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México expulsa a Guatemala a 101 menores no acompañados detenidos en tráileres en Tamaulipas

Alberto Pradilla / Animal Político

El INM declaró como “estación migratoria temporal” el complejo de Seguridad Pública estatal de Ciudad Victoria durante el fin de semana.

México expulsó a 101 menores guatemaltecos y otros 60 adultos que fueron detenidos el pasado jueves por la noche en un operativo en el kilómetro 53 de la carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a Monterrey, Nuevo León. En total fueron 652 migrantescapturados en un retén militar cuando se dirigían hacia EU, la mayoría de ellos procedentes de Guatemala.

Tras permanecer hasta el sábado en el complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, todos fueron trasladados en avión y en autobús hasta Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco, desde donde están siendo deportados a sus países de origen.

Los menores que ya fueron expulsados están ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación (PGN) de Guatemala y serán alojados en instituciones estatales hasta que las autoridades encuentren a sus padres o a familiares que puedan hacerse cargo de ellos.

La captura fue anunciada como un “rescate” en la mañana del sábado pero terminó, cuatro días después, con unadeportación masiva. Un retén militar interceptó a tres tráileres con 652 migrantes a bordo, de los que 197 eran menores que viajaban solos (la mayoría de ellos, de entre 13 y 16 años que querían llegar a EU para reunirse con sus familiares que residen allí). Además, cuatro personas fueron detenidas y acusadas de un delito de tráfico de personas.

Todos los migrantes fueron trasladados al complejo de Seguridad Pública estatal de Ciudad Victoria y para regular la estancia, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un oficio en el que declaraba el área como “estación migratoria” durante 48 horas.

En un primer momento los migrantes fueron alojados en el aparcamiento, aunque luego se instalaron carpas y algunos durmieron en las literas que utilizan los policías. Allí hubo funcionarios del INM, Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y DIF de Tamaulipas, que se hicieron cargo del operativo. Quien no tuvo acceso al recinto, ya que no dispone de delegación en Ciudad Victoria, es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar). Así, si alguno de los extranjeros quisiera pedir asilo, deberá hacerlo en Chiapas o Tabasco, en caso de que tenga oportunidad.

Dos días en Ciudad Victoria 

Durante dos días recibieron alimentos y atención médica hasta que el INM realizó los trámites para la deportación. Los migrantes refirieron llevar 18 horas en el interior de los vehículos y algunos presentaban síntomas de desnutrición y deshidratación. De hecho, se realizaron varias pruebas COVID-19 y seis adultos y tres menores dieron positivo, por lo que quedaron aislados en hospitales de Ciudad Victoria hasta que puedan ser deportados.

Los primeros 130 en abandonar las instalaciones fueron trasladados al sur de México el sábado por la noche y el resto a lo largo del día siguiente. Queda la incógnita de saber dónde permanecieron encerrados los menores. Animal Político consultó al INM, que es quien está a cargo del operativo, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

En principio, la reforma de la Ley de Migración que entró en vigor el 11 de enero no permite que niños, niñas y adolescentes sean encerrados, ni tampoco los adultos que estén a su cargo. En este caso, sin embargo, se les mantuvo en los espacios habilitados como improvisada estación migratoria hasta que fueron trasladados a Tampico, desde donde se fletaron los vuelos hacia Tapachula y Villahermosa.

Karina Leija Cruz, Procuradora de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas, explicó que 30 oficiales de su institución estuvieron en el lugar para realizar las evaluaciones de los menores. Todos fueron separados del grupo a una zona “adaptada” y se les dio prioridad para ser trasladados al sur. Según Leija Cruz, la labor del DIF fue determinar que los menores venían bien de salud, que no eran víctimas de explotación sexual y que eran aptos para viajar de regreso a su país.

Según el DIF Tamaulipas, su labor es elaborar las fichas de cada uno de los menores. Estas luego son entregadas al INM y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien se encarga de localizar a sus padres. En caso de que estos estén como irregulares en EU, explicó Leija Cruz que se les envía a cargo de otros familiares en Guatemala, ya que no hay opción para enviarlos al norte.

Animal Político quiso conocer la versión de la SRE, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Guatemala dice que son ellos los que buscan a las familias 

En Guatemala, sin embargo, explicaron que los menores llegan para ser recibidos por las autoridades, pero sin que haya contacto con sus familias. Alejandra Mena, vocera del Instituto Guatemalteco de Migración, explicó que, tras recibirles en un centro de Tecún Umán, en la frontera con México, los niños, niñas y adolescentes pasan a manos de la PGN. Esta, a su vez, los pone a disposición de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Entre las dos instituciones disponen de casas-hogar donde son alojados hasta que encuentran a algún familiar.

“En los casos que los padres que están en EU, se busca un recurso familiar idóneo y si no quedan bajo el cuidado de las instituciones”, dijo.

Gretchen Kuhner, directora general de Imumi (Instituto para las Mujeres en Migración), consideró que este procedimiento se salta la ley. Recordó que el proceso migratorio con un menor de edad obliga a acudir al DIF y este debe realizar una evaluación sobre su interés superior, “tomando en cuenta sus opiniones, la situación completa y dónde están los familiares más cercanos”. A partir de ahí se elabora el plan de restitución, que puede ir desde la regularización en México hasta la deportación para ser reunificado con su familia.

Leija Cruz aseguró que se realizaron los 197 planes de restitución entre la noche del viernes y la noche del sábado, cuando los primeros menores fueron expulsados a Tapachula. Señaló que, habitualmente, los menores que son atrapados en Tamaulipas son llevados a los Centros de Atención a Menores Fronterizos (Camef), pero que ante el gran volumen de personas se tuvo que recurrir a las instalaciones de Seguridad Pública.

En el operativo del jueves fueron detenidos 652 migrantes, de los que 197 eran niños, niñas y adolescentes. Por países, la mayoría eran guatemaltecos (564), seguidos de hondureños (39), nicaragüenses (28), salvadoreños (20), y un belicense. La captura coincidió con la visita a México del secretario de Estado de EU, Anthony Blinken, y otros altos cargos de la administración de Joe Biden, quienes se desplazaron al país para firmar el Acuerdo Bicentenario en materia de seguridad, que sustituye a la Iniciativa Mérida. Oficiales de ambos gobiernos aseguraron que la migración no estuvo esta vez en la mesa de discusión.

https://www.animalpolitico.com/2021/10/mexico-expulsa-guatemala-menores-no-acompanados-detenidos-tamaulipas/

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Escuadrón zapatista regresa a México después de cuatro meses de gira por Europa

EFE/ SIN EMBARGO
Tras cuatro meses de una gira por Europa, el Escuadrón 421 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional regresó a la Ciudad de México.

Ciudad de México, 11 de septiembre (EFE).- El Escuadrón 421, un grupo de indígenas zapatistas mexicanos, volvió este sábado a territorio mexicano tras cuatro meses de esparcir su mensaje de lucha contra la desigualdad en Europa.

Los integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) llegaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, donde no dieron declaraciones a los medios, pero ya los esperaban representantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

El objetivo del viaje era que la labor de los zapatistas “trascienda” en “varios pueblos”, declaró a Efe Filiberto Margarito Juan, representante de la comunidad otomí en Ciudad de México y concejal del CNI y el CIG.

“Tiene que trascender en otros países internacionales para ir sembrando semillas, ir agrupando más compañeros de lucha, de residencia, en sus pueblos y en sus comunidades”, expresó el líder indígena, originario del centro del país.

