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Colectivos y organizaciones de Tonalá exigen seguridad tras agresión a defensor del medio ambiente (Jalisco)

Foto: Zona Docs

El pasado 23 de noviembre, Jesús Saúl Castañeda, miembro del Colectivo Foco Tonal, sufrió un atentado en su casa del cual, afortunadamente salió ileso; por ello, diversos colectivos y personadas relacionados con la lucha ambiental em Tonalá exigieron al Gobierno de Jalisco un alto a las agresiones y hostigamientos.

Josué Ibarra / Zona Docs

“Las organizaciones y personas que suscribimos el presente manifiesto nos solidarizamos con Jesús Saul Castañeda Villafuerte y condenamos el ataque armado que tuvo lugar en su domicilio en la Colonia Santa Cruz de las Huertas,en el municipio de Tonalá, Jalisco, el día 23 de noviembre del presente año. Afortunadamente él y su familia resultaron ilesos, pues no se encontraban en el lugar al momento de los hechos”.

Para estos colectivos lo ocurrido es alarmente, pues el ataque al realizarse en un hogar, probablemente, tenía como finalidad acabar con su vida.

Castañeda Villafuerte forma parte del colectivo Foco Tonal, el cual -junto con otras organizaciones vecinales- realiza una defensa del área de la Cuenca del Río Osorio que abarca cuatro municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara; así mismo también se ha sumado a la exigencia del saneamiento del Río Azul en el municipio de Tonalá.

Por su labor en defensa del medio ambiente, el comunicado que rechaza su agresión fue firmado por 40 colectivos de Jalisco y por 41 personas, entre activistas defensores del medio ambiente y académicos.

“Exigimos al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así como al Fiscal del Estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez y al presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, realicen las indagatorias necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque perpetrado contra Saúl y su familia; exigimos que se les castigue como es debido y, a la vez, se le brinde seguridad al igual que a todos los miembros de su organización y comunidad”.

Antes de esta agresión, el activista presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado, razón por la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), emitió una serie de medidas cautelares para garantizar su seguridad

“Previamente a la agresión en contra de Saúl Villafuerte, el Área de Atención a Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CEDHJ ya contaba con registros de hechos violentos, presumiblemente dolosos, cometidos hacia personas defensoras de derechos humanos en Tonalá. Los tipos de agresiones materializados en este municipio, durante 2021, corresponden a hostigamientos y amenazas; además tienen como patrón, la implicación de la defensa del territorio y la comunidad”.

En Jalisco, en lo que va del año, se han registrado 23 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos.

https://www.zonadocs.mx/2021/12/02/colectivos-y-organizaciones-de-tonala-exigen-seguridad-tras-agresion-a-defensor-del-medio-ambiente/

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Familia de Fanny, amenazada y sin seguridad (Oaxaca)

Pié de Página / Daniela Rea.

El 26 de septiembre, la joven de 16 años fue hallada sin vida con una soga en el cuello en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo, actualmente prófugo de la justicia y sospechoso de su feminicidio. La familia de Fanny ha recibido amenazas y su seguridad no está garantizada.


Foto: Especial

El 26 de septiembre fue encontrado el cuerpo de Fanny Guadalupe en la comunidad de El Porvenir, en San Juan Cotzocón Mixe. Fanny tenía 16 años y una soga en el cuello como un supuesto suicidio. El cuerpo fue encontrado en la casa donde vivía con su pareja Alexis Trujillo.

Ha pasado más de un mes y Trujillo está prófugo, a pesar de ser sospechoso del feminicidio de Fanny y de haber amenazado a la familia de ella durante su funeral.

“En el funeral él me señaló con su mano, con sus ojos llenos de enojo, me dijo que me cuidara porque la próxima iba a ser yo, que iba a venir por mí, eso me lo dijo Alexis en el funeral y había mucha gente. Como a los 15 días de la muerte de Fanny él se fue del pueblo y nadie sabe dónde está”, dice la señora Dora Hernández, tía de Fanny.

Otra persona sospechosa del feminicidio de Fanny es Isacc Hernández Guillén, agente municipal de El Porvenir, que busca reelegirse como autoridad local. Hernández Guillén había amenazado a Fanny y ella presentó una denuncia contra él en julio de este año.

