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Familia de Fanny, amenazada y sin seguridad (Oaxaca)

Pié de Página / Daniela Rea.

El 26 de septiembre, la joven de 16 años fue hallada sin vida con una soga en el cuello en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo, actualmente prófugo de la justicia y sospechoso de su feminicidio. La familia de Fanny ha recibido amenazas y su seguridad no está garantizada.


Foto: Especial

El 26 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Fanny Guadalupe en la comunidad de El Porvenir, en San Juan Cotzocón Mixe. Fanny tenía 16 años y una soga en el cuello como un supuesto suicidio. El cuerpo fue encontrado en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo.

Ha pasado más de un mes y Trujillo está prófugo, a pesar de ser sospechoso del feminicidio de Fanny y de haber amenazado a la familia de ella durante su funeral.

“En el funeral él me señaló con su mano, con sus ojos llenos de enojo, me dijo que me cuidara porque la próxima iba a ser yo, que iba a venir por mí, eso me lo dijo Alexis en el funeral y había mucha gente. Como a los 15 días de la muerte de Fanny él se fue del pueblo y nadie sabe dónde está”, dice la señora Dora Hernández, tía de Fanny.

Otra persona sospechosa del feminicidio de Fanny es Isacc Hernández Guillén, agente municipal de El Porvenir, que busca reelegirse como autoridad local. Hernández Guillén había amenazado a Fanny y ella presentó una denuncia contra él en julio de este año.

“Fanny recibió amenazas y ella me buscó para que la ayudara y yo le dije vamos a poner una demanda y fuimos a ponerla, pero las autoridades le mandaban citatorios al señor Hernández Guillén, pero a través de nosotras y eso nos exponía más a nosotras”.

El agente municipal acosaba sexualmente a Fanny y dos meses después ella apareció muerta.

A raíz de denunciar la falta de justicia, la señora Dora ha recibido amenazas por parte de Alexis y el agente Isaac Hernández habría solicitado la expulsión del pueblo de la señora Dora.

A los tres días del feminicidio la familia de Fanny se reunió con el fiscal Arturo Peimbert quien les habría prometido seguridad por las amenazas en su contra, pero a la fecha no lo ha cumplido.

A Fanny le sobrevive su hija de 6 meses de edad.

La Vicefiscalía Regional del Istmo notificó que inició la carpeta de investigación 31710/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021 con perspectiva de género y tomando en cuentas las particularidades específicas de la víctima directa, así como de las víctimas indirectas para garantizar su seguridad y su pleno acceso a la justicia.

Informó a través de un comunicado que se analiza la actuación de los funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca que han intervenido en el caso.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que realiza una investigación sobre el caso de Fanny a través de un equipo encabezado por la defensora Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Itabico Cruz López.

De acuerdo con la organización feminista Ges Mujer, en septiembre fueron asesinadas en Oaxaca, 10 mujeres, entre ellas, Fanny.

*Con información de Diana Manzo

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Familia de joven asesinado por policías vive con miedo por amenazas recibidas (Yucatán)

Texto y fotos: Claudia Victoria Arriaga / Pie de Página

Tres policías municipales de Tecoh, Yucatán fueron sentenciados a 30 años de prisión por asesinar al joven José Luis Cauich Yerbes. Sin embargo, la familia de la víctima vive con miedo por amenazas

TECOH, YUCATÁN.- El 24 de diciembre del 2020, José Luis Cauich Yerbes fue asesinado por policías municipales de Tecoh, Yucatán. Diez meses después del crimen, se determinó culpables de homicidio calificado a E.F.U.Ch., A.Ch.M. y M. A.C.Ch. La familia lejos de sentirse tranquila con el veredicto, vive con miedo. Constantemente son amenazados y hostigados por personas cercanas a los responsables.

El joven de 27 años y de oficio albañil, falleció en el trayecto de la comisaría X´canchakán – de donde era originario- a la cárcel pública. Ese día, su hermana, quien también era su vecina, solicitó ayuda a la policía porque habían discutido. Nunca pensó que lo asesinarían.

