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Contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
México.

4 de septiembre del 2021.

A quien corresponda:

En acuerdo con las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, el CCRI-CG del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas, declaramos lo siguiente:

Primero.- En días recientes hemos sido testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México.

Segundo.- Como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por esas crueldades, el gobierno mexicano promete sanciones a los “excesos” cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). Esa promesa no es sino una mentira más. A los agentes se les dice que eso se dirá públicamente, para evitar la presión de la llamada opinión pública, pero que deben seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las consecuencias. Ningún migrante debe ir más allá de Chiapas.

Tercero.- Hasta entre los elementos de la llamada Guardia Nacional hay descontento. Porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado, y ahora los tienen como perros de presa persiguiendo a personas de piel oscura. Porque ésa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro: “Detengan a cualquier pinche negro que topen”, es la orden. Es toda una declaración de política exterior.

Cuarto.- El adoctrinamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración raya en lo ridículo. Les dicen que están defendiendo a México de una invasión –como declaró con desparpajo una funcionaria del INM-. No le haría mal al Instituto Nacional de Migración tomar unas clases básicas de historia –ahora que hay vuelta a clases- para entender que, quienes invaden, son del gobierno de Estados Unidos que impone esa política migratoria que contradice toda la historia de política exterior del Estado Mexicano.

Quinto.- Las maniobras que realiza el INM para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, para que no documenten sus acciones, nos recuerdan lo hecho por el gobierno de Salinas de Gortari en los primeros días de 1994, cuando cerró los accesos a la selva Lacandona para impedir que se conociera lo que hacía. Y la cacería humana de migrantes, nos recuerda lo del gobierno de Zedillo que, en 1995, mandó a perseguirnos con perros.

Sexto.- Bastante vergüenza da que un gobierno, que se dice progresista, se pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano, como para agregar el remedo que hace de lo que los finqueros chiapanecos, todavía hace apenas unos años, hacían para someter a sus peones. Acorde con las referencias religiosas, tan caras allá arriba, se predica: “que tu pie izquierdo no sepa a quién pateas con el pie derecho”.

Séptimo.- Llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esa situación se detenga ya. Y a que, en la medida de las posibilidades de cada quien, se brinde ayuda humanitaria a los migrantes.

Por nuestra parte, las comunidades indígenas zapatistas, a través de sus 12 Juntas de Buen Gobierno y la Comisión Sexta Zapatista, han recopilado una modesta cantidad de paga, misma que se hará llegar a alguno de los albergues u organizaciones que hacen trabajo humanitario con migrantes en Chiapas.

Llamamos a la Sexta Nacional, a las Redes en Resistencia y Rebeldía, al colectivo “Llegó la Hora de los Pueblos”, a las Organizaciones No Gubernamentales y a las personas de buena voluntad en todo el mundo a que hagan lo que esté a su alcance para, primero, detener la cacería que perpetra el INM con el apoyo de la Guardia Nacional, y, segundo, para mejorar las condiciones de vida en que se encuentra la población migrante presente en esta geografía que se llama México.

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Así como estos hermanos migrantes y nosotros extemporáneos, un día llegará que tod@s seamos migrantes y extemporáneos en este planeta. Y todo quien no tenga el color del dinero, será perseguido, cazado, confinado, desaparecido, eliminado.

Por eso, contra la xenofobia y el racismo, la lucha por la vida.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés Subcomandante Insurgente Galeano.
México, 4 de septiembre del 2021.


Collage con base a una imagen de una caravana de migrantes, en su mayoría conformada por haitianos, que recorre una carretera en el municipio de Tapachula, estado de Chiapas, México, el 1 de septiembre de 2021. © EFE/Juan Manuel Blanco

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/09/04/contra-la-xenofobia-y-el-racismo-la-lucha-por-la-vida/

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10 años de lucha y organización social en Cherán (Michoacán)

Hace una década Cherán se organizó para proteger su territorio. Fue un levantamiento encabezado por mujeres. Si este levantamiento hubiera sido protagonizado en su origen por hombres la historia hubiera sido diferente: linchamientos, venganzas. En cambio, las mujeres que se levantaron tuvieron dos aciertos de inmediato: primero frenaron la tala y luego detuvieron el crecimiento exponencial de la violencia; en segundo lugar, llenaron de valor a todo Cherán para salir de la inmovilidad y comenzar a organizarse

Pie de página, 14 de abril de 2021
Texto y fotos: Heriberto Paredes Coronel

Al bajar del autobús me tardé unos minutos en darme cuenta de que estábamos como a cien metros de donde había mucha gente reunida. Algunas columnas de humo completaban la escena. Conforme nos acercamos, las personas cobraron más definición y sus jorongos y sombreros nos indicaron que estábamos en un lugar donde en la madrugada hacía mucho frío. Era mayo de 2011, en la meseta p’urhépecha de Michoacán, Cherán, una localidad de poco más de 20 mil habitantes, que hace poco más de 2 semanas se había levantado en armas para frenar a un grupo de talamontes ligados al crimen organizado.

Nadie más bajó del camión. Así que al llegar a donde estaba la gente, éramos tan sólo tres aprendices de periodismo, de pie, frente a un montón de señores cubiertos del rostro y de los cuales salieron las primeras palabras, lógicas: ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí?

«Somos periodistas independientes, tenemos mucho interés por conocer lo que pasó aquí, saber por qué están luchando, tal vez podemos hablar con algunas personas, hacer algunas entrevistas y, si nos permiten, tomar algunas fotos», no recuerdo si dije yo o alguna de mis compañeras de trabajo y cobertura. Recientemente habíamos decidido avocar parte de nuestra vida al periodismo, oficio que inevitablemente nos enseñó –ahora lo sé– a periodistear.

Por alguna razón les generamos confianza y nos indicaron que podíamos subirnos a una combi que estaba pasos más adelante, detrás de la barricada. Al avanzar, vimos restos de lumbre y de comida, un adelanto de lo que se convertiría en un modo de hacer política en Cherán, en un espacio de discusión fundamental para organizarse calle por calle: las fogatas.

Subimos al transporte y ahí nos recibió el Profe Trinidad Ramírez, nos dio la mano y se presentó como maestro. Nos llevó a su casa, desayunamos y comenzó la ruta de una investigación que no se ha detenido hasta ahora. De hecho, a cada paso dado en la comunidad p’urhépecha, nuevas preguntas y nuevos aprendizajes se abalanzan.

Este primer acercamiento nos transformó, al menos puedo decir esto respecto a mi propio proceso como periodista. Estar ahí, en la casa de una de las familias que había participado en el alzamiento, saber que afuera, semi-atravesados en las avenidas, estaban algunos vehículos quemados, y que la gente no dejaba de transformar su entorno… estas fueron las primeras enseñanzas.

Tata Trini nos contó de las razones del levantamiento popular contra los talamontes, quienes protegidos y apoyados por la policía municipal y las autoridades locales habían destrozado una parte considerable del bosque que rodea Cherán. Habló de que, más o menos, por 2008 el corte ilegal de madera se hizo visible y sistemático, así como perpetrado por sujetos con armas de grueso calibre, quienes iban y venían manejando transportes llenos de madera.