“Fanny recibió amenazas y ella me buscó para que la ayudara y yo le dije vamos a poner una demanda y fuimos a ponerla, pero las autoridades le mandaban citatorios al señor Hernández Guillén, pero a través de nosotras y eso nos exponía más a nosotras”.

El agente municipal acosaba sexualmente a Fanny y dos meses después ella apareció muerta.

A raíz de denunciar la falta de justicia, la señora Dora ha recibido amenazas por parte de Alexis y el agente Isaac Hernández habría solicitado la expulsión del pueblo de la señora Dora.

A los tres días del feminicidio la familia de Fanny se reunió con el fiscal Arturo Peimbert quien les habría prometido seguridad por las amenazas en su contra, pero a la fecha no lo ha cumplido.

A Fanny le sobrevive su hija de 6 meses de edad.

La Vicefiscalía Regional del Istmo notificó que inició la carpeta de investigación 31710/FIST/FMUJ-TEHUANTEPEC/2021 con perspectiva de género y tomando en cuentas las particularidades específicas de la víctima directa, así como de las víctimas indirectas para garantizar su seguridad y su pleno acceso a la justicia.

Informó a través de un comunicado que se analiza la actuación de los funcionarios de la Fiscalía de Oaxaca que han intervenido en el caso.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que realiza una investigación sobre el caso de Fanny a través de un equipo encabezado por la defensora Especializada en Equidad de Género y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, Itabico Cruz López.

De acuerdo con la organización feminista Ges Mujer, en septiembre fueron asesinadas en Oaxaca, 10 mujeres, entre ellas, Fanny.

*Con información de Diana Manzo

https://piedepagina.mx/familia-de-fanny-amenazada-y-sin-seguridad/

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Con Marcha de las Cacerolas, mujeres demandan igualdad y seguridad en Oaxaca

Noticias / Octavio Vélez.

Decenas de mujeres de organizaciones, colectivas y de la Sección 22 del SNTE se movilizaron ayer en esta ciudad para conmemorar el 15 aniversario de la llamada Marcha de las Cacerolas y posterior ocupación de las instalaciones del Canal 9, durante el movimiento magisterial y popular aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

“¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha de las mujeres en América Latina!”, “¡El puño de la mujer, atenta contra el poder!”, “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, “¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, corearon como consignas a su paso por las calles durante la Marcha Calenda de Mujeres Oaxaqueñas.

En un mitin, frente al templo de Santo Domingo, en voz de Felipa Cruz Zaragoza, Itandehui Santiago Galicia y Noemí Ortiz Santiago, quienes dieron lectura a un posicionamiento, el grupo de mujeres manifestó su repudio porque el exgobernador priista “corrupto, represor y asesino” Ulises Ruiz Ortiz, ni ningún funcionario de su gobierno, han sido enjuiciados durante su ilegítimo gobierno, por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueño.

Además, se honró la memoria de sus compañeras y compañeros asesinados, así como por quienes fueron víctimas de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, de la tortura, del exilio, de la persecución y de la represión generalizada en 2006.

Explicaron que las participantes son mujeres campesinas, pescadoras, y productoras, pero sin su trabajo no hubiera comida sana en su mesa, pero las menosprecian y les pagan una miseria.

“También somos amas de casa que hacemos mil labores jamás valoradas ni mucho menos remuneradas. Somos profesionistas ninguneadas y discriminadas en las empresas e instituciones. Somos obreras y trabajadoras eventuales explotadas sin seguridad social alguna. Somos empleadas domésticas sin derechos laborales. Somos artesanas, artistas, y nuestro arte embellece tu vida, tu pueblo, tu ciudad, tu cultura y aun así vivimos en la pobreza”, asentaron.

De la misma manera, subrayaron que las mujeres participantes son trabajadoras combativas de la educación de la Sección 22 del SNTE, quienes tantas veces ha enfrentado junto con sus compañeros la represión del sistema y obtenido grandes logros para la educación en el estado y el país.

También, destacaron que son feministas organizadas de muchas maneras en colectivas pequeñas y agrupaciones de puras mujeres, en colectivos y organizaciones mixtas, en gremios sindicales y sobre todo, en sus comunidades, barrios y colonias.