Su padre, Martín Olavo Cauich Iuit relató que, desde el inicio del proceso legal, la familia es víctima de agresiones. En una ocasión ingresaron a su terreno y robaron sus animales. Sus nietos, que apenas son unos niños, también son hostigados:

“¿Cómo no me va a doler si es mi hijo? Yo si estoy andando como un perro en la calle porque nadie me defiende, porque nos odian mucho. Los policías me odian porque estamos tras de esto. ¿Cuántas amenazas ya me hicieron? Me dijeron que me van a secuestrar, me dijeron que nos van a mandar a abollar (apedrear) la casa, por gente de los que están (policías) presos, te asustan, gente que ni conoces te mandan a amenazar”, dice entre lágrimas.

“Uno de mis nietos que está en la escuela, tengo uno de 12 y 7 años de edad, que cuando vienen me dicen ‘Papito, cuidate mucho que te van a matar como mataron a tu hijo’, que un señor se los dijo”.

María Cauich Yervez cree que la condena de 30 años que recibió cada oficial por el asesinato de su hermano es solo justicia parcial. La familia se siente abandonada por las autoridades y debe enfrentarse sola al acoso de quienes los culpan por buscar justicia. Lo que más le duele, dice, es que José Luis creía en la corporación, pues él fue policía.

“Los que fueron responsables tienen que pagarlo porque mi hermano no era un animal para hacerle eso. Él fue policía, ahí se recibió terminó sus estudios, cuando entró era un muchacho que no sabía leer y escribir. Recibió su diploma donde él entrenaba. Él sí tuvo realmente capacitación de cómo debe agarrar, tratar a una persona, no con maltrato echando ese gas languiñeo (lacrimógeno)”, comenta María.

Testigos falsos para defender a policías

Al inicio de las investigaciones se presentaron a declarar a la agencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) supuestos testigos del arresto de José Luis Cauich. Enojada con la situación, Lizbeth Maribel Cauich Yerbes asegura que buscará la forma de demandar a estas personas, que mintieron para obstaculizar la justicia.

Ella acudió a la mayoría de las audiencias y fue la encargada de hacer los trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. Nunca olvidará que pasó una semana en las diligencias, incluso algunos días tuvo que pasar la noche en la Fiscalía de Mérida porque era muy tarde para regresar a su comisaría.

Para Lizbeth está claro que, aunque solo tres pagarán por el crimen cometido contra su familia, hubo dos personas más involucradas. Uno de ellos es el comisario municipal de X-Kanchakán, Reynaldo Chuc Puc, quien es padre de uno de los policías.

“Que le dé gracias a Dios que él tiene a su hijo en la cárcel, por lo menos él lo puede ver. ¿Yo cuando voy a ver a mi hermano otra vez? No lo puedo ver otra vez, que dicha tengo yo de que se va a condenar a tres, si mi hermano no va a regresar con eso. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo que me pregunta ‘dónde está mi tío’? ¿Cómo le voy a decir yo que ya no está?”.

El Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que José Luis falleció por “asfixia mecánica por oclusión de vía aérea”, su familia cree que se ahogó con su propia sangre a consecuencia de los golpes.

«Fue una venganza»

El padre de José Luis, el señor Martín Olavo Cauich Iuit, está seguro de que asesinaron a su hijo en venganza porque lo defendió de los policías hace algunos años. En aquella ocasión, antes de remitirlo a la cárcel pública de Tecoh, lo llevaron al calabozo de la comisaría de X´canchakán.

“Me quitaron todo mi dinero, me metieron al calabozo de aquí como dos horas y después a Tecoh, entonces, mi hijo fue a reclamar y le dijeron ‘vas a caer y pagar lo que hiciste’. Fue una venganza lo que le hicieron”, apuntó.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) documentó en el 2020 la muerte de 10 personas bajo custodia de policías, se trata de seis en corporaciones municipales y cuatro con la policía estatal.

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Amenazan a familia de Fanny por exigir justicia tras feminicidio (Oaxaca)

Pié de Página / Diana Manzo.

. Foto: especial.

La familia de Fanny, la joven de 16 años asesinada en Oaxaca en un crimen que se hizo pasar por “suicidio”, ha sufrido amenazas a raíz de su exigencia de justicia. Amenazas que podrían venir de parte de un agente municipal de El Porvenir.

OAXACA.- A dos días de su deceso, Dora Anabel Hernández Bautista, la tía de Fanny, una joven de 16 años que fue hallada sin vida el pasado 26 de septiembre exigió que se investigue a Isaac Hernández Guillen, agente municipal de El Porvenir, San Juan Cotzocón Mixe por acosar, golpear y amenazar a su sobrina; y también dijo que se debe investigar a su esposo Alexis Trujillo, que siempre ejerció violencia familiar contra la joven.