Desde el 2 de mayo el Escuadrón 421 emprendió una travesía marítima para llevar “la semilla encomendada” por sus pueblos en la lucha contra la “desigualdad derivada del sistema económico y social capitalista” y tras más de 50 días de viaje comenzaron una gira por distintas ciudades de Europa.

Vista hoy del barco en que integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) zarparon rumbo a Europa. Foto: EFE.

Tras su regreso, diversos pueblos indígenas han anunciado un nuevo contingente, llamado “La Extemporánea”, que estará integrado por unos 140 representantes que saldrán de Ciudad de México con rumbo a Viena, Austria, al encuentro con sus colegas para continuar los trabajos.

Los indígenas buscan compañeros de lucha, pero también crear consciencia en países ricos sobre las “invasiones” extranjeras, tanto las históricas de hace siglos, como las actuales representadas por empresas.

“Es muy difícil que se cambie (la mentalidad) de un día para otro, por eso está la organización, la resistencia de los colectivos, que se tengan que organizar, que se tengan que unir fuerzas para que nos volteen a ver”, comentó Margarito Juan.

El viaje ha cobrado relevancia porque este año el Gobierno de México conmemora los 500 años de resistencia indígena, como ha rebautizado a la efeméride de la conquista de Hernán Cortés, además de 200 años de la consumación de independencia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó este sábado a España de “soberbia” por no atender su petición de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas del país por “la represión que hubo, los asesinatos masivos, el exterminio” de la conquista.

Los indígenas han coincidido en señalar los abusos de la “invasión extranjera”, pero también han cuestionado al Gobierno de López Obrador por impulsar megaproyectos en su territorio, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y los nuevos aeropuertos del sureste.

“El Gobierno dice que primero los pobres pero es para perjudicarnos, quitarnos las tierras, realmente nosotros vamos a ir en lucha y a buscar otras organizaciones”, concluyó Margarito Juan.

https://www.sinembargo.mx/11-09-2021/4027022

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México: la permanente batalla de los yaquis contra el despojo

Las constantes denuncias de represión, asesinatos y desaparición forzada que padecen los yaquis no encuentran eco entre las autoridades mexicanas, las cuales se limitan a registrar los hechos y abrir carpetas de investigación con escasos resultados.
Archivo Cuartoscuro
PorCarmen García Bermejo | Mongabay Latam
 8 de agosto, 2021

Hablar de la tribu yaqui, como ellos se autoidentifican, es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México: la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras.

El territorio de los indígenas yaquis es singular. Tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollos inmobiliarios.

En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del Acueducto Independencia, que aseguran  es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades; a reclamar sus derechos frente la instalación del Gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecte su normal acceso al agua.

La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que, en los últimos meses, ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desapariciones forzadas. En las últimas tres semanas, diez yaquis han desaparecido y sus compañeros aún no logran dar con su paradero.

Pueblo en vilo

Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora (noroeste de México) y están organizados en ocho pueblos: Pótam, Huírivis, Tórim, Cócorit, Loma de Bácum, Vícam, Ráhum y Belem que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad.

La población indígena en el territorio es de poco más de 30 mil habitantes. Cada uno de sus ocho pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura.

Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras.

El pasado 14 de julio una nueva tragedia los ensombreció: siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum y tres personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada.

 

Los siete guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bácum y el rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el rancho Agua Caliente, a 40 minutos de Bácum, para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos, nadie los volvió a ver.

“El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen”, asevera Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.

En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.

Abogado y asesor de la guardia tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 65 años y comenta que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia en los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Por eso considera que el secuestro de sus compañeros de Lomas de Bácum no es común porque nadie llama pidiendo su rescate.

 

“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las transnacionales contra la población”, precisa Flores Maldonado.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora comenta: “No podemos dar información al respecto para no entorpecer la investigación”. Aunque tampoco confirma si atienden la petición de los indígenas en relación a su percepción sobre las mineras.

Mongabay Latam solicitó entrevistas con la empresa Mexicana del Cobre, filial del Grupo México, y a la Compañía Minera Dolores que operan dentro del territorio yaqui para conocer su opinión sobre los señalamientos de los indígenas. Pero hasta el momento de la publicación del reportaje, no respondieron.

Los yaquis secuestrados el 14 de julio en Bácum son conocidos por su labor de vigilancia y trabajo en el pueblo. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.

 

El pasado 14 de junio, los indígenas de este pueblo recibieron una noticia alentadora: el gobierno de México ha propuesto desviar el trazo original por donde corre el Gasoducto Sonora, que ponía en riesgo a la población.

Desde 2014, los habitantes de Loma de Bácum se opusieron a la construcción de esa enorme lengua de cilindros de acero que la empresa IEnova, filial de la transnacional Sempra Energy (Estados Unidos), desplazó sobre 90 kilómetros del territorio yaqui para exportar gas natural.

Durante seis años, denunciaron acciones de represión, el encarcelamiento de dirigentes, como Fidencio Aldama, y amenazas constantes por oponerse al gasoducto. Aunque la empresa logró colocar los cilindros, los indígenas frenaron su operación cuando un juez les otorgó un amparo en 2017.

Ese largo litigio está a punto de llegar a su fin, luego de que el gobierno expresó, el 14 de junio, la intención de desviar la ruta del gasoducto.

Desapariciones

Lo que nunca imaginaron fue que, justo un mes después de ese anuncio, una decena de yaquis serían reportados como desaparecidos.

México: la permanente batalla de los yaquis contra el despojo

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México, entre el acaparamiento de agua y la sequía

Los ocho grupos del pueblo yaqui y el gobierno mexicano firmaron, en agosto de 2020, un acuerdo para garantizar los derechos territoriales, incluyendo la gestión del agua, de ese pueblo indígena, cuyo dirigente Tomás Rojo desapareció el 27 de mayo en Vícam, su comunidad, en el norteño estado de Sonora. Foto: Gobierno de México

MÉXICO – Si hay un pueblo que sabe de primera mano el significado de la injusticia hídrica ese es el yaqui, uno de los 69 pueblos indígenas que habitan en México. Y más hoy, que llevan semanas reclamando por la desaparición de uno de sus líderes, Tomás Rojo, cuyo rostro y voz es símbolo de lo que se conoce como “guerra por el agua”.

Un acueducto, tres embalses y falta de agua potable son testimonio de una historia que ha arrinconado a este colectivo aborigen, compuesto de ocho pueblos del estado de Sonora, en el norte mexicano. El agua ha sido tan consustancial para su cultura y su existencia como la tierra, un nudo indisoluble que, desatado, es la brújula hacia la extinción.

Tomás Rojo es vocero de la tribu e integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. “(Las obras) Han sido construidas sin el consentimiento de la población”, dijo a este cronista, semanas antes de su desaparición el jueves 27 de mayo luego de salir temprano a caminar en Vícam, su comunidad.

El cociente de esa ecuación de infraestructura es cada vez menos agua para su pueblo y sus actividades económicas, entre las que se destaca la agricultura, por ser la más importante.

Historia de la injusticia hídrica

Entre los años 40 y 60, el gobierno mexicano construyó tres represas para riego y generación eléctrica en la zona. En antelación a esos planes, en 1937 les adjudicó unas 450 000 hectáreas y en 1940, la mitad del caudal del río Yaqui, el más importante de la región, con una cuota de 250 millones de metros cúbicos al año.

Otro trago seco fue la construcción del Acueducto Independencia, inaugurado en 2013, con capacidad instalada de 75 millones de metros cúbicos. Este traslada el líquido desde la presa “Plutarco Elías Calles” a la ciudad de Hermosillo, a unos 1890 kilómetros al norte de Ciudad de México —un trasvase de la cuenca del río Yaqui a la del río Sonora—, para cubrir el crecimiento urbano e industrial.