Aparte de esto, denunciaron que los gobiernos de todos los colores y todos los niveles, actuales y anteriores, violan sus derechos y no impulsan medidas urgentes para prevenir y esclarecer los miles de feminicidios, ni implementar estrategias para protegerse de la ola de violencia.

Asimismo, denunció que el sistema de procuración de justicia de Oaxaca y México es profundamente injusto y patriarcal, porque bloquea sistemáticamente la persecución de delitos contra las mujeres, las revictimiza y protege a los feminicidas y violadores.

Igualmente, denunciaron que el sistema económico profundamente injusto y explotador hunde a las mujeres en la pobreza y en la miseria, porque se roba los bienes del pueblo y los concentra en las manos de unos cuantos.

Por último, refutó la utilización folclórica de las mujeres oaxaqueñas para promover partidos, gobiernos y empresas turísticas, y advirtió que en Oaxaca la verdadera Guelaguetza es apoyarse y cuidarse unas a otras en esta lucha, así como que sus artesanías, danzas, huipiles, las tan aclamadas tlayudas, tamales, molotes, moles, atoles, cafés de olla, tostadas, tacos y guisados vienen en paquete con su rebeldía.

https://www.nvinoticias.com/nota/192420/con-marcha-de-las-cacerolas-mujeres-demandan-igualdad-y-seguridad-en-oaxaca

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Una vacuna no debe acelerarse a costa de la seguridad, dice la OMS

Científicos de 160 laboratorios del mundo trabajan en busca de vacunas contra el coronavirus de la covid-19, en 20 proyectos ya se hacen pruebas clínicas y hay seis avanzados más el anunciado por Rusia, cuyas pruebas examinará la OMS. Foto: Dean Calma/IAEA

Por Corresponsal de IPS
GINEBRA, Aug 11 2020 (IPS)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió al anuncio de que Rusia encontró una vacuna contra el coronavirus que causa la covid-19, con la advertencia de que la aceleración de ese objetivo no debe sacrificar la seguridad.

El portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, dijo que “necesitamos seguir invirtiendo y acelerando el desarrollo de tratamientos y vacunas sanas y efectivas que nos ayuden a reducir la transmisión y las muertes por covid-19. Pero apresurar el progreso no quiere decir arriesgar la seguridad”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes 11 que el Instituto Gamaleya de su país desarrolló una vacuna que fue registrada después de dos meses de ensayos en personas, y una de las primeras inoculadas fue una hija suya que se siente muy bien de salud.“Necesitamos tratamientos y vacunas sanas y efectivas que nos ayuden a reducir la transmisión y las muertes por covid-19. Pero apresurar el progreso no quiere decir arriesgar la seguridad”: Tarik Jasarevic.

Ese logro abre el camino para el uso masivo de la vacuna mientras prosiguen las últimas etapas de ensayos clínicos, indicó el líder ruso.

Según las autoridades de su país, la vacuna podría empezar a aplicarse el mes próximo y daría inmunidad por dos años a las personas inoculadas.

El proyecto de vacuna de Rusia no estaba en la lista de los seis más avanzados que mencionó la semana pasada la OMS y que incluía tres vacunas en China, dos en Estados Unidos y una de la británica Universidad de Oxford.

Jasarevic observó que “acelerar el desarrollo de la vacuna conlleva seguir los procesos de pruebas, manufactura y logística”.

La vacuna que ha registrado Rusia “debe seguir todos los trámites de precalificación y revisión establecidos por la OMS”, subrayó el funcionario durante una conferencia de prensa virtual pocas horas después del anuncio en Moscú.

Agregó que la OMS está en contacto con las autoridades sanitarias rusas, discutiendo la posible precalificación de la vacuna, pero insistió en que ese trámite “incluye la revisión y evaluación rigurosas de los datos sobre seguridad y eficacia obtenidos mediante las pruebas”.

Sin embargo, para la OMS “es alentadora la velocidad con la que se están desarrollando varias vacunas”, dijo Jasarevic, y confió en que algunas demuestren ser seguras y eficientes después de pasar por los protocolos correspondientes.

Añadió que cuando esto se consiga, la OMS podrá adquirir dosis para su distribución equitativa a los diferentes países.

