de-nl-por-desaparicion-de-companera

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Red de Rebeldía y Resistencia de SLP exige liberación de compañera detenida en manifestaciones del 5 de junio

Colectivo Grieta/Ciudad de México
7 junio 2020

La Red de Rebeldía y Resistencia de San Luis Potosí exigió la libertad total de Claudia Hernández Herrera, quien fue detenida arbitraria e ilegalmente el 5 de junio durante las manifestaciones en la capital potosina en repudio a la violencia policiaca y los asesinatos de George Floyd en Minneapolis, Estados Unidos, y de Giovanni López en Ixhuacán de los Membrillos, Jalisco.

Mediante su página de Facebook la Red de Rebeldía y Resistencia de San Luis Potosí denunció los hechos: “La compañera asistió, haciendo uso de su legítimo derecho a la manifestación de manera pacífica. Al arribo de la policía, se realizaron diversas detenciones y, a pesar de que en los videos de cobertura realizados por los medios locales en ningún momento se le observa a ella en la acción directa, a Claudia se le pretende vincular a proceso, responsabilizándola por los daños realizados en el edificio del congreso”.

Acerca de Claudia Hernández la Red señaló: “Por su historia de lucha y participación en muy variados movimientos sociales, incluida la colaboración como auxiliar en el proceso de recolección de firmas por la compañera Marichuy, la consideramos presa política del Estado y exigimos su liberación inmediata”. Finalmente hicieron responsable a los diferentes niveles de gobierno y repudiaron la represión ocurridas en diferentes partes de país: “Hacemos responsable al mal gobierno en todos sus niveles y reprobamos la violencia hacia los jóvenes que se ha reproducido de manera sistemática tanto en las protestas realizadas en San Luis Potosí como en otras geografías de este dolorido país”.

Después de realizada la denuncia, durante la noche del 6 de junio, Claudia fue liberada, sin embargo, se le dicataron medidas cautelares y fue vinculada a proceso, por lo que la Red de Rebeldía y Resistencia de San Luis Potosí exige su libertad inmediata y total.


Foto tomada del Facebook de la Red de Rebeldía y Resistencia SLP

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Con bloqueo, personal médico de Hospital pediátrico exige atender brote de covid-19 (Ciudad de México)


Personal del Hospital Pediátrico Tacubaya bloqueó esta mañana un tramo del Anillo Periférico en protesta por un brote de covid-19 al que, dice, se ha dado poca atención. Foto: Especial

Patricia Dávila / Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin suspender la atención médica, personal del Hospital Pediátrico Tacubaya bloqueó esta mañana un tramo del Anillo Periférico, a la altura de la calle Carlos Lazo, en protesta por el brote de covid-19 en dicho centro hospitalario al que las autoridades han dado poca atención, según los inconformes.

De acuerdo con los empleados, ya suman nueve casos confirmados con covid-19; además, dijeron que se tienen 10 más “con riesgo alto” y 35 con posible contagio.

Entre los casos confirmados se encuentran cuatro enfermeras, un camillero, dos trabajadores de lavandería, una de mantenimiento y otra de recursos humanos.

Según testimonios de personal del nosocomio recogidos por Apro, desde mediados de marzo se tenía conocimiento de que uno de sus compañeros era posible portador, pues es hermano de una enfermera del hospital Enrique Cabrera quien falleció por coronavirus. Finalmente él resultó positivo al covid-19.

A pesar de ello, no se aplicó cerco sanitario alguno, lo que puso en riesgo al personal y a los pacientes.

“El hermano laboraba en la lavandería del hospital. Su muerte (de la enfermera) ocurrió en el mes de marzo, es un hecho público. Teníamos conocimiento de que (su hermano) estaba contagiado y por ello se solicitó a la directora del Hospital Leonarda Buenaventura Carreño López que se le hicieran las pruebas correspondientes para descartar que tuviera coronavirus. Sin embargo, se mostró negligente, dijo que sólo eran chismes y que se trataba de crear pánico”, dijo uno de los empleados que prefirió el anonimato.

Esta versión fue corroborada por un trabajador del área de lavandería.

“Un compañero resultó positivo al covid-19, no se aplicaron los protocolos a pesar de que la directora sabía que la hermana de este compañero, enfermera del Enrique Cabrera, estuvo internada unas dos semanas y falleció de coronavirus en este hospital. Él se presentaba a trabajar aun sintiéndose mal. Hasta el 31 de marzo la directora le dio 40 días y dejó de venir, cuando debió haber ordenado que se resguardara desde semanas antes.

“Días después compañeros que estuvieron cerca de él empezaron a enfermarse, uno de ellos falleció el pasado miércoles. Ante ello, solicitamos a la directora que nos enviara a realizar las pruebas de covid-19, pero nos dijo que ya no había fichas. A otros compañeros incluso les retiró las tarjetas checadoras por ausentarse un día, eso es una represalia.

“Ella dice que está protegida por el doctor Barreiro -Ricardo Barreiro, director general de prestación de servicios médicos y urgencias-, quien trabaja directamente con la secretaria de salud -Olivia López Arellano-. La situación es que, en mi caso, todo lo toma personal y me dijo si quieres vete al ISSSTE, si allá te hacen la prueba es tu problema”.

“Yo ahorita vivo solo, me aislé. Mi esposa y mis hijas se fueron a vivir a casa de su abuela materna porque no quiero arriesgarlos. Yo conviví con el compañero que falleció durante dos semanas”.