Hoy sabemos que quienes cometieron estos destrozos eran parte de una organización criminal conocida como la Familia Michoacana, misma que había diversificado sus negocios de tráfico y venta de droga al de extorsión, secuestro, y venta ilegal de madera preciosa. También se sabe que Roberto Bautista, priísta, fue el presidente municipal que les dio apoyo para este saqueo.

Foto: Heriberto Paredes

La gran fogata de Cherán

Habían pasado pocas semanas desde que un grupo de mujeres se había armado de coraje y, al despuntar el día 15 de abril de 2011, tocaron las campanas de la iglesia del Calvario para convocar al pueblo entero y, de manera conjunta, detener a quienes osaban acabarse el bosque, aquel lugar de donde provenía el sustento de la comunidad. Fueron las mujeres quienes, en lugar de reproducir la violencia, pusieron un alto al despojo, armadas de palos, machetes y sartenes, detuvieron por unos días a los criminales y luego los entregaron sanos y salvos.

«Yo pienso que en ese momento nos vimos con la necesidad de apoyarnos nosotras mismas. Yo no voy a hablar aquí de que yo hice más, que esa hizo más. No. Te nace el valor de ver sufrir a tu gente, de ver qué es lo que le está pasando al otro, entonces se junta como que todo ese ánimo, toda esa fuerza. Es cuando, pues tienes que apoyar. Tienes que hacerlo. Ya no es que quieras o no quieras, ya estás metida en el barco y tienes que hacer algo por tu gente. Por lo menos yo pienso que eso es la sangre que nos corre a nosotros acá en las comunidades, de que tenemos que hacerlo así», relataría Nana Adelaida en una entrevista años después del levantamiento.

Por supuesto que, si este levantamiento hubiera sido protagonizado en su origen por hombres, es muy probable que la historia hubiera sido diferente. Las probabilidades del linchamiento eran altas y el coraje anidado entre las familias cheranenses habría bastado para encender la mecha. En cambio, las mujeres que se levantaron tuvieron dos aciertos de inmediato: primero frenaron la tala y luego detuvieron el crecimiento exponencial de la violencia; en segundo lugar, llenaron de valor a todo Cherán para salir de la inmovilidad y comenzar a organizarse.

Foto: Heriberto Paredes

Todo esto lo reflexionamos muchas noches al calor de una fogata o muchas fogatas, siempre con atole blanco o café en la mano, té de nurite y algo qué comer, desde churipo hasta pozole. Nunca faltó la comida en las fogatas. De una manera espontánea, se consensuó en toda la comunidad que para vigilar día y noche las calles, había que estar haciendo guardias, dando informes a la recién formada Ronda Comunitaria, ese grupo de jóvenes que hacía vigilancia en las entradas y salidas de la comunidad y en los linderos del bosque.

No hubo mejor modo que sacar la cocina a la calle y ahí estar haciendo guardia, alrededor de un fogón que nunca se apagó. De día, mis compañeras y yo, hicimos recorridos tratando de conseguir entrevistas, datos, buscando a quién nos pudiera hablar de los detalles técnicos de la tala, la extensión del bosque, los árboles que se perdieron, cuántos vehículos transportaban la madera al día, mapas de la región y de la población. De noche elegíamos una fogata y ahí empezábamos, platicando un poco, comiendo otro tanto, y luego a otra fogata, y luego a otra, y luego a otra, hasta que el cansancio nos obligaba a dormir al menos un par de horas.

Cherán siempre me ha recibido con los brazos abiertos y las puertas de su casa listas para ser atravesadas. Ha significado un lugar de confianza y de mucho cariño. En aquellos años, una década atrás, no imaginaba todo lo que la comunidad caminaría a partir de las reflexiones hechas en las fogatas y cómo la historia sería hecha sin necesidad de partidos políticos o líderes que verticalmente guiaran el proceso.

En las fogatas hablaban las mujeres, nos hacían preguntas y bromas, ellas nos dieron la pauta de lo que había que escuchar y delinearon esta lucha tan transparente. Fueron ellas las que, una mañana consiguieron que nos coláramos en un recorrido por el bosque talado y quemado, en compañía de una delegación de la Comisión Nacional Forestal, quien venía a hacer un recuento de los daños.

Las fotos que acompañan este texto son en buena medida fruto de este recorrido, y son también imágenes del dolor. Una sensación de muerte y vacío me recorre cada vez que recuerdo este momento. Un pesado silencio reinaba cada paso y la sensación de un posible tiroteo ocasionado por los talamontes crecía. Hace unos meses regresé a Cherán para otro proyecto y por razones de plagas en ciertos árboles, la única salida fue derribarlos, así que de pronto presencié la caída de un pino de 20 o 30 metros y el sonido que se desprende de su desplome es el sonido de la muerte, la banda sonora de lo que 10 años antes vi por primera vez.

Lo que viene para la comunidad

Tras una década de diversos acontecimientos que sería difícil sintetizar, me quedo con las sensaciones de los primeros días en que todo era nuevo y estaba por hacerse, pero también pienso en que cada ciclo de gobierno comunal está basado en este principio de reinvención, de reconstrucción de algún aspecto que la Asamblea General determina como prioridad. En Cherán se construyó un proceso que sentó las bases de un camino para la autonomía en México, pero sobre todo se fortaleció la determinación y la libertad que cada pueblo originario tiene para elegir la forma de gobierno y organización interna que le parezca pertinente.

Cherán construyó su propio camino, así como años atrás lo habían hecho las comunidades zapatistas, tal y como se ha hecho en Oaxaca o en Guerrero, en donde otros modos y otros caminos de la política han surgido o se han confirmado, a veces bajo la influencia de las experiencias más sonadas, pero a veces bajo el signo propio. Esta comunidad michoacana puso en entredicho que la política existe únicamente dentro del cause tradicional del Estado mexicano, bajos sus términos y condiciones, y exhibió que quienes han apoyado y protegido criminales son los partidos políticos que pretenden gobernar.

En este primer semestre de 2021, por cuarta ocasión, Cherán está activando sus mecanismos para elegir al nuevo Consejo Mayor, órgano de gobierno surgido tras el levantamiento, compuesto por 12 personas, 3 de cada uno de los 4 barrios que forman la comunidad. De manera simultánea, Michoacán y otros estados en el país convergen en la carrera partidista para presidentes municipales y gobernadores, para la renovación del aparato legislativo, sin que importe mucho establecer un mecanismo de participación política popular.

Tal vez valga la pena resaltar que mientras en otras regiones de México las posibilidades de que los jóvenes elijan la profesión o la actividad laboral que mejor les plazca son muy reducidas, casi inexistentes, en cambio en esta comunidad p’urhépecha, aunque sea incipientemente, existe la posibilidad de ser artista, arquitecto, doctor, historiadora, promotora cultural. En Cherán la gente puede salir a la calle con tranquilidad, las casas no tienen enormes chapas para cerrar las puertas, las niñas y niños juegan y de alguna manera, la vida es mucho mejor.

Foto: Heriberto Paredes

https://piedepagina.mx/10-anos-de-lucha-y-organizacion-social-en-cheran/

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Cancún; Ante negativa del Congreso, feministas reafirman su lucha por aborto (Quintana Roo)

SalasM / La Verdad Noticias.

“La lucha sigue”, dice integrante del colectivo Resistencia Sorora, tras la no despenalización del aborto en Quintana Roo; preparan una serie de eventos.