A esa lista se suma el impacto de la crisis climática en la región, donde el agua disponible proviene de las lluvias estacionales.

Infografía: Pablo Omar Iglesias

“Ahora el problema es la sequía, hay un déficit de agua. El cambio climático sigue afectando. Tenemos que estar previendo esas situaciones, la disputa del agua, el efecto del cambio climático, las proyecciones deficitarias”, advirtió Rojo, cuya aparición con vida está siendo reclamada a viva voz en México.

Al respecto, productores agrícolas del Valle del Yaqui afirmaron: “Es preocupante que, en el arranque del Plan de Justicia para los pueblos Yaquis, ordenado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya desaparecido una persona que siempre se preocupó por su pueblo y que su vida esté en peligro”.

Cóctel de amenazas

El conflicto por el agua en Sonora es un ingrediente del cóctel que amenaza a México, un país de unas 129 millones de personas altamente vulnerable a los efectos de la emergencia climática, como sequías, tormentas intensas, inundaciones, aumento de la temperatura y suba del nivel del mar.

A ello se suma una paradoja: mientras el sur y el sureste tienen agua en exceso, los habitantes del centro al norte se enfrentan a su insuficiencia.

Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada de la estatal Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), enumera los fenómenos que marcan el agua en el país: acaparamiento por empresas agrícolas, mineras, inmobiliarias, hoteleras, embotelladoras y cerveceras; contaminación, agudizamiento ante vulnerabilidad por sequías, inundaciones y sobreexplotación de acuíferos.

“La crisis del agua es parte de lo que vemos todos los días”, apunta.

Infografía: Pablo Omar Iglesias

Abastecimiento del líquido a centros urbanos y áreas rurales remotas; deterioro de la calidad de ríos, lagos y embalses; mal manejo de aguas residuales; invisibilidad de la importancia de las aguas subterráneas; visión limitada de la gestión de cuencas; fallas de regulación del acceso a aguas superficiales y subterráneas fueron los hallazgos del estudio “Problemática y política del agua”, parte de la “Agenda Ambiental 2018” que un grupo de académicos entregó al entonces presidente electo López Obrador.

La adición de esas contrariedades resulta en conflictos, como el que viven los Yaquis en Sonora.

Esteban Castro, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), quien ha centrado parte de su trabajo en la situación hídrica de México, recuerda que este país latinoamericano ha sido pionero en identificar conflictos. En 1981, los había en 93 ciudades.

“Se sabía que se iban a agravar. Hay cosas que no han avanzado y que no se han resuelto, algunas graves. Hay conflictos entre usos rivales del agua: Ciudad de México extrae agua de varios estados y eso genera conflictos que siguen allí. Los intentos de regular la extracción han fracasado en el país. La mayor parte del agua se extrae de forma ilegal, de forma consentida. La gestión se ha vuelto más compleja”, explica.

La suma de esas dificultades interpone un obstáculo mayúsculo para que México logre la meta de agua limpia y saneamiento para toda la población, el sexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por Naciones Unidas en 2015 y que deben cumplirse para 2030.

Un país que se seca

México cuenta con una superficie de 1,96 millones de kilómetros cuadrados. De ellos,  67 % es árido y semiárido, y solo 33 % restante, húmedo. La disparidad hídrica es un reflejo de su geografía.

En 2018, el agua renovable totalizó 451 585 millones de metros cúbicos, equivalentes a cubrir todo el país con 23 centímetros de agua. El 67 % se da en el sur y sureste;  33 %, en el norte y noreste, según datos de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A saber: el agua renovable es la cantidad máxima factible de explotar anualmente sin alterar el ecosistema y que equivale al aporte de la lluvia.

De cada 100 litros de lluvia, 72 regresan a la atmósfera por evotranspiración; 22 se escurren por ríos y arroyos; y 6 se infiltran en los 653 acuíferos, 108 de los cuales estaban sobreexplotados, 32 tenían suelos salinos o agua salobre y 18, intrusión de agua salada marina (por la suba del nivel del mar y su infiltración en los mantos freáticos).

Aunque su importancia ha sido invisibilizada, el agua subterránea es fundamental para México, que posee 757 cuencas hidrológicas, pues 39 % de los usos nacionales —excepto la hidroelectricidad— depende de ella.

En 2021, el país viene padeciendo una dura sequía que impacta severamente la agricultura, la ganadería y la disponibilidad de líquido para centros urbanos. A pesar del inicio de la temporada lluviosa en mayo, más de la mitad del territorio presenta condiciones secas.

Esas estadísticas transmiten una imagen más compleja. Si bien México tenía en 2017 un grado de presión nacional bajo (19,5 %), su riesgo de estrés hídrico es alto, de acuerdo a la plataforma Aqueduct, elaborada por la Alianza Aqueduct, formada por gobiernos, empresas y fundaciones. De hecho, México es el segundo país de América en estrés hídrico, detrás de Chile.

Tomás Rojo, el tercero de izquierda, uno de los líderes del pueblo yaqui y símbolo de la “guerra del agua” en México, que está desaparecido desde el 27 de mayo. Foto: Cortesía del Centro Prodh

El grado de presión sale de dividir el agua usada entre la renovable. Se considera “alto” si es mayor a 40 % y “sin estrés” cuando es menor a 10 %. En contraposición, el estrés aparece cuando la demanda excede la cantidad disponible.

Riesgo dispar

El territorio mexicano parece una paleta de colores. Del centro al norte pueden sufrir estrés hídrico en 2040. En tanto, la esquina noroccidental presenta riesgo medio-alto de empobrecimiento de acuíferos. Y prácticamente todo el golfo de México y el mar Caribe, riesgo medio-alto de sequía.

El país registra un uso intenso de agua, reflejado en su huella hídrica (el impacto de las actividades humanas sobre el recurso) de 1978 m3/persona al año, cuando la media global es 1385.

Para Patricia Ávila, académica del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de un problema multidimensional.

“El agua es el reflejo de los problemas nacionales. La población más pobre tiene acceso diferente en términos de cantidad y calidad. Que haya cobertura no garantiza que tengan agua. Para la población rural, pobres urbanos y zonas indígenas, el acceso es muy limitado. Incluso en las ciudades no hay agua corriente todos los días”, explica.

A esos fenómenos, la experta añade el deterioro ambiental por la destrucción de bosques y la construcción de infraestructura, así como la contaminación del agua, al grado de que “muchas fuentes ya no son potables para garantizar condiciones adecuadas para la población”.

Datos de Oxfam indican que casi 10 millones de personas carecen de agua en sus hogares.

La situación de Ciudad de México, con más de 8 millones de habitantes, es particularmente delicada.

Se encamina al llamado “Día Cero”, cuando se quedará sin recurso suficiente para satisfacer sus necesidades. Es el tercer de los 33 estados del país con mayor estrés hídrico, detrás de Baja California Sur (territorio árido) y Guanajuato (debido a las actividades agrícolas).

Debido a la falta de agua en varios barrios de Ciudad de México, camiones cisterna, llamados “pipas” en México, reparten el líquido en esas zonas. En la imagen, un camión cisterna carga agua en un barrio del sur de Ciudad de México. Foto: Emilio Godoy

Escasez de dinero

A pesar de la problemática, el presupuesto de Conagua se ha achicado en al menos 50% entre 2015 y 2021. La provisión de agua potable absorbe la mayoría de esos fondos.

La austeridad impuesta por López Obrador desde que llegó al poder en diciembre de 2018, con tal de poder financiar megaproyectos como una refinería en la costa del golfo de México y el Tren Maya que recorrerá cinco estados en el sur-sureste, ha hecho mella en el sector ambiental, incluido el ramo hídrico.