Risueña, de pelo negro y sonrisa bonita así recuerda Dora Anabel Hernández Bautista a su sobrina Fanny Guadalupe, quién dejó en la orfandad a una niña de 6 meses de edad, a quién Fanny quería darle una mejor vida, pero no pudo, porque la mataron.

“No fue suicidio, a mi sobrina la mataron” expresó Dora Anabel quién alertó que siente miedo ante las amenazas recientes que recibió de parte del esposo de su sobrina y también del agente municipal.

“El día que la estábamos velando llegó el marido de Fanny y me dijo que me calmara, porque yo podría ser la próxima, tengo miedo, pero no puedo callarme, perdí a mi sobrina, una niña alegre que tenía el sueño de ser militar y darle mejores condiciones a su pequeña, pero no pudo, porque su marido siempre la acosaba y la golpeaba”, expresó.

Detrás del teléfono recordó que el 30 de agosto del 2021, acompañó a Fanny a denunciar las amenazas y acoso que había sido víctima el 13 de julio de este año, de parte del agente municipal para que existiera un antecedente, pero nadie hizo nada y Fanny ya está muerta.

Dora Anabel denunció que ella también es víctima de acoso y amenazas del agente municipal. “Luego de la denuncia del 30 de agosto me citó a su oficina el 1 de septiembre, pero no fui, entonces me mandó avisar que me va a encarcelar por desobediencia, temo por mi vida”.

Con el feminicidio de Fanny, su tía, una joven de 24 años de edad que es cocinera en un restaurante local de la comunidad asumió la crianza de la hija de la joven y solicitó de forma urgente protección para ella y su familia ante los sucesos que han vivido.

“Nos sentimos desprotegidos y solos, por una parte, el agente municipal tiene poder y puede hacernos muchas cosas malas, estamos encerrados sin poder salir y por el otro, el marido de Fanny también es una persona grosera y mala, y tememos por nuestra vida”, alertó.

Colectivas, feministas, activistas y organizaciones civiles de Oaxaca exigieron justicia y captura a los responsables del feminicidio de la joven. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que activó el protocolo de investigación por delito de feminicidio.

De acuerdo al colectivo Ges Mujer, con el feminicidio de Fanny suman 66 oaxaqueñas asesinadas en lo que va del año, de un total de 561 casos de mujeres asesinadas en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa (1 diciembre 2016 – a la fecha).

Este trabajo fue realizado por ISTMO PRESS, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar el original http://www.istmopress.com.mx/istmo/fanny-queria-darle-una-mejor-vida-a-su-hija-pero-la-mataron-y-ahora-nos-amenazan-por-exigir-justicia-alertan-familiares/

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4 años de feminicidio de María José : familia acusa inacción de autoridades

María José desapareció el 17 de febrero de 2017 en Morelia, después de ir a un bar en el que un hombre la abordó y salieron juntos del sitio. Un día después su cuerpo fue hallado sin vida.

Foto: Cuartoscuro

Por Itxaro Arteta, 18 de febrero de 2021

El papá de María José Medina Flores dice que creyó que con el tiempo se le iría pasando la tristeza, pero no ha sido así y no hay un solo día que no piense en su hija desde que hace cuatro años fue asesinada en Morelia, Michoacán, sin que haya ni un solo detenido ni avances claros en la investigación por feminicidio.

José Armando Medina y su familia viven en Salvatierra, Guanajuato. María José estaba estudiando Veterinaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cada fin de semana volvía a casa. Hasta que el 18 de febrero de 2017 su cuerpo fue encontrado sin vida. María José ya no volvió, y en lugar de eso, su padre lleva ya cuatro años yendo a la ciudad en la que perdió a su hija, tan solo para toparse con pared.

Lo más cerca que sintió estar de que se hiciera justicia fue a los dos años del crimen. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) le informó que había localizado en la red social Facebook a un hombre que parecía ser la última persona con quien se vio hablando a María José en videos de la puerta de un bar.

“Me da la impresión, a estas alturas… no, no me da la impresión, tengo la certeza de que no están haciendo nada porque una vez que logran identificar al tipo, dan con él, dan con el nombre, dan con el domicilio, lo citan y se presenta a declarar. Pero pues obviamente en la declaración él no iba a decir ‘sí, yo fui o yo hice esto’. Al contrario, yo después fui a ver qué había pasado y me dicen: no, pues no pasó nada, él dijo que no estuvo ahí”, relata.