Cada país, recordó Jasarevic, cuenta con sus propias regulaciones y agencias sanitarias para aprobar el uso de vacunas o medicamentos en su territorio, pero recalcó que la OMS tiene establecido un proceso de precalificación.

Actualmente, la OMS tiene registrados 160 proyectos de vacunas contra el coronavirus de la covid, y más de 20 de ellos en la fase de pruebas clínicas.

Dada la velocidad con la que avanza ese coronavirus,  que ha infectado a 20,3 millones de personas y causado más de 740 000 muertes, así como debido a la crisis económica derivada de la pandemia, hay una urgencia generalizada de encontrar una inmunización efectiva contra la enfermedad, reconoció la OMS.

A-E/HM

 

El artículo Una vacuna no debe acelerarse a costa de la seguridad, dice la OMS fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

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Da jueza 24 horas a titular de INM para garantizar seguridad de migrantes ante pandemia

Una jueza ordenó al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, comprobar las medidas realizadas para salvaguardar la salud e integridad de personas detenidas en estaciones y estancias migratorias, ante la pandemia de covid-19. Si el funcionario no acata la resolución, puede ser privado de la libertad

Redacción PIE DE PÁGINA
Foto: Instituto Nacional de Migración

Ante las omisiones de las autoridades migratoias sobre los protocolos para prevenir la transmisión de covid-19 dentro de las estaciones y estancias migratorias, la jueza Vicenta Margarita González Vega determinó que el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, deben presentar pruebas contundentes del cumplimiento de esas medidas.

El titular del INM tiene 24 horas para acatar resolución de jueza, de lo contrario podría incurrir en una responsabilidad penal y podría ser privado de la libertad. Los funcionarios serían denunciados ante el Ministerio Público federal por incumplimiento de una resolución judicial.

El 3 de agosto, la jueza de Distrito Vicenta Margarita González Vega y el juez Jair Sandoval Jiménez del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa emitieron la resolución.

Con ello, los funcionarios del INM tienen la obligación de coordinar y vigilar el cumplimiento de 11 medidas establecidas para preservar la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional que se encontraban y se encuentran detenidas en las estaciones migratorias de México.

La resolución de la jueza se dio a conocer este martes, fecha a partir de la cual Francisco Garduño y Antonio López tienen 24 horas para requerir el cumplimiento a las dependencias correspondientes.

Los funcionarios tienen además tres días posteriores para demostrar con pruebas ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el cumplimiento de la suspensión.

La jueza también ordenó a la Secretaría de Gobernación informar en 24 horas las acciones realizadas para cumplir con la estrategia en apego a los programas sociales existentes, para que las personas migrantes o solicitantes de asilo accedann a beneficios económicos para su sustento durante la crisis sanitaria por covid-19 establecidas en la resolución del 17 de abril de 2020 del amparo 426/2020.

La orden de la jueza obedece a que las autoridades del INM incumplieron con las medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril dentro del juicio de amparo 426/20201.

El amparo de organizaciones
El 16 de abril de 2020, más de 40 organizaciones de la sociedad civil redactaron un amparo que fue presentado en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Las organizaciones se ampararon ante las omisiones del ejecutivo federal, la Secretaría de Gobernación, el INM y la Secretaría de Salud para salvaguardar la salud e integridad de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, detenidas en las estaciones y estancias migratorias del INM ante la contingencia sanitaria por covid.

El 17 de abril, un día después, el juez Arturo Israel Domínguez Adame resolvió un acuerdo a través de 11 medidas a favor de la salud y la vida de la personas migrantes en México. Con ello, el juez identificó la situación de riesgo que enfrentan en la actual pandemia y ordenó al INM implementar protocolos de prevención sanitaria por coronavirus dentro de las más de 58 estaciones y estancias provisionales migratorias.

También ordenó la realización de inspecciones periódicas en esos espacios para verificar que se cumpla con los estándares de respeto a los derechos humanos. Así como el acceso a la información de las personas detenidas sobre las medidas sanitarias nacionales por la pandemia.

https://piedepagina.mx/da-jueza-24-horas-a-titular-de-inm-para-garantizar-seguridad-de-migrantes-ante-pandemia/

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Enfermeras instalan plantón en casa Jalisco, exigen seguridad laboral

Foto: Mario Marlo

Enfermeras y enfermeros instalaron un plantón en Casa Jalisco que será levantado hasta que el gobernador, Enrique Alfaro, las atienda. Sus superiores les advirtieron que de seguir con las protestas: no habría más contratos.