En 2019, su administración lanzó el “Programa Nacional Estratégico para el Conocimiento y Gestión de Cuencas de Agua para el Bien Común y la Justicia Ambiental”, con el fin de investigar soluciones a la gestión del líquido. De 47 proyectos elegidos, el gobierno seleccionará un pequeño grupo para un trabajo de cinco años.

En la medida en que avanza el reloj climático hacia desastres de peores consecuencias, a México, como al mundo entero, tiempo no le sobra.

Para Omar Arellano, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, existe necesidad de avanzar hacia una perspectiva renovadora de la gestión del agua y de cuencas.

“Hay un avance que no atiende de manera profunda y determinada los problemas, hay muchas simulaciones. Por ejemplo, hay propuestas de recuperación de ríos, pero no hay participación ciudadana. La visión se sigue basando en tubos, concreto y plantas de tratamiento”, cuestiona.

Tiempo de descuento

En una dimensión paralela, una nueva ley del sector está atorada en la Cámara de Diputados. Hasta ahora, esa institución ha recibido seis iniciativas, entre ellas la primera del país elaborada por organizaciones de defensa del derecho humano al agua, pueblos indígenas, productores agrícolas y académicos.

México incluyó el derecho humano al agua en su Constitución en 2012 y, por mandato legal, tenía un año para aprobar una nueva Ley de Aguas. Ese incumplimiento va por su séptimo año, como si arrancar hojas al calendario fuese ya un oficio.

El debate alrededor de esa nueva legislación refleja los conflictos por el recurso, pues mientras empresas y políticos abogan por mantener el estatus quo, otros grupos quieren una regulación que cambie la visión sobre su manejo.

Luego de siete años de foros y talleres, la iniciativa ciudadana se construyó sobre 12 consensos. Entre ellos: respetar el líquido de pueblos y comunidades; prohibir la entrega de agua para minería tóxica y fractura hidráulica (o fracking); acabar con el acaparamiento de concesiones; evitar la privatización de servicios hídricos; garantizar pleno acceso a la información y recursos públicos suficientes para el ramo.

Sin embargo, la ley no parece ser prioritaria para el Gobierno y el partido en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y ha quedado a la expectativa de la recomposición del Congreso legislativo mexicano.

“Es necesario tener una ley de aguas que esté a la altura de lo que el país necesita”, plantea Moctezuma, académico de la UAM.

Para Castro, investigador de Conicet, la ley no lo es todo: primero se tiene que aplicar. “Esperamos que pase una ley en México que permita la gestión más democrática del agua. Si se aprueba un proyecto progresista, ese logro será resultado de una lucha en relación con los conflictos. Pero, las injusticias no se van a resolver de un día para el otro”, resalta.

El negocio de la escasez

El pueblo yaqui espera algo más que una ley para tener agua suficiente.

“Si los riesgos se concretan, prácticamente dejará al sur de Sonora con gran déficit de agua y condenaría la existencia de la tribu. Tal vez tenga que pasar una generación que sufra los estragos más amargos, pues la proyección a 2030 para la cuenca del Yaqui es un déficit de 270 millones de metros cúbicos. Si se agrega las extracciones ilegales, va a ser más crítico. Hacen del agua una mercancía muy cara en Sonora, la escasez es negocio de especuladores”, lamentó Rojo.

La comunidad y el gobierno ya firmaron un acuerdo para la construcción de un acueducto, planta potabilizadora y alcantarillado, así como la transferencia de la gestión de un distrito de riego por unas 23 000 hectáreas que han gestionado de facto desde años.

Si bien Ávila conserva la esperanza de que las investigaciones en marcha ayuden a resolver los problemas, guarda reservas similares sobre la postura gubernamental.

“No estamos seguros si al gobierno le interesa hacer los cambios necesarios o si va a poder hacerlos. No veo cambios, no veo una visión diferente. No han internalizado el cambio climático en las medidas”, sostiene, y propone una reconversión agrícola a partir del faltante de líquido y diversificación de fuentes, como la captura de agua de lluvia.

Solo una cosa parece cierta. La crisis climática hará más cuesta arriba que haya recurso para todos.

Este artículo es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América latina, que IPS publica por un acuerdo especial con PxP.

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Trabajadoras sexuales en Ciudad de México organizadas para reclamar derechos

Foto: Georgina G. Alvarez

Georgina G. Alvarez / Agencia Presentes

En Ciudad de México trabajadoras sexuales reclamaron por derechos laborales, vivienda y salud. Y celebraron saberse juntas y organizadas.

Cada 2 de junio se conmemora el día internacional de las personas trabajadoras sexuales. Ayer en la Ciudad de México -así como en varias localidades, organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales autónomas e independientes realizaron acciones para exigir el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y el acceso a derechos como la salud, la vivienda. También reivindicaron la alegría de saberse juntas, organizadas y vivas.

En el Monumento a la Revolución se reunieron integrantes de la Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual México (PLAPERTS), el Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decidir y el Colectivo Trans del Estado de México. Leyeron un pronunciamiento en demanda de sus derechos y las condiciones de vulneración que siguen viviendo a un año de la pandemia por Covid.

“Seguiremos repudiando la falta de respuestas y la discriminación política y a pesar de que nos traten con evasivas nos seguiremos organizando hasta que nuestras voces sean escuchadas. Trabajo sexual es trabajo”, reclamaron juntas. También repartieron cajas con condones y pañuelos color rojo que con ayuda amarraban a su cabello. Otras lo ataron a su muñeca y también hubo quien lo hizo bailar agitándolo en el aire.

A trescientos metros de ahí, detrás de la estación del metro revolución, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS) y El Condomóvil coordinaron un convivio para compartir con personas trabajadoras sexuales de la zona.

Se aplicaron pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C; repartieron ropa, zapatos, condones y cubrebocas; acciones que son parte de Haciendo Calle, un proyecto que inició en marzo pasado para sostener en colectivo a trabajadoras sexuales en calle, mujeres trans, migrantes, adultas mayores, mujeres pobres y racializadas durante la pandemia.

También “echaron el taco” (es decir, compartieron comida caliente), se partió un pastel de cumpleaños y se celebraron la vida y resistencia de Esther, trabajadora sexual independiente que desde hace 30 años acompaña a otras compañeras en distintos puntos de la ciudad; a trabajadoras del hogar; migrantes; usuarias de drogas y habitantes de calle.

“Estamos juntas y estamos vivas”

Creo que uno de los sentidos que más me hace conmemorar esta fecha es saber que nunca más una compañera se tiene por qué sentir sola. Y poder acompañar hoy a mi hermana Esther, que lleva 30 años trabajando y acompañando a mis hermanas putas, para mí es motivo de celebración. Cuando hay amor, alegría, cuando bromeamos de los clientes, cuando nos peleamos y mañana estamos pisteando (bebiendo) juntas. Esos son momentos de alegría. Creo que cambiar la idea de que el trabajo sexual es ese lugar triste y doloroso también es apelar a otras formas de resistencia, otras formas donde las putas no necesitamos ser salvadas. Nosotras nos salvamos, a nosotras mismas y entre nosotras. Y sí, quizá no a todas las personas nos atraviesa la apuesta afectiva y sí nos atraviesa la rabia y también es válido porque la rabia nos ha permitido organizarnos. El dolor nos ha permitido salir a las calles a exigir, a gritar, a denunciar, a mentar padres, mentar madres. Creo que poder estar hoy con mis hermanas es un motivo de alegría por el simple hecho de que estamos juntas y estamos vivas”, Natalia Lane, coordinadora del CAIT y asambleísta consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

“Hoy es importante estar, visibilizarnos como trabajadoras sexuales y visibilizar las distintas formas que hay de ejercerlo. Hoy alzo la voz porque soy autónoma y porque me desentiendo de los valores morales”, Veronnika Greyson, transactivista cannabica y parte de la PLAPERTS México.