El sujeto era también de Guanajuato, del municipio de Uriangato, a menos de una hora de distancia de Salvatierra y el mismo de donde son originarios los amigos con los que María José salió esa noche. Pero todos negaron conocerlo, aunque en Facebook, uno de ellos sí tenía contacto con uno de los amigos con los que el sospechoso reconoció haber ido a ese bar de Morelia en otra ocasión.

“De los otros tres, creo que nada más uno fue a declarar y que no tenía nada que ver. Y los otros dos, los citaron pero que no habían ido, y así se la llevaron una buena cantidad de días o meses, que no iban y no iban, y según esto, me decían que ellos no podían hacer nada cuando es una Fiscalía del Estado, me dicen que no pueden hacer nada en otro estado, no pueden molestar a nadie en otro estado, como si fueran países independientes. Y pues el caso es que estas tipos no fueron, le encargaron la entrevista al Ministerio Público de Uriangato, nomás fue uno y el otro nunca apareció”, recuerda.

María José desapareció la madrugada del viernes 17 de febrero de 2017 después de ir a un bar con unos amigos estudiantes de Derecho. Los videos muestran que en la mesa de al lado había cuatro jóvenes, uno de ellos la abordó y en algún momento salieron juntos del bar. Después de eso, ella intentó llamar por teléfono a varios amigos y amigas, pero nadie le contestó y no se supo más de qué le pasó después de eso.

Su familia empezó a buscarla en la tarde para saber a qué hora regresaba a Salvatierra, pero su teléfono ya no daba tono. Entonces viajó a primera hora del sábado a Morelia, y unas horas después recibió la noticia que cambiaría todo: se había encontrado el cadáver de una chica que fue violada, golpeada y asesinada con un disparo en un paraje rumbo a Atécuaro, unos kilómetros al sur de la ciudad. Era el cuerpo de María José.

“A partir de ahí empezó un viacrucis, porque hay que estar declarando, hay que estar al pendiente de la investigación, hay que estar acudiendo las veces que sea necesarias a presentar pruebas, a presentar testigos. Pero me voy dando cuenta desde que pasa el primer año, pues que no tienen nada; pasa el segundo, pasa el tercero, el cuarto año va a pasar. Yo me desespero porque las veces que he ido me devuelvo con una patada en el trasero. Muchas de las veces que he ido ni me reciben, y me reciben pero solo con previa cita. Y el problema no es ese, sino que cada que voy pues no tienen nada”, lamenta su padre en entrevista.

José Armando ni siquiera ha podido hojear la carpeta de investigación. Nunca se la ofrecieron, dice, y tampoco tienen abogado de oficio, así que mucho después se enteró de que tenía derecho a tener una copia. Pero una vez que se las pidió, le dijeron que justo ese día, no la tenían ahí, en la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio.

Otra pista de la que lamenta que no se hizo nada para obtener más, es de las llamadas que intentó hacer su hija la última noche de su vida. En la sábana de llamadas aparecía que había marcado varios números, unos fueron ubicados como compañeros de la misma universidad de Morelia, pero otro era uno de Salvatierra que no identificaban.

Hace poco, se presentó a casa de la familia Medina Flores un vecino que le contó a los padres que era de él ese registro, y además de la llamada, recibió mensajes de Whatsapp. En ellos María José le decía que se sentía muy incómoda porque estaba en un bar y había llegado un muchacho con el que una vez pasó “algo malo” que en ese momento no quería contar. Es decir, la prueba de que sí conocía a quien estaba en la otra mesa esa noche.

Dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán y hasta 15 días después fueron a buscar al vecino, que para ese entonces, se echó para atrás, negó tener información, y no hubo nada que lo obligara a entregar esos mensajes.

En septiembre pasado, José Armando vio en las noticias el caso de Jessica González Villaseñor, otra joven casi de la misma edad de su hija que fue asesinada. Vio cómo se publicó por todos lados la fotografía del presunto asesino, Diego Urik N, la Fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos y emitió una Ficha Roja a la Interpol, hasta que fue detenido, y reclama que para el posible feminicida de su hija no haya habido más que una entrevista de la que lo dejaron ir porque negó ser el responsable.