Mario Marlo / Zona Docs

Por segundo día consecutivo, trabajadoras y trabajadores de la salud se manifestaron en Casa Jalisco donde instalaron un plantón que será levantado hasta que el gobernador, Enrique Alfaro, solucione su solicitud de justicia laboral.

Alrededor de las cinco de la tarde un grupo de enfermeras y enfermeros iniciaron una segunda manifestación, ya que explicaron que después de haberse manifestado, el 23 de julio, sus jefes les solicitaron no manifestarse más porque si lo hacían no les volverían dar contrato.

Las trabajadoras de la salud detallaron que muchas de sus compañeras no asistieron a esta manifestación después de que fueran amenazadas; sin embargo, ellas se encuentran decididas a mantener el plantón hasta que el gobernador las reciba.

Respecto a los supuestos acuerdos que la Secretaría de Salud Jalisco mantuvo con algunas enfermeras, detallaron que efectivamente hubo diálogo, pero no se realizó ninguna negociación y mucho menos un acuerdo.

Por lo que desconocieron el boletín difundido por la Secretaría donde se asegura que se acordó la instalación de una mesa de análisis en cuanto pase la pandemia.

“Las y los trabajadores de la salud ya esperamos hasta 16 años para que las autoridades nos den nuestra basificiación que por ley nos corresponde, no vamos a seguir esperando más tiempo, ya que lo que quiere el gobierno es darnos largas como lo ha venido haciendo”, explicó una de las enfermeras.

Las trabajadoras de la salud volvieron a ratificar su compromiso con su trabajo por lo que aseguraron que todos y todas las que participan en las manifestaciones lo hacen después de cubrir sus turnos.

“Durante las manifestaciones que realizamos cada una de nosotras vamos a acudir como siempre a cubrir nuestras guardias para no afectar a la ciudadanía”.

A pesar de la lluvia que azotó la tarde de este viernes, 24 de julio, el plantón de las enfermeras y enfermeros seguía aún  instalado frente a Casa Jalisco.

https://www.zonadocs.mx/2020/07/25/enfermeras-instalan-planton-en-casa-jalisco/

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Da AMLO control y seguridad de puertos y aduanas a la Marina y Sedena (Colima)

Imagen: El Comentario

Redacción  / El Comentario

Andrés Manuel López Obrador, anunció desde Manzanillo que las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina serán las responsables de la administración de los puertos del país, así como de las todas las aduanas marítimas y terrestres.

Tras explicar que ahora “ya no hay plantíos de amapola o mariguana”, sino contrabando de químicos para fabricar drogas, los cuales entran por estos puertos, López Obrador anunció que “por eso hemos tomado la decisión y acabo de darlo a conocer al Gabinete de Seguridad de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de elementos la Sedena y la Marina; lo mismo en el caso delos puertos del país”.

Esa decisión, adelantó, la estará comunicando formalmente a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública.

https://elcomentario.ucol.mx/a-la-baja-en-colima-lo-delitos-de-alto-impacto-dice-reporte-de-la-sedena/

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Grupo narco- paramilitar “Los Ardillos” amenaza seguridad de indígenas de Chilapa, Guerrero

Redacción / Por Esto

La mañana del domingo 12 de julio fue violenta para los pobladores de la comunidad de Tula, municipio de Chilapa, pues desde las 08:00 horas se escucharon disparos, hecho que derivó en la presencia de las fuerzas armadas a fin de apaciguar los ánimos y de resguardar a los habitantes del lugar, aunque tarde, debido a que el reporte se había levantado un día antes.

Los indígenas del lugar reportaron el ataque armado desde la noche del 11 de julio, mismo que aludieron a “Los Ardillos”, grupo que conforme a la revista Proceso es liderado por la familia del diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Bernardo Ortega Jiménez. Cabe recordar que a este grupo criminal se le reconoce por aterrorizar a dicha región desde hace más de 20 años, además de dedicarse al tráfico de drogas en la Región de la Montaña de Guerrero en la que de nuevo han violentado la paz de los pobladores.