Con más de nueve eventos programados en Cancún, feministas seguirán luchando para que la despenalización del aborto sea una realidad en Quintana Roo, esto ante la ante negativa del Congreso por votar contra el aborto. Colectivos hablaron con La Verdad Noticias y detallaron la serie de actividades que tienen programadas “para continuar con la lucha”.

Diana Miramontes, integrante del colectivo Resistencia Sorora, en entrevista, dijo que alrededor de 10 actividades tienen preparadas durante la primera y parte de la segunda semana de marzo en Cancún y detalló que tras lo ocurrido del pasado martes en el Congreso sobre el tema del aborto, no las detendrá para no llevar a cabo lo ya planeado.
No descansarán hasta lograr su objetivo

“La ola será de Marea Verde, todas las actividades serán con la finalidad de apoyar todavia el aborto, no lo vamos a soltar, ya que parece que, el mismo lunes 8 de marzo se presentará el amparo indirecto para que se lleve a la Suprema Corte de Justicia”. señaló.

Es de mencionar que las actividades de las feministas iniciaron desde el pasado lunes 1 de marzo y se espera que concluyan hasta el martes 9 del mismo mes. Las futuras actividades son las siguientes, iniciando desde el jueves 4 de marzo de 2021.

Jueves 4 de marzo: panel se psicólogas de manera virtual.
Viernes 5 de marzo: evento artístico, cultural entre colectivas en el Mora Mora, en este evento solo mujeres pueden asistir.
Sábado 6 de marzo: cine al aire libre en la zona hotelera de Cancún.
Domingo 7 de marzo: mercadito en el domo de la Región 95, de 15:00 horas a 20:00 horas.
Lunes 8 de marzo: Se tiene previsto dos actividades, la primera, una marcha sobre ruedas en la zona hotelera, la ruta es del ceviche hasta el asta bandera y a las 15:00 horas “Concentración Pacífica en el Malecón Tajamar.
Martes 9 de marzo: comité de víctimas del 9N en la explanada del palacio municipal de Benito Juárez, Cancún.

Llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia

Diana del colectivo Resistencia Sorora, señaló que aunque las y los diputados votaron en contra, las feministas reconocen que ya se avanzó bastante en esta lucha por eso no lo van a soltar, afirmó que después de presentar el amparo, verán que procede, lo cierto es que, “nunca nos cansaremos de luchar, seguiremos apoyando a las compañeras, todo esto es por el aborto legal ya”, concluyó.

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Cancun-Ante-negativa-del-Congreso-feministas-reafirman-su-lucha-por-aborto-20210303-0195.html

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#72migrantes: 10 años de lucha por la verdad

Rancho el Huizache, San Fernando, Tamaulipas. Foto Duilio Rodriguez.

Este 22 y 23 de agosto se cumplen 10 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando. No hay sentencias, ni se ha investigado la participación de autoridades. Tamaulipas sigue, como entonces, controlada por grupos criminales que esparcen el terror. Y los migrantes siguen buscando una vida mejor. Pero las familias no aceptan el olvido, ni detienen su búsqueda por la verdad

Texto: Daniela Pastrana/ Video y foto: Duilio Rodríguez/ PIE DE PÁGINA

Entre el 22 y 23 agosto de 2010, integrantes del cartel Los Zetas secuestraron y asesinaron en el municipio de San Fernando, Tamaulipas a 58 hombres y 14 mujeres que buscaban llegar a Estados Unidos. Venían de Centroamérica, de Ecuador, de Brasil y de la India. Sus cuerpos quedaron expuestos, apilados uno junto al otro, en una bodega de una ranchería. Así los encontró un convoy de la Marina con el que se topó un sobreviviente que logró huir.

Diez años después, el sacerdote Pedro Pantoja, fundador de la Casa Belém para migrantes, en Saltillo, Coahuila, no tiene duda en asegurar que México es el cementerio de los centroamericanos.

“El migrante es un muerto que atraviesa México, sin nombre y sin entierro”, dijo el sacerdote esta semana en un conversatorio virtual.

“El clamor de estas familias (de los 72 migrantes masacrados) lo vamos a escuchar todos estos días: Ni perdón, ni olvido. La desprestigiada guerra del presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, causó extremada violencia en el país, sus diferentes grupos cubrieron todo el territorio mexicano”.

Luego enlistó las deudas del gobierno mexicano: Las familias de las víctimas nunca fueron invitadas para dar testimonio y no es posible que consigan las copias de los expedientes, fundamentales para saber qué es lo ha investigado el Estado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que ha acompañado jurídicamente a las familias, aumenta la lista: No hay ninguna sentencia para las 15 personas procesadas por los homicidios, y tampoco se ha investigado la participación de las autoridades, a pesar de las evidencias de que los policías municipales estuvieron involucrados.

La Fundación para la Justicia logró, después de un litigio de 7 años, que se ordenara el acceso al expediente y que en su Recomendación 80/2013 la CNDH clasificara la masacre como un delito grave.

Con el cambio de administración, las organizaciones buscaron un acercamiento con el gobierno federal y promovieron la creación de la Unidad Mixta de Investigación, que permita crear las condiciones para saber qué fue lo que ocurrió, quién participó, quiénes y por qué dejaron que estos hechos ocurrieran.

La Unidad Mixta, explican sus promotores, permitiría investigar el contexto de macrocriminalidad de la región y del país, un paso hacia las garantías de no repetición. Sin embargo, esta unidad es aún una deuda pendiente del Estado con las víctimas.

Lo que si se logró fue la concentración de diversos casos de desaparición y ejecuciones masivas de migrantes en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República.

La UDIPM concentra ahora los casos de 72 migrantes, Cadereyta y Güemez (de 49 torsos tirados en un paraje de Nuevo León), el de los migrantes desaparecidos en el caso San Luis de la Paz (relacionado con las 47 fosas clandestinas localizadas en marzo de 2011 en San Fernando) y el caso de los hermanos Román.

Para este día, distintas organizaciones promueven acciones de memoria y demanda de justicia, y usar las redes sociales con los Hashtag #MasDe72 #72Migrantes y #ContemosLoQueNosPasó

 


A continuación presentamos una selección del seguimiento que le hemos dado a todas estas historias en los últimos cinco años.

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El legendario “The Cavern Club” de Liverpool lucha por sobrevivir en plena pandemia de COVID

Los conciertos de música en directo en interiores han estado prohibidos en el Reino Unido hasta el pasado sábado, si bien ahora los locales deben respetar medidas de seguridad y distancia social, por lo que se reduce su aforo, su capacidad de generar ingresos y su supervivencia.

Londres, 17 de agosto (EFE).- Los dueños del legendario “The Cavern Club” de Liverpool, el local musical donde comenzaron su carrera The Beatles, están luchando por su “supervivencia” ante la crisis del coronavirus y reclaman ayudas públicas para mantenerse a flote.

El local, convertido en una de las principales atracciones turísticas de la ciudad inglesa, suele recibir a cerca de 800 mil visitantes al año.

El pequeño escenario del “The Cavern” vio tocar a los Beatles por primera vez en 1961, aunque por sus tablas también han pasado The Rolling Stones, Stevie Wonder, David Bowie y Adele, entre otros.