“Nos acompañamos, nos queremos. Y vieras que lo agradezco porque a mí me tocó que me apuñalaran, llegar al hospital sola con la cabeza reventada, pero ahora aquí estamos, juntas”, Skarley.

“Hoy me siento muy satisfecha porque estoy con mis amigas exigiendo nuestros derechos y los de nuestras familias y eso me hace feliz. Pienso en mis papás porque ya están abuelitos y dependen de mí, pienso en cuando salí de Huejutla (Hidalgo)”, Alejandra.

“Soy una trabajadora desde hace 23 años y el trabajo me ha ayudado a comprender lo que es la verdadera amistad, el compañerismo. El hacer estos eventos en donde se puedan mostrar estas afectividades es super interesante porque eso nos une, nos fortalece frente al Estado que siempre nos quiso ver invisibilizadas”, Kassandra Guazo, coordinadora del área de prevención y detección de VIH del CAIT.

“Estar aquí es mostrar respeto a las trabajadoras sexuales”. “Es honrar a las que han muerto por la doble discriminación de ser chica trans y trabajadora sexual”, Rebeca y Andrea.

“Soy bajista, pero ejercí un año el trabajo sexual y estoy aquí en apoyo a mis amiguitas mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual porque a donde ellas van yo voy apoyándoles. Aunque tiene muchos años que no lo ejerzo, no me olvido de ellas”, Julia.

“En el trabajo nadie es rival de nadie, estamos bien organizadas, sabemos que, independientemente de que unas sean amigas y otras no, no podemos dejar a la otra”, Dayana

“Me siento bien, contenta. A mí me hace sentir orgullosa decirme trabajadora sexual porque soy libre y a pesar de estar en este trabajo donde somos tan señaladas, tan discriminadas tenemos un momento de alegría y el pastel estaba riquísimo, de fresa”, Maribel.

Sin derechos laborales

Actualmente no hay legislación que reconozca los derechos laborales y salariales de las personas que ejercen el trabajo sexual en sus distintas formas en la Ciudad de México.

Tras 20 años de activismo, en 2014 entró en vigor un amparo que obligó a la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México a reconocer el trabajo sexual como “no asalariado” y entregar credenciales de indentificación a trabajadoras sexuales del caso. Desde entonces la institución emite estas tarjetas a quien las solicite. Para las trabajadoras sexuales entrevistadas por Presentes este modelo no garantiza sus derechos.

De acuerdo a una encuesta realizada en diciembre de 2019, en la Ciudad de México el 94.2% de las personas trabajadoras sexuales lo ejerce en calle; el 42.9% son mujeres trans; el 50.2% migró a la ciudad desde otros estados y el 69.1% es la principal proveedora económica de sus familias.

“Es necesario un modelo de descriminalización que reconozca el trabajo sexual como un trabajo no asalariado en la Ley de Cultura Cívica y dentro de las políticas públicas pero que reuna las voces y necesidades específicas de las trabajadoras sexuales”, destaca Natalia Lane.

En febrero de 2020 trabajadoras sexuales organizadas presentaron una iniciativa ciudadana que busca regular el trabajo sexual “para que sea libre y autónomo, para tener seguridad, salud y acceso a la justicia”, sostiene Natalia.

 

https://agenciapresentes.org/2021/06/04/trabajadoras-sexuales-en-ciudad-de-mexico-organizadas-para-reclamar-derechos/

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¿Y LOS NIÑOS? EL 65% DEL EQUIPO MÉDICO DE PEDIATRÍA ES OBSOLETO (Ciudad de México)

Enfermera durante la ceremonia del 50 aniversario del Instituto Nacional de Pediatría. Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro.com.

Patricia Tapia / EmeEquis

El Instituto Nacional de Pediatría opera con 3 mil 700 equipos que tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. En suma, ahora enfrentan el desabasto de insumos, por lo que están rechazando pacientes de traslado.

EMEEQUIS.– El Instituto Nacional de Pediatría (INP) opera con equipo obsoleto que impide brindar la mejor atención y además enfrenta un desabasto de insumos que lo ha llevado a rechazar pacientes que mandan de otros hospitales.

El Instituto, que pertenece a la Secretaría de Salud, señala en un informe que cuenta con alrededor de 5 mil 600 equipos médicos y de laboratorio para la atención médica y la investigación que realiza a favor de la niñez mexicana.

Pero de estos, aproximadamente mil 700 equipos tienen una antigüedad superior a los 20 años y otros 2 mil tienen más de 10 años, por tanto, son considerados “obsoletos”, de acuerdo con su informe de situación financiera de 2020.

En total son 3 mil 700 equipos con esta condición, lo que representa 65% del total.

“Son equipos que se mantienen en uso constante, se realizan periódicamente actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener su tiempo de vida útil y favorecer la utilización segura de los mismos; sin embargo, se requiere de la sustitución de varios de ellos para incrementar la capacidad, optimizar la seguridad y calidad en la atención médica que este Instituto presta a la población infantil, así como la implantación de nuevas tecnologías para el desarrollo de protocolos de investigación”, resalta el informe.

La institución de salud refiere que en 2020 se registró un proyecto de inversión en equipamiento en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la Secretaría de Hacienda, por un monto de 6 millones 330 mil pesos con recursos propios y sin contar con la suficiencia presupuestal para su ejecución.

No obstante, ha identificado que en necesidades de equipamiento se requieren 894 millones 890 mil pesos. Esto se considerará en su Mecanismo de Planeación durante 2021.

Instalaciones del Instituto Nacional de Pediatría. Foto: Cortesía.

Y ADEMÁS SIN INSUMOS

En los últimos días se ha ventilado una falta de insumos médicos en el INP. Un oficio interno refiere que los menores que necesitan traslado a esa institución de salud no serán recibidos por falta de capacidad.

El documento, con fecha del 20 de mayo, dice: “De acuerdo con el oficio…de la Dra. Mercedes Macías Parra y en acuerdo con los subdirectores de la dirección médica, se establece que derivado del retraso en el abasto de insumos no se deberá aceptar ningún paciente de traslado a este instituto. La Dra. Beatriz Lamosas Gallardo, titular de la División de Enlace Institucional, está debidamente enterada de ello. Por lo anterior, le pido comunicar esta información al personal a su cargo, la que estará vigente hasta nueva orden”.

Oficio interno en el que explican por qué no pueden recibir pacientes de traslado.

Esto se lee en el documento firmado por el doctor Carlos López Candiani, subdirector de Medicina Crítica, dirigido a los Departamento de Terapia Intensiva, de Urgencias y Neonatología, así como a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares.

La carencia de material médico es una realidad, el doctor José Asz, quien pertenece al Instituto, denunció en una publicación hecha en su Facebook que la situación que se está enfrentando en el INP es lamentable, “no tenemos insumos. Ya se acabó el presupuesto del año. Estamos cancelando cirugías por falta de material. El Instituto está endrogado y debe dinero a los proveedores. No alcanza para pagar la luz y el internet. Estamos viviendo una situación crítica”.

Tan sólo para comprar los insumos básicos se requieren 151 millones de pesos. De acuerdo con una nota deLa Jornada, se trata de un listado de 62 productos, entre los que se encuentran medicamentos, dispositivos, material quirúrgico, de laboratorio y de curación. Según los oficios que refiere, el instituto también puede verse obligado a cancelar operaciones de pacientes ya hospitalizados.