Animal Político preguntó a la Fiscalía sobre avances del caso; la respuesta fue que han tenido reuniones para darle información al padre de María José, pero por seguir en investigación no se puede dar ningún dato públicamente.

Este jueves, cuatro años después del crimen que sigue impune, colectivas feministas de Morelia planean montar un memorial en honor de María José.

Morelia fue en 2020 el onceavo lugar en feminicidios de todo el país, por encima de Ecatepec, con 9 casos registrados. Pero Michoacán es uno de los estados que menos tipifica así los asesinatos de mujeres y que más absuelve a los acusados, a pesar de ser una de las 14 entidades que tiene una Fiscalía especializada para ello. En 2020 solo clasificó como feminicidio 21 de 250 homicidios femeninos, el 8.4%, cuando a nivel nacional fue el 25.8%.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) documentó en un informe publicado el año pasado que de 2017 hasta mediados de 2019, Michoacán fue el estado con más condenas absolutorias en caso de feminicidios, 26, ligeramente por encima de las condenatorias.

https://www.animalpolitico.com/2021/02/feminicidio-maria-jose-michoacan-4-anos-inaccion-autoridades/

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Familia en NL denuncia a Fuerza Civil por allanamiento, golpes, robo y tocamientos

Habitantes del municipio rural de Doctor Arroyo aseguraron que elementos de la policía estatal irrumpieron en sus domicilios y agredieron a varias personas, supuestamente para buscar droga.

Interior de uno de los domicilios allanados en Doctor Arroyo. Foto: Especial

Luciano Campos Garza/ PROCESO

MONTERREY, N.L. (apro).- Habitantes del municipio rural de Doctor Arroyo denunciaron a elementos de la policía estatal Fuerza Civil quienes irrumpieron en sus domicilios, golpearon a varias personas e hicieron tocamientos a una moradora, supuestamente para buscar droga guardada.

El incidente ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de octubre, en tres viviendas de la comunidad Los Cuartos. Tras ser detenidas, estas personas fueron liberadas hasta el lunes 26, en Monterrey, luego de que una juez de control determinara que no había elementos para procesarlos, denuncia Cristina Varela Cuello, una de las víctimas.

Ella dice que los policías de FC le robaron de su casa 16 mil pesos en efectivo y productos de aseo personal Avon, que comercializa, además de que le destrozaron la casa.

Un policía, que no puede identificar, porque traía el rostro cubierto, le hizo tocamientos en el cuerpo mientras la tenía sometida, denuncia.

De acuerdo con Cristina, de 48 años, fueron víctimas de este hecho su esposo Rodolfo Cuello Morín, de 50 y el hijo de los dos, Armando de 27. Por lo menos al hijo, dice, lo torturaron con agua.

En otros domicilios y en el mismo incidente fueron detenidos con ellos, y posteriormente liberados, su primo, Carlos Cuello, su esposa Aurora, y los primos José, un mecánico, y Simón, este último afectado de sus facultades mentales.

Al dar su testimonio, Cristina solo quiere que la ciudadanía conozca los hechos, y sepa de qué manera se desempeña la policía Fuerza Civil

“Ni las cintas de los zapatos nos regresaron. Todo lo llevaban en una bolsa, hasta los teléfonos celulares. Nos dijeron que en Monterrey nos iban a entregar, pero no nos entregaron ni las cintas, qué nos van a regresar lo demás. Yo si quiero que la gente sepa qué clase de gobierno tenemos. ¿Si así le seguimos, de quién nos vamos a cuidar?”, se queja.

Buscaban armas y droga

Cristina Varela da su versión del incidente, ocurrido en Doctor Arroyo, un empobrecido municipio ubicado en el extremo sur de Nuevo león, a 320 kilómetros al sur de Monterrey.

Dice que la madrugada del 23 dormía en la recámara de su casa con su esposo, quien se dedica a la albañilería. En otra habitación estaba su hijo, que trabaja en un taller de estructuras para construcción.

Repentinamente a las 5:30 horas sonaron golpes en la puerta. Atisbó al exterior y contó ocho vehículos de Fuerza Civil. Intentó moverse para abrir, según dice, pero en cuestión de segundos, las puertas de la casa estaban destrozadas y los uniformados ya estaban adentro. Aún hoy, dice, las puertas no funcionan.

Los tres vestían ropa interior.