Cuando el Reino Unido tomó medidas para evitar la transmisión del coronavirus, a finales de marzo, “The Cavern” comenzó a perder unas 30 mil libras a la semana (33 mil 110 euros), aseguró a la BBC Bill Heckie, uno de los directores del local.

“Pasamos cinco meses antes de que tuviéramos que despedir, desafortunadamente, a unas 20 personas. Creemos que podríamos tener que despedir a otras 20 en las próximas semanas”, alertó Heckie.

“Hace algunos años tomamos la decisión de mantener en el banco tanto dinero como fuera posible por si venían días de lluvia y no nos dimos cuenta de que lo que venía era una tormenta. Así que teníamos 1.4 millones de libras en el banco (1.8 millones de dólares), que ahora se han reducido a la mitad”, describió.

Los conciertos de música en directo en interiores han estado prohibidos en el Reino Unido hasta el pasado sábado, si bien ahora los locales deben respetar medidas de seguridad y distancia social, por lo que se reduce su aforo y su capacidad de generar ingresos.

El director de “The Cavern” recalcó que necesitarán fondos públicos para salir del bache: “No quiero que paguen para que tengamos beneficios”, pero “al menos asegurarnos de que no perdemos dinero”.

 El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, afirmó que “la perspectiva de perder una joya nacional como ‘The Cavern’ es un escenario horrible”.

“El ayuntamiento de Liverpool está haciendo todo lo que puede para ayudar a nuestros locales, pero no podemos llegar a todas partes debido a la presión a la que estamos sometidos, ayudando a aquellos más vulnerables de nuestras comunidades”, agregó.

Un portavoz del consistorio detalló a la BBC que el local musical debe tratar de hacerse con fondos estatales dedicados a la recuperación de la industria cultural.

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“AQUÍ ESTÁN LOS AHORROS DE TODA MI VIDA”. LA LUCHA POR UNA VIVIENDA EN LA BONDOJITO (Ciudad de México)


Las familias que aspiran a un hogar en este predio vigilan desde una caseta que no vengan invasores. Fotos: Alejandra Crail.

Alejandra Crail / EmeEquis

Son 55 familias que luchan por una vivienda digna en la Bondojito. Como Irma, que dio 500 mil pesos de enganche y ahora se enfrenta a un exdiputado influyente que reclama el predio y amenaza con invadirlo. Así es la lucha por unos metros cuadrados de hogar en México.

EMEEQUIS.– Irma Noyola siempre había querido una casa propia. Un espacio en algún lugar de la Ciudad de México donde establecer un hogar, reducir sus traslados al trabajo y, sobre todo, tener la posibilidad de heredar un patrimonio a sus hijos.

Años y años de trabajo como comerciante le permitieron, al fin, aspirar a un patrimonio. En 2018 pensó que esos años de renta terminarían pronto. Invirtió sus ahorros en el proyecto que la hizo tocar sus sueños con los dedos: Calle Oriente 107 número 3370, colonia Tablas de San Agustín, en la Gustavo A. Madero. “Un hogar en la Bondojito”.

Irma, de 63 años, se enteró en un día laboral del proyecto que se desarrollaría en ese terreno. Trabajaba como comerciante en el Mercado de Granaditas, cerca de La Lagunilla, cuando recibió un folleto que anunciaba el desarrollo de vivienda a costo accesible en la colonia conocida como la Bondojito, relativamente cerca de su espacio de trabajo.

No fue la única que recibió la promoción. Otros comerciantes de la zona también se interesaron. Su perfil era similar al de doña Irma: personas que llevaban décadas de trabajo, con algunos ahorros, que vivían en la periferia de la ciudad y les tomaba horas trasladarse de un punto a otro. Pero, sobre todo, que no tenían forma de comprobar ingresos, por la informalidad laboral en la que habían vivido toda su vida.

Por eso, cuando este proyecto les ofreció la posibilidad de adquirir un departamento sin este último requisito, dando un enganche y estableciendo mensualidades de pago accesibles y personalizadas para cada uno, no lo dudaron.

Y así, como doña Irma, otras 54 personas decidieron dar el paso. Hubo quienes dieron de enganche 500 mil pesos –como en su caso–, hasta lo mínimo, 80 mil.

Era una pesadilla disfrazada de sueño.

“Fue la oportunidad de hacerme de algo mío. Aquí están los ahorros de toda mi vida”, dice Irma, mientras señala el suelo del predio, un piso de tierra en el que trabajadores de la construcción escarban para, por fin, asentar los cimientos de las viviendas.

EL SUEÑO TRUNCO

A dos años de haber apostado sus ahorros, el proyecto no se ha consolidado. Los permisos están en orden, la compra estuvo en regla, pero los vecinos no duermen en esa casa con la que sueñan: un exfuncionario reclama el predio como propio.

“Desde el 2018 que esto empezó, Édgar Torres Baltazar –exdiputado perredista y dirigente de la asociación Movimiento Alternativa Social (MAS)– se ha dedicado a amedrentarnos y amenazarnos. Nos envía golpeadores y amenaza con invadir el predio”, cuenta doña Irma en entrevista.

Este es sólo uno de los obstáculos que este grupo de 55 familias ha tenido que sortear en búsqueda de una vivienda digna. Como dice Jesús Reyes, otro de los afectados: “Todo ser humano anhela un techo donde vivir, pero hay mucha desigualdad, no todos tenemos oportunidad, no todos podemos vivir igual”.

Por eso él y sus compañeros luchan y, aún en tiempos de Covid, no abandonan ese pedazo de tierra que ven como la única posibilidad de tener un hogar.

Y es que en México hay apenas 32 millones de viviendas, de las cuales 67.9% son habitadas por sus propietarios y el resto son rentadas o prestadas a familias enteras, según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

La tenencia de una propiedad es, sin embargo, producto de una cultura de apoyo familiar, es decir, son las mismas familias las que mayoritariamente facilitan la tenencia de vivienda a sus congéneres a partir de una herencia o de apoyo financiero, mas no porque esto sea producto de un mercado inmobiliario accesible para la mayoría de la población, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esto se ve evidenciado también en la Encuesta Intercensal del INEGI: sólo el 30% de quienes adquirieron una vivienda la compraron ya hecha.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha estudiado las causas que obstaculizan el acceso a la vivienda en México y ha concluido que hay una relación directa con la línea de la pobreza.

“En México, más de la mitad de las personas (50.6%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza por ingresos, lo cual sitúa a la mayoría de los mexicanos en una situación de inasequibilidad económica para satisfacer su necesidad de vivienda”, detalló el Consejo en su Diagnóstico de Vivienda 2018.

El cálculo del Coneval es que México tiene un rezago de más de 14 millones de viviendas y que, en la mayoría de los casos, el ingreso es uno de los principales factores asociados.

La compra de vivienda nueva en el país, declaró la organización Habitat International Coalition, sólo es accesible para quienes perciben más de cinco salarios mínimos, ya que a partir de ese nivel de ingreso se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados.

A partir de ese dato, el Coneval determinó que son 73.6 millones de mexicanos los que están “prácticamente excluidos del mercado formal de vivienda, al no percibir ingresos por hogar equivalentes a más de cinco salarios mínimos”.

“ESTE ES EL SUEÑO DE MI VIDA”

Maricruz Calderón es comerciante y madre de dos adolescentes. Hace 15 años tuvo que hacerse cargo de sus hijos por cuenta propia, comenzó vendiendo cosméticos, luego amplió el mercado a la lencería. Juntos, los tres, apostaron por ahorrar para construir un patrimonio para todos.