La noche del 11 de julio se reportó que más de 100 integrantes del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” comenzaron a balacear la comunidad de Tula Guerrero, que se conoce como municipio de Chilapa de Álvarez y que se ubica en la Montaña Baja del estado. Debido a ello, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero envió un comunicado en el que describió que después del ataque con armas de fuego, varias casas fueron destruidas, motivo por el que sus habitantes tuvieron que huir hacia el monte.

Al momento no se reporta pérdida de vidas, aunque mayormente gracias al apoyo de la policía comunitaria que repelió el ataque e impidió que los narcos se internaran en la comunidad. Es decir, fueron policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) los que protegieron mayormente a la comunidad cuando el enfrentamiento comenzó por la tarde del sábado 11 de julio, pues conforme al coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, desde que comenzaron los disparos se denunció y se pidió apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, que no llegó cuando se le necesitaba.

Lo mismo reportaron los pobladores en relación a la Policía Estatal, pues cuando inició el fuego armado, huyeron a resguardarse al panteón del pueblo. Sin embargo, Sánchez Luna ha hecho un llamado urgente para que intervenga tanto el gobierno estatal como el federal.

“Los Ardillos” como célula delictiva también son conocidos por la masacre de 10 músicos indígenas en Chilapa el pasado 17 de enero, a quienes asesinaron con cuchillos para después subirlos a unas camionetas y prenderles fuego.

Igualmente en enero de 2019, se calcula que 12 personas murieron en un enfrentamiento que se dio entre policías del Sistema Comunitario de los Pueblos Originarios y supuestos integrantes de “Los Ardillos”, también en Chilapa de Álvarez.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero envió una Unidad Aeromóvil que se ha mantenido sobrevolando el área, mientras que efectivos de los tres niveles de gobierno permanecen dando vigilancia.

A ello se han sumado elementos de la Policía Estatal, Sedena y Guardia Nacional que mantienen la seguridad en el punto conocido como El Panteón; los reconocimientos aéreos se han realizado en las comunidades de Colotepec y Tula. La presencia de las fuerzas de seguridad han permitido que la zona este en calma. Sin embargo, los habitantes de origen indígena han cuestionado la pobre participación tanto del gobierno del que es titular Héctor López Astudillo, así como el del Federal, señalando que tienen la impresión de que por ser indígenas de origen nahua de la Montaña Baja de Guerrero, no les prestan atención, hecho que aseguraron les costará votos. Finalmente exigieron el desmantelamiento del grupo narco-militar “Los Ardillos”.

https://www.poresto.net/republica/2020/7/12/grupo-narco–paramilitar-los-ardillos-amenaza-seguridad-de-indigenas-de-chilapa-guerrero-1871.html

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La seguridad interna y la militarización de la sociedad mexicana en tiempos de la 4T

Foto: Colectivo Grieta

Colectivo Grieta, Ciudad de México. La militarización de la vida pública en México ha sido una constante de gobiernos anteriores priistas y panistas. Hoy con el supuesto “nuevo” gobierno que encabeza AMLO, esta tendencia no sólo continúa sino que se acentúa y toma nuevos alcances al darle carácter legal a la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior. Con el pretexto de bajar los índices de criminalidad y violencia y mantener la seguridad en México -algo que ha empeorado a más de un año de la nueva administración- en la práctica, el actual régimen, apela a una militarización más profunda de la vida pública. El nuevo viejo régimen se mantiene.

Al tomar posesión como presidente de la república, AMLO asignó 144 mil 658.25 millones de pesos en 2019 para materia de seguridad; para el 2020 este presupuesto aumentó a 197 mil 254 millones 910 mil pesos. En contraste, en ambos años hubo recortes en casi todas las áreas de la administración pública, por ejemplo salud y educación, en algunos rubros de hasta el 70 por ciento.