El doctor Asz denunció las carencias en sus redes sociales.

PANDEMIA AFECTÓ INGRESOS

Los ingresos del INP por prestación de servicios en 2020 fueron de 26.9 millones de pesos, 34% menor a los obtenidos en 2019: 40.5 millones.

Los recursos propios son una fuente de financiamiento del Instituto, mismos que se vieron impactados por la pandemia. La institución de salud apunta que la mayoría de sus operaciones fueron afectadas.

Por ejemplo, en Consulta Externa. En 2020 se otorgaron 85 mil 323 atenciones, 41.7% menos que en 2019, debido al cierre de algunas consultas, en apego a las medidas sanitarias instruidas por el gobierno federal.

Los servicios con mayor demanda fueron: Hematología-Oncología, Consulta Externa de Pediatría, Alergia, Ortopedia, Inmunología, Estomatología, Salud Mental, Medicina de Rehabilitación, Endocrinología y Gastroenterología; con un total de 47 mil 376 atenciones (preconsultas, primera vez en el servicio y subsecuentes), una caída de 41.4%.

NIÑEZ A LA DERIVA

Uno de los grandes reclamos al presidente Andrés Manuel López Obrador es el deterioro de los servicios de salud, pero en especial para los menores de edad. En su administración estalló un conflicto por la falta de atención y medicamentos para el cáncer.

AMLO volvió a hablar de este tema el pasado 24 de mayo. Dijo que se tuvieron situaciones muy difíciles, porque los que controlaban la venta de los medicamentos llevaron a cabo acciones de sabotaje y una campaña en medios en contra de estas decisiones de su gobierno.

Insistió en que era un monopolio poderosísimo con muchas influencias, políticos que de repente se dedicaron a eso: a vender medicinas, a vender equipos médicos.

“Entonces, por lo mismo, una campaña muy fuerte acusándonos de que no había medicamentos para los niños con cáncer. Una situación muy dolorosa, imagínense enfrentar reclamos de padres con niños enfermos de cáncer, acusaciones de que no se les atendía y que no había medicamentos. Y en efecto, había falta de medicamentos al principio porque hubo sabotaje, porque lo que querían eran los contratos como venían entregándose, y resistimos”, dijo.

Durante todo este tiempo, y en especial con la pandemia, se le pidió a López Obrador dirigir parte de los recursos de sus grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, al sector Salud, sin embargo, el mandatario no desistió.

https://www.m-x.com.mx/al-dia/y-los-ninos-el-65-del-equipo-medico-de-pediatria-es-obsoleto

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Protestan contra empresa por extracción de agua en Soyaniquilpan (Estado de México)

Foto: Cortesía / Vecinos

Silvano Jaramillo / El Sol de Toluca

Habitantes de este municipio aseguran que se secan los manantiales

Ante la carencia de agua, habitantes del municipio de Soyaniquilpan se manifestaronfrente a la embotelladora Niágara Bottling, a la cual acusan de sobreexplotar los mantos acuíferos al extraer más de un millón de litros agua diariamente.

Desde las 11:00 horas los inconformes se colocaron frente a esta empresa para exponer sus inquietudes.

El Ojo de agua, el cual nos abastecía, está casi seco. Luego de varios años de recibir agua ahora tenemos que comprarla en pipas que traen de otro pozo llamado El Quinte”aseguró una de la vecinas de San Francisco Soyaniquilpan.

Los manifestantes aseguraron que la empresa Niágara Bottling es una de las más grandes del mundo y en México sólo tiene dos plantas, una en Monterrey la otra en Soyaniquilpan.

Vale recordar que en 2019 fueron inaugurados el parque industrial Arco 57 y la embotelladora Niágara Bottling a quienes, según los manifestantes, la Comisión Nacional de Agua (Congua) les otorgó siete concesiones con una vigencia de diez años para explotar el acuífero.

Sin embargo, esta zona tenía veda desde 1978 para la entrega de nuevas concesiones para la explotación y aprovechamiento del agua, ya que la región es susceptible a los efectos de la sequía.

Estamos aquí para defender nuestro derecho. No queremos que nos quiten el agua”, aseguró otro de los manifestantes al hacer uso del megáfono usado durante la protesta.

En tanto, adelantaron que enviarán una carta al titular de la Conagua, al gobernador mexiquense y al presidente de la República para el cierre de la empresa Niágara Bottling en este municipio.

Además, dijeron los manifestantes, en Soyaniquilpan el 25% de la población no tiene drenaje, tampoco existe una planta tratadora de aguas residuales, por dicho motivo los manantiales se exponen a las aguas negras.

Además, añadieron, Niágara Bottling paga el metro cúbico de agua a ocho pesos y solamente le cuesta .008 centavos por llenado de botella, pero a este ritmo de extracción en poco tiempo esta zona quedará sin agua, recalcaron.

Por ello, exigen respuesta tanto del gobierno municipal, estatal y federal para frenar la extracción de agua, pues, afirman, afecta a varios municipios del estado de Hidalgo.

https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/protestan-contra-empresa-por-extraccion-de-agua-en-soyaniquilpan-6797973.html

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Saludan en la Ciudad de México el inicio de la travesía marítima zapatista a Europa

COLECTIVO GRIETA, Ciudad de México, 2 de mayo.- Para hacer pública su adhesión a la reciente iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), “Zapatistas. Una travesía por la vida”, y desearles buen viaje a los siete indígenas mayas (tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales)  integrantes del Escuadrón 421  que hoy partieron de Quintana Roo con rumbo al puerto de Vigo (Galicia), este domingo se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México distintos colectivos y simpatizantes del EZLN.

FOTOS: DIFERENTES COLECTIVOS Y COMPAÑEROS

Convocados por la Brigada “ZapArtista de Apoyo al EZLN” y el colectivo “Llegó la hora de los pueblos”, hombres, mujeres, otros modos, niños, niñas, jóvenes, colectivos, artistas e intelectuales se dieron cita en el corazón de la capital mexicana saludando la travesía atlántica que hoy inició en Isla Mujeres, Quintana Roo.

A las actividades artísticas en las que participó la compañía de danza “Barro Rojo” y distintas bailarinas y bailarines, el grupo vocal “Voces Cardenches”, Loope -dúo de saxofón y contrabajo- y una compañera que cantó bossanova acompañándose de su guitarra, se sumaron los asistentes que, con entusiasmo y  sin importar la edad o la procedencia geográfica, elaboraron una flota multicolor conformada por decenas de barcos de papel.

Como se ha hecho público, la “Travesía Por La Vida. Capítulo Europa” tiene por objetivo que “l@s delegad@s zapatistas” se encuentren  con quienes los “han invitado para platicar sobre nuestras historias mutuas, dolores, rabias, logros y fracasos”. Hasta el 10 de abril pasado, la delegación zapatista había recibido invitaciones de colectivos y organizaciones europeos para visitar treinta países y naciones bañados por el  Atlántico, el Mediterráneo,  el mar Negro, el mar del Norte o el Caspio . Colectivos de pueblos situados a ambos lados de los Pirineos, atravesados por los Balcanes, los Alpes, los Cárpatos o los Urales,  se han organizado para invitar y acoger a las y los zapatistas. El Escuadrón 421 es sólo la avanzada de una delegación mandatada por sus comunidades para llevar el pensamiento de los pueblos zapatistas hasta  “quienes en el continente europeo se rebelan y resisten” y también para escuchar y aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos” de lucha.