“Cuando llegó la oportunidad, pensamos: “es lo mejor que podemos hacer por nosotros, no hay nada como un patrimonio”. Y lo tomamos. Este es el sueño de mi vida, también el de mis hijos”.

Actualmente paga 2 mil 400 pesos de renta, sin servicios, cerca del Metro Ciudad Azteca, en el Estado de México. Apostó por vivir allá porque los precios de renta son más accesibles que en la Ciudad de México donde –dependiendo de la Alcaldía– la renta mensual de un departamento para una familia como la de Maricruz puede ir de los 5 mil 500 en la alcaldía Tláhuac, hasta los 43 mil en Miguel Hidalgo.


“Este es el sueño de mi vida”, señala Maricruz Calderón.

“Las rentas te comen. Ahorita estamos ahorcados con lo del Covid porque no podemos trabajar, pero aún así seguimos trabajando por nuestro sueño”, dice la mujer: sabe que comprar una vivienda de otra forma se antoja imposible.

Como ella, Amado Nicolás Galicia, de 39 años, comerciante de frituras y dulces, renta una pequeña casa en Tecamac, Estado de México, por mil 500 pesos mensuales más servicios. También ha empeñado sus ahorros –“el esfuerzo de toda mi vida”, dice– en este proyecto.

Este par de vecinos, junto con otros, se turnan las guardias del predio de la Bondojito que espera convertirse en viviendas. Una noche de ausencia puede significar la invasión del predio a manos del MAS, denuncian.

VIGILAR LA INVERSIÓN

De la barda que protege al predio 3370 de la calle Oriente 107 sobresale una estructura de madera: una casa improvisada, con apenas un techo y dos paredes.

Desde ahí los futuros habitantes vigilan día y noche el movimiento de la calle. Se turnan semana tras semana, sin importar que llueva, granice, tiemble o los intimide un virus llamado Sars-CoV2. Vigilan.

Observan así al vehículo que lleva 40 minutos estacionado del otro lado de la banqueta y desde el cual una pareja toma fotos. A la señora que pasa 10 veces sin quitarle la vista al predio, al hombre que hace pintas, al grupo que avienta piedras intentando pasar la barda.

Amado y Mari Cruz suben por una precaria escalera de madera colocada sobre una pared a la caseta de vigilancia. Desde ahí supervisan lo que ya sienten suyo. Cualquier anomalía significará pedir apoyo al resto de las familias que están en espera de su vivienda, a alguna autoridad y a la empresa a la que compraron la futura propiedad.

Implementaron esta medida unos meses después de que depositaran todos sus ahorros en la cuenta de la empresa Banco Ve Por Más, S.A. De pronto, cuando los trabajadores comenzaban con los primeros movimientos en el predio, un grupo de más de 50 personas llegó a agredir a los trabajadores y a algunos de los que invirtieron en la propiedad; reclamaban el predio como suyo.

Junto a ellos llegó Édgar Torres Baltazar, exdiputado de la Ciudad de México y miembro de la Comisión de Vivienda, también fue diputado federal. Los futuros habitantes, narran que Torres Baltazar trató de convencerlos de que les habían estafado y se presentó como el verdadero dueño del predio, acompañado de personas agremiadas a su asociación, quienes le habían pagado cuotas también con el sueño de poder hacerse así de una vivienda.

Entonces armaron equipos: aquellos que como Amado prefieren prestar ojos y cuerpo para defender físicamente el predio y aquellos que pueden apoyar con las gestiones en las instituciones gubernamentales.

Así investigaron por todas las vías y descubrieron que habían invertido bien. Que la empresa Banco Ve Por Más, S.A., con la que habían hecho el trato, había adquirido el predio en 2018 y que esto había quedado estipulado de forma legal ante el Registro Público del Comercio.


En el Registro Público de Comercio se estipula la compra legal del predio por parte del Banco con el que se hizo el trato.

También descubrieron que los permisos para realizar la obra estaban dados, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi) había dado luz verde a la obra y que en ningún documento se hacía referencia a algún conflicto o a la supuesta propiedad del predio que presumía el ex diputado.

“Él no mostró ningún documento y nuestra indagatoria nos hizo ver que habíamos hecho una buena inversión. Por los conflictos, la empresa nos ofreció regresarnos el dinero o darnos otro proyecto, aunque más caro y más lejos. Dijimos que no. ¿Por qué si hicimos una buena inversión tenemos que irnos porque un señor abusa de su poder?”, reclama Jesús Reyes, 40 años, administrador del negocio familiar de jugos, tortas y licuados.


“¿Por qué si hicimos una buena inversión tenemos que irnos?”, reclama Jesús Reyes.

LOS BILLETES DE DEPÓSITO

Gina Montes, una de las afectadas que está llevando la parte legal, explica que el rastreo del predio muestra que Edgar Torres, exdiputado por el PRD, sí intentó comprar el predio en 2005, pero nunca lo pagó.

Como funcionario había conseguido apoyo económico del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) para desarrollar la vivienda para familias de la zona que durante años le habían dado cuotas mensuales para lograr este fin.

Sin embargo, pese a haber estado etiquetado el dinero, este nunca llegó y Édgar Torres, por medio de su asociación MAS, perdió la oportunidad de obtener el predio, incluso en instancias legales.

Sin embargo, en 2015 el INVI ingresó un par de billetes de depósito ante el Banco Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para garantizar el pago correspondiente del predio.

“Fue injustificado e inexplicable el movimiento del INVI, porque ya un juez había determinado que la compra no podía llevarse a cabo. En 2019, ya con la venta consolidada para nuestro proyecto de vivienda, se les solicitó retirarlos, porque ya no hay lugar, no lo han hecho. Nos preguntamos por qué, si es en realidad la corrupción interna lo que nos ha obstaculizado”, detalla Gina.

Según lo que explican, Torres Baltazar presume de sus vínculos con el Instituto y en la misma institución se les ha indicado que no retiran los billetes por los nexos entre el exdiputado y Rodrigo Chávez Contreras –suplente de Martí Batres en la LXII Legislatura– quien es el actual director ejecutivo de Operación del Instituto.

“Nos prometieron no más corrupción y seguimos viendo lo mismo. Hasta que esos billetes de depósito no sean retirados, las amenazas de invasión van a seguir”, reclama Gina.

Mientras esperan, estas 55 familias aún sueñan con el sueño de más de 73 millones de mexicanos: tener un hogar.

“Yo ya no doy para más. Todo lo que construí en mi vida está invertido aquí. Ojalá pueda llegar a verlo y poder tener así mi hogar en la Bondojito”, recalca doña Irma.

https://m-x.com.mx/al-dia/aqui-estan-los-ahorros-de-toda-mi-vida-la-lucha-por-una-vivienda-en-la-bondojito

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Mexico

Demanda FUNDENL que siga viva su lucha y alcanzar justicia (Nuevo León)

Protesta

Al sentirse olvidados por las autoridades de justicia.

EL PORVENIR

Al sentirse olvidados por las autoridades de justicia, integrantes de la Fundación de FUNDENL, en búsqueda por los desparecidos, demandan que sus lucha siga viva, en especial por la fe de que se les haga justicia.
En este tema Lety Hidalgo refirió que la búsqueda de una mejor justicia de sus hijos, familiares y amigos siguen, pues “Vivos se los llevaron”, “Vivos los queremos”.