“No nos dieron chance ni de bajarnos de la cama, nos encontraron en ropa interior, dormidos. Tiraron al piso a mi esposo. Yo me pude poner una batita cortita. Salí afuera a amarrar a un perro, que lo cuido como si fuera un niño, y me lo querían matar”.

“Cuando regresé me preguntaron de quien era el otro cuarto, donde estaba dormido mi hijo. Me sentaron en una silla en la cocina, no me dejaban levantar la cabeza. Miré que llevaban a mi hijo, en puro bóxer, descalzo y a los dos los golpearon mucho. Les daban golpes bien feos”, dice.

Comenta que como miraba la acción trajeron una sábana y la cubrieron.

“Oí que estaban sacando agua del lavadero de la cocina. No sabía para qué, pero decía que buscaran una toalla y no sé qué le hacían a mi hijo, pero de pronto dijeron que ya se había muerto. Decían que al cabo por ahí lo iban a tirar”, dice, evocando lo que supone que fue una sesión de tortura.

A ellos se los llevaron y a ella le pidieron que se vistiera, pero tuvo que hacerlo frente a los agentes varones. Luego, según relata, la sentaron en un sillón y no le permitieron que levantara el rostro. Dice que solo alcanzó a percibir que eran agentes de Fuerza Civil.

“Nos dijeron que según andaban buscando armas, que si teníamos cuernos de chivo y eso ni lo conozco. Uno se dedica a su trabajo. Me sacaron de ahí y a ellos ya los habían sacado. Se los llevaron a las patrullas que estaban en la calle. Pero antes de sacarme me robaron mucho”.

“Me robaron un dinero que tenía para varios pagos, unos 16 mil pesos. A mi esposo le vaciaron la cartera, igual a mi hijo. Vendo Avon y Fuller. Tenía en un mueblecito todo lleno y me limpiaron completamente lo que tenía. Se robaron la hielera, y una máquina de cortar pelo que tenía prestada”, dice Cristina.

A los tres se los llevaron detenidos, y los subieron a una camioneta granadera, explica. A ellos los llevaron en la caja y a ella en la cabina. Los trasladaron, recuerda, a las celdas municipales del vecino municipio de Galeana. Estuvieron ahí y hasta el sábado los trasladaron a Monterrey, y los presentaron ante el Ministerio Público. No sabe a dónde los llevaron, sólo refiere que fue un edificio en la Avenida Gonzalitos.

“Nos dijeron que nuestro delito era que andábamos vendiendo droga. Pero antes de sacarnos del rancho, nos bajaron en la calle principal (de Doctor Arroyo), donde pasa la carretera y alguna gente nos vio. No nos permitieron avisarle a nadie. Ahí nos tomaron fotos antes de sacarnos”, comenta.

Refiere que cuando llegó a Monterrey su hijo mostraba hematomas en la espalda. Fueron llevados a un hospital donde, dice, el dictamen médico solo hacía referencia que su esposo presentaba una herida cortante en el pómulo, abajo del ojo. Pero no fueron incluidos los golpes que evidenciaban.

Estuvieron encerrados en celdas de Monterrey el sábado, el domingo, y hasta el lunes fueron excarcelados, cuando los presentaron con una juez de control. Para entonces, dos de sus hijos, que viven en esta ciudad, llevaron abogados para que los asesoraran, y eso ayudó a la causa.

“La juez nos liberó. Metimos abogados y como dijeron donde vivíamos, la juez dijo que no había delito. Yo les dije que el que a mí me cuidaba, me manoseaba. El de la Fuerza Civil, él sí me manoseaba. Eso le molestó a la señora (jueza), que dijo que era un abuso que se hubieran metido a la casa y que por la edad que yo tenía, eso no era conveniente. Yo nunca les miré la cara, porque andaban cubiertos”, dice.

Cristina dice que sólo quiere hacer una denuncia pública, pues está segura de que no le serán reintegrados los bienes y el dinero que, dice, le fueron robados. Además, afirma, no era necesario que le rompieran las puertas. “Les hubiera abierto, si ellos han sonado. Si hubiera un cargo, pues nos hubieran llevado, pero, aparte de eso, venir a robarnos lo poquito que uno tiene…”, se queja.

Entrevistada aparte, Perla Cuello Lucio, hermana de Carlos, y quien vive en Matehuala, San Luis Potosí, municipio cercano al sitio de los hechos, dice que tras hablar con los afectados, encontró que fueron tres las casas allanadas.