Desprotegidos

Una doctora, que tampoco quiso dar su nombre por temor a represalias, dio su versión:

“En la gaceta oficial del 19 de marzo se publicó un acuerdo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que habrá un apoyo para todos los padres y madres trabajadores del gobierno que tengan a su cuidado niños en el nivel preescolar. Yo tengo una bebé de dos años, por el tipo de nómina no tengo prestación en guarderías del ISSSTE y mi hija acude a una guardería privada que en estos momentos tengo que seguir pagando pese a la contingencia.

“Mi hija solo depende de mí y la única señora que me la quiso cuidar, vive con su hijo y su madre que es paciente del INER por problemas respiratorios. Incluso, en este año ha tenido dos ingresos. Esta situación de la falta de seguridad y la propagación del covid-19 en el hospital me preocupa porque no solo está en riesgo mi familia sino también la familia de la señora que aceptó apoyarme”.

Prosigue la doctora:

“Le comenté de esta situación a la directora del hospital y me dijo que no procedía el permiso para resguardarme en casa y cuidar a mi hija. Entonces, mandé un correo a Atención Ciudadana de la CDMX y me respondieron que entro en el grupo de personas para poder cuidar a mi hija en esta contingencia y la directora no dio su consentimiento.

Ante ello, la doctora y otras compañeras propusieron a la directora hacer guardias escalonadas en el hospital, pero lo único que se ganó, dice, es el desdén de las autoridades hospitalarias. “Ya hay represalias en mi contra, no me quiere recibir, ni escuchar para tratar mi tema”, se queja.

Desdén y malos manejos

Personal del área de Admisión también se queja de la directora y del coordinador de Recursos Materiales del Hospital.

“Estamos preocupados por la falta de profesionalismo de las autoridades, desconocen los procesos administrativos. A pesar de la contingencia y de la muerte de un trabajador por covid-19, se niegan a apoyar a los compañeros de más de 60 años y con enfermedades crónicas. No se dan cuenta de que todos somos probables sospechosos porque no se aplicaron protocolos para cuidarnos”.

Además, denuncian que los recursos materiales no se están manejando correctamente. Hace poco, refiere, se les notificó que se perdió un electrocardiógrafo y no se reportó al Ministerio Público. También que desaparecieron 200 cubrebocas que llegaron recientemente.

Una trabajadora del área de mantenimiento también accede a dar su testimonio.

Dice:

“Estoy muy dolida, tengo más de 40 años de trabajar en este hospital. Cómo es posible que mi compañero entrara al hospital con una faringitis e inmediatamente lo intubaran. Él falleció en el hospital Darío Fernández. Días antes, la hermana de otro compañero falleció de covid en el Hospital Enrique Cabrera. A él la directora debió aislarlo desde que nos enteramos de que su hermana estaba enferma, pero tuvieron que pasar dos semanas para que lo mandara a su casa. Lo hizo hasta que nos enteramos de que otro de sus hermanos fue intubado.

“Hablamos con la directora para comentarle la situación del compañero que estaba en Darío Fernández. Nos dijo que era mentira. Un doctor se paró y le dijo a la directora: ‘mire doctora, la hija de nuestro compañero nos notificó que el compañero de lavandería está internado e intubado en el Darío Fernández’. Cómo es posible que nos mienta. Por su negligencia no tomamos precauciones ni usted aplicó los cercos sanitarios”.

La mujer continúa:

“La semana pasada, en una reunión con la directora, le pedimos la lista de los insumos que han llegado. También le preguntamos porque no había enviado a su casa al personal de 60 años con enfermedades crónicas y por qué no se había establecido un cordón sanitario”.

Negligencia

Al siguiente, dice, la directora les informó que habían llegado 202 mil 350 piezas, pero todo de mala calidad, por lo que los iba a regresar a las oficinas centrales.

“Esto es negligencia de la autoridad. A sabiendas de que hay personas con alto riesgo de dar positivo porque tienen familiares que murieron por covid-19 no toma medidas para aislar a las personas. Además, autoriza pruebas sólo al personal que ella quiere. Eso es ignorancia y desconocimiento pleno de cómo se lleva un hospital”.

Una empleada de enfermería, cuenta también del caso de la enfermera que dio positivo a covid-19, luego de asistir a un menor que llegó al hospital con sospecha de contagio y posteriormente fue enviado al hospital de La Villa.

“A las enfermeras se nos pide atender a los pacientes sin el equipo de protección correspondiente, incluso sin cubrebocas”, se queja.

Los trabajadores inconformes también refirieron que hace un par de semanas tuvieron casos de sarampión grave y que sólo llegaron 50 vacunas para todo el personal. La directora y la JUD Médica Margarita Hernández Quintana, se aplicaron la vacuna, cuando –afirman los entrevistados– ellas nunca bajan a las áreas críticas y, por lo tanto, de todo el personal, son las que menos riesgo tienen: “Ella salió y dijo: ‘se la pone usted y usted’. Los demás nos quedamos viendo”.

“Ya lloré lo que tenía que llorar. Ella sabía que nuestros compañeros estaban internados y ella lo negaba. No se vale”, reprochan.

https://www.proceso.com.mx/626243/con-bloqueo-personal-medico-de-hospital-pediatrico-exige-atender-brote-de-covid-19