En su lucha social y pese a la pandemia del Covid-19, los anhelos de dar con los desaparecidos persisten, y es así como en este mes de las madres, demandan que las autoridades sigan en su haber legal actuando en estas tareas.

“La Búsqueda por parte de las familias no para y nuestra exigencia hacia el Estado tampoco….Nos siguen faltando nuestras hijas e hijos, nos siguen faltando más de 61,000 Personas Desaparecidas en México”.

Dijo que desde el pasado 10 de mayo, su marcha se traslada a las redes, un cubrebocas no nos calla. Exigimos la localización de nuestras hijas, hijos y demás familiares, así como Verdad y Justicia.

“Hoy, queremos denunciar que el Estado nos pide no salir de casa, pero los delincuentes siguen en las calles y nos siguen desapareciendo. Nuevo León, según datos de la Secretaría de Gobernación en su publicación “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante Contingencia Sanitaria por COVID-19″ es segundo lugar en casos de Desaparición de Personas”.

Y es que en este diagnóstico, se menciona que Nuevo León tuvo 21 casos en el mes de marzo del presente año, sin embargo, sólo contabilizan los casos de Privación Ilegal de la Libertad; si sumamos todos los Delitos contra la Libertad, Nuevo León tiene 34 casos en marzo de 2020.

Además de eso, de acuerdo a un análisis que realizamos sobre los delitos contra la libertad durante el primer trimestre del año en Nuevo León, Enero y Febrero presentaron el mayor número de casos en los últimos diez años.

“Nosotras, las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, no hemos parado, seguimos buscándoles con las medidas sanitarias recomendadas, parar para nosotras sería morir. En este periodo de contingencia, hemos seguido trabajando vía remota, por teléfono y en situaciones esenciales presencialmente”.

Así se han sumado a acciones como las de 23 de marzo una madre de FUNDENL localizó sin vida a su propio hijo; y el 04 de abril, con la ayuda de la población, pudimos localizar con vida a un joven de Nuevo León desaparecido en Cancún, Quintana Roo.

Y es que existen muchas obligaciones y tareas pendientes por parte de las instituciones que pudieran trabajar desde sus hogares, la contingencia sanitaria no debería ser un obstáculo para seguir Buscándoles, y una vez que finalice la pandemia, salir a Encontrarles.

“Por lo tanto, reiteramos nuestra exigencia del comunicado emitido el 06 de abril, donde puntualizamos las acciones que deben de estar realizando las instituciones. Los Registros Estatal y Nacional de Personas Desaparecidas, el Análisis de Contexto, la Red Macrocriminal, los Programas Estatal y Nacional de Búsqueda, los Protocolos, los Registros de hallazgos en fosas, etc. son sólo algunos ejemplos de los insumos que deben de presentar las instituciones en cuanto termine la contingencia sanitaria”.

Pero igual demandan estas acciones en todos los estados, en especial en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, donde por el comportamiento del crimen organizado creen que bien y sus hijos pudieran estar en algunas de estas localidades.

“Demandamos de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León: ¿Dónde están nuestras hijas e hijos desaparecidos? ¿Dónde están las más de 61,000 Personas Desaparecidas en todo México?”.

Y es que las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C. dijeron que no hay nada que celebrar, porque aún no se contesta la pregunta de ¿Dónde Están? Y es así como mantienen sus corazones en marcha, aunque ahora sea una marcha digital.

Además de ello en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19 no debe ser usada como pretexto por las autoridades mexicanas para no hacer ningún avance en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición, pues mientras esta situación se resuelve, podrían avanzar con trabajo de escritorio que no implican salir a campo.

Dicho ello así lo indicaron familiares de víctimas en un foro virtual organizado este martes por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, quienes lamentaron que la amenaza del coronavirus ha recrudecido la realidad que ya vivían, en cuanto a la ausencia casi total de acciones de búsqueda de sus seres queridos.

Leticia Hidalgo, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León (Fundenl), aseveró que el gobierno mexicano podría seguir las labores de identificación del paradero de las víctimas mediante trabajo como cruces de información o análisis de casos, pero las autoridades siempre responden que eso no es posible.

En el mismo sentido, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad (Colombia), y Gisela Ortiz, miembro del Equipo Peruano de Antropología Forense, coincidieron en que en sus respectivos países se argumenta la misma imposibilidad de realizar cualquier trabajo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

Con respecto a ello, denunciaron que las autoridades son capaces de hacer videollamadas y avanzar en la documentación y análisis de contexto, pero no lo hacen por falta de voluntad para llevar a cabo sus obligaciones.

ES UNA LUCHA CONSTANTE

Es de subrayar que dentro de estas acciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) ha lanzado una convocatoria para que antropólogos y arqueólogos forenses ayuden a encontrar a las personas no localizadas en este Estado.

La vida pierde sentido cuando desaparecen a un ser querido, pero éste puede recuperarse al intentar encontrarlo. Así sucedió con Irma Leticia Hidalgo Rea, quien lleva nueve años buscando a su hijo Roy

El 11 de enero de 2011, el estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue secuestrado en su casa, ubicada en el municipio de Escobedo.

“Nos arrancan la mitad del corazón y aun así seguimos viviendo. No podemos dejar de buscar nunca, tenemos que hacerlo hasta encontrarlos y es lo que le da sentido a nuestras vidas”, menciona en entrevista con Reporte Índigo.

La organización que preside, llamada Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), lanzó una convocatoria para que voluntarios en Antropología y Arqueología Forense ayuden a encontrar a las 3 mil 799 personas no localizadas en el Estado, de los años 60 al 31 de diciembre de 2019.

Entre los requisitos, está el ser estudiante o pasante de licenciatura, tener disponibilidad de horario y radicar en Nuevo León. Los interesados deben enviar su currículum y una carta de motivos hasta el 14 de febrero al correo electrónico fundenl.forense@gmail.com.

“Al fin acabamos de entender ambas partes que nos necesitamos porque al principio, en 2014 o 2015 que empezamos a decir que íbamos a salir a campo todos los familiares, sí hubo un cierto sentimiento de parte de los profesionales de que no podíamos hacerlo porque no estamos preparados con estudios como los que tienen”, comenta.

Y es que a través de cursos y talleres, los integrantes de FUNDENL han aprendido a no contaminar escenas que puedan aportar pistas. Sin embargo, en la actualidad es necesario unir esfuerzos.

“Hubo un tiempo en el que nos ayudaron con talleres y cursos pero la dimensión de la tragedia en todo México de encontrar restos o campos de exterminio en casi todos los estados de la República nos ha juntado de esta manera para ir persiguiendo la justicia”, dice.

A nivel nacional hay 61 mil 637 víctimas de este delito desde los años 60 al 31 de diciembre de 2019, de las cuales 3 mil 799 son de Nuevo León. Así lo reveló durante una conferencia matutina el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

“Nosotros lo hemos estado gritando desde el inicio de nuestra organización porque en aquel momento, 2010, 2011, todas las instituciones involucradas con la justicia de aquí decían que no era cierto”, reclama.

Históricamente, la entidad se encuentra en quinto lugar, según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas publicado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), el 6 de enero de este año.