En la casa que habitan José y Simón, también los uniformados ingresaron y les robaron botas y una chamarra. También sometieron a Carlos y Aurora, a quienes les apuntaron con armas desde la ventana, por lo que él tuvo que abrir la puerta.

“A él lo sometieron en un bote de agua y le echaron agua mineral en la nariz. Al hijo de Cristina también lo sometieron en un bote de agua, lo mismo que a mi hermano. Les preguntaron por dos nombres, que no sabían quiénes eran”, explica y dice que se los llevaron detenidos.

Dice que inicialmente hicieron una denuncia pública en redes sociales en Matehuala, pero ahora quieren que el caso sea conocido en un ámbito mayor.

Señala que los habitantes de Los Cuartos están indignados y levantan firmas para expresar su inconformidad por estos hechos.

https://www.proceso.com.mx/nacional/2020/11/4/familia-en-nl-denuncia-fuerza-civil-por-allanamiento-golpes-robo-tocamientos-252129.html 

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Ejido Ayotitlán pretende desalojar a la última familia de una ranchería para rentar terrenos a minera (Colima)

Foto: Proceso (Minera Peña Colorada)

Pedro Zamora Briseño / Proceso

COLIMA, Col. (apro).- La Red Jalisciense de Derechos Humanos denunció que el ejido Ayotitlán pretende desalojar a la última familia que habita la ranchería indígena El Mameycito, ubicada en los límites territoriales de Colima y Jalisco, para entregar en renta los terrenos a la minera Peña Colorada.

El presidente de la organización, Óscar González Garí, informó que desde el pasado lunes 20 la familia de Aurelio Deniz Gerardo ha padecido acoso y hostigamiento por parte de directivos del ejido, así como de personal de seguridad privada de la minera y agentes policíacos municipales de Cuautitlán, Jalisco, con la advertencia de que debe abandonar los terrenos, en los que Peña Colorada depositará sus desechos industriales.

Por lo anterior, este jueves llegaron a esa zona integrantes del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Autoridad Indígena Tradicional, quienes convocaron a los poblados vecinos a instalar en el predio La Aguacatera, de El Mameycito, un plantón permanente para evitar el despojo de las tierras por parte del ejido a favor de la empresa minera.

González Garí indicó que en lo que va de este siglo ya fueron desalojados los habitantes de tres localidades nahuas: Los Potros, Puertecito de Las Parotas y Rincón de Manantlán, para dar paso a empresas mineras que extraen hierro de esta región y lo exportan a través del puerto de Manzanillo.

De acuerdo con la red, El Mameycito forma parte de las 14 localidades que se ubican dentro del territorio ancestral en litigio que enfrentó a Jalisco y Colima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la controversia constitucional número 03/98, desde entonces olvidada, “por ser de indios”, en los sótanos del Senado por las administraciones estatales de Jalisco.

Las localidades indígenas jaliscienses ubicadas en la franja en disputa son Las Pesadas, La Astilla, Cerro Prieto, Chanquiahuitl, Changavilán, San Antonio, El Platanar, Plan de Méndez, La Piedra, El Mameycito, El Naranjal, El Pedregal y La Coconal, nahuas en su mayoría.

González Garí manifestó que mientras el gobierno de Jalisco concentra su atención en la pandemia del covid-19 y en la temática urbana, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, S.A. de C.V., “instigador del diferendo territorial con el estado de Colima por 406.8 kilómetros cuadrados, no duerme, y para quitarle a nuestra entidad más territorio que necesita para ampliar sus instalaciones y tiraderos de basura industrial se lanzó con todos sus recursos y la complicidad de policías jaliscienses a desalojar a los últimos habitantes de El Mameycito, anexo de la comunidad indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco”.

Señaló que el lunes 20 empezó el asedio contra la familia “con el sorpresivo arribo de un dron que sobrevoló el predio La Aguacatera y estuvo girando en torno a las labores agrícolas de Aurelio Deniz Gerardo y sus hermanos Federico y Abraham”, mientras que por la tarde “se presentó, sin pedir permiso para ingresar al predio de la familia, un supuesto ‘ecologista’ que traía un perro, no se quiso identificar y sólo miraba las labores agrícolas”.