 

 

Se tiene previsto que el trayecto de “La Montaña” -nombre de la embarcación-, dure de seis a ocho semanas, por lo que  sus tripulantes avistarán tierra hacia la segunda mitad del mes de junio.

Los y las indígenas mayas que integran el 421 tuvieron una preparación de 6 meses para ser delegados  y estuvieron aislados durante 15 días  “para garantizar que no están contagiados del llamado COVID 19 “.

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“México es una tumba, México es un robasueños”: la carta de una madre a su hijo 10 años después de que apareciera muerto en una fosa clandestina (Tamaulipas)

Marcos González Díaz/BBC Mundo México
30 abril 2021

Menos de un año después de la conocida como masacre de los 72 migrantes de San Fernando, otro suceso estremeció este municipio del estado de Tamaulipas en el norte de México.

A lo largo de abril de 2011, fueron encontrados allí restos de al menos 193 personas en 47 fosas clandestinas. La mayoría eran migrantes y presentaban signos de tortura.

La investigación apuntó a lo que luego se reveló que era un escandaloso denominador común en otros crímenes similares en la zona: la presunta colaboración de policías con los grupos criminales que ejecutaban a las víctimas.

De hecho, hace solo tres meses de la última masacre en Tamaulipas, paso obligado en una de las rutas migrantes: 19 personas -la mayoría, guatemaltecas- aparecieron calcinadas en Camargo a finales de enero y 12 policías fueron detenidos por su supuesta vinculación.

“No es un San Fernando (…). No habrá impunidad”, dijo de este crimen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en 2019 “recursos ilimitados” para la búsqueda de desaparecidos e identificación de víctimas en un país que, hasta el pasado 7 de abril, registraba 85.006 personas en paradero desconocido según datos del gobierno.

Pero si hay algo que diez años después caracteriza al caso de las fosas de San Fernando es, sin lugar a dudas, esa impunidad.

Aunque en su momento se anunció la detención de más de 80 personas supuestamente vinculadas a Los Zetas y 17 policías que presuntamente les entregaban las víctimas, los familiares denuncian que a día de hoy sigue sin haber ni una sola persona condenada.

El salvadoreño Carlos Alberto Osorio fue una de las personas encontradas en aquellas fosas.

Ahora que se cumple una década del hallazgo, su madre Bertila Parada le escribió una carta que comparte con BBC Mundo para traer a la memoria la historia de su hijo y contarle el calvario sufrido en tantos años de lucha para que se haga justicia por él.

Pie de foto, Bertila Parada escribió una carta a su hijo Carlos Osorio, una de las casi 200 personas encontradas en las fosas de San Fernando en 2011.

Amado hijo,

Hace diez años te propusiste tomar un camino hacia una vida mejor que implicaba una ruta difícil y peligrosa hacia los Estados Unidos de América, lugar que anhelabas para crecer y prosperar.

Un viernes 17 de marzo de 2011 llegaste a casa para avisarme de tu partida. Llegaste a las cuatro de la mañana , me abrazaste mientras susurrabas: ‘Mamá, me voy’. Pero no tuve aliento de levantarme. Me quedé paralizada, llorando. Apenas te di la bendición.

La preocupación me embargó, porque escuchaba en las noticias sobre la masacre de los 72 migrantes. Escuchábamos que las personas migrantes son víctimas cotidianas de los reclutamientos forzados, los secuestros y una violencia imparable que -aún hoy- tiene a México sangrando.

El día que te fuiste le faltaban dos meses a tu niña para nacer. Sé que querías un futuro para ella, también ayudarnos porque sabías que, a tu padre y mí, a veces nos ganaba el cansancio de tanto trabajar duro por muy poca remuneración.

Como todo joven de 27 años tenías grandes sueños, no te conformaste con el pequeño negocio de comida en el que vendemos las pupusas que tanto te gustaban. Tomaste la decisión de salir hacia un viaje que truncó tu vida y, con ella, mi universo entero.

Parada le cuenta a BBC Mundo desde Izalco, en El Salvador, que la idea de su hijo era llegar a Tulsa, Oklahoma, donde vivía su único hermano.

“Nosotros somos una familia de escasos recursos y él decía: ‘Voy a trabajar allá unos cuatro años y luego regreso, vengo a hacerme una casa y les ayudo a ustedes para que no tengan que trabajar, porque esto es muy duro y muy cansado”, recuerda.

Del país centroamericano salió con la ayuda de un “coyote” junto a otro grupo de migrantes. Pero ya en México, la policía bajó a todos del autobús en que viajaban excepto a Carlos, quien pudo continuar su travesía solo.

Su suerte estaba a punto de cambiar.

El 27 de marzo, a 10 días de tu salida, me llamaste para decirme que estabas a punto de cruzar hacia Estados Unidos. Tu voz era distinta, hijo.

Querías que hablara, que no parara, querías escucharme. “Platíqueme más”, me insistías. Yo hablaba y te contaba detalles tontos del negocio tratando de animarte, nunca pensé que sería la última vez que te escucharía.

Quienes te esperaban en Estados Unidos nos avisaron que no aparecías. Ahí comenzó la incertidumbre.

De inmediato, pusimos la denuncia en la cancillería de México en El Salvador. Llevamos tus fotografías, esas en las que apareces con la camiseta del equipo de fútbol que tanto te apasionaba. Nos dijeron que debíamos esperar.

Pero ¿cómo puede esperar una madre cuando se le ha sumergido en la angustia más inmensa por no saber la suerte de su hijo?

Pie de foto, Carlos Osorio tenía 27 años cuando desapareció.

Parada llamaba a la cancillería constantemente en busca de noticias hasta que un día, asegura, dejaron de responderle el teléfono.

Semanas después, su hijo en EE.UU. le contó que en México había habido una masacre y que un amigo que vio la noticia en televisión creía haber reconocido a Charly entre los cadáveres.

“Como madre, mi corazón me decía que había algo de verdad… pero a la vez, no lo aceptaba. Mi hijo mayor me decía que quizá Charly estaba escondido o estaba preso. Yo no quería creer que pudiera ser verdad lo de las fosas”, dice la mujer de 62 años.

Por si fuera poco sufrimiento, la familia tuvo que hacer frente a una extorsión cuando alguien les contactó pidiendo US$5.000 para liberar al joven, que aseguraban seguía vivo tras casi dos meses de desaparecido.

Cuando los extorsionadores no pudieron confirmar que Carlos tenía una marca en la espalda para demostrar que decían la verdad, el diálogo pasó a convertirse en amenazas directas a la familia.

“Decían que nos iban a descuartizar si no pagábamos y nos torturaban diciendo que partes del cuerpo de mi hijo estaban en no sé qué lugar de México. Todo eso me llevó al colapso y a caer, porque definitivamente era insoportable”, cuenta Parada.

Un año y 9 meses, después de una agónica espera que parecía no tener fin, nos buscaron de la Fiscalía de El Salvador. Nos informaron que entre los restos encontrados en las fosas clandestinas halladas en San Fernando, Tamaulipas, estabas tú, mi Charly.

Me llamaron de la cancillería mexicana para que diera el consentimiento para que te cremaran. ¿Cómo iba a aceptar eso, Charly? Era como si mataran por segunda vez.

Sin miramientos, me dijeron que -si no firmaba- México realizaría la cremación de todos modos por cuestiones sanitarias. Nunca se me olvidará aquello, fue como si me dijeran que tu cuerpo contaminaba a México.

Pero sabes, hijo, aprendí a exigir. Al principio no paraba de llorar, pero aprendí a hablar con lágrimas en mis ojos. Aprendí a pelear por ti.