Aunado a este incremento presupuestal en materia de seguridad, el capataz en turno que despacha en la presidencia logró lo que su antecesor no consiguió: la creación de la Guardia Nacional. Con un total de 76 mil efectivos en su gran mayoría militares, un total de 69 cuarteles han sido entregados a la Guardia Nacional ubicada en varios puntos del país, 12 cuarteles más están en proceso de construcción y para finales de este año se pretende que queden en operación otros 80 para formar un total de 161. A poco más de un año de su creación, elementos de la Guardia Nacional han sido señalados por corrupción como la Coordinadora Operativa -acusada de irregularidades en la compra de un software por parte de la ASF- y de vínculos con organizaciones criminales, cuando altos mandos de la GN fueron fotografiados departiendo junto con integrantes de un grupo criminal vinculado al robo de combustible en el estado de Puebla.

Con la llegada de López Obrador los militares han adquirido un protagonismo no visto antes, asumiendo encargos tan dispares como la distribución de medicamentos, la vigilancia de ductos y combustibles de Pemex, el traslado de dinero de programas sociales, así como “insertar los programas” y la construcción, administración y usufructo de la nueva infraestructura y megaproyectos emprendidos por el actual gobierno. Con el pretexto de la actual crisis sanitaria en territorio nacional derivada de la pandemia por COVID-19, el gobierno de AMLO ha dado otro paso más en la militarización de la vida pública: Se le asignaron tareas de cierre de mercados públicos, tianguis y de comercios “no esenciales” con el apoyo de la policía municipal. Igualmente se le entregó la administración de los hospitales públicos a las fuerzas castrenses. El pasado 22 de marzo, el AMLO anunció que la Sedena y la Marina tendrían a su cargo 10 hospitales de reciente creación para atender a pacientes diagnosticados con COVID-19 en el país. Este control incluye el presupuesto de operación de cada uno de estos hospitales junto con la contratación de médicos y enfermeras.

Aunado a esto, la Guardia Nacional en fechas recientes ha tomado el control de la seguridad en 346 instalaciones de Salud de los cuales 184 son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 145 del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). Hospitales que se encuentran en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

A esta militarización de la vida pública, parece que se suma otro tipo de militarización: la de las ganancias, y es que, con la incorporación del Ejército Federal en la construcción y administración del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, así como de la construcción de una parte del tramo de vía férrea del mal llamado “Tren Maya”, el Ejército Federal no sólo aumenta su poder en términos de control de espacios, sino también de presupuestos y ganancias. En los hechos el Ejército Federal -institución que acumula una larga lista de denuncias por corrupción en las administraciones anteriores- día a día se va consolidando como el principal beneficiado de esta reestructuración nacional.

Contrario al discurso oficial y pese a que desde el mes anterior se implementó el confinamiento para tratar de contener la propagación del COVID-19, lo cierto es que la violencia en nuestro país no sólo no ha parado sino que sigue en aumento: los homicidios, las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos de activistas y la violencia intrafamiliar no cesan. De acuerdo con datos del sistema nacional de seguridad pública, el mes de marzo fue el más violento en lo que va del actual gobierno con 3,078 homicidios y feminicidios. Un mes antes la cifra había sido de 2,258 personas asesinadas. El pasado 20 de abril fue el día con mayores asesinatos en el país, 114 en un sólo día.

En lo que va de éste 2020 y ante el fracaso de la estrategia que en materia de seguridad ha implementado el actual gobierno, cabe preguntarnos, ¿quiénes son para el Estado los verdaderos enemigos?, ¿a quiénes beneficia realmente la policía de militarización emprendida por el gobierno federal?

Aquí algunas pistas:

 

Foto: Reuters

La migración, la represión de la Guardia Nacional en contra de la pobreza. En su tarea de seguridad interna la Guardia Nacional ha recurrido a la persecución, intimidación y represión contra miles de hombres, mujeres, niños y ancianos migrantes que, huyendo del horror de sus respectivos países, buscan una opción para sobrevivir. Dichos actos han sido registrados y denunciados por organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos de la población migrante, las cuales han denunciado la actuación ilegal de la Guardia Nacional en el operativo que a partir de enero de este año fue acordado por el Estado mexicano con Estados Unidos.