Además de ello FUNDENL inicia una intervención de búsqueda de víctimas de desaparición con el equipo de licenciados y maestros en disciplinas forenses que coordina el doctor Joel Hernández Olvera.

Los especialistas no se dan abasto y, por fortuna, la convocatoria ya ha dado resultados.

“Lleva cinco días y ahorita hemos recibido alrededor de 15 personas que se están proponiendo como voluntarios, porque somos una organización integrada por familiares y no contamos con presupuesto para hacer pagos”, lamenta Irma Leticia Hidalgo Rea.

A la presidenta la reconforta que se solidaricen con esta causa a pesar de que FUNDENL no pueda retribuir económicamente la ayuda.

“Conozco el trabajo que hacen y es arduo, con bastante minuciosidad y dedicación. Tenemos que aprovechar que hay gente que está interesada, que se ha sensibilizado”, expresa.

https://elporvenir.mx/local/demanda-fundenl-que-siga-viva-su-lucha-y-alcanzar-justicia/85998

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La ONU pide con urgencia más dinero para lucha anticoronavirus

El cierre de la aviación comercial afectó las líneas de suministro de alimentos e insumos médicos de las agencias de Naciones Unidas, que necesitan establecer y gestionar con urgencia centros de almacenamiento, transporte y distribución de la ayuda a los países más vulnerables ante la covid-19. Foto: PMA

Por Corresponsal de IPS
NACIONES UNIDAS, Apr 20 2020 (IPS)

Las agencias de la ONU inmersas en la lucha contra la pandemia covid-19 pidieron a sus donantes (Estados y particulares) que aporten con urgencia otros 350 millones de dólares, para poder establecer el sistema logístico necesario para llevar ayuda a los países más pobres.

Los nuevos recursos permitirían “la construcción y gestión de centros de distribución y almacenamiento regional, para poder llevar vuelos de carga con los equipamientos necesarios en un momento en el que el tráfico aéreo internacional está paralizado”, explicaron en una carta altos responsables de las Naciones Unidas.

António Guterres, secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), lanzó el 25 de marzo un “plan global de respuesta humanitaria”, que requiere 2000 millones de dólares, para encarar la pandemia en los países más pobres, pero hasta este lunes 20 solo se ha recogido la cuarta parte, 550 millones.

Se necesitan al menos 350 millones con urgencia porque la alternativa es que “el virus se propague sin control” por las zonas más empobrecidas del planeta, “destruyendo vidas y economías”, apuntó la misiva.

“Ahora no es el momento de reducir la velocidad. Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo”, y sin el sistema logístico indispensable “la lucha contra la pandemia podría tartamudear hasta detenerse”, insistieron.

Firmaron la carta los responsables de las agencias de la ONU a cargo de salud, población, desarrollo, derechos humanos, infancia, agricultura, alimentos, migraciones y refugiados, la Cruz Roja y Media Luna Roja, y varias coaliciones de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la pobreza.

Destacaron que “en los países donde los más vulnerables necesitan ayuda humanitaria y equipo para combatir la pandemia, los vuelos cancelados y las rutas de suministro interrumpidas son un verdadero desafío”.

El secretario general adjunto de Naciones Unidas, Mark Lowcock, dijo al diario británico The Guardian que le preocupan situaciones como la de Yemen, asolado por una guerra civil, donde la ONU lleva alimentos a 13 millones de personas y por falta de financiamiento está a punto de cerrar 31 de sus 40 programas.

También puede ser muy crítica la situación en otros países golpeados por conflictos y pobreza estructural, como Sudán del Sur, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo, dijo Lowcock.

“En esta carrera contra un enemigo invisible, todos los países deben unirse, pero no todos comienzan desde el mismo punto de partida”, subrayó la carta de las agencias.

La ONU ya empleó 95 millones de dólares de su fondo de respuesta a emergencias para mantener cadenas de suministro y ayudar a los programas de ayuda a los grupos más vulnerables al coronavirus, como mujeres, niñas, desplazados y refugiados, “pero queda mucho por hacer”, asentó la misiva.

Los 350 millones se requieren para fortalecer centros de distribución, servicios de carga aérea y marítima, transporte de pasajeros cuando sea preciso para reducir la propagación del virus, servicios de evacuación médica para el personal de primera línea e infraestructura y construcción de centros de tratamiento.

Para los responsables de la ONU “nadie estará a salvo hasta que todos estén a salvo. Es de interés para todos evitar que el virus se propague sin control, destruya vidas y economías, y continúe dando vueltas alrededor del mundo».

A-E/HM

El artículo La ONU pide con urgencia más dinero para lucha anticoronavirus fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Mexico

La lucha de las y los trabajadores de la salud contra la COVID-19 y el abandono gubernamental

Las protestas de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos de hospitales a lo largo del país ponen en evidencia el desmantelamiento del sector salud y la falta de equipos y personal para enfrentar la actual crisis sanitaria.

Foto: Charbell Lucio, El Universal

Colectivo Grieta, 08 de abril de 2020
Ciudad de México.- En las últimas semanas las protestas de médicos y enfermeras por todo el país han vuelto a llamar la atención sobre las condiciones de precariedad y abandono del sistema de salud pública en México. La llegada del virus SARS-CoV2, causante de la enfermedad COVID-19 a México ha sido el contexto en el que se han revitalizado protestas de los trabajadores del sector salud. Dicho sector, que ya se encontraba en un estado lamentable por la falta de equipos e insumos básicos, ha sufrido una reducción preuspuestal en términos reales a partir del gobierno de la autodenominada Cuarta transformación, con López Obrador como presidente de la República. Las consecuencias de estos recortes no solamente limitan las capacidades del país para hacer frente a la pandemia, sino que, como revelan las múltiples protestas y los casos de contagios y decesos entre el personal sanitario, han tenido como consecuencia que los trabajadores de la salud deban realizar su labor en condiciones de riesgo que se podrían evitar si la vida humana fuese una prioridad.

Recortes presupuestales, desabasto de medicinas
Desde mayo de 2019, diferentes movilizaciones, tanto de médicos residentes como de enfermeras denunciaron el desabasto de medicinas y equipo en al menos 24 Estados del país. Estas protestas no solo han abarcado a familiares de pacientes de niños con cáncer, las cuales recibieron el centro de la atención mediática, sino que desde mediados de 2019, fueron los propios médicos y empleados de diferentes instancias de seguridad social quienes comenzaron a señalar la falta grave de medicamentos en distintas partes del país, en hospitales del IMSS, el ISSSTE, los Institutos Estatales de Seguridad Social e incluso algunos hospitales de referencia nacional en la Ciudad de México, acentuándose a inicios de 2020.

Además del desorden administrativo y las disputas entre niveles de gobierno y sectores de la clase política, el desbasto de medicinas se debe a un gasto público en salud. El gasto en salud en el gobierno de la 4T se ha reducido porque si bien ha habido incrementos en el monto nominal del gasto en salud (1.3 y 3.4% para 2019 y 2020 respectivamente), estos incrementos no compensan la inflación acumulada para esos años (4.37% para 2018 y 3.3% de acuerdo a cifras del INEGI). Con ello, el gasto per cápita en salud permanece desde 2016 en los niveles más bajos de que se tenga registro.