El caso lo tomó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y comenzamos a interponer amparos para detener tu cremación.

Pie de foto, Parada encabezó marchas en El Salvador para pedir la repatriación del cuerpo de su hijo y evitar la cremación.

Lejos de conseguir algo de paz por descubrir el paradero de su hijo casi dos años después, para la mujer comenzó una agotadora lucha legal para evitar la cremación de Carlos en México y poder enterrarlo en El Salvador.

“Me decían que iban a quemar los restos porque era insalubre”, recuerda la madre. “Esas palabras se me quedaron plenamente, como si él fuera un animal y contaminara el ambiente. Eso es la gota que rebasó el vaso”.

Tras emprender el proceso legal de amparos, le comunicaron que la identificación de Charly había sido un error, algo que ella sospecha que estuvo relacionado con su negativa a aceptar la cremación.

Seis meses después, la versión cambió de nuevo y confirmaron que era su hijo.

Finalmente, el cuerpo de Carlos aterrizó en El Salvador en febrero de 2015. Habían pasado casi cuatro años desde que desapareció y más de dos desde que le informaron que era uno de los cuerpos en las fosas de San Fernando.

“Lo enterramos aquí en nuestro municipio. Ahora cuando es su cumpleaños, le voy a dejar una flor. Siento un poco de tranquilidad”, cuenta Parada.

No te miento, hijo. He colapsado muchas veces incluso pensando que, sin ti, mi vida no tiene sentido.

Estuve internada en un psiquiátrico y aún me estoy recuperando. Pero COFAMIDE (Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador) y la Fundación para la Justicia me apoyaron a pelear.

Me ayudaron a seguir de pie y a entender que mi dolor era compartido.

Pie de foto, Parada, en esta imagen junto a su hijo Carlos

Los primeros meses tras la desaparición de Carlos fueron tan duros que su madre pensó en quitarse la vida.

Asegura que la frustración de no saber nada de su hijo le llevaba a no querer vivir, a no importarle el resto de su familia.

“Pensar que yo estaba acostada arropada y mi hijo quizá aguantando frio… o que yo estaba comiendo y mi hijo aguantando hambre. Todas esas cosas venían a mi mente y era muy, muy duro”.

Pero es aquel momento en que le dijeron que la identificación de su hijo había sido un error el que recuerda como “uno de los más crueles y torturadores” y como una de las causas definitivas para el deterioro de su salud mental.

“Pasé dos años con ayuda psicológica, pero de ahí me mandaron directamente al psiquiátrico porque mi estado era terrible. Me hallaron al borde de la locura. Había rebajado unas 30 libras (13 kilos) y era un esqueleto caminando”, dice.

Mi amado Charly, ya son diez años buscando verdad y justicia por ti y -por quienes como tú- fueron víctimas de una violencia imparable que ha sepultado la dignidad humana en las miles de fosas clandestinas que yacen bajo México.

Quiero que sepas hijo que en diez años hemos seguido tocando la puerta de las autoridades mexicanas, sin respuestas sobre lo que te ocurrió y quiénes deben responder ante la justicia por arrebatarnos tu sonrisa.

Pie de foto, La masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es uno de los peores crímenes en la historia de Los Zetas.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), que apoya directamente a los familiares de las víctimas, corrobora el calvario legal sufrido en todos estos años.

El organismo critica decisiones de las autoridades como la de fraccionar la investigación y la ubicación de los restos mortales (120 cuerpos fueron trasladados a Ciudad de México y el resto se quedaron en Tamaulipas), así como las “irregularidades” en la entrega de algunos cuerpos.

“Algunos familiares recibían restos sin información del proceso de identificación. Algunos eran restos cremados, algo contrario a las leyes penales y administrativas porque el cuerpo es una evidencia que no puede ser cremada”, le dice a BBC Mundo la directora de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo.

La organización también denuncia el “camino tortuoso” que fue acceder a las copias de los expedientes y saber qué estaba haciendo el Estado en este caso, gracias una resolución de la Suprema Corte de Justicia que llegó nada menos que siete años después de la petición inicial de información.

Pero para la FJEDD -que aboga por la creación de una comisión especial para investigar esta y otras masacres con el apoyo de Naciones Unidas y Amnistía Internacional-, la impunidad que rodea estos casos es sin duda el factor más grave al no haberse impuesto condenas a los responsables.

“Sabemos que hay cerca de 74 personas procesadas como integrantes del crimen organizado, pero no tenemos noticia si es por los homicidios o por otros hechos relacionados”, explica Delgadillo.

“Además, la Fiscalía señaló en su tiempo que había 17 policías detenidos por los hechos, pero nosotros no encontramos ninguna información hasta este momento en el expediente que nos hable de que hay un solo policía detenido. Esto nos parece grave”, añade.

BBC Mundo contactó con la Fiscalía General de la República mexicana para obtener más información sobre este caso, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo repuesta.

Pie de foto, Desde el año 2006, se registran 85.000 personas desaparecidas en México, según datos oficiales del gobierno.

No sé de qué manera vencer este muro de injusticia.

Recién el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las familias de las víctimas de las masacres no hemos luchado lo suficiente. Pero el presidente parece olvidar que, durante una década, la impunidad te ha matado una y otra vez, así como nos ha despojado de la alegría por la vida.

Pero quiero que sepas, hijo, que te amaré siempre y que tu recuerdo lo llevo en mi corazón. Trato de encontrarte entre los jóvenes, sin embargo, no te descubro. Veo las caritas de niños y vuela mi mente recordando cuando estabas pequeño.

Si voy a perder un día la memoria, de ti nunca. El día de mi muerte espero verte, es mi esperanza.

Tu madre,

Bertila Parada

Posdata: Sigo preparando las pupusas que tanto te gustaban, 10 anos después.

Pie de foto, Parada

Parada pide a las autoridades acabar con la impunidad de los responsables de las masacres de migrantes ocurridas en los últimos años en México.

Parada reconoce que, tras diez años, a veces pierde la fe de que los responsables de la muerte de su hijo sean algún día condenados y que, cuando ve fotos de Carlos, no puede mirarle de frente.

“Le digo que no he hecho nada, que no he conseguido justicia por su muerte. No se ha avanzado nada en este tiempo y me siento impotente. Pero luego digo que no está en mis manos, que son las autoridades”.

Al gobierno mexicano le pide que “trabaje e investigue de verdad” por acabar con la impunidad en estas masacres y por “limpiar las autoridades” en las que está infiltrado el crimen organizado.

“¿Por qué continúa habiendo masacres? Porque no hay castigados, no hay nada. Si a un niño caprichoso le dejan hacer todo desde chiquito, cuando llega a grande va a ser igual o peor. Así está México, donde a los cárteles les han dejado secuestra y matar. No hay presión del gobierno para parar todo esto”, opina.

Y en plena crisis migratoria en la que miles de centroamericanos están volviendo a intentar este año hacer la arriesgada ruta por llegar a EE.UU., la mujer tiene un mensaje para ellos.

“Mejor que se queden en su país, que no lo intenten, porque muchos como mi hijo intentaron llegar cruzando México con todos sus sueños… y México es una tumba. México es un robasueños”, lamenta.

“¿Cuántos hijos y madres acá en El Salvador, Honduras o Guatemala, se quedaron esperando que su papá les mandara (dinero) para comprarles un estreno, una ropita, un par de zapatos o para pagar la colegiatura”, pregunta.

“Por eso digo que se robó el sueño de los centroamericanos. Se han robado la alegría de cada uno de la familia. Sí, (los familiares de las víctimas) seguimos y andamos caminando, pero prácticamente andamos como muertos en vida”.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56923747