Guerra contra la autonomía de los pueblos. El pasado 15 de enero el CSIM (Consejo Supremo Indígena de Michoacán)  denunció la represión por parte de la Guardia Nacional, la Policía Michoacán y la Policía Municipal de comuneros, mujeres y adultos mayores de las comunidades de Sevina, Comachuén y Nahuatzen resultando herido por un proyectil de arma de fuego Roberto J Lucas Huerta de 52 años de esta última comunidad. Los integrantes del CSIM se habían manifestado un día antes en instalaciones del Ayuntamiento de Nahuatzen para exigir su derecho a la autonomía, el presupuesto directo y el reconocimiento de los consejos de gobierno comunal. El comandante de la policía Municipal de Nahuatzen, C. Joel Campos, amenazó de muerte a integrantes de los Concejos de Gobierno Comunal de Comachuén y Nahuatzen”.

Se ha señalado que uno de los datos relevantes sobre la forma en la que se han desplegado los elementos de la Guardia Nacional en el territorio nacional es que los números de elementos enviados a zonas específicas del país no coinciden con el índice de violencia que se registran en ellos. Tal es el caso del envío de más de 10 mil elementos a cada uno de los estados donde coincidentemente se planea construir al menos dos de los megaproyectos emblemáticos de la actual administración: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

De manera similar se ha registrado el acompañamiento que la Guardia Nacional ha brindado a las compañías que se enfrentan a los intereses de las poblaciones en las que están asentadas, como por ejemplo la comunidad de Maconí Cadereyta, Querétaro, donde el 21 de abril ingresaron efectivos de la Guardia Nacional con equipo antimotines a la mina La Negra con el pretexto de verificar el manejo de explosivos en la mina pero quienes después explicaron que  “tenían reporte que los trabajadores tenían bloqueados los caminos y tomadas las instalaciones”. Y es que los trabajadores intentan una huelga en contra de la mina por falta de pagos y violentar el contrato colectivo de trabajo.

Otro caso notable de esta manera en que la Guardia Nacional acompaña la imposición de proyectos en lugares donde los habitantes los rechazan es el caso del intento de imponer el drenaje de desechos industriales de Huejotzingo en el municipio Juan C. Bonilla en Puebla. Ahí, los tubos con los que pretendían construir ese drenaje para que las compañías pudieran desechar sus residuos tóxicos en el Río Metlapanapa llegaron acompañados de la Guardia Nacional y fue la población la que, a principio de este año, se plantó frente a ellos para detener el avance de la obra resguardada por las fuerza militar.

El acompañamiento que ofrece la Guardia Nacional para salvaguardar los intereses de las compañías privadas contrasta de manera marcada con el abandono (o en muchos casos la presencia cómplice) de la Guardia Nacional en estados como Guerrero donde los enfrentamientos armados entre distintos grupos que luchan por el control del territorio no cesan y donde la gente es desplazada continuamente simplemente por la imposibilidad de habitar un territorio en el que violencia y los asesinatos son el pan de cada día.

En marzo de este año, integrantes del movimiento Libre Tránsito por Sonora denunciaron públicamente que elementos de la Guardia Nacional junto con Policía Federal agredieron a manifestantes pacíficos en la caseta de cobro en Magdalena, Sonora. “Interrumpieron la lucha que por más de dos años y me­dio he­mos mantenido de manera legal, legítima y justa amparados en el Artículo 11 constitucional de libre tránsito” denunció Alfonso Canaa Castaño: “es por demás evidente que el gobierno de la 4T está decidido a seguir fomentando y encubriendo la corrupción en nuestras carreteras favoreciendo a empresarios voraces y corruptos”.

Estas pistas dan muestra de que el propósito de la militarización que se ha mantenido y ampliado en este gobierno con la excusa de la seguridad está lejos de disminuir la violencia y que, más bien, ha ido en beneficio de los grandes capitales, quienes parecen ser los que verdaderamente mandan en nuestro país. La crisis provocada por la contingencia del COVID-19 no ha hecho sino poner las condiciones para seguir otorgando más fuerza al ejército con el pretexto del control de la pandemia.

Por otro lado se advierte un incremento de la represión y la intimidación en contra de las luchas y movimientos organizados que en diferentes lugares y geografías de nuestro país han decidido organizarse para buscar un mejor futuro. A pesar de esta militarización y violencia institucional, estas resistencias siguen en su determinación de continuar luchando por tomar su propio destino entre sus manos.