Un caso particularmente fuerte y relevante para crisis actual el del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), primer hospital de referencia a donde se dirigen los pacientes con síntomas de COVID19. A este hospital para 2020 se le disminuyó el presupuesto 22% con respecto al 2019. Aquí trabajadores de la salud se han manifestado en mas de una ocasión denunciando el desabasto de insumos básicos para tratar cualquier enfermedad, así como la falta de información y protocolos para atender a pacientes con síntomas de COVID19.

Por ello, en estados como Guanajuato, Michoacán Oaxaca y Tabasco, las protestas por desbasto de medicinas y falta de equipos se desarrollan desde el año 2019. Particularmente notable ha sido la escasez de medicamentos contra el cáncer y de algunas vacunas, como la triple viral, pero también se ha denunciado la falta de elementos tan indispensables como el agua en al menos una clínica de Michoacán. También a lo largo de 2019 hubieron movilizaciones de médicos pasantes en protesta por las condiciones laborales, los despidos injustificados y el maltrato del que son objeto en hospitales federales y estatales

Foto: Riodoce

 

Por todo el país, médicos reclaman material, personal y equipo suficiente para enfrentar la emergencia sanitaria

Aunque en días recientes el gobierno Federal declaró la situación de emergencia sanitaria a nivel nacional, los reclamos que desde hace semanas han hecho los trabajadores de la salud siguen sin atenderse debidamente. En múltiples hospitales se reporta la carencia de materiales elementales como cubrebocas y guantes, para no hablar de los respiradores, equipo esencial para el tratamiento de los enfermos de COVID-19 en estado grave. Muchas de estas carencias ya se experimentaban desde antes de la actual pandemia, pero ésta las ha hecho más evidentes.

A raíz de la llegada del virus SARS-CoV2 a México, se ha evidenciado la falta de protocolos y equipo para atender no sólo los casos graves de COVID-19, sino incluso otras enfermedades infecciosas. Quizá el caso más grave sea el del Hospital Regional de Zona No. 7. del IMSS en Coahulia, convertido en un verdadero foco de infección por el abandono gubernamental y la falta de protocolos adecuados de atención. Allí, desde el pasado 24 de marzo, médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social de Monclova denunciaron que estaban “trabajando sin protección para evitar contagios del COVID-19”, a pesar de que a diario estaban recibiendo a pacientes con “sintomatología del padecimiento como insuficiencia respiratoria, tos, fiebre”. Además revelaron que los enfermos con estos síntomas estaban siendo “instalados en una sala común de urgencias y no en un área asilada como lo indican organismos de salud a nivel mundial”. En este caso, la indiferencia gubernamental ha llevado a que casi 40 trabajadores de la salud se hayan contagiado y a que al menos un doctor y una doctora hayan fallecido a causa del coronoavirus.

Por ello, las protestas no han sido solo de médicos, por ejemplo, la asociación Médica de Enfermeros de Chihuahua, ha denunciado la falta de insumos médicos, así como la nula garantía en las condiciones de seguridad para los trabajadores de la salud en el estado. Por su parte, en distintas partes médicos exigen que se les respete sus derechos laborales porque, además de estar ejerciendo en condiciones inseguras, sin material indispensable, los contratos de trabajo son precarios. En el contexto actual, los trabajadores de la salud han tenido que comprar con sus precarios salarios materiales como gel gel antibacterial y cubrebocas. Esto sucede también en Puebla, donde incluso han sido los propios pacientes quienes han comprado los guantes de exploración para que ausculten a sus pacientes e incluso parte de las medicinas, como se explicaron médicos del Hospital Regional Sur.

Aunque hasta ahora han ocurrido de manera no coordinada a nivel nacional, las protestas de los y las trabajadoras de la salud se han dirigido contra los tres niveles de gobierno. Desde el caso de los médicos que protestaron contra la presidencia municipal de Ciudad Juárez , de los hospitales estatales de Colima (Clínica “Dr. Miguel Trejo Ochoa” del ISSSTE y Hospital General de Tecomán, del hospital General No1 del IMSS en Sinaloa, en la Clínica Hospital Mérida y en el Hospital Juárez de Yucatán y en hospitales de referencia a nivel nacional (INER de la Cd Mx).También han habido protestas en hospitales de Tamaulipas y Zacatecas, siempre señalando la falta de condiciones materiales para que los trabajadores de la salud desarrollen su trabajo y puedan protegerse del contagio y eviten ser vectores del virus: escasean los cubrebocas, los guantes, los lentes y las caretas de protección, hay pocas áreas de aislamiento para pacientes con COVID-19, no hay jabón ni gel anibacterial, faltan respiradores, no se aplican correctamente los protocolos de tratamiento. El desmantelamiento del sistema de salud en México ha ocurrido a escala nacional.

Las protestas han llegado al extremo de tener que realizar paros en los hospitales para que la voz del personal de atención a la salud se haga notar. Han ocurrido paros en clínicas y hospitales de Coahuila (Clínica 51 del IMSS), en las clínicas de Michoacán por parte de los pasantes de medicina y en al menos una clínica familiar del ISSSTE en Ciudad Victoria. Los médicos y enfermeras han realizado cierres de calles y avenidas en Morelos y Veracruz.

Delicias.- A cuatro días de trabajar bajo protesta, personal médico del Hospital Regional volvieron a salir para protestar por la nula respuesta del sector salud. Foto: La opción de Chihuahua

Además de la escasez de medicinas y equipo de protección, los médicos han denunciado la falta de pruebas diagnósticas para SARS-CoV2 en los hospitales de Aguascalientes, Nayarit, San Luis Potosí y Morelos. En el otros extremo, hospitales que sí cuentan con reactivos para diagnosticar vía PCR (reacción en cadena de la polimerasa) el SARS-CoV2, como el INER y el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el personal ha denunciado que no alcanzan a aplicar la prueba porque los espacios destinados al diagnóstico en aislamiento de enfermos con síntomas del COVID-19 están saturados. Y esto cuando presuntamente no se ha alcanzado el pico en la tasa de contagio. Tampoco al personal de salud que ha estado expuesto se le ha aplicado pruebas de diagnóstico molecular, y eso ha sido motivo otro motivo de las protestas, por ejemplo en Coahuila y Jalisco .

Gran parte de estas protestas ha ocurrido por fuera de las instancias tradicionales de representación, como explicó un enfermera veracruzana de Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS: “(Nuestras demandas) siempre han sido ignoradas tanto por sindicato como por la empresa, por eso tuvimos que hacer esto, en contra de lo que realmente tendríamos que haber hecho: guardar nuestra sana distancia y cuarentena. Pero ponemos en riesgo la vida de nosotros, la de nuestros familiares y la de la sociedad a la que nosotros atendemos”.

Las y los trabajadores del campo y de la ciudad generan todos los días con su trabajo la riqueza del país. La emergencia sanitaria ha revelado como esa riqueza no es utilizada para garantizar el derecho básico a la salud, pues el capital y los gobiernos a su servicio, tienen otra prioridad: las ganancias, para eso viven. Más aún, las voces de los médicos y enfermeras han hecho saber como, en tanto trabajadores de la salud, tampoco importan a quienes, desde arriba, prometen salvar al país y llaman a la pasividad social. Esas voces de protesta comienzan a convertirse en gritos. Aún es temprano para saber si esos gritos se convertirán en organización.