En los días posteriores el asedio “se incrementó drásticamente, pues llegaron al sitio directivos del comisariado ejidal de Ayotitlán, encabezados por su presidente, Juan Díaz Aguilar, acompañados de agentes de la policía municipal de Cuautitlán y cuatro elementos de seguridad privada de la minera, cada uno con un perro.”

Óscar González refirió que le advirtieron a Aurelio Deniz que debía retirarse de esos terrenos, pues “no ganas nada sembrando maíz, ya retírate con tu familia. El Ejido le rentó a Peña Colorada estas tierras, evítanos tener que desalojarte de aquí”.

Ante ello, Aurelio Deniz se comunicó con el presidente de la RJDH, a quien puso al tanto de lo que estaba pasando en esos momentos, por lo que el representante de la organización se comunicó con el presidente municipal de Cuautitlán, Gerardo Palacios Campos, quien accedió a retirar a los policías de la zona.

La Red Jalisciense de Derechos Humanos recordó que el próximo 9 de agosto se conmemorará en esa región el centenario de la matanza de Los Llanos de Timbillos, en la que fueron asesinados 13 indígenas nahuas de Telcruz y Ayotitlán por parte de caciques de Colima que iniciaron de esa manera la invasión de ese territorio.

La organización ratificó su apoyo a la ranchería El Mameycito y advirtió que se mantendrá al pendiente para evitar el desalojo de sus habitantes.

https://www.proceso.com.mx/639627/ejido-ayotitlan-pretende-desalojar-a-la-ultima-familia-de-una-rancheria-para-rentar-terrenos-a-minera

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‪PRESENTA SEDUC PROYECTO “APRENDAMOS EN FAMILIA DESDE LA CASA” ANTE INTEGRANTES DEL CONAEDU‬

Para apoyar el fortalecimiento de los aprendizajes de las niñas, niños y jóvenes del Estado durante la reactivación de labores educativas a distancia, la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (SEDUC) desarrolló el proyecto “Aprendamos en familia desde la casa”, como plan emergente para dar continuidad al ciclo escolar 2019-2020 y que complementará las estrategias emitidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó el titular de la dependencia, Ricardo Koh Cambranis.

En el marco de la décimo octava reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDUC), desarrollada en modalidad virtual y presidida por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, Koh Cambranis presentó el proyecto educativo local, elaborado por docentes, directores y supervisores para acompañar a alumnos, madres y padres de familia durante la reanudación del ciclo lectivo a partir del lunes 20 de abril, y cuenten con material de aprendizaje para trabajar en el periodo de resguardo para mitigar la propagación del COVID-19.

El titular de la SEDUC detalló que el programa “Aprendamos en familia desde la casa” integra material educativo correspondiente a cada nivel de Educación Básica, desde Inicial hasta Secundaria, por grados y asignaturas, todos ellos alineados a los planes y programas de estudio vigentes, y con referencia a los temas planteados en los libros de texto gratuito.

Para su consulta, la comunidad escolar puede ingresar a la página web de la dependencia: www.educacioncampeche.gob.mx, así como en el apartado de “notificaciones” de la aplicación móvil App SEDUC Consulta Escolar. También se difundirá a través de las redes sociales oficiales y por medio de la estructura operativa que corresponde a: supervisores, directores, docentes y personal de apoyo.

Koh Cambranis mencionó que, para lograr llegar a todos los alumnos, con el apoyo de los presidentes de cada municipio del Estado, se distribuirán cuadernillos de actividades para los estudiantes de las zonas rurales y continúen reforzando sus conocimientos.

Durante esta reunión virtual que contó con la participación de secretarios de Educación de todo el país, Moctezuma Barragán subrayó que el programa desarrollado por la SEP, “Aprende en Casa”, continuará con su programación dedicada a los niveles de Educación Básica y Media Superior, a través de televisión abierta, por sistema de cable, y radio.

Adicionalmente, después de cada programa se brindarán lecciones que, al finalizar, harán preguntas que los alumnos deberán responder e integrar a una “carpeta de experiencias”, que al retornar a sus escuelas el próximo 1° de junio, entregarán a sus docentes para complementar su evaluación al final del ciclo escolar.

El secretario de Educación de Campeche exhortó a la comunidad educativa de la entidad a participar y estar atentos a todas estas herramientas que se brindan para lograr que los estudiantes alcancen el aprendizaje esperado.

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